Artículo primero de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Chiapas

artículo primero la tutela efectiva de los Derechos Humanos, según se advierte:

[…]

Las normas relativas a los derechos humanos se interpretarán de conformidad con esta

Constitución y con los tratados internacionales de la materia favoreciendo en todo

tiempo a las personas la protección más amplia.

Todas las autoridades, en el ámbito de sus competencias, tienen la obligación de

promover, respetar, proteger y garantizar los derechos humanos de conformidad con

los principios de universalidad, interdependencia, indivisibilidad y progresividad. En

consecuencia, el Estado deberá prevenir, investigar, sancionar y reparar las violaciones

a los derechos humanos, en los términos que establezca la ley.

El 6 de junio de ese mismo año se publicó también la reforma en materia de Juicio de

Amparo; ambos eventos tienen como antecedente inmediato la sentencia dictada en el

expediente Varios 912/2010 "Caso Rosendo Radilla Pacheco", ya que por primera

ocasión la Corte Interamericana de Derechos Humanos estableció para nuestro país la

obligación de realizar un control de convencionalidad ex –officio, para dar cumplimiento

a las disposiciones de la Convención Americana sobre Derechos Humanos, la cual, sin

duda, ha venido a revolucionar de forma trascendental nuestro orden jurídico mexicano.

Si bien el artículo 133 de la Constitución Federal incluía a los tratados internacionales

en el orden jerárquico normativo interno, lo cierto es que a partir del año 2011, e n que

los derechos humanos contenidos en ellos, adquieren un rango superior y se equiparan

a la propia Constitución federal.

El control de convencionalidad que ha previsto la Co rte Interamericana de Derechos

Humanos, contiene una obligación específica par a los órganos vinculados con la

administración de justicia, de velar porque los efectos de las disposiciones de la

Convención Americana no se vean mermados por la aplicación de leyes contrarias a su

objeto y fin, las que por esas circunstancias son conside radas carentes de efectos

jurídicos.

Finalmente, la Suprema Corte de Justicia de la Nación ha delineado en diversas

ejecutorias los parámetros del control de convencionalidad de los derechos humanos;

por lo tanto, cuando una norma interna genere sospechas de invalidez para el juzgador,

por parecer potencialmente violatoria de derechos humanos, se hace necesario un

análisis de su constitucionalidad y convencionalidad, es decir, contrastar la norma con

los principios constitucionales y con el contenido de las convenciones o tratados

internacionales en materia de derechos humanos, y aplicar la correspondiente a una

mayor protección para la persona.

Todo lo anterior implica que las leyes locales y las políticas públicas han de tener un

contenido acorde con el reconocimiento y respeto por los derechos humanos, por lo

que resulta necesaria su inclusión expresa en nuestro texto constitucional, a fin de

armonizarlo con esta nueva visión del Derecho que tiene como valor fundamental a la

dignidad humana, para que toda persona sea tratada con respeto y no como un objeto,

ni sea humillada, degradada, envilecida o cosificada.

Reconocimiento y protección de la propiedad privada

El artículo 27 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, establece la

propiedad originaria de la nación sobre las tierras y aguas comprendidas dentro de los

límites territoriales, teniendo el derecho de transmitir el dominio de ellas a los

particulares, constituyendo de esta forma la propiedad privada.

Del citado precepto, podemos advertir que la propiedad de las tierras y aguas se divide

en:

a) Del Estado, cuando la nación se reserva el dominio de ciertos y determinados

bienes, que a su vez se dividen en de dominio público y privado.

b) De particulares, cuando la nación ha transferido el dominio directo de tierras y aguas

a determinadas personas, sujetas a las leyes civiles.

c) Social, que consiste en la propiedad de tierras y aguas otorgadas a ejidos y

reconocidas a las comunidades, siendo la legislación agraria la normas ecundaria de

observancia y regulación.

Con la reforma integral al marco jurídico agrario en 1992, con la que se prendió dar

certidumbre jurídica a la propiedad de las diferentes formas de propiedad de la tierra,

no obstante sus importantes avances, es tan gible que aún subsisten conflictos de

mediano y largo trance.

Se inicia una tercera etapa para nuestro campo, la transición del reparto de tierras al

desarrollo agrario, lo que se evidencia con el diseño de nuevas políticas con enfoque

de desarrollo, lo e s la extinción de la Secretaría de la Reforma Agraria, y el

establecimiento de la Secretaría de Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano, que asume

totalmente todas las atribuciones relacionadas con el tema de la tierra, con nuevo

enfoque hacia la producción, el orden y la certeza jurídica.

Por lo anterior, en nuestra norma constitucional se reconoce y protege expresamente la

propiedad de los particulares, sentándose las bases para obtener los siguientes

resultados: