Artículo 27-1 de la Ley de los Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes del Estado de Guanajuato

La Procuraduría de Protección tendrá las atribuciones siguientes:

I. Procurar la protección integral de niñas, niños y adolescentes que prevé la

Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, los tratados

internacionales, la Constitución Política para el Estado de Guanajuato, esta Ley y

demás disposiciones aplicables.

Dicha protección integral deberá abarcar, por lo menos:

a) Atención médica y psicológica;

b) Seguimiento a las actividades académicas y entorno social y cultural; y

c) La inclusión, en su caso, de quienes ejerzan la patria potestad, tutela o

guarda y custodia de niñas, niños y adolescentes en las medidas de

rehabilitación y asistencia;

(REFORMADA,

II. Establecer medidas de protección especial para restituir los derechos de niñas,

niños y adolescentes, de conformidad con lo establecido en la Ley General, esta

Ley, su Reglamento y demás legislación aplicable;

III. Prestar asesoría y representación en suplencia a niñas, niños y adolescentes

involucrados en procedimientos judiciales o administrativos, en los casos en

donde falte la representación originaria o así lo determine el órgano jurisdiccional

o autoridad administrativa competente, sin perjuicio de las atribuciones que le

correspondan al Ministerio Público; así como intervenir oficiosamente con

representación coadyuvante en todos los procedimientos jurisdiccionales o

administrativos en que participen niñas, niños y adolescentes, de conformidad con

lo dispuesto en la presente Ley y demás disposiciones aplicables;

IV. Fungir como conciliador y mediador en casos de conflicto familiar, cuando los

derechos de niñas, niños y adolescentes hayan sido restringidos o vulnerados,

conforme a las disposiciones aplicables. La conciliación no procederá en casos de

violencia;

V. Denunciar ante el Ministerio Público aquellos hechos que se presuman

constitutivos de delito en contra de niñas, niños y adolescentes;

VI. Solicitar al Ministerio Público la imposición de medidas urgentes de protección

especial contenidas en la Ley General y el Código Nacional de Procedimientos

Penales, cuando exista un riesgo inminente contra la vida, integridad o libertad de

niñas, niños y adolescentes. El Ministerio Público deberá decretarlas a más tardar,

dentro de las tres horas siguientes a la recepción de la solicitud.

La Procuraduría de Protección podrá ordenar fundada y motivadamente, bajo su

más estricta responsabilidad, la imposición de medidas urgentes de protección

cuando las condiciones climatológicas, de medios de comunicación, de vías de

comunicación o cualquier otra, impida realizar la solicitud al Ministerio Público,

requiriendo, en su caso, el auxilio de las instituciones policiales competentes,

quedando obligada a dar aviso al Ministerio Público de manera inmediata.

En ambos supuestos, se deberá dar aviso inmediato de la imposición de la medida

a la autoridad jurisdiccional competente, a fin de que ésta se pronuncie sobre la

cancelación, ratificación o modificación de la medida impuesta;

VII. Solicitar a la autoridad competente que se dicten los medios de apremio que

procedan, en caso de incumplimiento de las medidas urgentes de protección;

VIII. Promover la participación de los sectores público, social y privado en la

planificación y ejecución de acciones en favor de la atención, defensa y protección

de niñas, niños y adolescentes;

IX. Asesorar a las autoridades competentes para la aplicación de la presente Ley y a

los sectores público, social y privado sobre el cumplimiento del marco normativo

relativo a la protección de niñas, niños y adolescentes;

(REFORMADA,

X. Desarrollar los lineamientos y procedimientos para la restitución de los derechos

de niñas, niños y adolescentes;

(ADICIONADA,

X-1. Revisar los planes de restitución de derechos elaborados por las Procuradurías

Auxiliares para, en su caso, proponer su modificación con la finalidad de que los

derechos restringidos o vulnerados de las niñas, niños y adolescentes sean

debidamente restituidos y garantizados;

(REFORMADA,

XI. Establecer los lineamientos y los procedimientos para registrar, capacitar, evaluar

y certificar a las familias que resulten idóneas, considerando los requisitos

señalados para la adopción o acogimiento familiar, así como substanciar el

procedimiento respectivo;

XII. Proporcionar y actualizar la información para integrar y sistematizar el Registro

Nacional de Centros de Asistencia Social;

(REFORMADA,

XIII. Coordinar y dar seguimiento a la ejecución de las medidas de protección especial;

XIV. Realizar y promover estudios e investigaciones para fortalecer las acciones a favor

de la atención, defensa y protección de niñas, niños y adolescentes, con el fin de

difundirlos entre las autoridades competentes y los sectores público, social y

privado para su incorporación en los programas respectivos;

XV. Recibir las solicitudes de adopción de las niñas, niños y adolescentes que se

encuentren bajo su tutela;

(REFORMADA,

XVI. Realizar las valoraciones psicológica, económica, de trabajo social y todas aquéllas

que sean necesarias para determinar la emisión del certificado de idoneidad, en

términos de lo dispuesto en las leyes aplicables;

(REFORMADA,

XVII. Emitir, negar o, en su caso, revocar certificados de idoneidad;

XVIII. Solicitar, para el cumplimento de sus atribuciones, el auxilio de autoridades

estatales y municipales, las que estarán obligadas a proporcionarlo de

conformidad con las disposiciones aplicables;

XIX. Promover ante el órgano jurisdiccional o administrativo competente las acciones

legales y administrativas conducentes, cuando se estime que el contenido de la

información que difundan los medios de comunicación contraviene lo dispuesto

por esta Ley y demás disposiciones aplicables, a efecto de promover el libre

desarrollo armónico e integral de niñas, niños y adolescentes;

XX. Ejercer la tutela de niñas, niños y adolescentes en los términos de las

disposiciones legales aplicables;

(REFORMADA,

XXI. Capacitar, asesorar, fortalecer y supervisar a las Procuradurías Auxiliares;

XXII. Colaborar y auxiliar a las autoridades laborales competentes en la vigilancia y

aplicación de la legislación laboral aplicable a niñas, niños y adolescentes; y

(REFORMADA,

XXIII. Atraer para su atención directa aquellos casos atendidos por las Procuradurías

Auxiliares que considere pertinente.

La Procuraduría de Protección solicitará por escrito a las Procuradurías Auxiliares,

la remisión del caso y la entrega del expediente respectivo en un plazo no mayor

de veinticuatro horas, implementando las acciones necesarias para evitar que los

derechos de niñas, niños y adolescentes sean vulnerados o restringidos durante

dicho periodo.

(ADICIONADA,

XXIV. Recibir denuncias por violaciones a los derechos de niñas, niños y adolescentes

contenidos en la Ley General, esta Ley, su Reglamento y demás normativa

aplicable, así como canalizarlas, en su caso, a las autoridades que correspondan ;

(ADICIONADA,

XXV. Asignar a niñas, niños y adolescentes que estén bajo su tutela una familia de

acogida o pre-adoptiva que previamente haya obtenido el certificado de idoneidad

correspondiente;

(ADICIONADA,

XXV-1. Establecer, en coordinación con la Secretaría del Migrante y Enlace Internacional,

la vinculación institucional con el gobierno federal y organismos internacionales

para procurar la protección de niñas, niños y adolescentes migrantes que se

encuentren en condición de refugiados o deportados, adoptando medidas de

protección integral;

(ADICIONADA,

XXVI. Revocar la asignación de niñas, niños y adolescentes bajo su tutela, en los

supuestos de vulneración a sus derechos, o de haberse dictaminado que no se

consolidaron las condiciones de adaptación entre estos y la familia de acogida o

familia de acogimiento pre-adoptiva; y

(ADICIONADA,

XXVII. Las demás que le otorgue esta Ley u otros ordenamientos aplicables.

(ADICIONADO,

Requisitos del titular de la Procuraduría de Protección

Artículo 27 -2.