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Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Veracruz de Ignacio de la Llave

Artículo 4

Ordenamiento: Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Veracruz de Ignacio de la Llave · Ámbito: Veracruz
Última reforma: 2026-10-26

Vigencia verificada: 8 de noviembre de 2026, contra la fuente oficial — ver la publicación oficial

Artículo 4. El hombre y la mujer son sujetos de iguales derechos y

obligaciones ante la ley.

(ADICIONADO, G.O. 23 DE NOVIEMBRE DE 2017)

El Estado garantizará el derecho a la vida del ser humano y su seguridad

humana, desde el momento de la concepción hasta la muerte natural, como

valor primordial que sustenta el ejercicio de los demás derechos, salvo las

excepciones previstas en las leyes.

La libertad del hombre y la mujer no tiene más límite que la prohibición de

la ley; por tanto, toda persona tiene el deber de acatar los ordenamientos

expedidos por autoridad competente. Las autoridades sólo tienen las

atribuciones concedidas expresamente por la ley.

(ADICIONADO, G.O. 9 DE ABRIL DE 2015)

Toda persona tiene derecho a la identidad y a ser registrado de manera

inmediata a su nacimiento. En el Estado de Veracruz se garantizará el

cumplimiento de estos derechos. La autoridad competente expedirá

gratuitamente la primera copia certificada del act a de registro de

nacimiento.

(ADICIONADO, G.O. 11 DE MAYO DE 2011)

En materia penal el proceso será acusatorio y oral. Se regirá por los

principios de publicidad, contradicción, concentración, continuidad e

inmediación y tendrá por objeto el esclarecimiento de los hechos, proteger

al inocente, evitar que el culpable quede impune y asegurar que se reparen

los daños causados por el delito.

(ADICIONADO, G.O. 11 DE MAYO DE 2011)

Toda persona es inocente en tanto no se le declare culpable mediante

sentencia del juez de la causa que no haya conocido el caso previamente,

y ante quien se desarrollará todo el juicio, incluyendo el desahogo y

valoración de pruebas. Esta función judicial de ninguna manera será

delegable. Cualquier prueba obtenida en violación de derechos

fundamentales será nula.

(ADICIONADO, G.O. 11 DE MAYO DE 2011)

Habrá jueces de control que garanticen los derechos de los imputados y

de las víctimas y decidan sobre las medidas cautelares en los términos de

la ley de la materia. La prisión preventiva sólo procederá cuando otras

medidas no sean suficientes en los términos de las leyes.

(ADICIONADO, G.O. 11 DE MAYO DE 2011)

La legislación ordinaria preverá medios alternos para la solución de

controversias, y los requisitos para su aplicación. El Estado organizará el

servicio de defensoría pública que deberá contar con calidad y

profesionalismo, especialmente en la defensa de los justiciables

pertenecientes a los pueblos y comunidades indígenas.

(ADICIONADO, G.O. 4 DE FEBRERO DE 2020)

En la conciliación en materia laboral regirán los principios de certeza,

independencia, legalidad, imparcialidad, igualdad, confiabilidad, eficacia,

objetividad, profesionalismo, transparencia y publicidad.

(ADICIONADO, G.O. 4 DE FEBRERO DE 2020)

En materia de justicia laboral, los principios del proceso son inmediación,

inmediatez, continuidad, celeridad, veracidad, concentración, economía y

sencillez procesal, publicidad, gratuidad, realidad sobre los elementos

formales que lo contradigan, oralid ad y conciliación; en tanto los de sus

sentencias y resoluciones son legalidad, imparcialidad, transparencia,

autonomía e independencia, respetando las disposiciones al respecto en

materia de valoración de pruebas y contenido de la Ley Federal del

Trabajo.

(ADICIONADO, G.O. 20 DE JUNIO DE 2019)

Las autoridades deberán privilegiar la solución del conflicto sobre los

formalismos, siempre y cuando, no se afecte la igualdad entre las partes, el

debido proceso u otros derechos. En los juicios o procedimientos seguidos

en forma de juicio en los que se establezca como regla la oralidad, bastará

con que quede constancia de ellos en cualquier medio que dé certeza de

su contenido.

(REFORMADO, G.O. 27 DE DICIEMBRE DE 2018)

En el Estado, todas las personas gozarán de los derechos humanos y

garantías para su protección, consagrados en la Constitución Política de

los Estados Unidos Mexicanos, los tratados internacionales de los que el

Estado Mexicano sea parte, esta Constitució n y las Leyes que de ella

emanen; así como aquellos que reconozca el Poder Judicial del Estado sin

distinción alguna de origen étnico o nacional, sexo, idioma, religión,

situación migratoria, opinión política, preferencias sexuales, condición o

actividad social. Las normas relativas a los derechos humanos se

interpretarán de conformidad con la Constitución General de la República,

los tratados internacionales de la materia y esta Constitución, favoreciendo

en todo tiempo a las personas la protección más amplia.

(REFORMADO, G.O. 23 DE NOVIEMBRE DE 2017)

Todas las autoridades del Estado, en su respectiva esfera de atribuciones,

tienen el deber de promover, respetar, proteger y garantizar los derechos

humanos, privilegiando el enfoque de la seguridad humana, de

conformidad con los principios de universalida d, interdependencia,

indivisibilidad, progresividad y prevención temprana de los problemas del

desarrollo, por lo que deberán generar las condiciones necesarias para que

las personas gocen de los derechos humanos que establece esta

Constitución y prevenir, investigar, sancionar y reparar las violaciones a los

mismos; así como proteger los que se reserve el pueblo de Veracruz

mediante el juicio de protección de derechos humanos. La violación de los

mismos implicará la sanción correspondiente y, en su caso, l a reparación

del daño, en términos de ley.

Está prohibida la pena de muerte.

(ADICIONADO, G.O. 4 DE NOVIEMBRE DE 2016)

Los adolescentes a quienes se les atribuya la comisión o participación en

un hecho que la ley señale como delito, en ningún caso podrán ser

juzgados o sancionados como adultos y estarán sujetos a un sistema

integral de justicia a cargo de instituciones, tribunales y autoridades

especializados en la procuración e impartición de justicia para

adolescentes, que garantizarán sus derechos humanos, así como aquellos

derechos específicos que por su condición de personas en desarrollo les

corresponden. En la aplicación de este sistema de berán observarse,

siempre que procedan, formas alternativas de justicia.

(ADICIONADO, G.O. 4 DE NOVIEMBRE DE 2016)

En cada caso, las medidas de orientación, protección y tratamiento que se

impongan a los adolescentes deberán ser racionales y proporcionales al

hecho realizado y tendrán como fin la reintegración social y familiar del

adolescente, así como el pleno desarr ollo de su persona y capacidades

atendiendo en todo momento a la protección integral y al interés superior

de la niñez. El proceso en materia de justicia para adolescentes será

acusatorio y oral, en el que se observará la garantía del debido proceso

legal. El internamiento se utilizará sólo como medida extrema y por el

tiempo más breve que proceda y podrá aplicarse únicamente a los

adolescentes mayores de catorce años de edad. Los niños y las niñas

menores de doce años sólo serán sujetos de asistencia social.

(REFORMADO, G.O. 11 DE JUNIO DE 2025)

Fuente oficial: consultar publicación

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Versiones anteriores de este artículo

Histórico legislativo: se muestra para consulta, no forma parte de la búsqueda del texto vigente.

Texto anterior a la reforma (cambio detectado en la fuente oficial el 2026-07-28)

Artículo 4. El hombre y la mujer son sujetos de iguales derechos y obligaciones ante la ley.

(ADICIONADO, G.O. 23 DE NOVIEMBRE DE 2017)

El Estado garantizará el derecho a la vida del ser humano y su seguridad humana, desde el

momento de la concepción hasta la muerte natural, como valor primordial que sustenta el

ejercicio de los demás derechos, salvo las excepciones previstas en las leyes.*

* Nota de Editor: A través de la Sentencia de Acción de Inconstitucionalidad número 85/2016, el Tribunal Pleno de

la Suprema Corte de Justicia de la Nación declaró en su resolutivo Segundo la invalidez de la porción normativa

señalada “desde el momento de la concepción hasta la muerte natural, como valor primordial que sustenta el ejercicio

de los demás derechos, salvo las excepciones previstas en las leyes ”; adicionado mediante el Decreto 912 publicado

en la Gaceta Oficial del Estado el 23 de agosto de 2016 y, por extensión la de la referida porción normativa, reformada

mediante el Decreto 351, publicado en la Gaceta Oficial del 23 de noviembr e de 2017. La declaratoria de invalidez

surtirá sus efectos partir de la notificación de los puntos resolutivos de dicha Sentencia al Poder Legislativo del

Estado, la cual tuvo verificativo el día 31 de mayo de 2022. (Ver las anotaciones a las fichas 43 y 52 contenidas en

la parte final de este documento, en la sección de registro de reformas y modificaciones.)

La libertad del hombre y la mujer no tiene más límite que la prohibición de la ley; por tanto, toda

persona tiene el deber de acatar los ordenamie ntos expedidos por autoridad competente. Las

autoridades sólo tienen las atribuciones concedidas expresamente por la ley.

(ADICIONADO, G.O. 9 DE ABRIL DE 2015)

Toda persona tiene derecho a la identidad y a ser registrado de manera inmediata a su

nacimiento. En el Estado de Veracruz se garantizará el cumplimiento de estos derechos. La

autoridad competente expedirá gratuitamente la primera copia certificada del acta de registro de

nacimiento.

(ADICIONADO, G.O. 11 DE MAYO DE 2011)

En materia penal el proceso será acusatorio y oral. Se regirá por los principios de publicidad,

contradicción, concentración, continuidad e inmediación y tendrá por objeto el esclarecimiento

de los hechos, proteger al inocente, evitar que el culpable quede impune y asegurar que se

reparen los daños causados por el delito.

(ADICIONADO, G.O. 11 DE MAYO DE 2011)

Toda persona es inocente en tanto no se le declare culpable mediante sentencia del juez de la

causa que no haya conocido el caso previamente, y ante quien se desarrollará todo el juicio,

incluyendo el desahogo y valoración de pruebas. Esta función judicial de ninguna manera será

delegable. Cualquier prueba obtenida en violación de derechos fundamentales será nula.

(ADICIONADO, G.O. 11 DE MAYO DE 2011)

Habrá jueces de control que garanticen los derechos de los imputados y de las víctimas y decidan

sobre las medidas cautelares en los términos de la ley de la materia. La prisión preventiva sólo

procederá cuando otras medidas no sean suficientes en los términos de las leyes.

CONSTITUCIÓN POLÍTICA DEL ESTADO LIBRE Y SOBERANO

DE VERACRUZ DE IGNACIO DE LA LLAVE

H. CONGRESO DEL ESTADO DE VERACRUZ

Secretaría General

Coordinación de Investigaciones Legislativas

Última Actualización

28 DE ENERO DE 2026

(ADICIONADO, G.O. 11 DE MAYO DE 2011)

La legislación ordinaria preverá medios alternos para la solución de controversias, y los requisitos

para su aplicación. El Estado organizará el servicio de defensoría pública que deberá contar con

calidad y profesionalism o, especialmente en la defensa de los justiciables pertenecientes a los

pueblos y comunidades indígenas.

(ADICIONADO, G.O. 4 DE FEBRERO DE 2020)

En la conciliación en materia laboral regirán los principios de certeza, independencia, legalidad,

imparcialidad, igualdad, confiabilidad, eficacia, objetividad, profesionalismo, transparencia y

publicidad.

(ADICIONADO, G.O. 4 DE FEBRERO DE 2020)

En materia de justicia laboral, los principios del proceso son inmediación, inmediatez,

continuidad, celeridad, verac idad, concentración, economía y sencillez procesal, publicidad,

gratuidad, realidad sobre los elementos formales que lo contradigan, oralidad y conciliación; en

tanto los de sus sentencias y resoluciones son legalidad, imparcialidad, transparencia, autonomía

e independencia, respetando las disposiciones al respecto en materia de valoración de pruebas

y contenido de la Ley Federal del Trabajo.

(ADICIONADO, G.O. 20 DE JUNIO DE 2019)

Las autoridades deberán privilegiar la solución del conflicto sobre los for malismos, siempre y

cuando, no se afecte la igualdad entre las partes, el debido proceso u otros derechos. En los

juicios o procedimientos seguidos en forma de juicio en los que se establezca como regla la

oralidad, bastará con que quede constancia de ello s en cualquier medio que dé certeza de su

contenido.

(REFORMADO, G.O. 27 DE DICIEMBRE DE 2018)

En el Estado, todas las personas gozarán de los derechos humanos y garantías para su

protección, consagrados en la Constitución Política de los Estados Unidos M exicanos, los

tratados internacionales de los que el Estado Mexicano sea parte, esta Constitución y las Leyes

que de ella emanen; así como aquellos que reconozca el Poder Judicial del Estado sin distinción

alguna de origen étnico o nacional, sexo, idioma, religión, situación migratoria, opinión política,

preferencias sexuales, condición o actividad social. Las normas relativas a los derechos

humanos se interpretarán de conformidad con la Constitución General de la República, los

tratados internacionales de la materia y esta Constitución, favoreciendo en todo tiempo a las

personas la protección más amplia.

(REFORMADO, G.O. 23 DE NOVIEMBRE DE 2017)

Todas las autoridades del Estado, en su respectiva esfera de atribuciones, tienen el deber de

promover, respetar, proteger y garantizar los derechos humanos, privilegiando el enfoque de la

seguridad humana, de conformidad con los principios de universalidad, interdependencia,

indivisibilidad, progresividad y prevención temprana de los problemas del desarrollo, por l o que

deberán generar las condiciones necesarias para que las personas gocen de los derechos

humanos que establece esta Constitución y prevenir, investigar, sancionar y reparar las

violaciones a los mismos; así como proteger los que se reserve el pueblo de Veracruz mediante

el juicio de protección de derechos humanos. La violación de los mismos implicará la sanción

correspondiente y, en su caso, la reparación del daño, en términos de ley.

Está prohibida la pena de muerte.

(ADICIONADO, G.O. 4 DE NOVIEMBRE DE 2016)

Los adolescentes a quienes se les atribuya la comisión o participación en un hecho que la ley

señale como delito, en ningún caso podrán ser juzgados o sancionados como adultos y estarán

sujetos a un sistema integral de justicia a cargo de instituc iones, tribunales y autoridades

especializados en la procuración e impartición de justicia para adolescentes, que garantizarán

sus derechos humanos, así como aquellos derechos específicos que por su condición de

personas en desarrollo les corresponden. En la aplicación de este sistema deberán observarse,

siempre que procedan, formas alternativas de justicia.

CONSTITUCIÓN POLÍTICA DEL ESTADO LIBRE Y SOBERANO

DE VERACRUZ DE IGNACIO DE LA LLAVE

H. CONGRESO DEL ESTADO DE VERACRUZ

Secretaría General

Coordinación de Investigaciones Legislativas

Última Actualización

28 DE ENERO DE 2026

(ADICIONADO, G.O. 4 DE NOVIEMBRE DE 2016)

En cada caso, las medidas de orientación, protección y tratamiento que se impongan a los

adolescentes deberán ser racionales y proporcionales al hecho realizado y tendrán como fin la

reintegración social y familiar del adolescente, así como el pleno desarrollo de su persona y

capacidades atendiendo en todo momento a la protección integral y al interés superior d e la

niñez. El proceso en materia de justicia para adolescentes será acusatorio y oral, en el que se

observará la garantía del debido proceso legal. El internamiento se utilizará sólo como medida

extrema y por el tiempo más breve que proceda y podrá aplicarse únicamente a los adolescentes

mayores de catorce años de edad. Los niños y las niñas menores de doce años sólo serán

sujetos de asistencia social.

*Nota de Editor: A través de la Sentencia de Acción de Inconstitucionalidad número 148/2020 y acumuladas , el

Tribunal Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación declaró la invalidez del Decreto 576 por el que se

reformaron y adicionaron diversas disposiciones de la Constitución Política del Estado de Veracruz (que incluía

disposiciones del artículo 4), publicado en la Gaceta Oficial del Estado el 22 de junio de 2020. En el resolutivo tercero

de la Sentencia, se determinó como efectos de la invalidez, la reviviscencia de las normas vigentes anteriores a la

entrada en vigor del decreto 576 ya invalidado, a partir de la notificación de los puntos resolutivos de dicha Sentencia

al Poder Legislativo del Estado, la cual tuvo verificativo el día 24 de noviembre de 2020. (Ver las anotaciones a la

ficha 82 contenida en la parte final de este documento, en la sección de registro de reformas y modificaciones.)

(REFORMADO, G.O. 11 DE JUNIO DE 2025)

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