Artículo 138

Art. 138. Los servidores públicos y particulares que incurran en responsabilidad frente al

Estado, serán sancionados conforme a lo siguiente:

I. Se impondrán, mediante juicio político, las sanciones indicadas en el Capítulo II del

Título VI de esta Constitución a los servidores públicos señalados en el mismo precepto,

cuando en el ejercicio de sus funciones incurran en actos u omisiones que redunden en

perjuicio de los intereses públicos fundamentales o de su buen despacho.

No procede el juicio político por la mera expresión de ideas.

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II. La comisión de delitos por parte de cualquier servidor público o particulares que

incurran en hechos de corrupción, será sancionada en los términos de la legislación

penal aplicable. Las leyes determinarán los casos y las circunstancias en los que se

deba sancionar penalmente por causa de enriquecimiento ilícito a los servidores

públicos que durante el tiempo de su encargo, o por motivos del mismo, por sí o por

interpósita persona, aumenten su patrimonio, adquieran bienes o se conduzcan como

dueños sobre ellos, cuya procedencia lícita no pudiesen justificar. Las leyes penales

sancionarán con el decomiso y con la privación de la propiedad de dichos bienes,

además de las otras penas que correspondan.

III. Se aplicarán sancio nes administrativas a los servidores públicos por los actos u

omisiones que afecten la legalidad, honradez, lealtad, imparcialidad y eficiencia que

deban observar en el desempeño de sus empleos, cargos o comisiones. Dichas

sanciones consistirán en amonesta ción, suspensión, destitución e inhabilitación, así

como en sanciones económicas, y deberán establecerse de acuerdo con los beneficios

económicos que, en su caso, haya obtenido el responsable y con los daños y perjuicios

patrimoniales causados por los acto s u omisiones. La ley establecerá los

procedimientos para la investigación y sanción de dichos actos u omisiones.

Las faltas administrativas graves serán investigadas y substanciadas por la Auditoría

Superior del Estado y los órganos internos de control y serán resueltas por el Tribunal

de Justicia Administrativa que resulte competente. Las demás faltas y sanciones

administrativas, serán conocidas y resueltas por los órganos internos de control.

Para la investigación, substanciación y sanción de las resp onsabilidades administrativas

de los miembros del Poder Judicial del Estado, se observará lo previsto en el artículo 97

de esta Constitución, sin perjuicio de las atribuciones de la Auditoría Superior del

Estado en materia de fiscalización sobre el manejo, la custodia y aplicación de recursos

públicos.

La ley establecerá los supuestos y procedimientos para impugnar la clasificación de las

faltas administrativas como no graves, que realicen los órganos internos de control.

Los entes públicos estatales y mu nicipales tendrán órganos internos de control con las

facultades que determine la ley para prevenir, corregir e investigar actos u omisiones

que pudieran constituir responsabilidades administrativas; para sancionar aquéllas

distintas a las que son competen cia del Tribunal de Justicia Administrativa; revisar el

ingreso, egreso, manejo, custodia y aplicación de recursos públicos; así como presentar

las denuncias por hechos u omisiones que pudieran ser constitutivos de delito ante la

Fiscalía Especializada en Combate a la Corrupción a que se refiere esta Constitución.

IV. El Tribunal de Justicia Administrativa impondrá a los particulares que intervengan en

actos vinculados con faltas administrativas graves, con independencia de otro tipo de

responsabilidades, las sanciones económicas; inhabilitación para participar en

adquisiciones, arrendamientos, servicios u obras públicas; así como el resarcimiento de

los daños y perjuicios ocasionados a la Hacienda Pública o a los entes públicos

federales, estatales o muni cipales. Las personas morales serán sancionadas en los

términos de esta fracción cuando los actos vinculados con faltas administrativas graves

sean realizados por personas físicas que actúen a nombre o representación de la

persona moral y en beneficio de e lla. También podrá ordenarse la suspensión de

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actividades, disolución o intervención de la sociedad respectiva cuando se trate de

faltas administrativas graves que causen perjuicio a la Hacienda Pública o a los entes

públicos, federales, locales o municipa les, siempre que la persona moral obtenga un

beneficio económico y se acredite participación de sus órganos de administración, de

vigilancia o de sus socios, o en aquellos casos en que se advierta que su utilización de

manera sistemática para vincularse con faltas administrativas graves; en estos

supuestos la sanción se ejecutará hasta que la resolución sea definitiva. Las leyes

establecerán los procedimientos para la investigación e imposición de las sanciones

aplicables de dichos actos u omisiones.

Los procedimientos para la aplicación de las sanciones mencionadas en las fracciones

anteriores se desarrollarán autónomamente. No podrán imponerse dos veces por una sola

conducta sanciones de la misma naturaleza.

Cualquier ciudadano, bajo su más estricta resp onsabilidad y mediante la presentación de

elementos a prueba, podrá formular denuncia respecto de las conductas a las que se refiere el

presente artículo.

En el cumplimiento de sus atribuciones, a los órganos responsables de la investigación y

sanción de responsabilidades administrativas y hechos de corrupción no les serán oponibles

las disposiciones dirigidas a proteger la secrecía de la información en materia fiscal o la

relacionada con operaciones de depósito, administración, ahorro e inversión de recur sos

monetarios. La ley establecerá los procedimientos para que les sea entregada dicha

información.

La Auditoría Superior del Estado y la Secretaría del Ejecutivo Estatal responsable del control

interno, podrán recurrir las determinaciones de la Fiscalía Especializada en Combate a la

Corrupción y del Tribunal de Justicia Administrativa, de conformidad con lo previsto en los

artículos 20, Apartado C, fracción VII, y 104, fracción III de la Constitución Política de los

Estados Unidos Mexicanos, respectivamente.

(Ref. Según Decreto No. 96 de fecha 14 de marzo de 2017, publicado en el Periódico Oficial

No. 035 del 17 de marzo del 2017).