Artículo 41-6 de la Ley de los Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes del Estado de Guanajuato

Para los fines de esta Ley se prohíbe:

I. La promesa de adopción durante el proceso de gestación;

II. La adopción privada, entendida como el acto mediante el cual quienes ejercen la

patria potestad, tutela o guarda y custodia, o sus representantes legales, pacten

dar en adopción de manera directa a niñas, niños o adolescentes, sin que

intervengan las autoridades competentes de conformidad con esta Ley;

III. Que la adopción se realice para fines de venta, sustracción, retención u

ocultación ilícita, tráfico, trata de personas, explotación, trabajo infantil o

cualquier ilícito. Si se presentare cualquiera de los supuestos referidos una vez

concluida judicialmente la adopción, la Procuraduría de Protección presentará

denuncia ante el Ministerio Público y tomará las medidas necesarias para

asegurar el bienestar integral de niñas, niños y adolescentes;

IV. El contacto de los padres biológicos que entregaron en adopción a una niña, un

niño o un adolescente, con el adoptante, el adoptado o con cualquier persona

involucrada en la adopción; con excepción de los casos en que los adoptantes

sean familiares biológicos, de la familia extensa o cuando el adoptado desee

conocer sus antecedentes familiares y sea mayor de edad. Niñas, niños y

adolescentes que deseen conocer sus antecedentes familiares deberán contar

con el consentimiento de los adoptantes, siempre que ello atienda al interés

superior de la niñez;

V. La inducción a través de cualquier forma de compensación o pago para

influenciar o favorecer la decisión de otorgar a la niña, el niño o el adolescente

en adopción;

VI. La obtención directa o indirecta de beneficios indebidos, materiales o de

cualquier índole, por la familia de origen o extensa del adoptado, o por cualquier

persona, así como por funcionarios o trabajadores de instituciones públicas o

privadas y autoridades involucradas en el proceso de adopción;

VII. La obtención de lucro o beneficio personal ilícito como resultado de la adopción;

y

VIII. Toda adopción contraria a las disposiciones constitucionales, tratados

internacionales ratificados por el Estado mexicano, la Ley General, o al interés

superior de la niñez y su adecuado desarrollo evolutivo.

Las autoridades vigilarán el desarrollo del proceso de adaptación a través del

seguimiento que realice la Procuraduría de Protección, mediante los reportes

subsecuentes, respetando el derecho de la familia a vivir conforme a sus estándares,

costumbres y valores.

Las autoridades podrán suspender el proceso de adopción cuando tengan

razones para creer que la adopción se realiza en contravención de lo establecido por la

presente Ley. En caso de que el proceso de adopción haya concluido judicialmente, la

Procuraduría de Protección tomará las medidas necesarias para asegurar el bienestar

integral de niñas, niños y adolescentes en los términos que disponga la ley para los hijos

consanguíneos.

(ADICIONADO,

Adopción de niñas, niños y adolescentes

Artículo 41-7.