Artículo 67 de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Veracruz de Ignacio de la Llave

Artículo 67. Conforme a esta Constitución y la ley, los Organismos

Autónomos del Estado contarán con personalidad jurídica y patrimonio

propios, tendrán autonomía técnica, presupuestal, de gestión y para emitir

las reglas conforme a las cuales sistematizarán la información bajo su

resguardo, y sólo podrán ser fiscalizados por el Congreso del Estado.

(REFORMADO, SEGUNDO PÁRRAFO; G.O. 3 DE OCTUBRE DE 2019)

Para efectos de que los Organismos Autónomos del Estado rindan cuentas

sobre el estado que guarda su gestión, deberán presentar anualmente un

informe de actividades a los Poderes Legislativo y Ejecutivo dentro de los

primeros quince días del mes de diciembre, y sus titulares comparecer ante

el Poder Legislativo en sesión pública en la última quincena del mes de

enero, conforme al formato que establezca la Ley Orgánica del Poder

Legislativo y su respectivo Reglamento. El Tribunal Estatal de Justicia

Administrativa sólo estará obligado a presentar el informe de actividades.

(REFORMADO, TERCER PÁRRAFO; G.O. 30 DE JUNIO DE 2025)

En la designación de las personas titulares o de los órganos colegiados que

forman parte de los Organismos Autónomos, se observará en lo

conducente, el principio de paridad en los términos de la ley y su

normatividad interna, y no deberán encontrarse en ni nguno de los

supuestos previstos en el artículo 18 Bis de esta Constitución.

Estos organismos desarrollarán las actividades Estatales siguientes:

(REFORMADA, G.O. 9 DE ENERO DE 2015)

I. La procuración de justicia y la vigilancia del cumplimiento de las

leyes, de acuerdo con las disposiciones de la Constitución federal que rigen

la actuación del ministerio público, para ejercer las acciones

correspondientes en contra de los infractores de la ley, así como las que

tengan por objeto la efectiva reparación del daño causado y la protección

de los derechos de la víctima del acto ilícito.

(REFORMADO, SEGUNDO PÁRRAFO; G.O. 27 DE JUNIO DE 2016)

Esta actividad estará a cargo del organismo autónomo del Estado

denominado Fiscalía General, que para su estricto cumplimiento contará

con una autonomía presupuestaria que podrá ser mayor pero no menor al

uno punto cinco por ciento del total del presupuest o general del Estado

previsto para el ejercicio anual respectivo y que deberá ministrarse

conforme al calendario autorizado en los términos que establezca la ley.

La función de procurar justicia encomendada a la Fiscalía General, se regirá

por los principios de autonomía, eficiencia, imparcialidad, legalidad,

objetividad, profesionalismo, responsabilidad y respeto a los derechos

humanos, de acuerdo con las siguientes bases:

(REFORMADO, G.O. 4 DE DICIEMBRE DE 2025)

a) La titularidad de la función del Ministerio Público ejercida por este

órgano autónomo será de la persona que ocupe el cargo de Fiscal General

del Estado quien, para el ejercicio de sus funciones, contará con fiscales

auxiliares, agentes, policía ministeria l y demás personal, que estará bajo

su autoridad y mando directo, en los términos que establezca la ley, la

cual señalará los requisitos y, en su caso, el procedimiento para los

nombramientos, sustituciones y remociones.

b) La persona Titular de la Fiscalía General del Estado, deberá, al

momento de su designación, cumplir con los siguientes requisitos:

1. Tener la ciudadanía mexicana por nacimiento en pleno ejercicio de

sus derechos y no tener otra nacionalidad;

2. Tener, cuando menos, treinta años cumplidos al momento de su

designación;

3. Poseer, al momento de su designación, Título de Licenciatura en

Derecho, con una antigüedad mínima de cinco años, expedido por

autoridad o institución mexicana legalmente facultada para ello;

4. No tener condena por delito que amerite pena corporal de más de

un año de prisión; si se tratase de los delitos de robo, fraude,

falsificación o abuso de confianza, lo inhabilitará para el cargo,

cualquiera que haya sido la pena;

5. No pertenecer al estado eclesiástico, no ser ministro de culto

religioso, a menos que se separe conforme a lo establecido en la

Constitución Federal y la ley de la materia; y

6. Someterse y acreditar en los términos de la ley, a las evaluaciones y

certificaciones de control y confianza correspondientes.

El perfil de la persona Titular de la Fiscalía General será el de una persona

honorable, con conocimientos y experiencia en el ámbito jurídico y de

procuración de justicia, capacidad de administración y dirección

institucional, diseño y ejecución de políticas públicas, independiente en su

actuación, con una visión de respeto y protección a los derechos humanos,

atención a las víctimas y perspectiva de género.

(REFORMADO, G.O. 4 DE DICIEMBRE DE 2025)

c) El nombramiento de la persona titular de la Fiscalía General del

Estado será realizado a propuesta de la persona Titular del Poder

Ejecutivo y sometido a la consideración del Congreso del Estado, el cual

deberá resolver dentro del improrrogable término de cinco días hábiles.

El Congreso aprobará la propuesta por las dos terceras partes de las

diputaciones presentes; en caso de que no se pronuncie respecto de la

propuesta en el plazo señalado para tal efecto, se entenderá por

aprobada. En cualquiera de dichos supuestos se llamará a la persona

designada a la debida protesta de ley.

En caso de que la propuesta no sea aprobada, se solicitará a la persona

Titular del Poder Ejecutivo que remita una segunda propuesta, misma que

será sometida nuevamente a votación en los términos del párrafo anterior

para su aprobación, dentro de los dos días hábiles siguientes; de no

pronunciarse el Congreso dentro de este plazo, o si esta segunda

propuesta no fuera aprobada, la persona Titular del Poder Ejecutivo

tendrá la facultad de designar a la persona Titular de la Fiscalía General

del Estado de entr e las dos personas que integraron las propuestas

previamente sometidas a la consideración del Congreso.

Cuando se tenga conocimiento de la ausencia definitiva de la persona

titular de la Fiscalía General, la persona titular del Poder Ejecutivo remitirá

la propuesta de nombramiento que será sometido a la consideración del

Congreso, de acuerdo con el procedimiento previsto en este inciso.

La persona titular de la Fiscalía General del Estado podrá ser removida

por la persona Titular del Poder Ejecutivo por las causas graves que

establezca la ley. La remoción podrá ser objetada por el Congreso con la

misma votación requerida para su nombramie nto dentro de un plazo de

cinco días hábiles, en cuyo caso, la persona titular de la Fiscalía General

será restituida en el ejercicio de sus funciones. Si el Congreso no se

pronuncia al respecto, se entenderá que no existe objeción.

Las ausencias de la persona titular de la Fiscalía General serán suplidas en

los términos que señale la ley.

(REFORMADO, G.O. 4 DE DICIEMBRE DE 2025)

d) La duración del encargo de la persona Titular de la Fiscalía General

del Estado será de cuatro años, pudiendo ser ratificada por la persona

Titular del Ejecutivo, para un segundo y último periodo de igual duración,

haciéndolo de conocimiento al Congreso del Estado para su debida

protesta de ley.

En caso de que no exista ratificación, deberá realizarse el proceso de

designación contenido en el inciso c).

(REFORMADO, G.O. 16 DE OCTUBRE DE 2017)

e) El Fiscal General presentará anualmente un informe de actividades

ante los Poderes Legislativo y Ejecutivo del Estado en términos del

segundo párrafo del presente artículo, y deberá comparecer ante el

Congreso cuando éste así lo requiera para informar sobr e un asunto de

su competencia. En este último caso, la comparecencia se efectuará ante

una Comisión del Congreso y la sesión no será pública, debiendo los

asistentes guardar reserva sobre cualquier asunto abordado en relación

con una investigación o proceso.

f) El Ministerio Público intervendrá en los juicios que afecten a quienes

las leyes otorguen especial protección.

g) El Ministerio Público hará efectivas las órdenes de aprehensión y de

presentación de personas involucradas en procesos penales, que dicten

los tribunales del Estado.

h) La ley establecerá el procedimiento mediante el cual se puedan

impugnar, por la vía jurisdiccional, las resoluciones del Ministerio Público

sobre la reserva de la carpeta de investigación, el no ejercicio de la acción

penal y su desistimiento.

(REFORMADO, G.O. 2 DE OCTUBRE DE 2017)

La Fiscalía General contará con una Fiscalía Especializada en Combate a

la Corrupción, cuyo titular deberá reunir todos los requisitos señalados

para ser Fiscal General.

(REFORMADO, G.O. 2 DE OCTUBRE DE 2017)

No podrá ser Fiscal Especializado en Combate a la Corrupción la persona

que haya ocupado el cargo de Secretario de Despacho o su equivalente,

Fiscal General del Estado, Senador, Diputado Local o Federal o Presidente

Municipal, durante el año previo al día de su nombramiento.

(REFORMADO, G.O. 2 DE OCTUBRE DE 2017)

El Fiscal Especial será nombrado por las dos terceras partes de los

diputados presentes del Congreso del Estado, previa convocatoria

pública que éste emita para tal efecto.

(REFORMADO, G.O. 2 DE OCTUBRE DE 2017)

Una vez concluido el proceso establecido en la convocatoria pública

emitida, la propuesta será presentada al Pleno del Congreso del Estado

para su votación. En caso de no obtener el voto aprobatorio a que hace

referencia el párrafo anterior, se observará e l procedimiento establecido

en dicha convocatoria.

(REFORMADO, G.O. 2 DE OCTUBRE DE 2017)

El Fiscal Especializado en Combate a la Corrupción durará en su encargo

cinco años, sin perjuicio de que pueda ser removido a solicitud del Fiscal

General o por el propio Congreso, por el voto de las dos terceras partes

de los diputados presentes, cuando s e actualice alguna de las causales

que se establezcan en la ley para tal efecto.

II. El conocimiento y sustanciación de las quejas en contra de los actos

u omisiones de naturaleza administrativa que violen derechos humanos,

provenientes de cualquier autoridad o servidor público, la realizará la

Comisión Estatal de Derechos Humanos, conforme a las siguientes bases:

(REFORMADA, G.O. 4 DE NOVIEMBRE DE 2016)

a) La Comisión estará a cargo de un presidente que será nombrado por

el Congreso del Estado, con la aprobación de las dos terceras partes de

sus integrantes. En sus recesos, la Diputación Permanente hará el

nombramiento con carácter provisional, en tanto aquél se reúne y da la

aprobación definitiva.

La Comisión tendrá un consejo consultivo, nombrado por el Congreso en

los términos que señale la Ley.

La Ley determinará los procedimientos a seguir para la presentación de

las propuestas al Congreso del Estado;

(REFORMADA, GO. 4 DE NOVIEMBRE DE 2016)

b) La Comisión formulará recomendaciones públicas, no vinculatorias,

así como denuncias y quejas ante las autoridades respectivas; este

organismo no será competente en asuntos electorales ni jurisdiccionales;

(REFORMADA, GO. 4 DE NOVIEMBRE DE 2016)

c) Todo servidor público está obligado a responder las

recomendaciones que le presente la Comisión. Cuando las

recomendaciones emitidas no sean aceptadas o cumplidas por las

autoridades o servidores públicos, éstos deberán fundar, motivar y hacer

pública su negativa.

El Congreso podrá llamar a las autoridades o servidores públicos

responsables para que comparezcan ante dicho órgano legislativo a

efecto de que expliquen el motivo de su negativa; y

(ADICIONADO, G.O. 4 DE NOVIEMBRE DE 2016)

d) El Presidente de la Comisión Estatal de Derechos Humanos, que lo

será también del Consejo Consultivo, durará en su función cinco años,

podrá ser reelegido sólo para un segundo periodo y podrá ser removido

en sus funciones en los términos del Título Quinto de esta Constitución.

La designación del titular de la presidencia, así como de los integrantes

del Consejo Consultivo se ajustará a un procedimiento de consulta

pública, que deberá ser transparente, en los términos y condiciones que

determine la ley.

(REFORMADA, G.O. 2 DE OCTUBRE DE 2017)

III. El Órgano de Fiscalización Superior del Estado realizará la revisión

de las Cuentas Públicas, en un período no mayor de un año, conforme al

procedimiento de fiscalización superior, bajo los principios de legalidad,

definitividad, imparcialidad y confiabilidad.

El Órgano de Fiscalización Superior del Estado podrá iniciar el

procedimiento de fiscalización a partir del primer día hábil del año

siguiente al cierre del ejercicio fiscal, sin perjuicio de que las observaciones

o recomendaciones que, en su caso, realice se refieran a la información

definitiva presentada en las Cuentas Públicas.

Asimismo, por lo que corresponde a los trabajos de planeación de las

auditorías, el Órgano de Fiscalización Superior del Estado podrá solicitar

información del ejercicio en curso, respecto de procesos concluidos.

En los términos que establezca la ley, el Órgano de Fiscalización Superior

del Estado mantendrá coordinación con la Auditoría Superior de la

Federación, para fiscalizar las participaciones federales.

Los informes de auditoría que emita tendrán carácter público.

Sin perjuicio de lo anterior, el Órgano de Fiscalización Superior del Estado

tendrá a su cargo:

1.- Fiscalizar en forma posterior los ingresos, egresos y deuda pública; el

manejo, la custodia y la aplicación de los fondos y recursos públicos

estatales y municipales, la ejecución de obra pública, así como realizar

auditorías sobre el desempeño en el cump limiento de los objetivos

contenidos en los programas estatales y municipales, a través del Informe

del Resultado que se rendirá en los términos que disponga la ley.

En el caso de que el Estado y sus municipios celebren empréstitos y

obligaciones de pago, con independencia del origen de los recursos

afectados como garantía, el Órgano de Fiscalización Superior del Estado

podrá fiscalizar el destino y ejercicio de los recursos correspondientes.

Asimismo, fiscalizará los recursos estatales y municipales que se destinen

y se ejerzan por cualquier entidad, persona física o moral, pública o privada,

y los transferidos a fideicomisos, fondos y mandatos, públicos o privados,

o cualquier otra figura jurídica, entidad o institución a la que esta

Constitución o las leyes del Estado les den el carácter de ente fiscalizable,

de conformidad con los procedimientos establecidos en las leyes y sin

perjuicio de la competencia de otras autoridades y de los derechos de los

usuarios del sistema financiero.

2. El Órgano de Fiscalización Superior del Estado podrá solicitar y

revisar, de manera casuística y concreta, información de ejercicios

anteriores al de las Cuentas Públicas en revisión, sin que por este motivo

se entienda, para todos los efectos legales, abi ertas nuevamente las

cuentas públicas del ejercicio al que pertenece la información solicitada,

exclusivamente cuando el programa, proyecto o la erogación contenidos

en el presupuesto en revisión abarque, para su ejecución y pago, diversos

ejercicios fisca les o se trate de revisiones sobre el cumplimiento de los

objetivos de los planes y programas estatales y municipales. Las

observaciones y recomendaciones que emita el Órgano de Fiscalización

Superior sólo podrán referirse al ejercicio de los recursos públ icos de la

Cuenta Pública en revisión.

3. El Congreso del Estado podrá ordenar al Órgano de Fiscalización

Superior del Estado que, durante el ejercicio fiscal en curso, requiera

información y vigile la realización de obras y acciones respecto de la

aplicación de recursos públicos que hagan los entes fiscalizables, aplicando

en lo conducente las disposiciones de la ley de la materia y le informe

debidamente de los resultados obtenidos.

4. Sin perjuicio de lo previsto anteriormente, en las situaciones y

conforme lo determine la ley, derivado de denuncias, el Órgano de

Fiscalización Superior del Estado podrá revisar durante el ejercicio fiscal

en curso a los entes fiscalizables, así como respecto de ejercicios

anteriores. Los entes fiscalizables deberán proporcionar la información y

documentación que se solicite para la revisión, dentro de los plazos y en

los términos señalados en ley y, en caso de incumplimiento, les serán

aplicables las sanciones previstas en la misma. El Órgano de Fiscalización

Superior del Estado deberá rendir un informe específico al Congreso y, en

su caso, promoverá las acciones que correspondan ante el Tribunal Estatal

de Justicia Administrativa, la Fiscalía Especializada en Combate a la

Corrupción en el Estado, o a las autoridades que resulten competentes.

5. Entregar al Congreso del Estado, a través de la Comisión Permanente

de Vigilancia, a más tardar el primer día del mes de octubre del año de la

presentación de las Cuentas Públicas correspondientes, el Informe del

Resultado, el cual contendrá las conclusiones técnicas de la fiscalización y

se someterá a la consideración del Pleno, para su aprobación.

El Informe del Resultado será de carácter público y tendrá el contenido

que determine la ley.

El Órgano de Fiscalización Superior del Estado deberá guardar reserva de

las actuaciones, observaciones y recomendaciones contenidas en el

Informe del Resultado, hasta en tanto se entregue a la Comisión

Permanente de Vigilancia. La ley establecerá las sanc iones aplicables a

quienes infrinjan esta disposición.

En el caso de las recomendaciones, los entes fiscalizables deberán precisar

ante el Órgano de Fiscalización Superior del Estado las mejoras realizadas,

las acciones emprendidas o, en su caso, justificar su improcedencia.

6. Investigar los actos u omisiones que impliquen alguna irregularidad

o conducta ilícita en el ingreso, egreso, manejo, custodia y aplicación de

fondos y recursos estatales y municipales, y efectuar visitas domiciliarias,

para solicitar la exhibición de libros, papeles o archivos indispensables para

la realización de sus investigaciones, sujetándose a las leyes y a las

formalidades establecidas para los cateos.

7. Promover, derivado de sus investigaciones, las responsabilidades

que sean procedentes ante el Tribunal Estatal de Justicia Administrativa o

ante la Fiscalía Especializada en Combate a la Corrupción en el Estado, o a

las autoridades que resulten competentes , para la imposición de las

sanciones que correspondan a los servidores públicos y a los particulares.

8. Los entes fiscalizables y demás autoridades del Estado facilitarán los

auxilios que requiera el Órgano de Fiscalización Superior del Estado para

el ejercicio de sus funciones.

Los servidores públicos estatales y municipales, así como cualquier

entidad, persona física o moral, pública o privada, fideicomiso, mandato o

fondo, o cualquier otra figura jurídica o institución a la que esta

Constitución o las leyes del Estado les den el carácter de ente fiscalizable,

que reciban o ejerzan recursos públicos estatales o municipales deberán

proporcionar la información, documentación y auxilios que solicite el

Órgano de Fiscalización Superior del Estado, de conformidad con los

procedimientos establecidos en las leyes y sin perjuicio de la competencia

de otras autoridades y de los derechos de los usuarios del sistema

financiero. En caso de no proporcionar la información, los responsables

serán sancionados en los términos que establezca la ley.

El Órgano de Fiscalización entregará al Congreso el Informe General

Ejecutivo del Resultado de la Fiscalización Superior de las Cuentas Públicas

y los informes individuales, los cuales se someterán a la consideración del

Pleno. El Informe General Ejecutivo y los informes individuales serán de

carácter público y tendrán el contenido que determine la ley; estos últimos

incluirán como mínimo el dictamen de su revisión, un apartado específico

con las observaciones del Órgano de Fiscalización Superior del Estado, así

como las justificaciones y aclaraciones que, en su caso, los entes

fiscalizables hayan presentado sobre las mismas.

Para tal efecto, de manera previa a la presentación del Informe General

Ejecutivo y de los informes individuales de auditoría, se dará a conocer a

los entes fiscalizables la parte que les corresponda de los resultados de su

revisión, a efecto de que éstos presenten las justificaciones y aclaraciones

que correspondan, las cuales deberán ser valoradas por el Órgano de

Fiscalización Superior para la elaboración de los informes individuales de

auditoría.

El Órgano de Fiscalización deberá entregar al Congreso, los primeros cinco

días de marzo y septiembre de cada año, un informe de seguimiento sobre

la situación que guardan las observaciones, recomendaciones y acciones

promovidas, correspondientes a cada un o de los informes individuales de

auditoría que haya presentado en los términos de este numeral.

En dicho informe, el cual tendrá carácter público, el Órgano incluirá los

montos efectivamente resarcidos a la Hacienda Pública o al patrimonio de

los entes públicos, como consecuencia de sus acciones de fiscalización, las

denuncias penales presentadas y l os procedimientos de cualquier otra

índole.

El Órgano de Fiscalización deberá guardar reserva de sus actuaciones y

observaciones hasta que rinda los informes individuales de auditoría y el

Informe General Ejecutivo al Congreso a que se refiere este numeral; la ley

establecerá las sanciones aplicables a quienes infrinjan esta disposición.

El Congreso designará al titular del Órgano de Fiscalización Superior, por

el voto de las dos terceras partes de los diputados presentes, de

conformidad con el procedimiento que determine la ley. El titular del

Órgano durará en su encargo siete años, no po drá ser reelegido y sólo se

le podrá remover por las causas graves que la ley señale, con la misma

votación requerida para su nombramiento, o por las causas y conforme a

los procedimientos previstos en el Título Quinto de esta Constitución.

Para ser titular del Órgano de Fiscalización Superior del Estado se requiere

cumplir, además de los requisitos establecidos en las fracciones I, II, IV y V

del artículo 58 de esta Constitución, los que señale la ley. Durante el

ejercicio de su cargo no podrá formar parte de ningún partido político, ni

desempeñar otro empleo, cargo o comisión, salvo los no remunerados en

asociaciones científicas, docentes, artísticas o de beneficencia.

(DEROGADO, G.O. 11 DE JUNIO DE 2025)

IV. Se Deroga.

(ADICIONADA, G.O. 9 DE NOVIEMBRE DE 2012)

V. La función de atender y proteger la integridad de los periodistas, así

como de promover las condiciones para el libre ejercicio de la profesión

del periodismo, con pleno respeto al derecho a la información y a la libertad

de expresión, estará a cargo de l a Comisión Estatal para la Atención y

Protección de los Periodistas, de conformidad con las bases siguientes:

a) La Comisión estará facultada para:

1. Resolver sobre la atención y el otorgamiento de medidas de

protección a los periodistas que lo soliciten, así como disponer los

recursos y apoyos de orden material, económico o funcional que se

requieran para la ejecución de sus determinaciones, así como dictar los

criterios y lineamientos de orden sustantivo para su efectivo

cumplimiento.

2. Presentar denuncias y quejas ante las instituciones de procuración y

administración de justicia, o de defensa de los derechos humanos,

cuando la esfera jurídica de los periodistas esté sujeta a amenazas,

agresiones o riesgo inminente, como consecuencia del ejercicio de su

profesión, y tramitar ante las autoridades competentes la adopción de

medidas inmediatas de atención y protección.

b) La Comisión se integrará por: cuatro periodistas; dos propietarios o

directivos de medios de comunicación; dos representantes de

organizaciones no gubernamentales y un académico dedicado a tareas

de enseñanza, difusión o investigación, quienes tendrán el carácter de

comisionados; y un secretario ejecutivo, que participará en las sesiones

de la misma con voz pero sin voto, al igual que los titulares de las

dependencias responsables de la comunicación social y de la procuración

de justicia en la administración pública estatal.

(REFORMADO, INCISO C, G. O. E., 04 DE MAYO DE 2026)

c) Los comisionados y el secretario ejecutivo serán nombrados por el

Congreso del Estado, con el voto de las dos terceras partes de los

diputados presentes, a propuesta de la persona titular del Poder

Ejecutivo, y durarán en su encargo cuatro años con posibilidad de

reelección por una sola vez. La Ley señalará el procedimiento para la

designación del Presidente de la Comisión, así como las atribuciones de

éste, de los demás comisionados y del secretario ejecutivo.

(REFORMADA, G.O. 19 DE DICIEMBRE DE 2022)

VI. El Tribunal de Justicia Administrativa del Estado de Veracruz es un

organismo dotado de plena autonomía para dictar sus fallos, la ley

establecerá su organización, funcionamiento, procedimientos y, en su caso,

recursos contra sus resoluciones; tiene person alidad jurídica y patrimonio

propios, independencia en sus decisiones, y será la máxima autoridad en la

materia, con la jurisdicción y competencia que determine esta

Constitución, su Ley Orgánica y demás legislación relativa. Asimismo,

formará parte del Sistema Estatal Anticorrupción.

Será competente para dirimir las controversias que se susciten entre la

administración pública estatal y municipal y los particulares; imponer, en

los términos que disponga la ley, las sanciones a los servidores públicos

estatales o municipales por las responsabilidades administrativas que la ley

determine como graves y a los particulares que incurran en actos

vinculados con faltas administrativas graves; fincar a los responsables el

pago de las indemnizaciones y sanciones pecuniarias que deriven de los

daños y perjuicios que afecten a la Hacienda Pública Estatal o Municipal o

al patrimonio de los entes públicos estatales y municipal es y a los

particulares afectados por los hechos o actos de servidores públicos.

El Tribunal ejercerá sus funciones bajo los principios de autonomía,

legalidad, plena jurisdicción, honestidad, responsabilidad, austeridad,

transparencia, independencia jurisdiccional, imparcialidad, objetividad,

profesionalismo, excelencia, motivación y fundamentación, vocación de

servicio y responsabilidad en el uso de los elementos materiales.

(REFORMADA, G.O. 19 DE DICIEMBRE DE 2022)

El Tribunal funcionará con un Pleno, una Sala Superior y Salas Regionales

Unitarias, de conformidad con lo dispuesto en la Ley, y se integrará por seis

magistraturas.

(REFORMADO, PÁRRAFO QUINTO, G. O. E., 04 DE MAYO DE 2026)

Los Magistrados del Tribunal serán nombrados por el Congreso a

propuesta de la persona titular del Poder Ejecutivo, durarán en su encargo

diez años improrrogables y sólo serán removidos de conformidad con lo

dispuesto por esta Constitución y la ley.

(REFORMADO, G.O. 19 DE DICIEMBRE DE 2022)

Para ser magistrado del Tribunal de Justicia Administrativa del Estado de

Veracruz, se deberá de cumplir con los requisitos siguientes, que en ningún

caso podrán ser dispensados:

a) Ser veracruzano y haber residido en la entidad durante los dos años

anteriores al día de la designación; o mexicano por nacimiento con

vecindad mínima de cinco años en el Estado; en ambos casos, ser

ciudadano, en pleno ejercicio de sus derechos;

(REFORMADO, G.O. 19 DE DICIEMBRE DE 2022)

b) Tener, cuando menos, treinta y cinco años cumplidos al día de la

designación;

(REFORMADO, G.O. 19 DE DICIEMBRE DE 2022)

c) Poseer, al día del nombramiento, título de Licenciado en Derecho

expedido por autoridad o institución legalmente facultada, con una

antigüedad mínima de diez años, y contar, preferentemente, con estudios

de posgrado, o con experiencia profesional en la ju dicatura o ejercicio de

la profesión no menor de ese lapso;

d) Gozar de buena reputación, y no haber sido condenado por delito

que amerite pena corporal de más de un año de prisión; pero si se tratare

de robo, fraude, falsificación, abuso de confianza u otro que lastime

seriamente su buena fama, lo inhabilitará para e l cargo, cualquiera que

haya sido la pena;

e) No pertenecer al estado eclesiástico, ni ser ministro de algún culto

religioso, a menos que se separe conforme a lo establecido en la

Constitución Federal y la ley de la materia; y

(REFORMADO, G.O. 19 DE DICIEMBRE DE 2022)

f) Los demás requisitos que señale la ley.

(REFORMADO, G.O. 19 DE DICIEMBRE DE 2022)

No podrán ser magistrados del Tribunal de Justicia Administrativa del

Estado de Veracruz las personas que hayan ocupado el cargo de Secretario

de Despacho o su equivalente, Fiscal General del Estado, Senador,

Diputado Local o Federal ni Presidente Municipal, durante el año previo al

día de su nombramiento.

(REFORMADO, G.O. 19 DE DICIEMBRE DE 2022)

El Tribunal de Justicia Administrativa del Estado de Veracruz, contará con

un Órgano Interno de Control, de conformidad con las leyes aplicables,

cuyo titular debe de ser elegido por el Congreso del Estado con la

aprobación de las dos terceras partes de sus miembros presentes.

(ADICIONADO, G.O. 2 DE OCTUBRE DE 2017)

CAPÍTULO VII

DEL SISTEMA ESTATAL ANTICORRUPCIÓN

(ADICIONADO, G.O. 2 DE OCTUBRE DE 2017)