Artículo 51

Si los instrumentos, objeto o producto del delito solo sirven para la comisión

de hechos ilícitos, se procederá a su destrucción.

Si se trata de sustancias nocivas o peligrosas, se destruirán a juicio de la autoridad que

esté conociendo en los términos previstos por las disposiciones legales aplica bles; pero

aquella, cuando lo estime conveniente, podrá determinar su conservación para fines de

docencia o investigación.

La autoridad competente determinará el destino de los instrumentos, objetos o productos

de delitos, aplicándolos, según su naturaleza, al pago de la reparación del daño, al pago de

las multas impuestas en su caso y al mejoramiento de la procuración y administración de

justicia, de conformidad con las disposiciones aplicables.

En caso de bienes asegurados que se encuentren a disposición de la autoridad que no se

deban destruir y que no se puedan conservar, o su mantenimiento implique un gasto

adicional al presupuesto de dicha autoridad, se procederá a su venta o enajenación como

forma jurídica de transmisión de la propiedad a través de los procedimientos de licitación

pública, subasta pública, remate o adjudicación directa. Los recursos que se obtengan así

como el producto de los mismos, se dejarán a disposición de quien tenga derecho a

reclamarlos por un lapso de seis meses contados a partir de la notificación que se le haga

a dicha persona; si transcurrido dicho término el interesado no se presentara a ejercer sus

derechos, los recursos y sus productos se aplicarán al mejoramiento de la procuración y

administración de justicia.

(REFORMA PUBLICADA MEDIANTE P.O. NUM. 353 3RA. SECCIÓN DE FECHA 09 DE FEBRERO DE 2012)

Los bienes, objetos o valores que se encuentren a disposición de autoridades

investigadoras o judiciales, que no hayan sido decomisados y que no sean reclamados por

quien tenga derecho a ello en un lapso de noventa días naturales, contados a partir de la

notificación al interesado, se destinarán por la autoridad competente, según su naturaleza

y utilidad, al beneficio de la procuración y administración de justicia, o a cu alquier otro

destinatario dentro de la administración pública estatal, o bien se procederá a su venta a

través de los procedimientos de licitación pública, subasta pública, remate o adjudicación

directa, el producto de la operación se mantendrá a disposici ón de quien tenga derecho a

recibirlo durante un término de tres meses, contados a partir de la fecha de la notificación

correspondiente; si el interesado se presenta a reclamar sus derechos en ese término, se

le harán las deducciones de los gastos ocasion ados por la operación, en caso de que no

se presente en dicho término, el producto de la operación se aplicará al mejoramiento de la

procuración y de la administración de justicia.

(

Para los efectos de los párrafos anteriores, se estará a lo previsto en la Ley para la

Administración de Bienes Asegurados, Decomisados y Abandonados para el Estado de

Chiapas, y demás disposiciones legales aplicables.

Los bienes asegurados que por su naturaleza sean de rápida descomposición o deterioro,

podrán ser donados para evitar su desaprovechamiento a instituciones privadas

autorizadas para recibir donativos que los requieran para actividades altruistas, a

organizaciones civiles para ser ut ilizados con fines educativos o de asistencia social, a la

administración pública estatal o a los Municipios.

Procederá la devolución de los bienes asegurados, cuando se acredite legalmente la

propiedad de los mismos y se satisfagan los requisitos estable cidos en las disposiciones

legales aplicables.

CAPÍTULO VI

SUSPENSIÓN O PRIVACIÓN

DE DERECHOS.

Artículo 52.-