Artículo 126 de la Ley de Asociaciones Público Privadas para del Estado de Morelos y sus Municipios

Artículo 126. Las personas interesadas podrán presentar procedimi ento

administrativo de conformidad con lo previsto por la Ley de Procedimiento

Administrativo para el Estado de Morelos.

V.- APARTADO DE VALORACION DE LA INICIATIVA.

De conformidad con las atribuciones conferidas a la Comisión de Desarrollo

Económico; e n apego al artículo 70 de la Ley Orgánica para el Congreso del

Estado de Morelos y a la fracción II del artículo 104 del Reglamento para

Congreso del Estado de Morelos, se procede a fundamentar en lo general la

iniciativa, para establecer su procedencia.

Así se procedió a revisar el marco legal y normativo aplicable; encontrando que el

proyecto de ley de la Ley de Asociación Público Privadas, la fundamenta el

iniciador, en el artículo 81, de la CONSTITUCIÓN POLÍTICA DEL ESTADO LIBRE

Y SOBERANO DE MORELOS, la cual nos dice que la administración de los

ingresos y egresos del Estado, se efectuará con base en los principios de

legalidad, honestidad, honradez, eficacia, eficiencia, economía, racionalidad,

austeridad, transparencia, control y rendición de cuentas , para satisfacer los

objetivos a los que estén destinados; pero no se encuentra el fundamento, en

relación con el desarrollo económico, donde puede concurrir el sector privado de

acuerdo con la ley, para impulsar y organizar las áreas prioritarias del des arrollo,

sujetándolos a las modalidades que dicte el interés público, contenidos en el

artículo 25 de la CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LOS ESTADOS UNIDOS

MEXICANOS. El artículo 81 de la Constitución Local concuerda con el artículo 134

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de la Constitución Federal , faltando a la relación con el precepto 25 de la Carta

Magna, que contiene la correlación con el sector privado. Sin embargo, el hecho

de haber sido aprobada por la Cámara de Senadores en fundamento a los

artículos 25 y 134 la Ley de Asociaciones Público Privadas, se obliga su

implementación a los Estado, lo que en este caso particular sucede, rescatando el

interés público que se debe de preservar.

El iniciador de Leyes no consideró el Interés Público, y sobre todo con este tipo de

ordenamientos con parti cipación de los particulares, plasmando solamente el

orden público; sin embargo, es preciso rescatarlo con el fin de evitar que la

actuación administrativa sea arbitraria y contraria al ordenamiento jurídico; así

mismo se acata lo ordenado en el artículo 2 5 Constitucional, en su párrafo

séptimo, que fundamenta esta Ley, que señala: se apoyará e impulsará a las

empresas de los sectores social y privado de la economía, sujetándolos a las

modalidades que dicte el interés público, es por eso que se integra en e l artículo

primero y su obligatoriedad por ser mandato Constitucional acatar los principios

señalados, so pena de ser sujeto de responsabilidad en caso de no hacerlo.

Es importante destacar, que la Ley de Asociaciones Público Privadas en materia

Federal, se expidió el 16 de enero de 2012 y a la fecha han transcurrido más de 8

años de su inicio de vigencia, y en vez de ser perjudicial la presente Ley en el

Estado de Morelos por su tardío análisis, nos es benéfico, ya que en ese tiempo

se han experimentado a lgunos resultados no adecuados durante las etapas de

adjudicación, contratación, implementación y terminación, en las Dependencias y

Entidades de la Administración Pública Federal, Fideicomisos Federales,

Entidades Federativas y algunos municipios, así com o experiencias

Internacionales de países iniciadores de estos contratos y nos sirven como

experiencia para prevenir algunos resultados negativos en su futura

implementación en nuestro Estado, los cuales se deben considerar en este

análisis de la exposición de motivos.

En ese tiempo se han realizado estudios por especialista nacionales, como

internacionales, públicos como privados, citando por ejemplo a la Auditoria

Superior de la Federación de la Cámara de Diputados en el Informe General de la

Cuenta Pública de 2015; el Centro de Estudios de las Finanzas Públicas de la H.

Cámara de Diputados en un estudio realizado en abril de 2016; La Iniciativa de

reforma de la Ley de Asociaciones Público Privadas, presentada por la Diputada

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Federal Arcelia Damián Gonzál ez del Grupo Parlamentario de MORENA en enero

de 2018; Estudio de ETHOS, Laboratorio de Políticas Publicas TRANSPARENCIA

Y RENDICIÓN DE CUENTAS DE LAS ASOCIACIONES PÚBLICO PRIVADA:

RECOMENDACIONES DE POLITICA PUBLICA; un análisis externo de julio de

2016, publicado por la Bretton WoodsProyect con el título de “Asociaciones

Público Privadas: ¿El iceberg de la Deuda Global? y por último, y un estudio muy

completo con datos a escala Mundial, elaborado por David Hall, Director fundador

de la PSIRU (Public Servi ces International Research Unit) en la Universidad de

Grenwich titulado “Porque las Asociaciones Público Privadas no funcionan”, de los

cuales se obtuvieron datos muy importantes.

Según estos estudios, la promoción de las Asociaciones Público Privada se origina

en la propia Organización de las Naciones Unidas (ONU), el Banco Mundial (BM),

el Banco Interamericano de Desarrollo (BID) y de sus filiales. El G 20, La Comisión

Económica de las Naciones Unidas para Europa (CEPE), el Banco Europeo de

Inversiones (BEI), El Foro Económico Mundial (FEM) han desempeñado un papel

determinante no solo en la promoción, sino también en el financiamiento y la

capacitación, dado que son pocas las instituciones que tienen la experiencia en

proyectos de Asociaciones Público Privada, ya sea Nacional o Internacionalmente.

La mayor experiencia en Asociaciones Público Privadas la tienen el Reino Unido,

conocidas en ese país como Inversiones Público Privadas (IPF), desde su

nacimiento en 1990 hasta la fecha, sin embargo, en los últi mos años su inversión

ha disminuido drásticamente.

Los seis países que más han recurrido a las Asociaciones Público Privadas en los

últimos años son Chipre, Grecia, Irlanda, Portugal, España y Reino Unido, el resto

de Europa ha hecho muy poco uso de las Asociaciones Público Privadas.

Es necesario mencionar que la promoción realizada a las Asociaciones Público

Privadas por los Organismos Internacionales, como el BM, el FMI, el BID, por el

lado contrario, también han financiado investigaciones, con la fina lidad de saber

qué resultados han tenido en los países donde inclusive han financiado,

capacitado e implementado Proyectos de Asociación Público Privadas y honrando

su integridad, ha sido imparciales con lo que han arrojado los estudios, dando a

conocer pú blicamente los resultados negativos que han presentado en los

proyectos realizados por los gobiernos internacionales.

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En Europa, los estudios de la ‘Troika’ (Conjunción de poderes en el ámbito

económico europeo integrado por la Comisión Europea el FMI y e l Banco Central

Europeo cuyo objetivo es la supervisión de rescates económicos), en los casos de

Portugal como en Chipre, han considerado a las Asociaciones Público Privadas,

como causa que han contribuido a los problemas fiscales, y han solicitado una

auditoria y una renegociación de las Asociaciones Público Privadas existentes, así

como el bloqueo de nuevas Asociaciones Público Privadas. Grecia e Irlanda, están

sujetos a los paquetes de rescate de la ‘troika’, y los otros dos, España y Reino

Unido, se enfrentan a grandes problemas fiscales. Todo esto, según el BEI (Banco

Europeo Internacional), siendo estos los seis países europeos que más han

recurrido a las Asociaciones Público Privadas.

El centro de estudios del G20, el Instituto Lowy en Australia, res ponsable de la

coordinación de las aportaciones académicas para la presidencia del G20 de

Australia en 2014, ha cuestionado la promoción acrítica de las Asociaciones

Público Privadas que realiza el G20. En sus documentos de estudio destacan una

obsesión de l G20, quien por un lado fomentan la austeridad, al negarse a

considerar el financiamiento público de infraestructura, y por el otro lado se

empeñan en impulsar al sector privado a pesar de la alta rentabilidad a corto

plazo, en las Asociaciones Público Privadas.

Otros artículos publicados por el centro sostienen que las Asociaciones Público

Privadas son especialmente modalidades erróneas de financiar la inversión, ya

que resultan más costosas que la financiación pública, y la noción de transferencia

de riesgo es un mito, ya que la experiencia universal muestra que el sector privado

es particularmente experto en desplazar el riesgo residual hacia el sector público.

En América Latina, las Asociaciones Público Privadas también se concentran en

muy pocos paí ses. Brasil y México representan el 65 por ciento de todas las

Asociaciones Público Privadas; mientras que Colombia, Perú y Chile representan

un 15 por ciento más, los demás países participan con el restante 20 por ciento.

En lo relativo a las experiencias negativas en América Latina, sobresale por

supuesto México con los siguientes ejemplos

1.- En 2012, el gobierno del estado de Yucatán viene ejecutando la construcción

del Hospital General de Ticul, mediante la modalidad de contrato de Prestación de

Servicios (Similar a lo que es una Asociaciones Público Privada) con la empresa

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“Infraestructura Hospitalaria de la Península, SAPI de CV”, y su obligado solidario,

“Marhnos Construcciones, SA de CV”. El 6 de mayo de 2015 el contrato fue

rescindido por el Ejecu tivo estatal, alegando incumplimientos en los plazos

establecidos para la entrega de la obra y para el inicio de la prestación del

servicio.

Al 2018, el hospital no había sido inaugurado, cuando en el pliego de condiciones

contractuales estaba previsto el comienzo de su funcionamiento para el día 15 de

septiembre de 2015. La empresa contratista, a través de un litigio que ha llegado a

la Corte Internacional de Arbitraje, ha demandado al gobierno de Yucatán “el pago

de 253 millones de pesos en compensación por la terminación anticipada del

contrato”.

2.- Otro caso surgió el pasado 22 de agosto de 2016, cuando el ISSSTE notificó el

fallo de la licitación pública internacional mixta para la para la construcción y

operación del Hospital Regional de Mérida, el cual benefició a la constructora y

edificadora GIA+A. Esta compañía está presidida por Hipólito Gerard Rivero,

familiar cercano al expresidente Carlos Salinas de Gortari. En el mencionado fallo

de adjudicación del contrato que emite el ISSSTE, se establec ieron una serie de

requisitos y garantías por las cuales el adjudicatario debería responder. No

obstante, en cuanto al hecho de adjudicar la obra a la empresa GIA+A, el fallo se

encuentra motivado de forma insuficiente, señalándose prácticamente en

exclusiva que dicha compañía “cumple con los requisitos señalados en la

Convocatoria y en las bases de licitación del concurso.”

Una adecuada motivación del fallo constituye un requisito esencial en términos de

transparencia, publicidad y legitimidad de las deci siones de adjudicación de

contratos públicos. La exigencia de argumentación suficiente en el fallo supone un

requisito mínimo de protección institucional contra el nepotismo y la corrupción;

máxime en un caso en el cual la obra ha sido otorgada a una compa ñía que

pertenece a un familiar cercano a un expresidente. En adición, el grupo GIA ha

sido beneficiario de otros proyectos de construcción hospitalaria mediante

esquemas de contratación público -privadas, como es el caso del hospital Dr.

Martiano Carvajal, en Mazatlán, Sinaloa.

3.- En 9 de mayo de 2014, el ISSSTE notificó el fallo de adjudicación del contrato

de Asociaciones Público Privada para la sustitución del Hospital General de

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Culiacán, Doctor Bernardo J. Gastelum, que benefició a las compañías Pro motora

y Desarrolladora Mexicana de Infraestructura, SA de CV, y Desarrolladora en

Infraestructura de Salud Proan, SA de CV. Según ha trascendido, el monto que

tendrá que pagar el estado de Sinaloa por el terreno donde se construirá el

Hospital supera en 3 .5 veces la cuantía original aprobada por el Congreso del

Estado. Un desfase presupuestario de esta gravedad, aun cuando fuera aprobado

por el legislativo estatal, muestra un patrón de desarrollo preocupante para este

tipo de proyectos, basado en la aproba ción sistemática de sobrecostos sobre los

originalmente pactados.

4.- En octubre de 2014, también mediante licitación internacional y bajo el formato

de Asociaciones Público Privadas, el ISSSTE adjudicó a la compañía Consorcio

Tradeco IGSA el Proyecto de Prestación de Servicios del Hospital General “Doctor

Gonzalo Castañeda Escobar”, en Ciudad de México. El diseño incluye la

demolición, construcción, equipamiento, mantenimiento, operación y prestación de

servicios médicos, por un monto de 8 mil 68 millones de pesos sin IVA durante 23

años. La ASF implementó una auditoría financiera y de cumplimiento, análisis que

señaló que “la fase de demolición que se estimaba finalizar el 4 de marzo de 2015

aún se encontraba inconclusa el 23 de Junio de 2015, cuando se realizó una

visita. Además, el ISSSTE no informó de las causas de los retrasos, ni demostró

contar con mecanismos de supervisión y control.

La ASF señala que el ISSSTE “no celebró operación alguna constitutiva de deuda

pública en términos de los artículos 1 y 2 de la Ley General de Deuda Pública,

mientras que la realidad es que el proyecto de prestación de servicios bajo el

esquema de Asociaciones Público -Privada presenta características análogas a

una deuda; su formalización contractual representa obligac iones ineludibles de

gasto a largo plazo con cargo en el organismo descentralizado y por ende en el

gobierno federal”. Además, el modelo financiero elaborado por el ISSSTE

determinó un monto de 7 mil 544 millones de pesos que difiere en 523 millones de

pesos con el pactado en el contrato por 8 mil 68 millones de pesos.

Hay que aclarar que, los organismos Internacionales, como es el caso del B.I.D., a

pesar de apoyar a los empresarios privados internacionales como nacionales, para

incluirlos en la asignación de proyectos de obra y servicios, siempre tuvieron a

bien en sus capacitaciones recomendar: ¿Que pueden hacer los gobiernos para

garantizar que las Asociaciones Público Privada suministren de manera eficiente

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servicios de infraestructura de alta calidad? Para ello, los factores esenciales eran

tres: 1) el marco jurídico que rige a las Asociaciones Público Privada; 2) los

procesos para seleccionar e implementar las Asociaciones Público Privada, así

como la función que desempeña la Secretaría de Hacienda en este contexto, y 3)

las obligaciones contractuales en las que se basan las Asociaciones Público

Privada y que determinan directamente el riesgo fiscal en que incurre el Estado.

Además, los gobiernos deberían tener como objetivo la transparencia de la

contabilidad fiscal y una divulgación amplia y completa de todos los riesgos

fiscales.

La experiencia Nacionales donde no se han obtenido los resultados esperados

son muchas, pero precisamente por la falta de Trasparencia y Rendición de

Cuentas se desconoce l a magnitud ya que un gran número no se da a conocer y

por consecuencia no se audita.

Por otro lado encontramos, que, una de las críticas y carencias que más tienen, a

nivel nacional, en los contratos firmados de los proyectos de Asociaciones Público

Privada, es la falta de Trasparencia y la Rendición de Cuentas, principios

esenciales en un régimen democrático; y efectivamente, la Ley de Asociaciones

Público Privadas, solo se transparentan algunas etapas de todo el proceso, y lo

mismo sucede con Rendición d e Cuentas bajo el argumento que, los entes

gubernamentales no tienen competencia en las empresas privadas para

trasparentar y rendir cuentas de su actuar, y lo mismo sucede con la propuesta del

Ejecutivo Estatal. La Ley de Asociaciones Público Privadas es vigente a partir de

enero del 2012, y no existía el Sistema Nacional Anticorrupción, ya que nace en el

2016 y en específico la Ley General de Responsabilidades Administrativas, es

decir 4 años después, la cual contienen sanciones para los actos y omisiones en

los que incurran los particulares en faltas administrativas graves.

El mismo Sistema Nacional Anticorrupción mandata a los legislatura locales a

legislar al respecto y así nace La Ley de Responsabilidades Administrativas para

el Estado de Morelos, que inicia su vigencia un año después, en el 2017, la cual

tiene el mismo contenido de la Ley General y solamente cambia su ámbito de

aplicación y dentro de su articulado contienen sanciones para los actos y

omisiones en los que incurran los particulares en faltas administrativas graves, y

por consecuencia es competente para revisar a las empresas privadas

participantes, como las que participan en las Asociaciones Público Privadas. A la

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par del nacimiento de la Ley de Responsabilidades local, nace también una nueva

Ley de Fiscalización y Rendición de Cuentas del Estado de Morelos que formaliza

a la Entidad Superior de Auditoria y Fiscalización del Estado de Morelos con las

facultades de Auditar a Gobierno del Estado y Municipios.

La Ley de Fiscalización y Rend ición de Cuentas del Estado de Morelos, señala

puntualmente que “…las disposiciones constitucionales y de carácter general

referidas en los numerales anteriores el 19 de abril de 2017 se publicó en el

tado de

Morelos, el Decreto por el que se expide la Ley del Sistema Anticorrupción del

Estado de Morelos... Que en el artículo 134 de la Constitución Política del Estado

Libre y Soberano de Morelos, estableció un nuevo régimen de resp onsabilidades

de los servidores públicos del Estado y los municipios, así como de los

particulares que incurran en hechos de corrupción... Que, en este tenor, resulta

indispensable armonizar la regulación en materia de fiscalización superior, a los

previsto por la Carta Magna y la Constitución Estatal en este rubro”. Lo que

reafirma que el Congreso del Estado aprobar previamente los montos

presupuestales destinados para este fin, incluyendo los recursos obtenidos a

través de deuda pública, de todos los entes de la Administración Pública Estatal y

Municipal de nuestra Entidad.

Asimismo, en esta misma Ley, el legislador abunda “Las auditorías no han

detectado el elevado nivel de endeudamiento de los municipios y estados del país,

que los coloca en un nivel de alta vulnerabilidad y riesgo de colapso financiero,

para atender los mínimos compromisos de servicios públicos que requiere la

población. Actualmente en el país el endeudamiento, alcanza niveles

inimaginables del gasto público. …Que en la referida porción normativa se

incorporó la obligación de las mencionadas entidades de fiscalización, de fiscalizar

las acciones de estados y municipios en materia de fondos, recursos locales y

deuda pública y se estableció el carácter de público de los informes de auditor ías

que ellas emitan”. De lo que se desprende que es el poder legislativo quien debe

cuidar que los entes de la Administración Pública Estatal y Municipal no se sobre

endeuden y vulneren las finanzas públicas, por lo cual debe haber un estricto

seguimiento al tema de la deuda y el reconocimiento de pasivos a los contratos de

Asociaciones Publico Privadas, sobre todo con las experiencias negativas ya

señaladas.

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Es por eso que es necesario armonizar la legislación y reformar y adicionar la Ley

de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de Morelos y la

Ley de Fiscalización y Rendición de Cuentas del Estado de Morelos, integrando en

lo relativo a los sujetos obligados y las entidades fiscalizadas respectivamente, a

las Asociaciones Publico Pr ivadas y sus fideicomisos. Aunque las dos leyes

contienen que son sujetos obligados y entidades fiscalizadas a, “cualquier persona

física, moral… que reciba y ejerza recursos públicos”, se hace necesario

literalmente plasmar a las Asociaciones Publico Priv adas y sus fideicomisos en

ambas Leyes.

Vale la pena destacar, que evitando los errores que se han cometido en las

experiencias analizadas con antelación, se da cumplimiento a la Agenda 2030 de

la Organización de las Naciones Unidas ya que de esta manera se evita

desviación de recursos que debilitan la economía del sector público, se fortalecen

las empresas al fijar las normas a seguir en su participación, al estar las empresas

fortalecidas y con oportunidades se crean fuentes de empleo mejor remuneradas,

combatiendo el desempleo y la pobreza, uno de los principales objetivos

económicos de esta Agenda.

Es por eso que se hace necesario hacer las modificaciones pertinentes a la

iniciativa de proyecto de Ley de Asociaciones Público Privadas para el Estado de

Morelos y sus Municipios, que el Ejecutivo del Estado remitió este Poder

Legislativo para su análisis, los cuales se describen a continuación:

Se integra a esta Ley, el Interés Público y en necesario plasmarlo con el fin de

evitar que la actuación adminis trativa sea arbitraria y contraria al ordenamiento

jurídico; cumpliéndose lo señalado en el artículo 25 Constitucional, en su párrafo

séptimo, que fundamento esta Ley, en cual señala que, se apoyará e impulsará a

las empresas de los sectores social y priva do de la economía, sujetándolos a las

modalidades que dicte el interés público, es por eso que se integra en el artículo 1.

Se integran en el glosario de esta Ley, qué se entiende por los términos Dictamen,

Expediente Técnico, Reglas de carácter general. Rendición de cuentas,

Transparencia y Valor por Dinero; cuya aplicación se hace en el cuerpo de este

Ordenamiento, lo cual es esencial cumplir con el objeto de esta Ley, siendo esto

contemplado en el artículo 3.

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En los relativo a los contratos de Asociaci ones Público Privadas que se han

firmado en varios países y en México, en donde el objeto o fin del proyecto se

destinó a un derecho humano consagrado en la Constitución como son la salud, la

educación y los servicios públicos, como el agua, la seguridad pública, servicios

de recolección de basura, los resultados han sido poco halagadores, ocasionando

disminución en la calidad del servicio, un incremento en el costo del mismo y una

erogación presupuestal mayor comparativamente si el proyecto lo hubiera

realizado el estado, llegando al extremo de ser rescatados por el gobierno o verse

obligado a invertir más dinero del presupuestado, es por eso que en esta Ley se

previó lo anterior y no se permite que las Asociaciones Público Privada se asignen

proyectos de obra y servicios que afecten los Derechos Humanos mencionados y

servicios públicos señalados, contando con la excepción de la Participación

Ciudadana, lo cual se plasma en el artículo 4.

Es muy frecuente que en los contratos de Asociaciones Público Privada no se

integre al expediente un cuadro comparativo donde se vean claramente las

ventajas para decidir que un proyecto lo lleve a cabo una Asociaciones Público

Privada, o lo realice la misma Dependencia; un marco comparativo valor por

dinero que abarque tod os los elementos económicos, financieros, construcción,

explotación y el propio contrato se vea claramente con números fríos, la ventaja de

llevar a cabo el proyecto de Asociaciones Público Privada. Así mismo se observa

la falta de un expediente técnico qu e contenga toda la documentación que soporte

la presentación de proyectos de la Dependencia, la aprobación de los mismos por

el Congreso del Estado, las bases del concurso, el desarrollo del concurso, el

dictamen del concurso, la asignación del proyecto de obra o servicio o ambos, el

contrato firmado, el desarrollo de la obra o servicio o ambos y la entrega de la obra

así como como todos aquellos que se deriven del contrato del proyecto de obra o

servicio. Los cuales están contenidos en los artículos 1, 3, 12, 23, 32 y 80 del

presente ordenamiento.

Otros de los problemas que tienen las empresas privadas que firman contratos de

Asociaciones Público Privada, es el financiamiento que reciben de entidades

financieras cuyo interés es más alto, que si fuera una E ntidad Pública; en pocas

palabras, si el financiamiento es más caro para una empresa privada que el

financiamiento para el gobierno, lo más viable económico, financiero,

presupuestal, social y fiscalmente, es que lo haga el Gobierno. Para evitar este

problema, desde el proyecto, se está considerando el financiamiento, y la Entidad

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tendrá que dar la viabilidad económica y financiera, considerando el sistema de

inversiones valor por dinero, el mismo al que deberán sujetarse en las bases del

concurso las empresas privadas participantes, es decir, las empresas tendrán que

realizar este estudio en base al sistema de inversiones mencionado que incluya el

financiamiento. Es necesario mencionar que es ilógico que financiamiento se

pague con un financiamiento, hablan do estrictamente de finanzas sanas, por lo

cual se prohíbe en esta Ley que las entidades adquieran deuda pública o privada

para cumplir con los compromisos multianuales de Asociaciones Público Privadas.

Lo anterior está incluido en los numerales 23, 43 y 13.

A pesar de las recomendaciones del BID, que fue, se estableciera de un marco

jurídico adecuado que regule a las Asociaciones Público Privadas, el Estado

Mexicano incumplió la misma, ya que el marco jurídico que la rige no es lo

suficientemente claro y preciso para evitar precisamente que no se cumpla con el

objeto y la finalidad de la Ley; además de que el BID recomendó que los gobiernos

deberían tener como objetivo la transparencia de la contabilidad fiscal y una

divulgación amplia y completa de todos los riesgos fiscales, obrando lo anterior en

documentos oficiales. Por lo cual, en esta Ley se incluye la obligatoriedad de

seguir un protocolo que someta a quienes participen, elaborada por la

Dependencias estatales con apoyo de las Secretarías Federales y la creación de

un ente especializado en Asociaciones Público Privada, que permita contar con un

articulador de la política pública, bajo un marco normativo e institucional sólido; lo

anterior lo encontramos en los artículos 22, 80 y en diferentes párrafos donde una

palabra o la falta de una palabra cambia el sentido de la Ley.

Así mismo, se han detectado sobreprecios en bienes e inmuebles, sobretodo la

especulación inmobiliaria en este último, que sobrepasan los precios de mercado y

que a la larga resultan mucho más costoso en comparación si lo hubiera realizado

el gobierno; los ejemplos dados en líneas anteriores son más que suficientes

detener en lo posible estos errores que se cometido anteriormente, es por eso que

se modifican los artículos 23, fracción II y 69, fracción VIII.

El instrumento jurídico que fundamenta del inicio del proyecto de Asociaciones

Público Privada es el Contrato, y lo que dice la Ley al respecto será determinante

para lograr cumplir con el objeto y finalidad del Proyecto, es por eso que se agrega

al mismo, que se incluya el valor real de los bienes e inmuebles y el interés

pactado de acuerdo al plazo, o ganancia que obtendrá el desarrollador, los pagos

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multianuales, la leyenda de evitar sobreprecios, que deben ser impresos con el

mismo tipo de letra y tamaño, que las clausulas no contradigan la presente ley y

que el contrato y los anexos son transparentes de acuerdo a la Constitución del

Estado, la sesión de derechos del contrato con justificación detallada y por escrito

de las autoridades competentes y la autorización de la contratante y del Congreso

del Estado, la facultad de la Secretaría de Obras Públicas para la verificación del

cumplimiento. La construcción, equipamiento, mantenimiento, conservación y

reparación de la infraes tructura de un proyecto de Asociaciones Público Privada

deberá realizarse conforme al programa, características y especificaciones

técnicas pactadas, contenidos en los artículos 26, y 69 de este ordenamiento.

En pocas palabras una Asociaciones Público Pri vada es un contrato celebrado

entre el gobierno y una empresa privada en virtud del cual:

• Una empresa privada financia, construye y gestiona algún elemento de un

servicio público (Infraestructura Pública); y

• La empresa privada cobra a lo largo de varios años, ya sea mediante las tasas

abonadas por los usuarios, o mediante pagos de la autoridad pública, o una

combinación de ambos.

Sin embargo, la magnitud de la inversión necesaria para infraestructura en todos

los países, especialmente en los países en desarrollo, es demasiado elevada para

que puedan cubrirla las empresas privadas. El desarrollo de la infraestructura

depende de que los gobiernos se comprometan a invertir grandes sumas de

dinero durante muchos años y las Asociaciones Público Privadas no contribuyen a

esto.

Es por eso que se hace necesario delimitar el plazo de los Contratos de

Asociaciones Público Privada a un plazo menor, ya que los cobros que hace la

empresa privada a lo largo de tantos años se convierte en una carga, se convierte

en u n pasivo, sumado a la deuda contenida en la cuenta pública y debe de

limitarse su plazo, lo cual está contenido en los artículo 64 y 74 de la presente

ordenanza.

Otro de los argumentos que los Organismos Financieros Internacionales ya

mencionados han util izado para promocionar las Asociaciones Público Privadas,

ha sido, que el invertir en estos contratos se evita contraer deuda, argumento que

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no tiene ningún sustento, ya que, si bien es cierto no se tienen que cumplir con el

procedimiento de deuda señalado por la ley, con todos los requisitos que conlleva,

el hecho de contraer obligaciones plurianuales por un largo plazo, conlleva la

creación de pasivos, que de acuerdo a observaciones de la Auditoria Superior de

Fiscalización, violenta lo señalado en los artículo 1 y 2 de la Ley Federal de Deuda

Publica, ya que de acuerdo con estos preceptos, estos compromisos se

consideran como pasivos y por consecuencia son deuda pública.

Es por eso que en esta Ley mandata a la Secretaría de Hacienda a crear una

metodología para el cálculo de las Obligaciones de Deuda o los pasivos

contingentes. Generar un informe anual sobre las Obligaciones de Deuda o

pasivos contingentes y crear y gestionar un registro único contable de las

Asociaciones Público Privadas, así como rendir informes trimestrales de la

situación económica, las Finanzas Públicas, la Deuda Pública y pasivos

contingentes al Congreso del Estado; lo anterior está contemplado en el artículo

83 de esta Ley.

El fundamento de la Ley Estatal de Asociaciones Público Pr ivadas es la

Constitución Federal y la Constitución Política de Morelos, sin embargo a es

necesario citar que la Carta Magna y nuestra Constitución en sus artículos 25, 134

y 81 respectivamente, no hacen referencia textualmente a lo relativo a las

Asociaciones Público Privadas, lo que si contienen son los principios de cómo se

administraran los recursos, siendo estos eficiencia, eficacia, economía,

transparencia y honradez en el ámbito federal agregando los siguientes en el

ámbito Estatal, legalidad, honest idad, racionalidad, austeridad, transparencia,

control y rendición de cuentas, para satisfacer los objetivos a los que estén

destinados, los cuales serán principios a los que se sujetaran los entes y las

Asociaciones Público Privadas contenidos en el artículo 106 de esta Ley.

La correcta aplicación de los ordenamientos de Auditoria, incluidos en la

Constitución Política Estado Libre y Soberano de Morelos, Ley de

Responsabilidades Administrativas para el Estado de Morelos, Ley de

Fiscalización y Rendición d e Cuentas del Estado de Morelos y La Ley de

Responsabilidades de los Servidores Públicos, que consagran y mandatan la

preservación de estos principios señalados, el de Transparencia y Rendición de

Cuentas, son requisitos indispensables para preservar el in terés público de lo

contenido en esta Ley y es por eso que se obliga a cumplirlos y acatarlos a las

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diferentes Dependencias en los artículos 3, 32, 36, 63, 83 y 106 del presente

ordenamiento.

PROPUESTA DE MODIFICACIÓN DE LOS ARTÍCULOS DE LA LEY DE

ASOCIACIONES PÚBLICO PRIVADAS DEL ESTADO DE MORELOS Y SUS

MUNICIPIOS, PROPUESTA POR EL EJECUTIVO DEL ESTADO.

TÍTULO PRIMERO

DE LAS DISPOSICIONES GENERALES.

CAPÍTULO I

DEL OBJETO, DEFINICIONES Y DISPOSICIONES PRELIMINARES

DEL ARTÍCULO 01.

ARTÍCULO 1. La presen te Ley es de orden e interés público y tiene por objeto

regular y fomentar los esquemas para el desarrollo de proyectos de Asociaciones

Público Privadas que realicen el Estado o los Municipios,….

En los términos previstos por la presente Ley, los proyectos de Asociaciones

Público Privadas deberán estar plenamente justificados, especificar el beneficio

social que se busca obtener y demostrar su ventaja financiera frente a otras

formas de financiamiento, de acuerdo al comparativo a que hace referencia el

artículo 12 de esta Ley.

ARTÍCULO 3. Para los efectos de la presente Ley, se entenderá por:

I…XV

XVI. Expediente Técnico. Conjunto de análisis técnicos y financieros especificados

en las diez fracciones del artículo 23 de la presente Ley, con base en los cuales se

determinará la viabilidad de llevar a cabo un proyecto de Asociaciones Público

Privadas.

XVII. Grupos sociales en situación de vulnerabilidad: Aquellos núcleos de

población y personas que por diferentes factores o por la combinación de ellos,

enfrentan situaciones de riesgo o discriminación que les impiden alcanzar mejores

niveles de vida y, por lo tanto, requieren de la atención e inversión del Gobierno

para lograr su bienestar;

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XVIII. Ley: la presente Ley de Asociaciones Público Privadas para el Estado de

Morelos y sus Municipios;

XIX. Municipios: Los municipios del estado de Morelos;

XX. Proyectos de asociación público privada: Cualquier esquema que se

implemente para la inversión en infraestructura para el desarrollo de proyectos de

prestación d e servicios públicos y para la realización de los demás proyectos

previstos por esta Ley, en los términos establecidos en sus artículos 4 y 10 de esta

Ley;

XXI. Reglas de carácter general. El Reglamento de la presente Ley;

XXII. Rendición de cuentas, Prin cipio con carácter bidireccional, como obligación

del sector público y como derecho de los ciudadanos reconocido a través de las

nuevas Leyes de Transparencia, Acceso a la Información y Rendición de Cuentas,

así como de los Sistemas Anticorrupción, Nacional como Estatal.

XXIII. SEDET: La Secretaría de Desarrollo Económico y del Trabajo del Poder

Ejecutivo Estatal, y

XXIV. Secretaría de Hacienda: La Secretaría de Hacienda del Poder Ejecutivo

Estatal;

XXV. Transparencia. Principio de máxima publicidad que con sidera la información

como un bien público. Este principio se traduce en la obligación de quienes

detentan una responsabilidad pública de cualquier índole, por la Constitución y por

la ley; relacionada con el derecho fundamental de los ciudadanos al acceso a la

información. Dicho principio se aplicará en todas las etapas o pasos de los

proyectos de las Asociaciones Público Privadas,

XXVI. Valor por Dinero. Sistema de Inversiones, donde se refiere al conjunto de

normas, planes, proyectos, recursos financiero s y recursos humanos para que las

inversiones se lleven a cabo de manera oportuna asegurando una ejecución eficaz

de los recursos públicos destinados para los proyectos de Asociaciones Público

Privadas. En términos prácticos significa que, a través de sus inversiones, el

sector público obtenga mayor valor por los recursos invertidos.

ARTÍCULO 4. Los proyectos de asociación público privada podrán realizarse entre

instancias de los sectores público y privado:

I…

II…

III…

IV…

No podrán participar en los proyectos de Asociaciones Publico Privadas los que se

destinen a los Servicios de Salud, Educación, Seguridad Pública, Agua,

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Alumbrado Público y Residuos Sólidos, cuya excepción solo se hará, cumpliendo

con lo contenido en el artículo 19 bis de la Constitución del Estado de Morelos.

ARTÍCULO 8. La Secretaría de Hacienda, en coordinación con la Secretaría de

Obras Públicas del Ejecutivo Estatal, estará facultada para interpretar la presente

Ley para efectos administrativos, pudiendo tomar en consideración, en su caso, la

opinión de la Consejería Jurídica, asimismo podrá requerir y considerar la opinión

del Ente interesado. Tratándose de asuntos relacionados con responsabilidades

de los servidores públicos, la interpretación de las disposiciones de esta Ley

corresponderá a la Contraloría, a la Entidad Superior de Auditoria y Fiscalización

del Estado de Morelos y la Auditoria Superior de la Federación, según

corresponda por el origen de los recursos y los convenios de colaboración

establecidos.

ARTÍCULO 12…

Todos los proyectos de Asociaciones Público Privadas descritos en los inventarios

deberán contar con un comparativo de acuerdo al sistema de inversiones valor por

dinero que contenga todos los elementos económicos que intervengan, que

incluya financiamiento, const rucción, explotación, términos del contrato,

consecuencias económicas en el empleo, y opinión de los ciudadanos, en caso de

hacerlo el ente Público.

ARTÍCULO 13…

Queda prohibido contratar deuda con instituciones financieras públicas, así como

Instituciones financieras privadas para cumplir con las obligaciones destinadas a

cubrir los pagos multianuales contenidos en los contratos de Asociaciones Público

Privadas y fideicomisos derivados de la presente Ley

ARTÍCULO 16. El Comité de Análisis y Evaluación de los Proyectos de Asociación

Público Privada del Estado se integrará por un representante de las siguientes

Dependencias:

I. Tendrán voz y voto los representantes de la Secretaría de Hacienda, la SEDET,

la Contraloría y el Secretario Técnico de la Comisión de Desarrollo Económico del

Congreso del Estado;

ARTÍCULO 19. …

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I. Tendrán voz y voto:

…

d)

e) La presidenta o presidente de la Comisión de Desarrollo Económico del

Congreso del Estado; o a quien designe.

TEXTO DE PROPUESTA DE MODIFICACIÓN, TÍTULO SEGU NDO DE LA

PREPARACIÓN E INICIO DE LOS PROYECTOS

CAPÍTULO I

DE LA PREPARACIÓN DE LOS

PROYECTOS DEL ARTÍCULO 22.

PROPUESTA DE MODIFICACIÓN DEL ARTÍCULO 22. …

En caso de que el proyecto implique la participación de dos o más Dependencias

o Entidades paraes tatales, éstas coordinarán sus esfuerzos en su respectivo

ámbito específico de competencia, a fin de elaborar de conformidad con el

Presupuesto de Egresos del ejercicio fiscal correspondiente, y presentar de

manera conjunta su propuesta en los términos del párrafo anterior

Corresponderá a la SEDET diseñar y realizar estudios y proyectos de

Asociaciones Público Privadas para el Estado y sus Entidades Paraestales, así

como fomentar, impulsar, asesorar y brindar apoyo a las Dependencias y

Entidades Paraestatal es, Municipios, Entidades Paramunicipales, en el diseño y

realización de proyectos de Asociaciones Público Privadas, a fin de acrecentar el

desarrollo económico del Estado. Para el dictamen sobre la viabilidad del proyecto

la Contraloría del Estado.

Con el apoyo técnico de la SEDET, la Secretaría de Hacienda y la Secretaría de la

Contraloría, y apoyo institucional de la SHCP Y LA SFP, elaborarán un Protocolo

que tenga como objetivo establecer un instructivo obligatorio para Dependencias,

Entidades Paraest atales, Municipios, Entidades Paramunicipales y los

particulares, que participen en contrataciones públicas de las Asociaciones Público

Privadas y mientras esté en elaboración se sujetaran al Protocolo de Actuación en

Materia de Contrataciones Públicas, Ot orgamiento y Prórroga de Licencias,

Permisos, Autorizaciones y Concesiones de la Secretaría de la Función Pública.

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ARTÍCULO 23. Para determinar la viabilidad de un proyecto de Asociaciones

Público Privadas, la Dependencia o Entidad Paraestatal interesada deberá contar

con análisis sobre los aspectos siguientes.

I. El proyecto, su viabilidad técnica y el expediente técnico;

II. Los inmuebles, bienes y derechos necesarios para el desarrollo del proyecto,

evitando la especulación inmobiliaria y los sobreprecios.

III. Estudio preliminar sobre las autorizaciones para el desarrollo del proyecto

que, en su caso, resulten necesarias;

IV. La viabilidad jurídica del proyecto;

V. Estudio preliminar de impacto ambiental, la preservación y conservación del

equilibrio ecológico y, en su caso, afectación de las áreas naturales o zonas

protegidas, asentamientos humanos y desarrollo urbano del proyecto. Este

primer análisis será distinto al dictamen de impacto ambiental correspondiente

que deba obtenerse conforme a las disposiciones legales aplicables;

VI. La rentabilidad pública o social del proyecto;

VII. Las estimaciones de inversión y aportaciones, en numerario y en especie,

de los diversos Entes participantes, públicos y privados;

VIII. La viabilidad económica y finan ciera del proyecto, elaborado en base al

sistema de inversiones valor por dinero, con la finalidad de obtener mayor valor

por los recursos invertidos, también deberán considerar, en caso de contratar

financiamiento con Instituciones bancarias, de acuerdo a l monto del

financiamiento, el porcentaje de interés a cargo y el plazo contratado, deberán

estimar la afectación al proyecto:

IX. La conveniencia de llevar a cabo el proyecto mediante un esquema de

Asociaciones Público Privadas, en el que se incluya un an álisis respecto de

otras opciones, y

X. El dictamen que contenga análisis de riesgos que puede implicar el proyecto.

Este conjunto de análisis económicos, jurídicos, técnicos y financieros, en los

cuales se determinará la viabilidad de llevar a cabo un pro yecto de

Asociaciones Público Privadas se integrarán en un expediente técnico.

La anterior información deberá ser publicada en internet en la página del Poder

Ejecutivo del Estado o, en su caso, del Municipio correspondiente, y ser entregada

al Congreso del Estado.

TEXTO DE PROPUESTA DE MODIFICACIÓN DEL ARTÍCULO 24.

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ARTÍCULO 24. Para realizar proyectos de Asociaciones Público Privadas se

requiere, haber cumplido con lo señalado en el artículo 23 de la presente Ley y:

I. Estar previamente autorizadas por el Pleno Congreso del Estado;

II. La celebración de un contrato por escrito, en el que se establezcan los derechos

y obligaciones de la contratante y de los desarrolladores, y

III. Cuando así sea necesario, el otorgamiento de una o varias autorizaciones pa ra

la prestación de los servicios.

TEXTO DE PROPUESTA DE MODIFICACIÓN DEL ARTÍCULO 26.

ARTÍCULO 26. El análisis sobre los inmuebles, bienes y derechos necesarios para

el desarrollo del proyecto, mencionado en la fracción II del artículo 23 de esta Ley,

deberá referirse a los aspectos siguientes:

I…

II….

III. Estimación preliminar por la Dependencia o Entidad Paraestatal interesada,

sobre el posible valor real de los inmuebles, bienes y derechos necesarios para

desarrollar el proyecto; y su incremento de a cuerdo al interés pactado en el

contrato, el cual no podrá ser mas de los precios reales de inmuebles, bienes y

derechos de acuerdo a los precios de mercado; todo lo anterior, de acuerdo a los

principios que contienen los artículos de las Constituciones qu e fundamentan esta

Ley.

TEXTO DE PROPUESTA DE MODIFICACIÓN DEL ARTÍCULO 27.

ARTÍCULO 27. Para evaluar la conveniencia de llevar a cabo un proyecto

mediante esquemas de asociación público privada, conforme a lo dispuesto en la

fracción IX del artículo 23 de esta Ley, la Dependencia o Entidad Paraestatal

interesada aplicará los lineamientos que al efecto determine la Secretaría de

Hacienda.

TEXTO DE PROPUESTA DE MODIFICACIÓN DEL ARTÍCULO 28.

ARTÍCULO 28. El titular del Ejecutivo, en uso de sus atribucione s o a través de los

titulares de las Dependencias, conforme a los respectivos ámbitos de

competencia, señalará mediante reglas de carácter general, el contenido y demás

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alcances de los estudios a que se refiere el artículo 23 de esta Ley. Dichas reglas

de carácter general deberán ser publicadas en el

Libertad”.

TEXTO DE PROPUESTA DE MODIFICACIÓN DEL ARTÍCULO 30.

ARTÍCULO 30. Los Entes podrán contratar la realización de los trabajos previstos

en el artículo 23 de esta Ley, cuale squiera otros estudios y el propio proyecto

ejecutivo, necesarios para la ejecución de un proyecto de asociación público

privada, así como servicios para la adquisición de los inmuebles, bienes y

derechos, igualmente necesarios para tales proyectos.

TEXTO DE PROPUESTA DE MODIFICACIÓN DEL ARTÍCULO 31.

ARTÍCULO 31. Con base en los análisis mencionados en el artículo 23 de esta

Ley, el Ente, previa opinión del Comité respectivo, decidirá si el proyecto es o no

viable y, de serlo, podrá proceder a su implementación y desarrollo.

TEXTO DE PROPUESTA DE MODIFICACIÓN DEL ARTÍCULO 32.

ARTÍCULO 32. Para iniciar el desarrollo de un proyecto de Asociaciones Público

Privadas, se deberá contar con los análisis mencionados en el artículo 23 de esta

Ley, totalmente terminados.

En casos debidamente justificados, bastará un dictamen emitido por la autoridad

correspondiente de acuerdo a la naturaleza del proyecto, con el avance suficiente

de los requisitos citados, que permita a los interesados preparar propuestas

solventes e iniciar los trabajos, de conformidad con el programa aprobado. La

indebida aplicación de lo contenido en este párrafo será sujeto de

responsabilidades con la aplicación de la Ley respectiva de acuerdo al origen de

los recursos.

La información derivada de este Capítulo, con los expedientes técnicos a que hace

referencia el artículo 23 y la relativa a lo contenido en el Título Séptimo, si es que

aconteciere, será entregada en la etapa que suceda al Congreso del Estado,

dándole la publicidad y transparencia que las Leyes señalan.

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TEXTO DE PROPUESTA DE MODIFICACIÓN DEL ARTÍCULO 35.

ARTÍCULO 35. El titular del Ejecutivo, en uso de sus atribuciones o a través de los

titulares de las Dependencias que instruya, establecerá mediante reglas de

carácter general los lineamientos para la presentación y análisis de las propuestas

no solicitadas.

Las propuestas a que se refiere el párrafo anterior, deberán cumplir los requisitos

siguientes, los cuales formarán parte de las Reglas de Carácter General

I. Se presentar án acompañadas con el estudio preliminar de factibilidad que

deberá incluir los aspectos siguientes:

a) Descripción del proyecto que se propone, con sus características y

viabilidad técnicas;

b) Descripción de las autorizaciones para la ejecución de la obr a que, en su

caso, resultarían necesarias, con especial mención a las autorizaciones de

uso de suelo de los inmuebles de que se trate, sus modificaciones y la

eventual problemática de adquisición de éstos;

c) La viabilidad jurídica del proyecto;

d) En su caso, la rentabilidad social del proyecto;

e) La conveniencia de llevar a cabo el proyecto mediante un esquema de

Asociaciones Público Privadas;

f) Las estimaciones de inversión y aportaciones, en efectivo y en especie,

tanto federales y de los particulares como, en su caso, estatales y

municipales, en las que se haga referencia al costo estimado de adquisición

de los inmuebles, bienes y derechos necesarios para el proyecto;

g) La viabilidad económica y financiera del proyecto, y

h) Las características esenc iales del contrato de Asociaciones Público

Privada a celebrar. En el evento de que la propuesta considere la

participación de dos o más personas morales del sector privado, las

responsabilidades de cada participante de dicho sector;

II. No se trate de prop uestas no solicitadas previamente presentadas y ya

resueltas.

Si la propuesta no solicitada incumple alguno de los requisitos a que se refiere

este artículo, o los estudios se encuentran incompletos, no será analizada.

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TEXTO DE PROPUESTA DE MODIFICACIÓN, TÍTULO CUARTO. DE LA

ADJUDICACIÓN DE LOS PROYECTOS.

CAPÍTULO ÚNICO.

DE LOS CONCURSOS.

DEL ARTÍCULO 36

ARTÍCULO 36. El Ente que requiera el desarrollo de un proyecto de Asociaciones

Público Privadas convocará a concurso, que se llevará a cabo conforme a los

principios de legalidad, libre concurrencia y competencia, objetividad,

imparcialidad, transparencia, eficiencia, publicidad y rendición de cuentas, con las

particularidades del Título Tercero de esta Ley, en igualdad de condiciones para

todos los participantes.

Cuando se excedan los montos señalados por el artículo 26, en relación con el

artículo 27, ambos de la Ley de Disciplina Financiera de las Entidades Federativas

y los Municipios se atenderá y desahogará el procedimiento competitivo señalado

en dicha Ley. La indebida aplicación de lo contenido en este párrafo será sujeto

responsabilidades con la aplicación de la Ley respectiva de acuerdo al origen de

los recursos.

TEXTO DE PROPUESTA DE MODIFICACIÓN DEL ARTÍCULO 40.

ARTÍCULO 40. No podrán partic ipar en los concursos, ni recibir adjudicación para

desarrollar un proyecto de Asociaciones Público Privadas, las siguientes personas:

I. Aquellas en las que algún servidor público o servidor público que estuvo en

funciones, con cargo de titular, secretari o, subsecretario coordinador o director

general que intervenga en cualquier etapa del procedimiento de contratación tenga

interés personal, familiar o de negocios, o bien de las que pueda resultar algún

beneficio para él, su cónyuge o sus parientes consang uíneos o por afinidad hasta

el cuarto grado, o civil, o para terceros con los que tenga relaciones profesionales,

laborales o de negocios, con facultades de decisión, o para socios o sociedades

de las que el servidor público o las personas antes referidas formen o hayan

formado parte durante los seis años previos a la fecha de celebración del

procedimiento de contratación de que se trate;

II...VIII.

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TEXTO DE PROPUESTA DE MODIFICACIÓN DEL ARTÍCULO 43.

ARTÍCULO 43. Las bases del concurso contendrán, por lo menos, los elementos

siguientes:

I…VII…

VIII…La forma en que los participantes acreditarán, su plena solvencia moral, su

capacidad legal, experiencia y capacidad técnica, administrativa, económica y

financiera, que se requieran de acuerdo con las caracterí sticas, complejidad y

magnitud del proyecto. En la capacidad financiera deberá acreditar contar con

recurso propio del al menos el 50% del costo del proyecto; en caso de contratar

financiamiento con Instituciones bancarias deberán señalar el monto del

financiamiento, el porcentaje de interés a cargo y el plazo contratado;

IX…XX….

TEXTO DE PROPUESTA DE MODIFICACIÓN DEL ARTÍCULO 51.

ARTÍCULO 51. Se utilizarán mecanismos de puntos y porcentajes, para la

evaluación de las especificaciones técnicas y de costo beneficio, mismas que

fueron determinadas por el área requirente y el área técnica competente, las

cuales deberán establecerse de manera clara y precisa, cuantificable para permitir

una comparación objetiva e imparcial de las propuestas, considerando tambi én

tiempos de entrega, justificación y demás requisitos o especificaciones, lo anterior

para estar en condiciones de evaluar la mejor propuesta.

TEXTO DE PROPUESTA DE MODIFICACIÓN DEL ARTÍCULO 51.

ARTÍCULO 51…

El fallo deberá estar suficientemente fundad o y motivado, haciendo costar de

manera detallada, porqué la propuesta ganadora ofrece las mejores condiciones

comparativamente con las otras propuestas en todos los rubros en la motivación.

TEXTO DE PROPUESTA DE MODIFICACIÓN DEL ARTÍCULO 55

ARTÍCULO 55. Serán causas de descalificación, además de las que se indiquen

en las bases:

I. El incumplimiento o la falsedad de alguno de los requisitos establecidos en las

bases, con las salvedades señaladas en el artículo 50 de esta Ley;

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II….IV….

TEXTO DE PROPUESTA DE MODIFICACIÓN DEL ARTÍCULO 60.

ARTÍCULO 60…

La Secretaría de Hacienda señalará en las reglas de carácter general el

procedimiento para determinar los gastos a que el presente artículo hace

referencia. La convocante efectuará los pagos que correspondan.

TEXTO DE PROPUESTA DE MODIFICACIÓN DEL ARTÍCULO 61.

ARTÍCULO 61. El Ente, bajo su responsabilidad, podrá adjudicar proyectos de

asociación público privada, sin sujetarse al procedimiento de concurso a que se

refiere el presente capítulo, a través de invitación a cuando menos tres personas o

de adjudicación directa, cuando:

I… XI…

Se quita el segundo párrafo por ser contrario al objeto de la Ley, ya que, si es

autofinanciable, lo haría el propio gobierno.

TEXTO DE PROPUESTA DE MODIFICACIÓN DEL ARTÍCULO 63.

ARTÍCULO 63. Los procedimientos de invitación a cuando menos tres personas, y

de adjudicación directa, en lo que resulte conducente, deberán realizarse

conforme a los principios de legalidad, objetividad, imparcialidad, transparencia,

libre concurrencia y competencia, igualdad de condiciones, y rendición de cuentas,

así como prever las medidas para que los recursos públicos se administren con

economía, eficiencia, eficacia, transparencia, honradez y rendición de cuentas.

PROPUESTA DE MODIFICACIÓN, TÍTU LO QUINTO. DE LOS PROYECTOS DE

ASOCIACIONES PÚBLICO PRIVADA

CAPÍTULO 1.

DE LAS AUTORIZACIONES PARA LA PRESTACIÓN DE LOS SERVICIOS.

DEL ARTÍCULO 64

ARTÍCULO 64. Cuando en un proyecto de asociación público privada el

desarrollador requiera de autorizaciones para la prestación de servicios otorgadas

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por el Estado, éstas se otorgarán conforme a las disposiciones que las regulen,

con las salvedades siguientes:

I…

II. La vigencia de cada una de las autorizaciones para la prestación d