Artículo 130

Artículo 130.- Para los efectos de las responsabilidades a que alude este título, se

considera como servidor público a toda persona que desempeñe un empleo, cargo

o comisión en alguno de los poderes del Estado, organismos autónomos, en los

municipios y org anismos auxiliares, así como los titulares o quienes hagan sus

veces en empresas de participación estatal o municipal, sociedades o asociaciones

asimiladas a éstas y en los fideicomisos públicos. Por lo que toca a las y los demás

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trabajadores del sector auxiliar, su calidad de servidores públicos estará

determinada por los ordenamientos legales respectivos. Las y los servidores

públicos a que se refiere el presente artículo estarán obligados a presentar, bajo

protesta de decir verd ad, su declaración patrimonial, de intereses ante las

autoridades competentes y constancia de presentación de la declaración fiscal y en

los términos que determine la ley.

La Ley de Responsabilidades regulará sujetos, procedimientos y sanciones en la

materia.

Las y los servidores públicos y particulares que incurran en responsabilidad frente

al Estado, serán sancionados conforme a lo siguiente:

I. Se aplicarán sanciones administrativas a las y los servidores públicos por los actos

u omisiones que afecten la legalidad, honradez, lealtad, imparcialidad y eficiencia

que deban observar en el desempeño de sus empleos, cargos o comisiones. Dichas

sanciones consistirán en amonestación, suspensión, destitución e inhabilitación, así

como en sanciones económicas y deberán establecerse de acuerdo con los

beneficios económicos que, en su caso, haya obtenido el responsable y con los

daños y perjuicios patrimon iales causados por los actos u omisiones. La ley de la

materia establecerá los procedimientos para la investigación y sanción de dichos

actos u omisiones.

Las faltas administrativas graves serán investigadas y substanciadas por la

Secretaría de la Contraloría del Poder Ejecutivo, por el Órgano Superior de

Fiscalización del Estado de México y los órganos internos de control, según

corresponda, y serán resueltas por el Tribunal de Justicia Administrativa del Estado

de México. Las demás faltas y sanciones administrativas que no sean calificadas

como graves, serán conocidas y resueltas por los órganos internos de control,

quienes substanciarán los procedimientos y en su caso aplicarán las sanciones

correspondientes.

Para la investigación, substanciación y sanción de las responsabilidades

administrativas de los miembros del Poder Judicial del Estado, se regirá por lo

previsto en el artículo 106 de esta Constitución, sin perjuicio de las atribuciones del

Órgano Superior de Fiscalización del Estado de México en materia de fiscalización

sobre el manejo, la custodia y aplicación de recursos públicos.

La ley de la materia establecerá los supuestos y procedimientos para impugnar la

clasificación de las faltas administrativas como no graves, que realicen los órganos

internos de control.

Las dependencias, organismos auxiliares del Ejecutivo Estatal, los órganos

constitucionalmente autónomos y los ayuntamientos tendrán órganos internos de

control con las facultades que determine la ley para prevenir, corregir e investigar

actos y omisiones que pudieran constituir responsabilidades administrativas, para

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sancionar aquellas distintas a las que son competencia del Tribunal de Justicia

Administrativa del Estado de México, revisar el ingreso, egreso, manejo, custodia y

aplicación de recursos públicos federales, estatales y municipales, así como

presentar las denuncias por hechos u omisiones que pudieran ser constitutivos de

delito ante la Fiscalía Especializada en Combate a la Corrupción.

Las instituciones de seguridad pública tendrán su sistema de separación del

servicio, de investigación y sanción disciplinaria, de conformidad con lo previsto en

las leyes respectivas en congruencia con la fracción XIII del apartado B, del artículo

123 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.

II. El Tribunal de Justicia Administrativa del Estado de México, impondrá a los

particulares que intervengan en actos vinculados con faltas administrativas graves,

con independencia de otro tipo de responsabilidades, las sanciones económicas,

inhabilitación para participar en adquisiciones, arrendamientos, servicios y obras

públicas, así como el resarcimiento de los daños y perjuicios ocasionados a la

hacienda pública Estatal o Municipal o al patrimonio de las entidades públicas

estatales o municipales. Las personas jurídico colectivas serán sancionadas en los

términos de este párrafo cuando los actos vinculados con faltas administrativas

graves sean realizados por personas físicas que actúen a nombre o representación

de la persona jurídico colectiva y en be neficio de ella. También podrá ordenarse la

suspensión de actividades, disolución o intervención de la sociedad respectiva

cuando se trate de faltas administrativas graves que causen perjuicio a la hacienda

pública estatal o municipal o al patrimonio de las entidades públicas, estatales o

municipales, siempre que la sociedad obtenga un beneficio económico y se acredite

participación de sus órganos de administración, de vigilancia o de sus socios, o en

aquellos casos que se advierta que la sociedad es utiliz ada de manera sistemática

para vincularse con faltas administrativas graves, en estos supuestos la sanción se

ejecutará hasta que la resolución sea definitiva. Las leyes de la materia establecerán

los procedimientos para la investigación e imposición de sa nciones aplicables de

dichos actos u omisiones.

Los procedimientos para la aplicación de las sanciones mencionadas en las

fracciones anteriores se desarrollarán autónomamente y no podrán imponerse dos

veces por una sola conducta sanciones de la misma naturaleza.

Cualquier ciudadano, bajo su más estricta responsabilidad y mediante la

presentación de elementos de prueba podrá formular denuncia ante el Órgano

Superior de Fiscalización del Estado de México, respecto de las conductas a las

que se refiere el presente artículo.

III. En el cumplimiento de sus atribuciones, a los órganos responsables de la

investigación y sanción de responsabilidades administrativas y hechos de

corrupción no les serán oponibles las disposiciones dirigidas a proteger la secrecía

de la información en materia fiscal o la relacionada con operaciones de depósito,

administración, ahorro e inversión de recursos monetarios que competan al ámbito

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local. La ley de la materia establecerá los procedimientos para que les sea

entregada dicha información.

La responsabilidad del Estado y de los municipios por los daños que, con motivo de

su actividad administrativa irregular, causen en los bienes o derechos de los

particulares, será objetiva y directa. Los particulares tendrán derecho a una

indemnización conforme a las bases, límites y procedimientos que establezca la ley.

(ADICIONADO, G.G. 24 DE ABRIL DE 2017)