Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Chiapas
Artículo 100 de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Chiapas
Vigencia verificada: 9 de noviembre de 2026, contra la fuente oficial — ver la publicación oficial
Artículo 100. - El Instituto de Elecciones y Participación Ciudadana es un organismo
público local electoral dotado de personalidad jurídica y patrimonio propio, gozará de
autonomía en su funcionamiento e independencia en sus decisiones mismo que tendrá
a su cargo la organización, desarrollo y vigilancia de los procesos electorales para las
elecciones a la gubernatura, diputaciones locales, miembros de Ayuntamientos, de
Juezas, Jueces, Magistradas, Magistrados del Tribunal Superior de Justicia;
Magistradas y Magistrados del Tribunal de Disciplina Judicial, en función concurrente
con el Instituto Nacional Electoral.
(REFORMA PUBLICADA MEDIANTE P.O. NUM. 110 DE FECHA 24 DE JUNIO DE 2020)
Contará con un órgano de dirección superior, integrado por una Consejera o Consejero
Presidente y seis Consejeras o Consejeros Electorales, con derecho a voz y voto,
designados por el Consejo General del Instituto Nacional Electoral. Asimismo, se
integrará con las personas representantes de cada partido político y una Secretaria o
Secretario Ejecutivo, quienes asistirán con voz, pero sin voto.
(REFORMA PUBLICADA MEDIANTE P.O. NUM. 110 DE FECHA 24 DE JUNIO DE 2020)
La Secretaria o Secretario Ejecutivo será nombrado por el Consejo General del
Organismo Público Local Electoral en la forma y términos que señala la ley, durará en
su cargo seis años y fungirá como Secretario del Consejo General. La Secretaría
Ejecutiva contará con servidores públicos investidos de fe pública para actos de
naturaleza electoral, cuyas atribuciones y funcionamiento serán regulados por la ley.
El Instituto de Elecciones y Participación Ciudadana contará con una Contraloría
General, que tendrá a su cargo la fiscalización de las finanzas y recursos del
Organismo Público Local Electoral. El Titular de la Contraloría General del Instituto de
Elecciones y Participación Ciudadana será designado por la Legislatura del Estado en
la forma y términos que señale la ley. Durará seis años en el cargo y podrá ser reelecto
por una sola vez. Estará adscrito administrativamente a la Presidencia del Consejo
General y mantendrá la coordinación técnica necesaria con el Órgano Superior de
Fiscalización del Estado de Chiapas.
El Consejero Presidente y los Consejeros Electorales durarán en su cargo siete años y
no podrán ser reelectos. Durante su ejercicio no podrán tener ningún otro empleo,
cargo o comisión con excepción de aquellos en que actúen en representación del
Consejo General y de los cargos no remunerados en asociaciones científicas, literarias
o de beneficencia.
Tampoco podrán asumir un cargo público en los órganos emanados de las elecciones
en cuya organización y desarrollo hubieren participado, ni ser postulados para un cargo
de elección popular o asumir un cargo de dirigencia partidista, durante los dos años
posteriores al término de su encargo.
La ley establecerá los requisitos que deberán reunirse para ocupar los cargos de
Secretario Ejecutivo y el titular de la Contraloría General.
(REFORMA PUBLICADA MEDIANTE P.O NUM.116 DE FECHA 08 DE JULIO DE 2026)
La remuneración que perciban las personas consejeras electorales, titulares de
las secretarías de órganos administrativos y titulares de las áreas ejecutivas y
técnicas del Instituto de Elecciones y Participación Ciudadana del Estado de
Chiapas, no excederán el límite establecido en el artículo 127 de la Constitución
Política de los Estados Unidos Mexicanos y no podrán adquirir o contratar con
recursos públicos seguros de gastos médicos, de vida o de pensiones privadas,
seguros de separación individualizados, cajas de ahorro especiales, regímenes
especiales de retiro u otras prestaciones que no estén previstas por ley, decreto,
disposición general, contrato colectivo o condiciones generales de trabajo.
Las leyes y el estatuto correspondiente determinarán los regímenes laborales y de
responsabilidades de los servidores públicos del organismo público local electoral.
(ADICIÓN PUBLICADA MEDIANTE P.O. NUM. 110 DE FECHA 24 DE JUNIO DE 2020)
En los municipios regidos electoralmente por sistemas normativos internos indígenas,
el Instituto de Elecciones y Participación Ciudadana tendrá la obligación de reconocer,
respetar, coadyuvar, salvaguardar y garantizar el funcionamiento de dichos sistemas,
vigilando que se respeten en todo momento los derechos individuales de las y los
miembros de la comunidad.
(REFORMA PUBLICADA MEDIANTE P.O. NUM. 042 DE FECHA 28 DE MAYO DE 2025)
(REFORMA PUBLICADA MEDIANTE P.O. NUM. 108 DE FECHA 27 DE MAYO DEL 2026)
Asimismo, se faculta al Instituto de Elecciones y Participación Ciudadana para
organizar, desarrollar y vigilar las elecciones de autoridades auxiliares municipales.
La ley determinará las facultades y atribuciones que en materia de candidaturas
independientes y de consulta popular tendrá el Instituto de Elecciones y Participación
Ciudadana.
(REFORMA PUBLICADA MEDIANTE P.O. NUM. 110 DE FECHA 24 DE JUNIO DE 2020)
Conforme a lo que establece la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos
en su artículo 116, fracción IV, inciso d), el Instituto de Elecciones y Participación
Ciudadana, podrá convenir con el Instituto Nacional Electoral que este último se haga
cargo de la organización de los procesos electorales locales en el Estado de Chiapas
en los términos que establezca la Ley.
El Instituto de Elecciones y Participación Ciudadana y el Tribunal Electoral del Estado
de Chiapas, podrán ordenar la realización de recuentos de alguna o algunas casillas,
siempre que ello no sea obstáculo para resolver dentro de los plazos establecidos en la
ley, la que determinará los casos en que podrán realizarse recuentos totales o parciales
en los ámbitos administrativo y jurisdiccional.
(REFORMA PUBLICADA MEDIANTE P.O. NUM. 110 DE FECHA 24 DE JUNIO DE 2020)
Fuente oficial: consultar publicación
Versiones anteriores de este artículo
Histórico legislativo: se muestra para consulta, no forma parte de la búsqueda del texto vigente.
Texto anterior a la reforma (cambio detectado en la fuente oficial el 2026-07-24)
ARTÍCULO 100, PÁRRAFO ONCEAVO , REFORMADO MEDIANTE DECRETO
PUBLICADO EN EL PERIÓDICO OFICIAL EL 28 DE MAYO DEL 2025, DE LA
CONSTITUCIÓN POLÍTICA DEL ESTADO LIBRE Y SOBERANO DE CHIAPAS , LA
CUAL SURTIRA SUS EFECTOS A PARTIR DEL 12 DE MARZO DEL 2026.
ÚLTIMA REFORMA PUBLICADA MEDIANTE PERIÓDICO OFICIAL NÚMERO 092, DE
FECHA 18 DE FEBRERO DEL 2026. DECRETO NÚMERO 203.
CONSTITUCIÓN PUBLICADA MEDIANTE PERIÓDICO OFICIAL DEL ESTADO NÚMERO
273, DE FECHA 29 DE DICIEMBRE DE 2016. DECRETO NÚMERO 044.
Secretaría General de Gobierno
Dirección de Asuntos Jurídicos
Dirección de Legalización y Publicaciones Oficiales
DECRETO NÚMERO 044
Manuel Velasco Coello, Gobernador del Estado de Chiapas, a sus habitantes hace
saber: que la Sexagésima Sexta Legislatura del mismo, se ha servido dirigir al
ejecutivo de su cargo el siguiente:
DECRETO NÚMERO 044
La Honorable Sexagésima Sexta Legislatura Constitucional del Estado Libre y
Soberano de Chiapas, en uso de las fac ultades que le concede la Constitución
Política Local; y
C O N S I D E R A N D O
El artículo 30, fracción I, de la Constitución Política del Estado de Chiapas, faculta al
Honorable Congreso del Estado a legislar en las materias que no están reservadas a l
Congreso de la Unión, así como en aquellas en que existan facultades concurrentes,
conforme a las leyes federales.
La Constitución de Chiapas es la ley del Estado que debe reflejar la evolución de su
sociedad, de sus valores y cultura, así como el model o de sus instituciones. Es, sin
duda, la norma más importante del Estado. Por ello en este momento histórico, el
Poder Legislativo, como natural responsable de interpretar las principales
reivindicaciones sociales y de crear y mantener el orden jurídico co ngruente con los
desafíos actuales, ha asumido el compromiso de mantenerla actualizada.
En ese sentido, mediante Decreto 028 del 26 de noviembre de 2015, esta soberanía
creó la Coordinación para la Reforma a la Constitución Política del Estado de Chiapas ,
como una instancia del Poder Legislativo encabezada por el Presidente de la Mesa
Directiva, para establecer la metodología de los trabajos encaminados al cumplimiento
de esa misión reformadora. Por ello, el artículo 6º del Decreto de mérito incorporó como
característica de la reforma planteada que los ciudadanos participaran activamente en
su construcción, para esto se establecieron mesas de trabajo, foros y encuentros de
análisis desarrollados en las distintas regiones económicas de nuestra entidad
federativa.
Estas mesas de trabajo, foros y encuentros de análisis, contemplaron como ejes
rectores los siguientes: Gobernanza y Desarrollo Municipal, Sistema Electoral y
Ciudadanía, Educación y Derechos Humanos, Derechos y Autonomía de los pueblos
indígenas, G obierno Abierto, Seguridad Pública y Justicia, Presupuesto, Control del
Gasto Público y Rendición de Cuentas, Desarrollo Territorial y Urbano, Desarrollo
Rural, Protección al Medio Ambiente y Recursos Naturales, Desarrollo Económico y
Combate a la Pobreza, Mejora Regulatoria, Equidad y Paridad de Género.
El objetivo es profundizar en el proceso de cambio constitucional que se ha desplegado
en la actual administración, en que se ha modificado profundamente el sistema jurídico,
reformas entre las que destaca n las realizadas en materia electoral; la implementación
del Sistema Penal Acusatorio; en materia de Transparencia y Acceso a la Información
Pública, de Derechos Humanos, priorizando en todo momento la atención de las
necesidades de la sociedad chiapaneca.
Los cambios son también para establecer nuevos consensos dentro del Estado, nuevos
acuerdos que fortalezcan las bases de nuestra convivencia pacífica en sociedad; en
este sentido, el Estado se reforma y reestructura, a fin de servir mejor a aquélla.
En consecuencia, esta reforma contiene cambios que responden a la demanda social,
tanto en su contenido como en su forma, dándole un sentido de localidad para
incorporarse con justicia y equidad dentro del proceso de mundialización, por ello su
parte programá tica debe contener un entramado jurídico, que impulse el desarrollo
sustentable.
La reforma constitucional es integral, considerando que se debe preservar el legado
positivo de las generaciones pasadas, así como también, tenemos la responsabilidad
histórica de continuar el desarrollo de las instituciones y perfeccionar su desarrollo legal
al ritmo de la evolución de la sociedad actual.
En este sentido debe subrayarse que la propuesta de reforma integral de la
Constitución que se propone, no modificó el contenido de los artículos 2, 4 y 7 vigentes,
que se mantienen en el texto constitucional.
Es importante destacar que la Suprema Corte de Justicia de la Nación, se encuentra
tramitando la controversia constitucional promovida por el Gobierno del Estado de
Oaxaca, por lo que se hace necesario mantener vigente el citado artículo 2, de la
Constitución Política del Estado.
El objetivo principal es ciudadanizar la constitución, hacerla accesible a toda persona
que se acerque a su lectura. Para ello se reorganiza , recuperando el orden y
consolidando los textos. Se escribe buscando sencillez y claridad y omitir los textos
reglamentarios.
En efecto, la Constitución de Chiapas, al igual que el resto de las constituciones en
México ha sido depositaria de normas de ca rácter reglamentario que la hacen perder
coherencia en su contenido, que alteran su carácter de norma general suprema, que
obligan a la constante modificación de sus preceptos.
La razón de esta situación no es de carácter técnico jurídico: se ha buscado p roteger
en la constitución los acuerdos políticos fundamentales a través del proceso dificultado
de reforma constitucional. Esto es legítimo, pues lo actores políticos deben asegurar la
vigencia de sus principales acuerdos pero también el exceso de normas descriptivas
distorsionan la naturaleza de la Constitución.
La Constitución debe ser la norma fundamental de nuestra convivencia, debe contener
el consenso mínimo bajo el cual todos los Chiapanecos vivimos y por lo mismo debe
reflejar los principios y los valores que nos unen.
Para resolver este problema se propone una solución que al mismo tiempo pondrá al
sistema jurídico chiapaneco en la vanguardia del derecho en México. Se propone
observar la contribución de los juristas mexicanos Diego Valadés y Héc tor Fix Fierro e
introducir leyes de desarrollo constitucional.
Ese tipo de leyes son concebidas como normas jurídicas que, en el sistema de fuentes
del derecho, se ubicarían en un lugar intermedio entre la Constitución y las leyes
ordinarias. Su princip al función sería servir de instrumento técnico para descargar la
Constitución de aquellas normas de carácter reglamentario.
Las leyes de desarrollo constitucional no son ajenas al pensamiento ni al ordenamiento
jurídico mexicano. El primero que las menci onó, como leyes constitucionales , fue
Mariano Otero, uno de los creadores del juicio de amparo.
La introducción de leyes intermedias para mitigar la sobrecarga de la Constitución sin
afectar el ritmo de la necesaria evolución institucional, corresponde a las experiencias
del constitucionalismo de nuestro tiempo.
En este sentido, la propuesta de introducir las leyes de desarrollo constitucional se ha
hecho para el ámbito nacional, sin embargo, no se ha avanzado mucho en ella y no se
prevé que a corto plazo se vaya a concretar . En esta coyuntura, nuestra LXVI
legislatura puede ser la primera en introducirlas a nivel nacional y señalar el camino del
nuevo constitucionalismo de México.
Por ello, se establece la categoría de leyes de desarrollo constitucional con las
siguientes características:
• Las leyes de desarrollo constitucional se crearan con una votación de mayoría
calificada igual a la necesaria para la reforma constitucional.
• De igual forma, para su modificación, abrogación o derogación será necesaria la
misma mayoría calificada de dos terceras parte de los diputados integrantes de
la legislatura.
• Las leyes de desarrollo constitucional, en tanto Leyes emanadas de esta
representación soberana NO requieren la ratificación de la mayoría de los
ayuntamientos.
• Finalmente, no todas los temas abordados en la Constitución de Chiapas
pueden ser materia de una ley de desarrollo constitucional, el criterio para
establecer su necesidad debe ser la excepcional trascendencia política o su
relevancia para todos los hab itantes del Estado. Por ello se hace un listado
cerrado y definido –numerus clausus —de materias que serán reguladas por
estas leyes, a saber:
o El desarrollo de los derechos humanos contenidos en esta constitución
o La organización y funcionamiento de este Honorable Congreso
o El sistema electoral chiapaneco
El fin esencial de las normas de l a reforma, radica en nuestra convicción de que las
leyes locales y las políticas públicas previstas en ella, han de tener un contenido acorde
con el reconocimiento y respeto por los derechos humanos, que tienen como
fundamento la dignidad humana, para que toda persona sea tratada con respeto y no
como un objeto o cosa, ni sea humillada, degradada o envilecida.
El diseño de las normas jurídicas deben ir acordes con la realidad , por tanto, la reforma
integral de la Constitución L ocal y de su marco jurídico complementario, requirió de la
participación ciudadana en diversas etapas: primero, la conformación de un equipo de
trabajo para retomar la participación de las instituciones públicas y privadas directa o
indirectamente vinculadas a los rubros que constituyen el fin fundamental de la reforma
integral, así como de representantes de las organizaciones de la sociedad civil,
Ayuntamientos, Organizaciones no Gubernamentales, las dis tintas Cámaras y sus
Confederaciones, Barras y Colegios de profesionistas, sectores empresariales y demás
ciudadanos expertos en los temas a considerar en el texto Constitucional; segundo: la
consulta a la población, en la que todos los sectores antes menc ionados participaron
con comentarios, críticas, sugerencias y propuestas. Tercero: la redacción de un
proyecto de reforma integral a la Constitución y por último su sometimiento a la
consideración de la representación popular del Congreso del Estado, es de cir, la
formulación de una reforma integral a la Constitución Política del Estado de Chiapas.
En el texto nuevo, reordenado y sistematizado, se evita el lenguaje sexista y
discriminatorio, por cuestiones de género, la orientación sexual, nacionalidad, ed ad,
raza, etc., se quiere que en el Estado de Chiapas exista la obligación de promover y
respetar todos los Derechos Humanos, contenidos en ella, en la Constitución Política
de los Estados Unidos Mexicanos y en los Tratados Internacionales, así como de
garantizar su ejercicio libre y pleno en el ámbito de la protección más amplia hacia las
personas.
Contiene un lenguaje incluyente, libre de prejuicios y etiquetas, en observación de la
propuesta ciudadana, producto de los Foros de Consulta Ciudadana, realiz ados en las
distintas zonas económicas del Estado, donde fue recurrente la manifestación de que
nuestra Constitución actual no es del todo incluyente.
En este sentido esta reforma recoge las propuestas ciudadanas que los diputados de la
LXVI Legislatura h an hecho suyas y han expuesto recientemente, en este sentido
debemos destacar los siguientes temas:
Dignidad humana
El Estado de Chiapas tiene la obligación de promover y respetar todos los Derechos
Humanos, contenidos en esta Constitución, en la Constit ución Política de los Estados
Unidos Mexicanos y en los Tratados Internacionales, así como de garantizar su
ejercicio libre y pleno en el ámbito de la protección más amplia hacia las personas.
Toda persona tendrá derecho a la protección de su dignidad. La dignidad humana
constituye la base y eje transversal para el disfrute de todos los derechos, para que
toda persona sea tratada con respeto y no como un objeto o cosa, ni sea humillada,
degradada o envilecida.
Control de Convencionalidad
La reforma const itucional federal publicada el 10 de junio de 2011 estableció en su
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