Artículo 4 de la Constituci de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Chiapas

artículo 4 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y en

instrumentos internacionales que versan sobre derechos humanos, el fin es erradicar la

violencia política, ante lo cual se trabajará en la armonización legislativa de esta

materia, estableciendo la regulación que permita que los derechos políticos de todas

las personas sean ejercidos con libertad y en el caso de las mujeres se brinde la

especial protección que sea requerida.

De acuerdo con la Convención Interamericana para Preveni r, Sancionar y Erradicar la

Violencia contra la Mujer (Convención de Belém Don Pará), la Convención de los

Derechos Políticos de la Mujer y la Convención sobre la Eliminación de todas las

formas de Discriminación contra la Mujer (CEDAW, por sus siglas en i nglés); las

mujeres tienen derecho al acceso igualitario a las funciones públicas de sus país y a

participar en los asuntos públicos, incluyendo la toma de decisiones.

Considerando que la violencia política contra las mujeres es una violencia imperante y

visible en Chiapas como a nivel nacional, a pesar de todos los documentos nacionales

e internacionales acordados para prevenir y erradicar todas las formas de violencia

contra las mujeres, se debe dar el paso adelante prohibiendo y sancionando la

violencia política específicamente contra las mujeres.

En consecuencia, será menester que en el orden jurídico Estatal se armonice

normativamente a fin de garantizar que la violencia política no será permitida no por

encima de las prácticas comunitarias ni de uso s y costumbres, tal como también

estipulan legislaciones al respecto.

El establecimiento del derecho humano a la libertad política de las personas en la

Constitución del Estado de Chiapas, es un tema prioritario, sobre todo para

salvaguardar y proteger a las mujeres de cualquier acto u omisión que vulnere sus

derechos políticos y se debe buscar la protección más amplia para ellas y asegurar el

ejercicio pleno de este derecho en la legislación secundaria.

Derecho a la cultura

El derecho a la cultura se re conoce primeramente en la Declaración Universal de los

Derechos Humanos, la cual señala en su artículo 27 .(1) “Toda persona tiene derecho a

tomar parte libremente en la vida cultural de la comunidad, a gozar de las artes y a

participar en el progreso cient ífico y en los beneficios que de él resulten.” por lo tanto,

está constituido por las siguientes características: I) protege el acceso a los bienes y

servicios culturales; II) prote ge el disfrute de los mismos, III ) protege la creación

intelectual.

En Chiapas se pueden encontrar manifestaciones culturales muy diversas, desde las

tradiciones reconocidas por la UNESCO como patrimonio inmaterial de la Humanidad,

tal es el caso de la Fiesta de los Parachicos; Pueblos Mágicos como San Cristóbal de

las Casas, Co mitán, Chiapa de Corzo y Palenque; cuenta además con más de 15

museos, como el del ámbar, el museo de la Marimba, el de las Culturas Populares, el

de la Medicina Maya o el Museo de la ciudad, entre otros; también cuenta con

diversidad de grupos indígenas como Tseltal, Tsotsil, Chol, Zoque, Tojolabal, Mame,

Kakchiquel, Lacandón, Mochó, Jacalteco, Chuj y Kanjobal, los cuales cuentan con

diversas lenguas, fiestas, gastronomía y muchas otras manifestaciones culturales.

Todas estas carac terísticas hacen de C hiapas un E stado rico en materia cultural, lo

cual representa un enorme desafío en materia de derechos culturales, pues la

diversidad de l as personas que habitamos este E stado, obligan a que la Constitución

sea incluyente y permita el desarrollo de los temas culturales de todas y todos.

En materia Federal una propuesta reciente que ha sido muy importante en materia

cultural es la creación de la Secretaría de Cultura en diciembre de 2015, iniciativa que

podría ser retomada en nuestro estado y elevar el rango de la política e instituciones de

carácter cultural.

Voluntad Anticipada

La voluntad anticipada, precisamente es la disposición de algunos bienes esenciales

para el ser humano: la vida y la salud. El paciente es quien resiente directamente en su

persona las decisiones de los médicos e incluso de sus familiares respecto a los

tratamientos que se le aplican para curar una enfermedad o reducir los síntomas, o

ante algún accidente, esto hace que por regla general no se tome en cuenta la decisión

propia del paciente, lo cual no abona al derecho sobre decidir cuestiones relacionadas

con su salud.

Se define a la voluntad anticipada como la manifestación externa de las preferencias de

una persona respecto al cuidado futuro de su salud, lo que implica también el cuidado

de su cuerpo, incluso de su vida; la idea es que decida sobre ello cuando aún cuenta

con el cúmulo de facultades mentales necesarias para tomar estas decisiones,

tomando en cuenta que quizá en el futuro las mismas condiciones originadas por una

posible enfermedad o accidente le imposibilite este tipo de decisiones, haciendo que

queden al arbitrio de los familiares, si es lo que los tiene, o del cuerpo médico.

Al tratarse de una decisión inherente a la salud del paciente y de su vida misma, la

voluntad anticipada abarca no sólo las preferencias específicas respecto a qué tipo de

tratamientos pueden o no consentir la persona, sino que además, contiene los valores

de la persona, lo que incluye sus creencias religiosas. Como ejemplo de ello, tenemos

que en México algunas religiones profesadas manifiestan la imposibilidad de recibir

transfusiones sanguíneas; no obstante, si el paciente no manifiesta su voluntad

previamente y no puede hacerlo al momento de recibir atención médica por estar

imposibilitado para ello, la decisión recae en los familiares que tratan de cumplir, en lo

ideal, la voluntad del agente.

En este sentido, la voluntad anticipada cumple con la función de saber de una fuente

directa (la manifestación de la persona) sobre cómo deberán r eaccionar las personas

involucradas en el cuidado de su salud y de su vida, cuando ocurra el momento en que

no pueda manifestarlo de forma directa. En este orden de ideas, la voluntad anticipada

se parece en muchas características a un testamento, sólo qu e no se trata de bienes

reales o personales, sino de bienes esenciales en la persona, como se ha citado, la

salud y la vida. Cumple también como finalidad el respeto a la ortotanasia (muerte

digna), lo cual, en palabras llanas, significa que en enfermedade s o problemas

provocados por accidentes, donde ya no existe cura, puedan eliminarse los métodos

paliativos que únicamente extienden la vida, a costa de un sufrimiento constante en el

paciente, siempre y cuando esta sea su decisión.

Otro de los fines de la voluntad anticipada es perpetuar los deseos del paciente sobre

el manejo de los tratamientos que se le apliquen y por otra parte, aliviar cargas

externas a los familiares respecto a las decisiones que deban tomar sobre la vida del

paciente, que para nada es un tema menor.

En México, por lo menos once entidades federativas , como el Distrito Federal hoy

Ciudad de México han avanzado en este aspecto, creando legislación respecto a esta

figura, como la Ley de Voluntad Anticipada, que regula el proceso y los requisitos

aplicables para que el documento en donde se plasme esta pueda ser válido para

externar la voluntad de la persona.

Derecho de los Migrantes

La migración es un fenómeno que ha existido desde comienzos de la humanidad

misma, que en años recientes se ha vuelto un tema de suma importancia dentro de las

agendas políticas y diplomáticas de diversos países y en específico de la región sur de

México y Centroamérica.

A través de estudios que han realizado instituciones internacionales así también

organizaciones no gubernamentales se ha detectado que el fenómeno migratorio se

encuentra aparejado con la familia y reunificación familiar, por lo tanto, la migración

conlleva una serie de actos sobrehumanos que realizan las personas para sobrevivir en

un viaje aventurado sobre tierras y poblaciones desconocidas, con el único anhelo de

mejorar los niveles de existencia que tiene de conjuntamente con su familia que se

encuentra en su país de origen, y en mucho de los casos la familia que lo acompañan.

Por consiguiente, los migrantes, por encima de cualquier diferencia, son poseedores de

derechos como cualquier persona del lugar de residencia, y frente a los cuales todos

los países tienen que reconocerlo, respetarlo y fomentarlo. Estos derechos ya se

encuentran reconocidos por nuestra Constitución Federal Mexicana y también de los

derivados de diversos Tratados y Convenios Internacionales: Convención Americana

de Derechos Humanos o Pacto de San José, Convención para la Protección de los

Derechos de todos los Traba jadores Migratorios y sus Familiares, Convención sobre

los Derechos del Niño, Declaración de Cartagena sobre Refugiados, entre otros.

Respetar y proteger los derechos de las personas migrantes al entrar a territorio

chiapaneco es imponderable; si bien es cierto, corresponde a las autoridades

migratorias federales, también las autoridades estatales intervienen en algunos asuntos

en particular sobre ellos de índole laboral, civil, penal o simplemente de solidaridad

humana.

Su derecho a la libertad no se de be vulnerar por estar de manera irregular en nuestro

territorio, hecha excepción de haber cometido un hecho que la ley considere como

delito.

La reunificación familiar un derecho que los migrantes no pueden ser separados o

apartados de sus familiares baj o ninguna condición, deben permanecer en unión y

procurar que así sea, con la excepción de que, si se encuentra privado de la libertad

por la comisión de un hecho delictivo, procurar las visitas que correspondan, ello debe

ser un factor importante a considerar en el texto constitucional.

Protección de las Minorías Culturales

La situación variable de la humanidad derivada de la migración histórica, ha propiciado

un cambio de paradigma en la aplicación del derecho y el establecimiento de normas,

trayendo como consecuencias la construcción de una sociedad heterogénea basada en

el respeto, la tolerancia y la sana convivencia entre la diversidad de culturas que

existen en Chiapas.

En Chiapas se garantiza que toda persona goza de los derechos humanos establecidos

en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos (CPEUM); así como a los

contenidos en diversos instrumentos internacionales, acorde con la reforma del 2011;

de ahí la importancia de determinar los derechos de las minorías culturales y su

protección jurídica.

La diferencia sustancial de las “minorías culturales”, incluyendo a los pueblos

indígenas, con el resto de la sociedad, es que son un grupo en número inferior de seres

humanos, que se encuentran en un lugar determinado, con ciertas form as de vida,

costumbres y creencias, creando un rasgo particular y un sentido de pertenencia a este

núcleo poblacional.

Chiapas tiene la característica de ser un estado pluricultural, debido a muchos factores

sociales y antropológicos, por lo tanto se deben establecer prerrogativas que permitan

su interacción con el resto de la sociedad, para su coexistencia entre las diversas

culturas (minorías o pueblos) en todo el territorio chiapaneco; Carmona Tinoco refiere

que: la coexistencia en un mismo territorio e s una condición que ha generado un

verdadero mosaico de identidades en los Estados actuales, por consiguiente, debe

construirse el andamiaje jurídico para una adecuada convivencia entre pueblos o

minorías culturales y el resto de la sociedad.

Bajo ese con texto, las minorías culturales tienen el derecho de que sean reconocidos

dentro del ordenamiento jurídico del Estado, con el propósito de conservar su identidad,

evitando en todo momento la homologación cultural o aculturación, en ese estricto

sentido, y b ajo el principio de la igualdad, dichas minorías deben tener las mismas

prerrogativas que el resto de la población.

En este sentido, como parte del reconocimiento y respeto a los derechos de las

minorías, se emitió la Declaración sobre los Derechos de las Personas Pertenecientes

a Minorías Nacionales o Étnicas, Religiosas o lingüísticas, del cual se destaca lo

siguiente:

• Protección de los Estados para la existencia de las minorías.

• A la igualdad y no discriminación.

• Adoptar y tomar medidas para pro teger y promover los derechos y la identidad

de las minorías.

• La libre expresión de sus culturas, religión o idioma.

• La plena participación en la vida social del Estado.

• Opinar en asuntos que sean de importancia sobre decisiones o asuntos que

sean de importancia para su población minoritaria.

• Libre asociación para la preservación de su cultura, religión e instituciones

educativas y religiosas.

• La convivencia pacífica entre todas las culturas, pueblos y sociedad en general.

• El efectivo ejercicio de sus prerrogativas de forma individual o colectiva.

• Desarrollo y promoción cultural de las minorías.

• La educación en la lengua o idioma de los grupos minoritarios.

Los derechos humanos de las minorías étnicas también se encuentran explícitamente

en la Declaración Universal de Derechos Humanos, Pactos Internacionales, la

Convención de la Eliminación de todas las formas de Discriminación Racial, La

Convención de los Derechos del Niño, etc.

El propósito de precisar una adecuada tutela judicial a los de rechos de las minorías

culturales, para lograr el desarrollo y el estímulo de los derechos humanos y las

libertades fundamentales de todos, sin hacer distinción por motivos de raza, sexo,

idioma o religión, ni cualquier otro.

Derechos de las personas con discapacidad

Las personas con discapacidad representan un sector en condiciones de vulnerabilidad

en el Estado, sin embargo, hasta la fecha nuestra Constitución no contemplaba ningún

precepto que hiciera referencia a sus derechos, por ello, en este nuevo texto

constitucional se ha incluido una fracción que reconozca los derechos de las personas

con discapacidad, entre los cuales encontramos: su derecho a contar con un empleo, a

recibir educación y sus derechos político electorales y el reconocimiento de su

personalidad jurídica.

Es de gran importancia que las personas con discapacidad puedan desarrollarse de

manera independiente, para lo cual se requiere de medidas adecuadas, además de

una cultura de no discriminación y respeto por sus derechos.

Derecho Humano a la Cultura Física y la Práctica del Deporte

En el 2011 el Congreso de la Unión realizó una reforma Constitucional al artículo 4,

décimo párrafo, mediante Decreto publicado en el Diario Oficial de la Federación el 12

de octubre del 2011, conside rando al deporte como un derecho humano, en los

términos siguientes: “Toda persona tiene derecho a la cultura física y a la práctica del

deporte. Corresponde al Estado su promoción, fomento y estímulo conforme a las leyes

de la materia”.

Derivado de esta reforma, se elaboró la Ley General de Cultura Física y Deporte, que

en su artículo 32 establece que cada entidad federativa, podrán contar, de conformidad

con sus ordenamientos, con un órgano que en coordinación y colaboración con la

CONADE, que promueva, estimule y fomente el desarrollo de la cultura física y el

deporte, estableciendo para ello, sistemas de cultura física y deportiva en sus

respectivos ámbitos de competencia.

En cumplimiento a esta disposición se modificó la Ley del Sistema Estatal de Cul tura

Física y Deporte para el Estado de Chiapas, que había sido promulgada en el 2010 y

se crea el Consejo Estatal del Deporte y el Sistema Estatal del Deporte e incluso se

dota de personalidad jurídica a los Comités Municipales, de los que hoy en día se

desconoce su funcionamiento.

No obstante, en la constitución chiapaneca no se hace mención a la cultura física y el

deporte, por lo que su armonización es necesaria, por un lado para revitalizar la

normativa interna y por otro lado para considerar este de recho humano dentro de la

constitución chiapaneca.

Responsabilidad Médica

El ejercicio profesional de la medicina es quizás el de mayor responsabilidad, ya que

están de por medio la salud, el bienestar y la vida de las personas, por ello quien la

ejerza debe asimilar y aplicar correctamente sus conocimientos científicos y observar

los principios de la ética médica.

El párrafo cuarto del artículo 4º Constitucional establece que toda persona tiene

derecho a la protección de la salud.

La Convención America na de De rechos Humanos en su artículo 4 1, contempla el

derecho a la vida: “Toda persona tiene derecho a que se respete su vida. Este derecho

estará protegido por la ley y, en general, a partir del momento de la concepción. Nadie

puede ser privado de la vida arbitrariamente”.

El derecho humano a la salud está estrictamente vinculado con otros derechos, tales

como: la vida, la vivienda, la alimentación, la no discriminación, la igualdad, incluso, el

acceso a la información, entre otros.

La Suprema Corte de Justicia de la Nación ha establecido que existen diversas

alternativas para reclamar los daños derivados de actos de negligencia médica: