Artículo 32 Quater de la Ley de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia del Estado de México

Artículo 32 Quater. - Las órdenes de protección administrativas, además de las pr evistas en otros

ordenamientos, podrán consistir en una o varias de las siguientes:

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I. El traslado de las víctimas a donde se requiera, cuantas veces sea necesario en las diferentes

diligencias para garantizar su seguridad y protección;

II. La custodia personal y/o domiciliari a a las víctimas, que estará a cargo de los cuerpos policiacos

adscritos a la Fiscalía General de Justicia del Estado de México. En caso de que no exista

disponibilidad podrá apoyarse en las instituciones de seguridad pública del E stado México.

Esta medida se aplicará bajo la más estricta responsabilidad de la autoridad que la ordenó;

III. Proporcionar a las niñas, adolescentes o mujeres en situación de violenci a y, en su caso, a sus

hijas e hijos o personas que dependan de la víctima, alojamiento tempo ral en espacios seguros tales

como casas de emergencia, refugios, albergues o Centros de Asistencia Social que garanticen su

seguridad y dignidad, en términos de las disposiciones aplicables de esta ley;

IV. Proporcionar los recu rsos económicos para gara ntizar su seguridad personal, transporte,

alimentos, comunicación, mudanza y los trámites oficiales que requiera entre otros;

V. Canalizar y trasladar sin demora alguna a las mujeres, o las niñas, en situación de violencia

sexual a las instituciones que integran el sistema de salud público para que provean gratuitamente y

de manera inmediata los servicios de:

a) Aplicación de antirretrovirales de profilaxis post-exposición;

b) Anticoncepción de emergencia, y

c) Interrupción legal y voluntaria del embarazo en el caso de violación.

VI. Proveer los recursos y herramientas necesarias para garantizar la seguridad y acondicionamiento

de vivienda;

VII. Los demás gastos indispensables, para las niñas, las adolescentes o mujeres e n situación de

violencia y, en su caso, sus hijas e hijos mientras se encuentren imposibilitadas de obtenerlos por

sus propios medios;

VIII. Facilitar a la mujer, niña o adolescente, y en su caso a sus hijas e hijos en situación de

violencia, la reubicac ión de domicilio, residen cia o del centro educativo. Tratándose de niñas y

adolescentes víctimas de violencia, la autoridad en todo momento atenderá el principio de interés

superior de la niñez, siendo la remisión a instituciones públicas de acogida la últ ima opción y por el

menor tiempo posible;

IX. Prohibición inmediata a la persona agresora de acercarse al domicilio y al de familiares y

amistades, al lugar de trabajo, de estudios, o cualquier otro que frecuente la víctima directa o

víctimas indirectas, y

X. Reingreso de la niña, adolescente o mujer y, en su caso, a sus hijas e hijos en situación de

violencia al domicilio, una vez que se salvaguarde su seguridad, en caso de que así lo desee.

Para el cumplimiento de esta orden se garantizará el acompa ñamiento del Ministerio P úblico y del

personal de la policía ministerial a la víctima en situación de violencia para acceder al domicilio,

lugar de trabajo u otro, con el propósito de recuperar sus pertenencias personales y las de sus hijas e

hijos, en cualquier caso, podrá ser acompañada de una persona de su confianza.

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En caso de que no haya personal ministerial disponible, el acompañamiento será a cargo de personal

de cualquier institución de seguridad pública que garantice la integridad y la seguridad de la mujer;

XI. Protección policíaca permanente a la niña, adolescente o mujer, así como a su familia;

XII. Protección por seguridad privada, en los casos que resulte necesario;

XIII. Utilización de herramientas tecnológicas que permitan brindar seg uridad a las niñas,

adolescentes o mujeres, en situación de violencia; así como a las víctimas indirectas y testigos. Entre

las que pueden encontrarse proporcionar un dispositivo móvil con contacto directo para brindar

auxilio policial, entre otros;

XIV. Solicitud a la autoridad judicial competente, la suspensión temporal a la persona agresora del

régimen de visitas y convivencia con sus descendientes;

XV. Ordenar la entrega inmediata de objetos de uso personal y documentos de identidad a la víctima

en situación de violencia y en su caso, a sus hijas e hijos;

XVI. La prohibición a la persona agresora de comunicarse por cualquier medio o por interpósita

persona, con la mujer en situación de violencia y, en su caso, de sus hijas e hijos u otras víctimas

indirectas;

XVII. Prohibición a la persona agresora de intimidar o molestar por sí, por cualquier medio o

interpósita persona, a la mujer en situación de violencia y, en su caso, sus hijas e hijos u otras

víctimas indirectas o testigos de los hechos o cu alquier otra persona con quien la mujer tenga una

relación familiar, afectiva, de confianza o de hecho;

XVIII. Resguardar las armas de fuego u objetos utilizados para amenazar o agredir a la niña,

adolescente o mujer, en situación de violencia;

XIX. Solicitar a la autoridad jurisdiccional competente, para garantizar las obligaciones alimentarias,

la elaboración de un inventario de los bienes de la persona agresora y su embargo precautorio, el

cual deberá inscribirse con carácter temporal en el Instituto de la Función Registral, y

XX. Además de los anteriores, aquellas y cuantas sean necesarias para salvaguardar la integridad, la

seguridad y la vida de la víctima en situación de violencia.

Las órdenes de protección señaladas en este artículo podrán ser ratificadas, ampliadas o modificadas

por la autoridad administrativa, el Ministerio Público o el órgano jurisdiccional competente, siempre

procurando la mayor protección de la integridad y derechos de la víctima.