Artículo 335

Artículo 335. Comete el delito de abuso de autoridad, el servidor público que incurra en alguna

de las conductas siguientes:

I. El que en razón de su empleo, cargo o comisión, realice un hecho arbitrario o indebido.

II. Cuando en razón de su empleo, cargo o comisión, violente de palabra o de obra, a una

persona sin causa legítima.

III. Cuando sin causa justificada, retrase o niegue a los particulares la protección o servicio

que sea su obligación prestar; o impida la presentación o el curso de una solicitud.

IV. Cuando teniendo bajo su mando una fuerza pública, se niegue a auxiliar a alguna autoridad

competente que lo requiera.

V. Cuando siendo responsable de cualquier establecimiento destinado a la ejecución de las

sanciones privativas de libertad, de instituciones de reinserción social o de custodia y

rehabilitación de menores y de reclusorios preventivos o administrativos, sin los requisitos

legales reciba, en calidad de detenida, arrestada, sujeta a prisión preventiva o a prisión como

pena, a una persona, o la mantenga privada de su libertad sin dar parte del hecho a la

autoridad correspondiente, niegue esta condición si lo estuviere, o no cumpla la orden de

libertad girada por la autoridad competente dentro del término legal.

VI. Cuando se detenga a una persona fuera de los casos previstos por la ley, la retenga por más

de cuarenta y ocho horas, ejercite acción penal, sin que preceda denuncia o querella o la

mantenga en incomunicación.

VII. Cuando sin orden de la autoridad competente, obligue a los particulares a presentar

documentos o realice la inspección en bienes de su propiedad o posesión, en incomunicación,

vínculo familiar, de negocio o afectivo.

VIII. Cuando después de haber ejecutado una orden de aprehensión, reaprehensión, detención en

flagrancia o por caso urgente, no ponga de forma inmediata al imputado a disposición de la

autoridad competente, fuera de los términos legales establecidos.

IX. Los servidores públicos de la Unidad de Servicios Periciales que indebidamente:

a) Destruyan, alteren o sustraigan documentos del registro.

b) Retengan, modifiquen o divulguen información.

c) Expidan certificaciones de inscripciones que obren en el registro.

X. Cuando el personal al cuidado o disposición de los registros de audiograbación y

videograbación de los juicios orales, haga uso indebido de los mismos, los sustraiga, entregue,

copie, reproduzca, altere, modifique, venda, o facilite información contenida en aquéllos, o

parte de la misma, o de cualquier otra forma los utilice para fines distintos a lo previsto por

la Ley.

XI. Cuando sin tener facultades de tránsito pretenda sancionar o imponer una medida de

seguridad con motivo de la aplicación de la normatividad de tránsito del Estado.

XII. La autoridad que fomente, tolere, autorice, o intervenga en la imposición indebida de

sanciones o de medidas de seguridad, con motivo de la aplicación de la normatividad de tránsito

del Estado.

XIII. Cuando obligue al inculpado a declarar, usando la incomunicación, la intimidación o

cualquier otro trato que vulnere o restrinja sus derechos humanos.

XIV. Cuando autorice o contrate a quien se encuentre inhabilitado por resolución firme de

autoridad competente para desempeñar un empleo, cargo o comisión en el servicio público, o para

participar en adquisiciones, arrendamientos, servicios u obras públicas, siempre que lo haga

con conocimiento de tal situación.

XV. Retarde o entorpezca dolosamente el servicio de procuración de justicia, se le impondrá

pena de prisión de tres a ocho años y de quinientos a mil quinientos días multa, además será

destituido e inhabilitado para desempeñar otro empleo, cargo o comisión públicos.

Al responsable de las conductas señaladas de las fracciones I a la XIV se le impondrán de dos a

nueve años de prisión, y setenta a ciento cincuenta días multa, así como la destitución e

inhabilitación que corresponda.