Artículo 3 del Código Territorial y Urbano para el Estado de Zacatecas y sus Municipios

Artículo

3.

Toda política pública materia de este Código

deberá observar los siguientes principios rectores:

Derecho

a la ciudad.

Que consiste en garantizar a todos los habitantes de un asentamiento

humano o centro de población el acceso a la infraestructura,

equipamiento y servicios básicos, a partir de los derechos

reconocidos por la Constitución Política de los

Estados Unidos Mexicanos, los tratados internacionales suscritos por

México en la materia, así como la Constitución

del Estado y las leyes que de éstos emanen;

Equidad

e inclusión.

Que significa garantizar el ejercicio pleno de derechos en

condiciones de igualdad, promoviendo la cohesión social a

través de medidas que impidan la discriminación,

segregación o marginación de individuos o grupos, así

como promover el respeto de los derechos de los grupos vulnerables,

la perspectiva de género y que todos los habitantes puedan

decidir entre una oferta diversa de suelo, viviendas, servicios,

equipamientos, infraestructura y actividades económicas de

acuerdo con sus preferencias, necesidades y capacidades;

Derecho

a la propiedad urbana.

Implica garantizar los derechos de propiedad inmobiliaria con la

intención de que los propietarios tengan protegidos sus

derechos, pero también asuman responsabilidades específicas

con el Estado y con la sociedad, respetando los derechos y límites

previstos en la Constitución Política de los Estados

Unidos Mexicanos y la Ley General. El interés público

prevalecerá en la ocupación y aprovechamiento del

territorio;

Coherencia

y racionalidad.

Que significa adoptar perspectivas que promuevan el ordenamiento

territorial y el desarrollo urbano de manera equilibrada, armónica,

racional y congruente, acorde a los planes y políticas

nacionales, estatales y municipales; así como procurar la

eficiencia y transparencia en el uso de los recursos públicos;

Participación

democrática y transparencia.

Que establece la obligación de proteger el derecho de todas

las personas a participar en la formulación, seguimiento y

evaluación de las políticas, planes y programas que

determinan el desarrollo de las ciudades y territorio del Estado.

Para lograrlo se garantizará la transparencia y el acceso a

la información pública, de conformidad con lo

dispuesto en el presente ordenamiento y demás legislación

aplicable en la materia;

Productividad

y eficiencia.

Que implica fortalecer la productividad y eficiencia de las ciudades

y del territorio como eje del crecimiento económico, a través

de la consolidación de redes de vialidad y movilidad urbana,

energía y comunicaciones, creación y mantenimiento de

infraestructura productiva, equipamientos y servicios públicos

de calidad, lo que permite maximizar la capacidad de la ciudad para

atraer y retener talentos e inversiones, minimizando costos y

facilitando la actividad económica;

Protección

y progresividad del espacio público.

Que significa crear condiciones de habitabilidad de los espacios

públicos, como elementos fundamentales para el derecho a una

vida sana, la convivencia, recreación y seguridad ciudadana.

Para fomentar el rescate, la creación y el mantenimiento de

los espacios públicos que podrán ampliarse, o

mejorarse, pero nunca destruirse o verse disminuidos. En caso de

utilidad pública, estos espacios deberán ser

sustituidos por otros que generen beneficios equivalentes;

Resiliencia,

seguridad urbana y riesgos.

Que implica propiciar y fortalecer todas las instituciones y medidas

de prevención, mitigación, atención, adaptación

y resiliencia que tengan por objeto proteger a las personas y su

patrimonio, frente a los riesgos naturales y antropogénicos,

así como evitar la ocupación de zonas de alto riesgo

en el Estado;

Sustentabilidad

ambiental.

Que significa promover prioritariamente, el uso racional de recursos

naturales renovables y no renovables, para evitar comprometer la

capacidad de futuras generaciones, así como evitar rebasar la

capacidad de carga de los ecosistemas y que el crecimiento urbano

ocurra sobre suelos agropecuarios de alta calidad, áreas

naturales protegidas o bosques, y

Accesibilidad

universal y movilidad urbana.

Que implica promover una adecuada accesibilidad que genere cercanía

y favorezca la relación entre diferentes actividades urbanas

con medidas como la flexibilidad de usos del suelo compatibles y

densidades sustentables, un patrón coherente de redes viales

primarias, la distribución jerarquizada de los equipamientos

y una efectiva movilidad urbana que privilegie las calles completas,

el transporte público, peatonal y no motorizado.