INSTITUCIONES DE ASISTENCIA PRIVADA QUE TENGAN POR OBJETO SOCIAL LA ADOPCIÓN DE MENORES. CONSTITUCIONALIDAD DE LOS ARTÍCULOS 3.13, 4.178, 4.179, 4.185, 4.195 Y 4.261 DEL CÓDIGO CIVIL, ASÍ COMO DEL PRECEPTO 3.16 DEL CÓDIGO DE PROCEDIMIENTOS CIVILES, AMBOS PARA EL ESTADO DE MÉXICO.

Si bien los artículos 3.13, 4.178, 4.179, 4.185, 4.195 y 4.261 del Código Civil para el Estado de México, así como el precepto 3.16 del Código de Procedimientos Civiles de la misma entidad, regulan el trámite para la adopción de menores en el Estado de México y permiten la intervención estatal en tal procedimiento a través del Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia del Estado de México e imponen requisitos y condiciones para actualizar la legal adopción, como es que la tutela de los expósitos la tendrá dicho sistema, que en los procedimientos de adopción se exige un certificado de idoneidad de los adoptantes expedido por dicha institución gubernamental, que se prevé un orden preferente entre los adoptantes, que se requiere de la autorización de cualquier adopción por parte del Estado a través del citado sistema y además se sujeta a las instituciones de asistencia privada dedicadas a dicha actividad de adopción de menores, a cumplir con la obligación de dar seguimiento a las mismas; no obstante todo ello, dichas normas no pueden resultar inconstitucionales, toda vez que contienen disposiciones encaminadas directamente a la protección por parte del Estado de la integridad y bienestar de los niños y niñas que sean sujetos de adopción, con lo cual se atiende sin duda al interés superior de la niñez regulado como tal en el artículo 4o. constitucional, en la Convención sobre los Derechos del Niño, y en la Ley para la Protección de los Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes, el cual debe preponderar respecto de los fines que tengan las instituciones de asistencia privada dedicadas a la adopción de menores; por lo que, al ser tales preceptos protectores del interés supremo de la infancia sujeta a un procedimiento de adopción, entonces son correctos y apegados a la Constitución Federal, a pesar de cualquier condición o afectación que generen en la esfera jurídica de los particulares dedicados a tal actividad.

SEGUNDO TRIBUNAL COLEGIADO EN MATERIA CIVIL DEL SEGUNDO CIRCUITO.