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Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Veracruz de Ignacio de la Llave

Artículo 5 de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Veracruz de Ignacio de la Llave

Ordenamiento: Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Veracruz de Ignacio de la Llave · Ámbito: Veracruz
Última reforma: 2026-10-26

Vigencia verificada: 8 de noviembre de 2026, contra la fuente oficial — ver la publicación oficial

Artículo 5. El Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave forma parte de la Nación Mexicana, con

asiento en la grandeza de sus pueblos indígenas u originarios y los af romexicanos, y culturas

que viven y habitan en su territorio.

El Estado tiene una composición pluricultural y multiétnica sustentada originalmente en sus

pueblos indígenas u originarios, en su calidad de colectividades con una continuidad histórica de

las sociedades precoloniales establecidas en su territorio; y que conservan, desarrollan y

transmiten sus instituciones sociales, normativas, económicas, culturales y políticas, o parte de

ellas.

La conciencia de la identidad indígena o afromexicana deberá ser criterio fundamental para

determinar a quiénes se aplican las disposiciones sobre pueblos indígenas u originarios y

afromexicanos.

Son comunidades integrantes de pueblos indígenas u originarios y afromexicanos, aquellas que

forman una unidad social, ec onómica y cultural, asentadas en un territorio y que reconocen

autoridades propias de acuerdo con sus sistemas normativos.

El derecho de los pueblos indígenas u originarios, así como de los afromexicanos, a la libre

determinación se ejercerá en un marco constitucional de autonomía que asegure la unidad

nacional. Para el reconocimiento de esos pueblos y comunidades, se deben tomar en cuenta,

además de los principios generales establecidos en los párrafos anteriores de este artículo,

criterios etnolingüísticos, de asentamiento físico y de autoadscripción.

Se reconoce a los pueblos y comunidades indígenas u originarios y afromexicanos como sujetos

de derecho público, con personalidad jurídica y patrimonio propio.

A. Esta Constitución reconoce y garantiza el derecho de los pueblos y las comunidades indígenas

u originarios y afromexicanos a la libre determinación y, en consecuencia, a la autonomía para:

I. Decidir, conforme a sus sistemas normativos y de acuerdo con la Constitución Federal y esta

Constitución, sus formas internas de gobierno, de convivencia y de organización social,

económica, política y cultural.

II. Aplicar y desarrollar sus propios sistemas normativos en la regulación y solución de sus

conflictos internos, sujetándose a los principios gener ales de la Constitución Federal y esta

Constitución, respetando las garantías individuales, los derechos humanos y, de manera

relevante, la dignidad e integridad de las mujeres, con sujeción a las leyes que de ambos

ordenamientos deriven y que establezcan los casos y procedimientos de validación por los jueces

o tribunales correspondientes.

La jurisdicción indígena o afromexicana se ejercerá por las autoridades comunitarias de acuerdo

con los sistemas normativos de los pueblos y comunidades indígenas u ori ginarios y

afromexicanos, dentro del marco del orden jurídico vigente, en los términos de la Constitución

Federal, esta Constitución y leyes aplicables que de una u otra deriven.

III. Elegir, de acuerdo con sus sistemas normativos, a las autoridades o rep resentantes para el

ejercicio de sus formas propias de gobierno interno, garantizando que las mujeres y los hombres

indígenas y afromexicanos disfrutarán y ejercerán su derecho de votar y ser votados en

condiciones de igualdad; así como a acceder y desempe ñar los cargos públicos y de elección

popular para los que hayan sido electos o designados, en un marco que respete el pacto federal

y la soberanía del Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave.

En ningún caso, sus sistemas normativos limitarán los derec hos políticoelectorales de los y las

ciudadanas en la elección de sus autoridades municipales.

IV. Preservar, proteger y desarrollar su patrimonio cultural, material e inmaterial, que comprende

todos los elementos que constituyen su cultura e identidad. Se reconoce la propiedad intelectual

colectiva respecto de dicho patrimonio, en los términos que dispongan las leyes.

V. Promover el uso, desarrollo, preservación, estudio y difusión de las lenguas indígenas como

un elemento constitutivo de la diversidad cultural del Estado y de la Nación, así como una política

lingüística multilingüe que permita su uso en los espacios públicos y en los privados que

correspondan.

VI. Participar, en términos del artículo 3° de la Constitución Federal y 10 de la Constitución del

Estado, en la construcción de los modelos educativos para reconocer la composición pluricultural

de la Nación y de Veracruz de Ignacio de la Llave con base en sus culturas, lenguas y métodos

de enseñanza y aprendizaje.

VII. Desarrollar, practicar, fortalecer y promover la medicina tradicional, así como la partería para

la atención del embarazo, parto y puerperio. Se reconoce a las personas que las ejercen,

incluidos sus saberes y prácticas de salud.

VIII. Conservar y mejorar el hábitat, y preservar l a bioculturalidad y la integridad de sus tierras,

incluidos sus lugares sagrados declarados por la autoridad competente, de conformidad con las

disposiciones jurídicas aplicables en la materia.

IX. Acceder, con respeto a las formas y modalidades de propiedad y tenencia de la tierra

establecidas en la Constitución Federal y en las leyes de la materia, así como a los derechos

adquiridos por terceros o por integrantes de la comunidad, al uso y disfrute preferente de los

recursos naturales de los lugares que h abitan y ocupan las comunidades, salvo aquellos que

corresponden a las áreas estratégicas que prevé la propia Constitución Federal. Para estos

efectos, las comunidades podrán asociarse en términos de ley.

X. Elegir, en los municipios con población indígen a y afromexicana, representantes en los

ayuntamientos, de acuerdo con los principios de paridad de género y pluriculturalidad conforme

a las normas aplicables. Esta Constitución y demás leyes que deriven de esta, reconocerán y

regularán estos derechos, con el propósito de fortalecer su participación y representación

política.

XI. Acceder plenamente a la jurisdicción del Estado. Para garantizar ese derecho, en todos los

juicios y procedimientos en que sean parte, individual o colectivamente, se deberán tomar en

cuenta sus sistemas normativos y especificidades culturales, con respeto a los preceptos que

establece la Constitución Federal y esta Constitución.

Las personas indígenas tienen, en todo tiempo, el derecho a ser asistidas y asesoradas por

personas intérpretes, traductoras, defensoras y peritas especializadas en derechos indígenas,

pluralismo jurídico, perspectiva de género, y diversidad cultural y lingüística.

XII. Ejercer su derecho al desarrollo integral con base en sus formas de organización económica,

social y cultural, con respeto a la integridad del medio ambiente y recursos naturales, en términos

de las disposiciones jurídicas aplicables.

XIII. Ser consultados sobre las medidas legislativas o administrativas que se pretendan adoptar,

cuando estas puedan causar afectaciones o impactos significativos en su vida o entorno, con la

finalidad de obtener su consentimiento o, en su caso, llegar a un acuerdo sobre tales medidas.

Las consultas indígenas y afromexicanas se realizarán de conformidad con principios y normas

que garanticen el respeto y el ejercicio efectivo de los derechos sustantivos de los pueblos

indígenas u originarios y los afromexicanos reconocidos por la Constitución

Federal y esta Constitución.

Cuando la medida administrativa que se pretenda adoptar beneficie a un particular, el costo de

la consulta debe ser cubierto por éste.

La persona física o moral que obtenga un lucro por las medidas administrativas objeto de

consulta debe otorgar a los pueblos y comunidades indígenas u origina rios y afromexicanos un

beneficio justo y equitativo, en los términos que establezcan las leyes aplicables.

Los pueblos y comunidades indígenas u originarios y afromexicanos son los únicos legitimados

para impugnar, por las vías jurisdiccionales estableci das, el incumplimiento del derecho

reconocido en esta fracción, conforme a la ley de la materia que regule los términos, condiciones

y procedimientos para llevar a cabo la impugnación.

B. El Estado y los Municipios de la Entidad deberán establecer las instituciones y determinar las

políticas públicas que garanticen el ejercicio efectivo de los derechos de los pueblos indígenas u

originarios y afromexicanos, y su desarrollo integral, intercultural y sostenible, las cuales deben

ser diseñadas y operadas conjuntamente con ellos.

Para tal efecto, las autoridades estatales y municipales tienen la obligación de:

I. Impulsar el desarrollo comunitario y regional de los pueblos y comunidades indígenas

originarios y afromexicanos, para mejorar sus condiciones de vida y bienestar común, mediante

planes de desarrollo que fortalezcan sus economías y fomenten la agroecología, los cultivos

tradicionales, en especial el sistema milpa, las semillas nativas, los recursos agroalimentarios y

el óptimo uso de la tierra, libres del uso de sustancias peligrosas y productos químicos tóxicos.

Lo anterior, de conformidad con las leyes aplicables que establezcan los mecanismos que

faciliten la organización y desarrollo de las economías de los pueblos y comunidades indígenas

u originarios y afromexicanos, y reconozcan el trabajo comunitario como parte de su organización

social y cultural.

II. Determinar, mediante normas y criterios compensatorios, equitativos, justos y proporcionales,

asignaciones presupuestales para los pueblos y comunidades indígenas u originarios y

afromexicanos, que serán administradas directamente por éstos.

III. Adoptar las medidas necesarias para reconocer y proteger el patrimonio cultural, la propiedad

intelectual colectiva, los conocimientos y las expresio nes culturales tradicionales de los pueblos

y comunidades indígenas u originarios y afromexicanos, en los términos que establezca la ley.

IV. Garantizar y fortalecer la educación indígena intercultural y plurilingüe, mediante:

a) La alfabetización y la educación en todos los niveles, gratuita, laica, integral y con pertinencia

cultural y lingüística;

b) La formación de profesionales indígenas y la implementación de la educación comunitaria;

c) El establecimiento de un sistema de becas para las personas indígenas que cursen cualquier

nivel educativo;

d) La promoción de programas educativos bilingües, en concordancia con los métodos de

enseñanza y aprendizaje de los pueblos y comunidades indígenas u originarios; y

e) La definición y desarrollo de program as educativos que reconozcan e impulsen la herencia

cultural de los pueblos y comunidades indígenas u originarios, su importancia para la Nación y

para Veracruz de Ignacio de la Llave; así como la promoción de una relación intercultural, de no

discriminación y libre de racismo.

V. Asegurar el acceso efectivo a los servicios de salud mediante la participación en la ampliación

de la cobertura del sistema nacional con perspectiva intercultural, así como reconocer las

prácticas de la medicina tradicional.

VI. Garantizar el derecho a la alimentación nutritiva, suficiente y de calidad con pertinencia

cultural, en especial para la población infantil.

VII. Mejorar las condiciones de vida de los pueblos y comu nidades indígenas u originarios

afromexicanos, y de sus espacios para la convivencia y recreación, mediante acciones que

garanticen el acceso al financiamiento para la construcción y mejoramiento de vivienda, así como

ampliar la cobertura de los servicios sociales básicos, en armonía con su entorno natural y

cultural, sus conocimientos y tecnologías tradicionales.

VIII. Garantizar la participación efectiva de las mujeres indígenas y afromexicanas, en

condiciones de igualdad, en los procesos de desarrollo integral de sus pueblos y comunidades;

su acceso a la educación, así como a la propiedad y posesión de la tierra; su participación en la

toma de decisiones de carácter público, y la promoción y respeto de sus derechos humanos.

IX. Garantizar y extender la red de comunicaciones que permita la articulación de los pueblos y

comunidades indígenas u originarios y afromexicanos, mediante la construcción y ampliación de

vías de comunicación, caminos artesanales, radiodifusión,

telecomunicación e Internet de banda ancha, con apego a las disposiciones federales y estatales

aplicables.

X. Establecer y garantizar las condiciones para que los pueblos y comunidades indígenas u

originarios y afromexicanos puedan adquirir, operar, promover, desarrollar y administrar sus

medios de comunicación, telecomunicaciones y nuevas tecn ologías de la información,

garantizando espacios óptimos del espectro radioeléctrico y de las redes e infraestructura,

haciendo uso de sus lenguas y otros elementos culturales, con apego a las disposiciones

federales y estatales aplicables.

XI. Adoptar me didas para que los pueblos y comunidades indígenas u originarios y los

afromexicanos accedan a los medios de comunicación e información en condiciones de dignidad,

equidad e interculturalidad, sin discriminación alguna para que reflejen la diversidad cultu ral

indígena y afromexicana, con apego a las disposiciones federales y estatales aplicables.

XII. Apoyar las actividades productivas y el desarrollo sustentable de las comunidades indígenas

u originarios y afromexicanos mediante acciones que permitan alca nzar la suficiencia de sus

ingresos económicos, la creación de empleos, la incorporación de tecnologías y sus sistemas

tradicionales de producción, para incrementar su propia capacidad productiva, así como para

asegurar el acceso equitativo a los sistemas de abasto y comercialización.

XIII. Establecer políticas públicas para proteger a las comunidades y personas indígenas

afromexicanas migrantes, tanto en el territorio estatal como en el de los municipios, en especial,

mediante acciones destinadas a:

a) Reconocer las formas organizativas de las comunidades indígenas y afromexicanas

residentes y de las personas indígenas y afromexicanas migrantes, en sus contextos de destino

en el territorio del Estado y de sus municipios;

b) Garantizar los derechos laborales de las personas jornaleras agrícolas, trabajadoras del hogar

y con discapacidad;

c) Mejorar las condiciones de salud de las mujeres, así como apoyar con programas especiales

de educación y nutrición a niñas, niños, adolescentes y jóvenes de familias migrantes;

d) Velar permanentemente por el respeto de sus derechos humanos; y

e) Promover, con pleno respeto a su identidad, la difusión de sus culturas y la inclusión social en

los lugares de destino que propicien acciones de fortalecimiento del víncul o familiar y

comunitario.

Lo anterior, de conformidad con las leyes que establezcan los mecanismos para que las personas

indígenas y afromexicanas residentes y las migrantes puedan mantener la ciudadanía mexicana

y el vínculo con sus comunidades de origen.

XIV. Consultar a los pueblos indígenas u originarios y a los afromexicanos en la elaboración del

Plan Veracruzano de Desarrollo y de los Municipios y, en su caso, incorporar las

recomendaciones y propuestas que realicen.

XV. Celebrar consultas y cooper ar de buena fe con los pueblos y comunidades indígenas u

originarios y afromexicanos, por medio de sus instituciones representativas, antes de adoptar y

aplicar medidas legislativas o administrativas que puedan causar afectaciones

o impactos significativos en su vida o entorno, en los términos de la fracción XIII del Apartado A

del presente artículo.

El Congreso del Estado y los ayuntamientos, en el ámbito de sus respectivas competencias,

deberán establecer las partidas específicas en los presupuestos de e gresos que aprueben, así

como las formas y procedimientos para que los pueblos y comunidades indígenas u originarios

y afromexicanos las administren y ejerzan conforme a las leyes de la materia.

Sin perjuicio de los derechos aquí establecidos a favor de l os indígenas y afromexicanos, sus

comunidades y pueblos, toda comunidad equiparable a aquéllos tendrá, en lo conducente, los

mismos derechos, en los términos que dispongan las leyes aplicables.

C. Esta Constitución reconoce a los pueblos y comunidades afr omexicanas, cualquiera que sea

su autodenominación, como parte de la composición pluricultural de la Nación y de Veracruz de

Ignacio de la Llave. Tendrán, en lo conducente, los derechos señalados en los apartados

anteriores de este artículo, a fin de garan tizar su desarrollo e inclusión social, en los términos

que establezcan la Constitución Federal y esta Constitución, así como su libre determinación que

se ejercerá en un marco constitucional de autonomía que asegure la unidad nacional.

Los pueblos y comu nidades afromexicanas se integran por descendientes de personas

originarias de poblaciones del continente africano trasladadas y asentadas en el territorio

nacional desde la época colonial, con formas propias de organización social, económica, política

y c ultural, o parte de ellas, y afirman su existencia como colectividades culturalmente

diferenciadas.

Los pueblos y comunidades afromexicanas, como sujetos de derecho público, con personalidad

jurídica y patrimonio propio, tienen además derecho a:

I. La protección de su identidad cultural, modos de vida, expresiones espirituales y de todos los

elementos que integran su patrimonio cultural, material e inmaterial y su propiedad intelectual

colectiva, en los términos que establezca la ley;

II. La promoción, reconocimiento y protección de sus conocimientos, aportes y contribuciones en

la historia nacional y estatal y a la diversidad cultural de la Nación y de Veracruz de Ignacio de

la Llave, debiendo quedar insertas en las modalidades y niveles del Sistema Educativo Nacional

y del Sistema Educativo Estatal, en los términos que señalen las leyes aplicables, y

III. Ser incluidas en la producción y registros de datos, información, estadísticas, censos y

encuestas oficiales, para lo cual las instituciones competent es establecerán los procedimientos,

métodos y criterios para inscribir su identidad y autoadscripción.

D. Esta Constitución reconoce y el Estado garantiza el derecho de las mujeres indígenas y

afromexicanas a participar de manera efectiva y en condiciones de igualdad sustantiva en los

procesos de desarrollo integral de sus pueblos y comunidades; en la toma de decisiones de

carácter público; en la promoción y respeto de sus derechos de acceso a la educación, a la salud,

a la propiedad y a la posesión de la tierra y demás derechos humanos.

Se reconoce y garantiza el derecho de la niñez, adolescencia y juventud indígena y afromexicana

a una atención adecuada, en sus propias lenguas, para hacer efectivo el conocimiento y ejercicio

pleno de sus derechos de acceso a la educación, a la salud, a la tecnología, al arte, la cultura, el

deporte y la capacitación para el trabajo, entre otros.

Asimismo, para garantizar una vida libre de exclusión, discriminación y violencia, en especial de

la violencia sexual y de géne ro, y para establecer políticas dirigidas a prevenir y atender las

adicciones, con visión de respeto a sus identidades culturales.

El Estado y los Municipios adoptarán las medidas necesarias para hacer efectivos los derechos

reconocidos en la Constitución Federal y esta Constitución, con el propósito de eliminar la

discriminación, racismo, exclusión e invisibilidad de las que sean objeto los pueblos y

comunidades indígenas u originarios y afromexicanos.

Lo anterior, de conformidad con la ley general que e stablezca las normas y mecanismos que

aseguren el respeto y la implementación de los derechos de los pueblos y comunidades

indígenas u originarias y afromexicanas reconocidos en la Constitución Federal y esta

Constitución.

Las leyes del Estado y todos los demás ordenamientos de cualquier jerarquía normativa, que se

expidan en el orden estatal y municipal, prevendrán las bases y mecanismos para asegurar la

efectiva observancia de todo lo dispuesto en el presente artículo, en los respectivos ámbitos de

competencia de las autoridades estatales y municipales, y de conformidad con lo dispuesto por

la Constitución Federal, esta Constitución y las leyes aplicables que de una y otra deriven.

(TEXTO VIGENTE POR REVIVISCENCIA DETERMINADA EN SENTENCIA DE LA SCJN)*

(REFORMADO, PRIMER PÁRRAFO; G.O. 4 DE NOVIEMBRE DE 2016)

Fuente oficial: consultar publicación

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