Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Chihuahua
Artículo 178 de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Chihuahua
Vigencia verificada: 8 de noviembre de 2026, contra la fuente oficial — ver la publicación oficial
ARTICULO 178. Para los efectos de las responsabilidades a que alude este título, son servidores públicos
todos los funcionarios y empleados de los Poderes Legislativo, Ejecutivo y Judicial del Estado, de los
Organismos Autónomos, de los Municipios, de las entidades paraestatales y, en general, a toda persona que
desempeñe en las entidades mencionadas un empleo, cargo o comisión de cualquier naturaleza, ya sea que
su designación tenga origen en un proceso de elección popular, en un nombramiento o en un contrato.
Las y los servidores públicos desde el nivel que señale la ley, estarán obligados a presentar, bajo protesta de
decir verdad, su declaración patrimonial, fiscal y de intereses ante las autoridades competentes y en los
términos establecidos en la ley. Toda declaración deberá ser pública y podrá ser verificada, salvo las
excepciones contempladas en la ley de la materia.
La ley y demás normas conducentes sancionarán a los servidores públicos y particulares que incurran en
responsabilidades frente al Estado, ajustándose a las siguientes prevenciones:
I. Se impondrán, mediante juicio político, cuando los servidores públicos en el ejercicio de sus
funciones incurran en actos u omisiones que redunden en perjuicio de los intereses públicos
fundamentales o de su buen despacho. Podrán ser sujetos a juicio político, además de los
servidores que se establecen en el artículo 179 los siguientes: las y los Secretarios de Estado,
quien ocupe la titularidad de la Auditoría Superior del Estado, quienes integren los Ayuntamientos,
las y los Directores Generales o sus equivalentes en las entidades paraestatales y
paramunicipales, y las y los magistrados del Tribunal Estatal Electoral y del Tribunal Estatal de
Justicia Administrativa.
No procede el juicio político por la mera expresión de ideas.
Las sanciones consistirán en la destitución del servidor público y en su inhabilitación para
desempeñar funciones, empleos, cargos o comisiones de cualquier naturaleza en el servicio
público.
II. Se impondrán sanciones penales por la comisión de delitos.
La comisión de delitos comunes en materia de corrupción por parte de cualquier servidor público o
particulares, será perseguida y sancionada en los términos de la legislación penal. Esta
determinará los casos y las circunstancias en que se deban sancionar por causa de
enriquecimiento ilícito a los servidores públicos que durante el tiempo de su encargo, o por motivo
del mismo, por sí o por interpósita persona, aumenten su patrimonio, adquieran bienes o se
conduzcan como propietarios de ellos, cuya procedencia lícita no pudiesen justificar, privándolos
de la propiedad de los mismos, independientemente de las penas que les correspondan. Las
leyes penales sancionarán con el decomiso y con la privación de la propiedad de dichos bienes,
además de las otras penas que correspondan.
Fe de Erratas 2018.09.05/No. 71
III. Se aplicarán sanciones administrativas a los servidores públicos por los actos u omisiones que
afecten la legalidad, honradez, lealtad, imparcialidad y eficiencia que deban observar en el
desempeño de sus empleos, cargos o comisiones. Dichas sanciones consistirán en
amonestación, suspensión, destitución e inhabilitación, así como en sanciones económicas; estas
sanciones deberán establecerse de acuerdo con los beneficios económicos que, en su caso, haya
obtenido el responsable y con los daños y perjuicios patrimoniales causados por los actos u
omisiones. La ley establecerá los procedimientos para la investigación y sanción de dichos actos u
omisiones.
La ley señalará los casos de prescripción de la responsabilidad administrativa tomando en cuenta
la naturaleza y consecuencia de los actos y omisiones a que hace referencia la presente fracción.
Cuando dichos actos u omisiones fuesen graves, los plazos de prescripción no serán inferiores a
siete años.
Las faltas administrativas graves serán investigadas y substanciadas por la Auditoría Superior del
Estado, la Secretaría responsable del Control Interno del Ejecutivo y los órganos internos de
control, según corresponda y serán resueltas por el Tribunal Estatal de Justicia Administrativa. Las
demás faltas y sanciones administrativas, serán conocidas y resueltas por los órganos internos de
control.
La ley establecerá los supuestos y procedimientos para impugnar la clasificación de las faltas
administrativas como no graves, que realicen los órganos internos de control o la Auditoría
Superior del Estado, así como la imposición de sanciones a servidores públicos y particulares.
Las Dependencias y Entidades de la Administración Pública Estatal tendrán órganos internos de
control, con dependencia jerárquica y funcional de la Secretaría encargada del Control Interno del
Ejecutivo, con las facultades que determine la ley para prevenir, corregir e investigar actos u
omisiones que pudieran constituir responsabilidades administrativas.
La ley establecerá los requisitos para ser titular de cualquiera de los órganos internos de control
comprendidos en esta Constitución.
Además dichos titulares no deberán haber sido candidatos ni dirigentes de algún partido político
en los cinco años anteriores a su designación; durante su encargo no podrán formar parte de
ningún partido político, ni desempeñar otro empleo, cargo o comisión, salvo los no remunerados
en asociaciones científicas, docentes, artísticas o de beneficencia.
Se exceptúa del anterior párrafo lo relativo a la figura del Síndico.
IV. Para la investigación, substanciación y sanción de las responsabilidades administrativas de los
miembros del Poder Judicial del Estado, se estará a lo dispuesto al procedimiento de vigilancia y
disciplina que se prevea al interior de dicho Poder, sin perjuicio de las atribuciones de la Auditoría
Superior del Estado en materia de fiscalización sobre el manejo, la custodia y aplicación de
recursos públicos.
V. El Tribunal Estatal de Justicia Administrativa impondrá a los particulares que intervengan en actos
vinculados con faltas administrativas graves, con independencia de otro tipo de responsabilidades,
las sanciones económicas, inhabilitación para participar en adquisiciones, arrendamientos,
Fe de Erratas 2018.09.05/No. 71
servicios u obras públicas; así como el resarcimiento de los daños y perjuicios ocasionados a la
Hacienda Pública o a los entes públicos federales, locales o municipales.
Las personas morales serán sancionadas en los términos de esta fracción cuando los actos
vinculados con faltas administrativas graves sean realizados por personas físicas que actúen a
nombre o representación de la persona moral y en beneficio de ella. También podrá ordenarse la
suspensión de actividades, disolución o intervención de la sociedad respectiva cuando se trate de
faltas administrativas graves que causen perjuicio a la Hacienda Pública o a los entes públicos,
federales, locales o municipales, siempre que la sociedad obtenga un beneficio económico y se
acredite participación de sus órganos de administración, de vigilancia o de cualquiera de sus
socios, o en aquellos casos que se advierta que la sociedad es utilizada de manera sistemática
para vincularse con faltas administrativas graves; en estos supuestos la sanción se ejecutará
hasta que la resolución sea definitiva. Las leyes establecerán los procedimientos para la
investigación e imposición de las sanciones aplicables de dichos actos u omisiones, y
VI. Por los actos u omisiones que lesionen el patrimonio público, podrán ser acreedores a sanciones
de carácter civil.
Los procedimientos para la aplicación de las sanciones que en cada caso correspondan, se tramitarán
autónomamente. No podrán imponerse dos veces por una sola conducta, sanciones de la misma naturaleza.
Cualquier ciudadano bajo su más estricta responsabilidad podrá formular denuncia respecto de las conductas
a que se refiere este artículo.
La responsabilidad del Estado por los daños que, con motivo de su actividad administrativa irregular, cause en
los bienes o derechos de los particulares, será objetiva y directa. Los particulares tendrán derecho a una
indemnización conforme a las bases, límites y procedimientos que establezcan las leyes.
En el cumplimiento de sus atribuciones, a los órganos responsables de la investigación y sanción de las
responsabilidades administrativas y hechos de corrupción no les serán oponibles las disposiciones dirigidas a
proteger la secrecía de la información en materia fiscal o la relacionada con operaciones de depósito,
administración, ahorro e inversión de recursos monetarios. La ley establecerá los procedimientos para que les
sea entregada dicha información.
La Auditoría Superior del Estado y la Secretaría responsable del Control Interno del Ejecutivo, podrán recurrir
las determinaciones de la Fiscalía Especializada en el Combate a la Corrupción y del Tribunal Estatal de
Justicia Administrativa, de conformidad con lo previsto en la ley respectiva.
[Artículo reformado en el primer párrafo de la fracción I y en el tercer párrafo de la fracción III mediante
Decreto No. LXV/RFCNT/0795/2018 XII P.E. publicado en el P.O.E. No. 21 del 13 de marzo de 2019]
[Artículo reformado mediante Decreto No. LXV/RFCNT/0362/2017 VI P.E. publicado en el P.O.E. No. 69
del 30 de agosto de 2017]
Fuente oficial: consultar publicación
Jurisprudencia y tesis sobre este artículo
- RESPONSABILIDADES ADMINISTRATIVAS DE LOS SERVIDORES PÚBLICOS. PUEDEN SANCIONARSE LAS IRREGULARIDADES COMETIDAS POR ÉSTOS, AUNQUE NO IMPLIQUEN UN BENEFICIO ECONÓMICO PARA EL RESPONS (I.8o.A.123 A)
- SERVIDORES PÚBLICOS. EL PROCEDIMIENTO ADMINISTRATIVO DE RESPONSABILIDAD Y EL RELATIVO AL PLIEGO DE RESPONSABILIDADES SIGUEN DISTINTOS FINES SEGÚN LAS LEYES QUE LOS RIGEN. (I.1o.A.109 A)
- RESPONSABILIDADES DE LOS SERVIDORES PÚBLICOS. LA APLICACIÓN DE LAS SANCIONES ADMINISTRATIVAS CORRESPONDIENTES SURGE COMO CONSECUENCIA DE SUS ACTOS U OMISIONES DEFINIDOS EN LA PROPI (I.4o.A.521 A)
- DELITOS OFICIALES. (s/clave)
- SERVIDORES PÚBLICOS. SU RESPONSABILIDAD ADMINISTRATIVA SURGE COMO CONSECUENCIA DE LOS ACTOS U OMISIONES PREVISTOS EN LA LEGISLACIÓN QUE RIGE LA PRESTACIÓN DEL SERVICIO PÚBLICO Y SU (I.4o.A. J/22)
Versiones anteriores de este artículo
Histórico legislativo: se muestra para consulta, no forma parte de la búsqueda del texto vigente.
Texto anterior a la reforma (cambio detectado en la fuente oficial el 2026-07-24)
ARTICULO 178. Para los efectos de las responsabilidades a que alude este título, son servidores públicos
todos los funcionarios y empleados de los Poderes Legislativo, Ejecutivo y Judicial del Estado, de los
Organismos Autónomos, de los Municipios, de las entidades paraestatales y, en general, a toda persona que
desempeñe en las entidades mencionadas un empleo, cargo o comisión de cualquier naturaleza, ya sea que
su designación tenga origen en un proceso de elección popular, en un nombramiento o en un contrato.
Las y los servidores públicos desde el nivel que señale la ley, estarán obligados a presentar, bajo protesta de
decir verdad, su declaración patrimonial, fiscal y de intereses ante las autoridades competentes y en los
términos establecidos en la ley. Toda declaración deberá ser pública y podrá ser verificada, salvo las
excepciones contempladas en la ley de la materia.
La ley y demás normas conducentes sancionarán a los servidores públicos y particulares que incurran en
responsabilidades frente al Estado, ajustándose a las siguientes prevenciones:
I. Se impondrán, mediante juicio político, cuando los servidores públicos en el ejercicio de sus
funciones incurran en actos u omisiones que redunden en perjuicio de los intereses públicos
fundamentales o de su buen despacho. Podrán ser sujetos a juicio político, además de los
servidores que se establecen en el artículo 179 los siguientes: las y los Secretarios de Estado,
quien ocupe la titularidad de la Auditoría Superior del Estado, quienes integren los Ayuntamientos,
las y los Directores Generales o sus equivalentes en las entidades paraestatales y
paramunicipales, y las y los magistrados del Tribunal Estatal Electoral y del Tribunal Estatal de
Justicia Administrativa. [Párrafo reformado mediante Decreto No. LXV/RFCNT/0795/2018 XII
P.E. publicado en el P.O.E. No. 21 del 13 de marzo de 2019]
No procede el juicio político por la mera expresión de ideas.
H. Congreso del Estado
Secretaría de Asuntos Legislativos y Jurídicos
Biblioteca Legislativa “Carlos Montemayor Aceves”
Constitución Política
del Estado Libre y Soberano
de Chihuahua
Fe de Erratas 2018.09.05/No. 71
Ultima Reforma P.O.E. 2025.07.16/No. 57
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Las sanciones consistirán en la destitución del servidor público y en su inhabilitación para
desempeñar funciones, empleos, cargos o comisiones de cualquier naturaleza en el servicio
público.
II. Se impondrán sanciones penales por la comisión de delitos.
La comisión de delitos comunes en materia de corrupción por parte de cualquier servidor público o
particulares, será perseguida y sancionada en los términos de la legislación penal. Esta
determinará los casos y las circunstancias en que se deban sancionar por causa de
enriquecimiento ilícito a los servidores públicos que durante el tiempo de su encargo, o por motivo
del mismo, por sí o por interpósita persona, aumenten su patrimonio, adquieran bienes o se
conduzcan como propietarios de ellos, cuya procedencia lícita no pudiesen justificar, privándolos
de la propiedad de los mismos, independientemente de las penas que les correspondan. Las
leyes penales sancionarán con el decomiso y con la privación de la propiedad de dichos bienes,
además de las otras penas que correspondan.
III. Se aplicarán sanciones administrativas a los servidores públicos por los actos u omisiones que
afecten la legalidad, honradez, lealtad, imparcialidad y eficiencia que deban observar en el
desempeño de sus empleos, cargos o comisiones. Dichas sanciones consistirán en
amonestación, suspensión, destitución e inhabilitación, así como en sanciones económicas; estas
sanciones deberán establecerse de acuerdo con los beneficios económicos que, en su caso, haya
obtenido el responsable y con los daños y perjuicios patrimoniales causados por los actos u
omisiones. La ley establecerá los procedimientos para la investigación y sanción de dichos actos u
omisiones.
La ley señalará los casos de prescripción de la responsabilidad administrativa tomando en cuenta
la naturaleza y consecuencia de los actos y omisiones a que hace referencia la presente fracción.
Cuando dichos actos u omisiones fuesen graves, los plazos de prescripción no serán inferiores a
siete años.
Las faltas administrativas graves serán investigadas y substanciadas por la Auditoría Superior del
Estado, la Secretaría responsable del Control Interno del Ejecutivo y los órganos internos de
control, según corresponda y serán resueltas por el Tribunal Estatal de Justicia Administrativa. Las
demás faltas y sanciones administrativas, serán conocidas y resueltas por los órganos internos de
control.
[Párrafo reformado mediante Decreto No. LXV/RFCNT/0795/2018 XII P.E. publicado en el
P.O.E. No. 21 del 13 de marzo de 2019]
La ley establecerá los supuestos y procedimientos para impugnar la clasificación de las faltas
administrativas como no graves, que realicen los órganos internos de control o la Auditoría
Superior del Estado, así como la imposición de sanciones a servidores públicos y particulares.
Las Dependencias y Entidades de la Administración Pública Estatal tendrán órganos internos de
control, con dependencia jerárquica y funcional de la Secretaría encargada del Control Interno del
Ejecutivo, con las facultades que determine la ley para prevenir, corregir e investigar actos u
omisiones que pudieran constituir responsabilidades administrativas.
La ley establecerá los requisitos para ser titular de cualquiera de los órganos internos de control
comprendidos en esta Constitución.
H. Congreso del Estado
Secretaría de Asuntos Legislativos y Jurídicos
Biblioteca Legislativa “Carlos Montemayor Aceves”
Constitución Política
del Estado Libre y Soberano
de Chihuahua
Fe de Erratas 2018.09.05/No. 71
Ultima Reforma P.O.E. 2025.07.16/No. 57
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Además dichos titulares no deberán haber sido candidatos ni dirigentes de algún partido político
en los cinco años anteriores a su designación; durante su encargo no podrán formar parte de
ningún partido político, ni desempeñar otro empleo, cargo o comisión, salvo los no remunerados
en asociaciones científicas, docentes, artísticas o de beneficencia.
Se exceptúa del anterior párrafo lo relativo a la figura del Síndico.
IV. Para la investigación, substanciación y sanción de las responsabilidades administrativas de los
miembros del Poder Judicial del Estado, se estará a lo dispuesto al procedimiento de vigilancia y
disciplina que se prevea al interior de dicho Poder, sin perjuicio de las atribuciones de la Auditoría
Superior del Estado en materia de fiscalización sobre el manejo, la custodia y aplicación de
recursos públicos.
V. El Tribunal Estatal de Justicia Administrativa impondrá a los particulares que intervengan en actos
vinculados con faltas administrativas graves, con independencia de otro tipo de responsabilidades,
las sanciones económicas, inhabilitación para participar en adquisiciones, arrendamientos,
servicios u obras públicas; así como el resarcimiento de los daños y perjuicios ocasionados a la
Hacienda Pública o a los entes públicos federales, locales o municipales.
Las personas morales serán sancionadas en los términos de esta fracción cuando los actos
vinculados con faltas administrativas graves sean realizados por personas físicas que actúen a
nombre o representación de la persona moral y en beneficio de ella. También podrá ordenarse la
suspensión de actividades, disolución o intervención de la sociedad respectiva cuando se trate de
faltas administrativas graves que causen perjuicio a la Hacienda Pública o a los entes públicos,
federales, locales o municipales, siempre que la sociedad obtenga un beneficio económico y se
acredite participación de sus órganos de administración, de vigilancia o de cualquiera de sus
socios, o en aquellos casos que se advierta que la sociedad es utilizada de manera sistemática
para vincularse con faltas administrativas graves; en estos supuestos la sanción se ejecutará
hasta que la resolución sea definitiva. Las leyes establecerán los procedimientos para la
investigación e imposición de las sanciones aplicables de dichos actos u omisiones, y
VI. Por los actos u omisiones que lesionen el patrimonio público, podrán ser acreedores a sanciones
de carácter civil.
Los procedimientos para la aplicación de las sanciones que en cada caso correspondan, se tramitarán
autónomamente. No podrán imponerse dos veces por una sola conducta, sanciones de la misma naturaleza.
Cualquier ciudadano bajo su más estricta responsabilidad podrá formular denuncia respecto de las conductas
a que se refiere este artículo.
La responsabilidad del Estado por los daños que, con motivo de su actividad administrativa irregular, cause en
los bienes o derechos de los particulares, será objetiva y directa. Los particulares tendrán derecho a una
indemnización conforme a las bases, límites y procedimientos que establezcan las leyes.
En el cumplimiento de sus atribuciones, a los órganos responsables de la investigación y sanción de las
responsabilidades administrativas y hechos de corrupción no les serán oponibles las disposiciones dirigidas a
proteger la secrecía de la información en materia fiscal o la relacionada con operaciones de depósito,
H. Congreso del Estado
Secretaría de Asuntos Legislativos y Jurídicos
Biblioteca Legislativa “Carlos Montemayor Aceves”
Constitución Política
del Estado Libre y Soberano
de Chihuahua
Fe de Erratas 2018.09.05/No. 71
Ultima Reforma P.O.E. 2025.07.16/No. 57
91 de 191
administración, ahorro e inversión de recursos monetarios. La ley establecerá los procedimientos para que les
sea entregada dicha información.
La Auditoría Superior del Estado y la Secretaría responsable del Control Interno del Ejecutivo, podrán recurrir
las determinaciones de la Fiscalía Especializada en el Combate a la Corrupción y del Tribunal Estatal de
Justicia Administrativa, de conformidad con lo previsto en la ley respectiva.
[Artículo reformado mediante Decreto No. LXV/RFCNT/0362/2017 VI P.E. publicado en el P.O.E. No. 69
del 30 de agosto de 2017]
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