Artículo 99 de la Ley de los Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes del Estado de Sinaloa

Artículo 99. La Procuraduría de Protección, en su ámbito de competencia, tendrá las

atribuciones siguientes:

I. Procurar la protección integral de niñas, niños y adolescentes que prevén la Constitución

Política de los Estados Unidos Mexicanos, Tratados Internacionales, Ley General,

Constitución Política del Estado, esta Ley y demás disposiciones aplicables. Dicha

protección integral deberá abarcar por lo menos:

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a) Atención médica y psicológica de manera preventiva y oportuna;

b) Respeto y promoción en primera instancia del mantenimiento y buen funcionamiento de

sus relaciones familiares con sus padres, tutores, cuidadores o responsables legales;

c) Seguimiento a las actividades académicas y entorno social y cultural;

d) Un hogar seguro para todas las niñas, niños y adolescentes, especialmente para aquellos

en situación de desamparo; y

e) La inclusión, en su caso, de quienes ejerzan la patria potestad, tutela o guarda y custodia

de niñas, niños y adolescentes en las medidas de rehabilitación y asistencia;

II. Prestar asesoría y representación en suplencia a niñas, niños y adolescentes

involucrados en procedimientos judiciales o administrativos, sin perjuicio de las atribuciones

que le correspondan al Ministerio Público, así como intervenir oficiosamente, con

representación coadyuvante, en todos los procedimientos jurisdiccionales y administrativos

en que participen estos, de conformidad con lo dispuesto en la Ley General, esta Ley y

demás disposiciones aplicables;

III. Coordinar la ejecución y dar seguimiento a las medidas de protección para la restitución

integral de los derechos de niñas, niños y adolescentes, a fin de que las instituciones

competentes actúen de manera oportuna y articulada;

IV. Fungir como conciliador, mediador o evaluador neutral en casos de conflicto familiar,

cuando los derechos de niñas, niños y adolescentes hayan sido restringidos o vulnerados,

conforme a las disposiciones aplicables. La conciliación no procederá en casos de violencia;

V. Aplicar medidas de protección en caso de riesgo o violación de los derechos de niñas,

niños y adolescentes por falta, omisión de abuso de quienes ejerzan la patria potestad,

tutela o guarda y custodia.

Cuando se presente alguno de estos supuestos y no exista un pronunciamiento judicial

respecto de dichas medidas de protección, la Procuraduría tramitará ante el Juzgado

competente, lo siguiente:

a. La suspensión del régimen de visitas;

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b. La suspensión del cuidado, la guarda y el depósito provisional;

c. La suspensión provisional de la administración de bienes de niñas, niños y adolescentes;

y

d. Cualquier otra medida tendente a garantizar los derechos de niñas, niños y adolescentes

atendiendo su interés superior;

VI. Denunciar dentro de las siguientes 24 horas de las que se tenga conocimiento de

aquellos hechos que se presuman constitutivos de delito en su contra;

VII. Solicitar al Ministerio Público competente la imposición de me didas urgentes de

protección especial idóneas, cuando exista un riesgo inminente contra la vida, integridad o

libertad de niñas, niños y adolescentes, quien deberá decretarlas a más tardar durante las

siguientes 3 horas a la recepción de la solicitud, dand o aviso de inmediato a la autoridad

jurisdiccional competente. Son medidas urgentes de protección especial en la materia,

además de las establecidas en el Código Nacional de Procedimientos Penales, las

siguientes:

a) El ingreso de una niña, niño o adolescente a un Centro de Asistencia Social, y

b) La atención médica inmediata por parte de alguna institución del Sistema Estatal de

Salud.

Dentro de las 24 horas siguientes a la imposición de la medida urgente de protección, el

órgano jurisdiccional competente deberá pronunciarse sobre la cancelación, ratificación o

modificación de la medida que se encuentre vigente;

VIII. Ordenar, fundada y motivadamente, bajo su más estricta responsabilidad, la aplicación

de medidas urgentes de protección especial estable cidas en la fracción anterior, cuando

exista riesgo inminente contra la vida, integridad o libertad de niñas, niños o adolescentes,

dando aviso de inmediato al ministerio público y a la autoridad jurisdiccional competente.

Dentro de las 24 horas siguiente s a la imposición de la medida urgente de protección el

órgano jurisdiccional competente deberá pronunciarse sobre la cancelación, ratificación o

modificación de la medida que se encuentre vigente.

Para la imposición de las medidas urgentes de protección, la Procuraduría de Protección

podrá solicitar el auxilio de las instituciones policiales competentes.

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En caso de incumplimiento de las medidas urgentes de protección, el Procurador de

Protección podrá solicitar la imposición de las medidas de apremio cor respondientes a la

autoridad competente;

IX. Promover la participación de los sectores público, social y privado en la planificación y

ejecución de acciones a favor de la atención, defensa y protección de niñas, niños y

adolescentes;

X. Proceder a verificar el abandono o exposición de una niña, niño o adolescente del que

tenga conocimiento , y habiéndolo comprobado, deberá presentar la denuncia

correspondiente ante el Ministerio Público, a efecto de que se levante un acta

pormenorizada en la que consten las circunstancias con las que se acredite tal hecho.

De inmediato, el Ministerio Público remitirá a la niña, niño o adolescente, dependiendo de

su edad y situación particular, dando prioridad a incorporarlo con algún familiar y en última

instancia a una instituc ión pública o privada para su resguardo, en tanto se agota la

investigación para localizar a los responsables de dicho abandono, debiendo, en todo caso,

iniciar los trámites judiciales correspondientes;

XI. Asesorar a las autoridades competentes y a los secto res público, social y privado en el

cumplimiento del marco normativo relativo a la protección de niñas, niños y adolescentes,

conforme a las disposiciones aplicables;

XII. Desarrollar los lineamentos y procedimientos a los que se sujetarán para la restitución

de sus derechos;

XIII. Proporcionar orientación, asesoría y representación jurídica en materia de derecho

familiar a personas en situación vulnerable, conforme a las demás facultades contenidas

en la Ley General y esta Ley;

XIV. Coadyuvar con el Sistema Estatal DIF en la elaboración de los lineamientos y

procedimientos para registrar, capacitar, evaluar y certificar a las familias que resulten

idóneas, considerando los requisitos señalados para el acogimiento pre-adoptivo, así como

para emitir los certificados de idoneidad;

XV. Proporcionar información para integrar y sistematizar el Registro Nacional de Centros

de Asistencia Social;

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XVI. Supervisar el debido funcionamiento de los Centros de Asistencia Social, y en su caso,

ejercer las acciones legales que correspondan por el incumplimiento de los requisitos que

establece la Ley General, esta Ley y demás disposiciones aplicables;

XVII. Inspeccionar la ejecución de las medidas especiales de protección de niñas, niños y

adolescentes que hayan sido separados de su familia de origen por resolución judicial;

XVIII. Realizar y promover estudios e investigaciones para fortalecer las acciones a favor

de su atención, defensa y protección, con el fin de difundirlos entre las autoridades

competentes y los sectores público, social y privado para su incorporación en los programas

respectivos;

XIX. Atender y prevenir la violencia familiar en coordinación con las instituciones y

autoridades públicas y privadas, organismos gubernamentales y no gubernamentales, de

acuerdo a sus posibilidades y recursos, conf orme a las atribuciones que le confiere la

legislación de la materia en el Estado;

XX. Orientar a las autoridades correspondientes del Estado para que den debido

cumplimiento al derecho a la identidad;

XXI. Remitir al Sistema Nacional DIF la información vinculada a niñas, niños y adolescentes

migrantes; y

XXII. Las demás que establezcan otras disposiciones en relación con la protección de

niñas, niños y adolescentes que sean del ámbito de su competencia.