Artículo 7 de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Chiapas

Artículo 7. El Estado de Chiapas, tiene una población pluricultural y multiétnica

sustentada originalmente en sus pueblos indígenas, que son aquellas colectividades

con una continuidad histórica de las sociedades precoloniales establecidas en el

territorio estatal; y que conservan, desarrollan y transmiten sus instituciones sociales,

normativas, económicas, culturales y políticas, o parte de ellas. Esta Constitución

reconoce y protege a los siguientes: Tseltal, Tsotsil, Chol, Zoque, Tojolabal, Mame,

Kakchiquel, Lacandón, Mocho, Jacalteco, Chuj, Akateko y Kanjobal.

También protege los derechos de los indígenas que por cualquier circunstancia se

encuentren asentados dentro del territorio del Estado y que pertenezcan a otros

pueblos indígenas.

La conciencia de su identidad indígena deberá ser criterio fundamental para determinar

a quiénes se aplican las disposiciones sobre pueblos indígenas.

Son comunidades integrantes de un pueblo indígena, aquellas que forman una unidad

social, económica y cultural, asentadas en un territorio y que reconocen autoridades

propias de acuerdo con sus sistemas normativos.

El derecho de los pueblos y comunidades indígenas a la libre determinación se ejercerá

en un marco constitucional de autonomía que asegure la unidad estatal. Para el

reconocimiento de los pueblos y comunidades indígenas se deben tomar en cuenta,

además de los principios generales establecidos en los párrafos anteriores de este

artículo, criterios etnolingüísticos, de asentamiento físico y de autoadscripción.

Se reconoce a los pueblos y comunidades indígenas como sujetos de derecho público

con personalidad jurídica y patrimonio propio.

A. Esta Constitución reconoce y garantiza el derecho de los pueblos y las

comunidades indígenas a la libre determinación y, en consecuencia, a la autonomía

para:

I. Decidir, conforme a sus sistemas normativos y de acuerdo con la Constitución

Política de los Estados Unidos Mexicanos, y esta Constitución, sus formas internas de

gobierno, de convivencia y de organización social, económica, política y cultural.

II. Aplicar y desarrollar sus propios sistemas normativos en la regulación y solución

de sus conflictos internos, sujetándose a los principios generales de la Constitución

Política de los Estados Unidos Mexicanos, y de esta Constitución, respetando las

garantías individuales, los derechos humanos y, de manera relevante, la dignidad e

integridad de las mujeres. La ley establecerá los casos y procedimientos de validación

por los jueces o tribunales correspondientes.

La jurisdicción indígena se ejercerá por las autoridades comunitarias de acuerdo con los

sistemas normativos de los pueblos y comunidades indígenas, dentro del marco del

orden jurídico vigente, en los términos de la Constitución Política de los Estados Unidos

Mexicanos, esta Constitución, y leyes aplicables.

III. Reconocer y proteger el derecho de las comunidades indígenas a elegir de

acuerdo con sus sistemas normativos a las autoridades o representantes para el

ejercicio de sus formas propias de gobierno interno, garantizando que las mujeres y los

hombres indígenas disfrutarán y ejercerán su derecho de votar y ser votados en

condiciones de igualdad, fomentando la participación y empoderamiento de las mujeres;

así como a acceder y desempeñar los cargos públicos y de elección popular para los

que hayan sido electos o designados, en un marco que respete el pacto federal, y la

soberanía del Estado. En ningún caso, sus sistemas normativos limitarán los derechos

político-electorales de los y las ciudadanas en la elección de sus autoridades

municipales.

IV. Preservar, proteger y promover el desarrollo del patrimonio cultural, material e

inmaterial, que comprende todos los elementos que constituyen su cultura e identidad;

lenguas, usos, costumbres, tradiciones, sistemas normativos y formas de organización

social, política y económica de las comunidades indígenas. Se reconoce la propiedad

intelectual colectiva respecto de dicho patrimonio, en los términos que dispongan las

leyes. También garantizará a sus integrantes el acceso pleno a la justicia, una vida libre

de violencia, los servicios de salud y a una educación bilingüe que preserve y

enriquezca su cultura, con perspectiva de género, equidad y no discriminación.

Fomentará, asimismo, la plena vigencia de los derechos de los indígenas a decidir de

manera libre, responsable e informada sobre el número y espaciamiento de sus hijos, a

una vivienda digna y decorosa, así como los derechos de las mujeres, niñas y niños.

V. Promover el uso, desarrollo, preservación, estudio y difusión de las lenguas

indígenas como un elemento constitutivo de la diversidad cultural del Estado, así como

una política lingüística multilingüe que permita su uso en los espacios públicos y en los

privados que correspondan.

VI. Participar, en términos del artículo 3o. de la Constitución Política de los Estados

Unidos Mexicanos, en la construcción de los modelos educativos para reconocer la

composición pluricultural del Estado con base en sus culturas, lenguas y métodos de

enseñanza y aprendizaje.

VII. Desarrollar, practicar, fortalecer y promover la medicina tradicional, así como la

partería para la atención del embarazo, parto y puerperio. Se reconoce a las personas

que las ejercen, incluidos sus saberes y prácticas de salud.

VIII. Promover el eficaz ejercicio de los derechos de uso, disfrute y aprovechamiento

sustentable de los recursos naturales, flora y fauna silvestres de las comunidades

indígenas, conservar y mejorar el hábitat, y preservar la bioculturalidad y la integridad

de sus tierras, incluidos sus lugares sagrados declarados por la autoridad competente,

de conformidad con las disposiciones jurídicas aplicables en la materia, la Constitución

Política de los Estados Unidos Mexicanos y las leyes reglamentarias respectivas.

IX. Acceder, con respeto a las formas y modalidades de propiedad y tenencia de la

tierra establecidas en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en esta

Constitución, y las leyes de la materia, así como a los derechos adquiridos por terceros

o por integrantes de la comunidad, al uso y disfrute preferente de los recursos naturales

de los lugares que habitan y ocupan las comunidades, salvo aquellos que corresponden

a las áreas estratégicas, en términos de la Constitución Política de los Estados Unidos

Mexicanos. Para estos efectos las comunidades podrán asociarse en términos de ley.

X. Instrumentar con la participación de las comunidades indígenas los planes y

programas necesarios para impulsar su desarrollo socioeconómico con perspectiva de

género.

XI. Se reconoce el derecho a elegir, en los municipios con población indígena,

representantes en los ayuntamientos, de acuerdo con los principios de paridad de

género y pluriculturalidad conforme a las normas aplicables, con el propósito de

fortalecer su participación y representación política.

XII. Acceder plenamente a la jurisdicción del Estado. Para garantizar este derecho,

en todo procedimiento o juicio, así como el trámite de resolución de controversias, en el

que sean parte individual o colectivamente indígena, se deberán tomar en

consideración sus sistemas normativos y especificidades culturales, usos, costumbres y

tradiciones, con respeto a los preceptos consagrados en la Constitución Política de los

Estados Unidos Mexicanos.

Las personas indígenas tienen en todo tiempo, el derecho a ser asistidas y asesoradas

por personas intérpretes, traductoras, defensores y peritas especializadas en derechos

indígenas, pluralismo jurídico, perspectiva de género, y diversidad cultural y lingüística.

XIII. Las personas indígenas deberán compurgar sus penas, preferentemente en los

establecimientos más próximos a sus comunidades, a fin de propiciar su reintegración a

éstas, como parte de su readaptación social.

XIV. Prohibir toda forma de discriminación de origen étnico o por razón de lengua,

sexo, religión, costumbre, o condición social. La contravención a esta disposición será

sancionada en los términos de la legislación penal vigente.

XV. Promover y proteger la organización y el desarrollo de la familia indígena,

incorporando y reconociendo sus formas tradicionales de constituirla, siempre con

respeto a los derechos humanos y a la protección de la dignidad de las mujeres, las

niñas y niños.

XVI. Reconocer y garantizar el derecho de los municipios indígenas a la libre

determinación expresada en la autonomía para decidir sobre sus formas de

organización política, así como para elegir, de acuerdo con sus normas, procedimientos

y prácticas tradicionales, a las autoridades o representantes, garantizando la

participación de las mujeres en condiciones de igualdad frente a los hombres.

XVII. Proteger los derechos de los indígenas que esta Constitución consagra

regulados por la ley reglamentaria respectiva y por las demás leyes, en sus

correspondientes ámbitos de competencia, y serán, además, garantizados por las

autoridades estatales y municipales, así como por las autoridades tradicionales de las

comunidades indígenas.

XVIII. Ejercer su derecho al desarrollo integral con base en sus formas de organización

económica, social y cultural, con respeto a la integridad del medio ambiente y recursos

naturales en términos de las disposiciones jurídicas aplicables.

XIX. Ser consultados sobre las medidas legislativas o administrativas que se

pretendan adoptar, cuando estas puedan causar afectaciones o impactos significativos

en su vida o entorno, con la finalidad de obtener su consentimiento o, en su caso, llegar

a un acuerdo sobre tales medidas.

Las consultas indígenas se realizarán de conformidad con principios y normas que

garanticen el respeto y el ejercicio efectivo de los derechos sustantivos de los pueblos

indígenas reconocidos en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, y

en esta Constitución.

Cuando la medida administrativa que se pretenda adoptar beneficie a un particular, el

costo de la consulta debe ser cubierto por éste.

La persona física o moral que obtenga un lucro por las medidas administrativas objeto

de consulta debe otorgar a los pueblos y comunidades indígenas un beneficio justo y

equitativo, en los términos que establezcan las leyes aplicables.

Los pueblos y comunidades indígenas son los únicos legitimados para impugnar, por

las vías jurisdiccionales establecidas, el incumplimiento del derecho reconocido en esta

fracción. La ley de la materia regulará los términos, condiciones y procedimientos para

llevar a cabo la impugnación.

B. El Estado y los Municipios, establecerán las instituciones y determinaran las políticas

públicas que garanticen el ejercicio efectivo de los derechos de los pueblos indígenas y

su desarrollo integral, intercultural y sostenible, las cuales deben ser diseñadas y

operadas conjuntamente con ellos.

Para tal efecto, tendrán las obligaciones siguientes:

I. Impulsar el desarrollo comunitario y regional de los pueblos y comunidades indígenas,

para mejorar sus condiciones de vida y bienestar común, mediante planes de desarrollo

que fortalezcan sus economías y fomenten la agroecología, los cultivos tradicionales,

en especial el sistema milpa, las semillas nativas, los recursos agroalimentarios y el

óptimo uso de la tierra, libres del uso de sustancias peligrosas y productos químicos

tóxicos.

La ley en la materia establecerá los mecanismos que faciliten la organización y

desarrollo de las economías de los pueblos y comunidades indígenas, y reconocerá el

trabajo comunitario como parte de su organización social y cultural.

II. Determinar, mediante normas y criterios compensatorios, equitativos, justos y

proporcionales, asignaciones presupuestales para los pueblos y comunidades

indígenas, que serán administradas directamente por estos.

III. Adoptar las medidas necesarias para reconocer y proteger el patrimonio cultural, la

propiedad intelectual colectiva, los conocimientos y las expresiones culturales

tradicionales de los pueblos y comunidades indígenas, en los términos que establezca

la ley.

IV. Garantizar y fortalecer la educación indígena intercultural y plurilingüe, mediante:

a) La alfabetización y la educación en todos los niveles, gratuita, integral y con

pertinencia cultural y lingüística;

b) La formación de profesionales indígenas y la implementación de la educación

comunitaria;

c) El establecimiento de un sistema de becas para las personas indígenas que cursen

cualquier nivel educativo;

d) La promoción de programas educativos bilingües, en concordancia con los métodos

de enseñanza y aprendizaje de los pueblos y comunidades indígenas, y

e) La definición y desarrollo de programas educativos que reconozcan e impulsen la

herencia cultural de los pueblos y comunidades indígenas y su importancia para el

Estado; así como, la promoción de una relación intercultural, de no discriminación y

libre de racismo.

V. Asegurar el acceso efectivo a los servicios de salud mediante la ampliación de la

cobertura del sistema estatal con perspectiva intercultural, así como reconocer las

prácticas de la medicina tradicional.

VI. Garantizar el derecho a la alimentación nutritiva, suficiente y de calidad con

pertinencia cultural, en especial para la población infantil.

VII. Mejorar las condiciones de vida de los pueblos y comunidades indígenas y de sus

espacios para la convivencia y recreación, mediante acciones que garanticen el acceso

al financiamiento para la construcción y mejoramiento de vivienda, así como ampliar la

cobertura de los servicios sociales básicos, en armonía con su entorno natural y

cultural, sus conocimientos y tecnologías tradicionales.

VIII. Garantizar la participación efectiva de las mujeres indígenas, en condiciones de

igualdad, en los procesos de desarrollo integral de los pueblos y comunidades

indígenas; su acceso a la educación, así como a la propiedad y posesión de la tierra; su

participación en la toma de decisiones de carácter público, y la promoción y respeto de

sus derechos humanos.

IX. Garantizar y extender la red de comunicaciones que permita la articulación de los

pueblos y comunidades indígenas, mediante la construcción y ampliación de vías de

comunicación, caminos artesanales, radiodifusión, telecomunicación e Internet de

banda ancha.

X. Establecer y garantizar las condiciones para que los pueblos y comunidades

indígenas puedan adquirir, operar, promover, desarrollar y administrar sus medios de

comunicación, telecomunicaciones y nuevas tecnologías de la información,

garantizando espacios óptimos del espectro radioeléctrico y de las redes e

infraestructura, haciendo uso de sus lenguas y otros elementos culturales.

XI. Adoptar medidas para que los pueblos y comunidades indígenas accedan a los

medios de comunicación e información en condiciones de dignidad, equidad e

interculturalidad, sin discriminación alguna para que reflejen la diversidad cultural

indígena.

XII. Apoyar las actividades productivas y el desarrollo sustentable de las comunidades

indígenas mediante acciones que permitan alcanzar la suficiencia de sus ingresos

económicos, la creación de empleos, la incorporación de tecnologías y sus sistemas

tradicionales de producción, para incrementar su propia capacidad productiva, así como

para asegurar el acceso equitativo a los sistemas de abasto y comercialización.

XIII. Establecer políticas públicas para proteger a las comunidades y personas

indígenas migrantes.

XIV. Consultar a los pueblos indígenas en la elaboración del Plan Estatal de Desarrollo

y de los Planes Municipales de Desarrollo y, en su caso, incorporar las

recomendaciones y propuestas que realicen.

XV. Celebrar consultas y cooperar de buena fe con los pueblos y comunidades

indígenas, por medio de sus instituciones representativas, antes de adoptar y aplicar

medidas legislativas o administrativas que puedan causar afectaciones o impactos

significativos en su vida o entorno, en los términos de la fracción XIX del Apartado A del

presente artículo.

El Estado y los ayuntamientos, en el ámbito de sus respectivas competencias, deberán

establecer las partidas específicas en los presupuestos de egresos que aprueben, así

como las formas y procedimientos, para que los pueblos y comunidades indígenas las

administren y ejerzan conforme a las leyes de la materia.

Sin perjuicio de los derechos aquí establecidos a favor de los indígenas, sus

comunidades y pueblos, toda comunidad equiparable a aquéllos tendrá en lo

conducente los mismos derechos tal y como lo establezca la ley.

C. Esta Constitución reconoce a los pueblos y comunidades afromexicanas, cualquiera

que sea su autodenominación, como parte de la composición pluricultural del Estado.

Tendrán en lo conducente los derechos señalados en los apartados anteriores de este

artículo, a fin de garantizar su desarrollo e inclusión social, en los términos que

establezca la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, y esta

Constitución, así como su libre determinación que se ejercerá en un marco

constitucional de autonomía que asegure la unidad estatal.

Los pueblos y comunidades afromexicanas se integran por descendientes de personas

originarias de poblaciones del continente africano trasladadas y asentadas en el

territorio estatal desde la época colonial, con formas propias de organización social,

económica, política y cultural, o parte de ellas, y afirman su existencia como

colectividades culturalmente diferenciadas.

Los pueblos y comunidades afromexicanas tienen el carácter de sujetos de derecho

público, con personalidad jurídica y patrimonio propio. Tienen además derecho a:

I. La protección de su identidad cultural, modos de vida, expresiones espirituales y de

todos los elementos que integran su patrimonio cultural, material e inmaterial y su

propiedad intelectual colectiva, en los términos que establezca la ley.

II. La promoción, reconocimiento y protección de sus conocimientos, aportes y

contribuciones en la historia nacional y a la diversidad cultural del Estado, debiendo

quedar insertas en las modalidades y niveles del Sistema Educativo Nacional, y

III. Ser incluidos en la producción y registros de datos, información, estadísticas, censos

y encuestas oficiales, para lo cual las instituciones competentes establecerán los

procedimientos, métodos y criterios para inscribir su identidad y autoadscripción.

D. Esta Constitución reconoce y el Estado garantiza el derecho de las mujeres

indígenas y afromexicanas a participar de manera efectiva y en condiciones de igualdad

sustantiva en los procesos de desarrollo integral de sus pueblos y comunidades; en la

toma de decisiones de carácter público; en la promoción y respeto de sus derechos de

acceso a la educación, a la salud, a la propiedad y a la posesión de la tierra y demás

derechos humanos.

Se reconoce y garantiza el derecho de la niñez, adolescencia y juventud indígena y

afromexicana a una atención adecuada, en sus propias lenguas, para hacer efectivo el

conocimiento y ejercicio pleno de sus derechos de acceso a la educación, a la salud, a

la tecnología, al arte, la cultura, el deporte y la capacitación para el trabajo, entre otros.

Asimismo, para garantizar una vida libre de exclusión, discriminación y violencia, en

especial de la violencia sexual y de género, y para establecer políticas dirigidas a

prevenir y atender las adicciones, con visión de respeto a sus identidades culturales.

El Estado y los municipios establecerán las medidas necesarias para hacer efectivos

los derechos reconocidos en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos,

y esta Constitución, con el propósito de eliminar la discriminación, racismo, exclusión e

invisibilidad de las que sean objeto los pueblos y comunidades indígenas y

afromexicanas.

La ley establecerá las normas y mecanismos que aseguren el respeto y la

implementación de los derechos de los pueblos y comunidades indígenas y

afromexicanas reconocidos en esta Constitución.

Se establecen en el presente artículo las bases y mecanismos para asegurar la efectiva

observancia de todo lo dispuesto por la Constitución Política de los Estados Unidos

Mexicanos.

Capítulo III

De la Igualdad de las Personas y la Equidad de Género