Artículo 34

Corresponde al Estado procurar que la sociedad se organice para ejercer

pacíficamente los derechos consagrados por esta Constitución como garantías sociales. Asimismo

dictar políticas encaminadas a proveer los medios materiales necesarios para lograr su eficacia. Las

obligaciones gubernamentales correlativas a dichas garantías sociales, en cuanto impliquen

inversiones y erogaciones, no tendrán otro límite que el de los recursos presupuestales

disponibles.

Para el logro de estos objetivos, las administraciones públicas estatal y municipal utilizarán la

planeación, la programación y la presupuestación de sus actividades y de sus recursos para

orientar el gasto público a la atención de las obras y servicios de mayor beneficio colectivo.

Asimismo se promoverá la participación de los sectores social y privado en la ejecución de

acciones del Estado y Municipio.

En todos los casos el Estado y los Municipios darán preferencia a los sectores sociales

económicamente débiles.

Artículo 34 Bis.