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Ley de los Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes para el Estado de Hidalgo

Artículo 22 de la Ley de los Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes para el Estado de Hidalgo

Ordenamiento: Ley de los Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes para el Estado de Hidalgo · Ámbito: Hidalgo
Última reforma: 2026-10-16

Vigencia verificada: 10 de noviembre de 2026, contra la fuente oficial — ver la publicación oficial

Artículo 22. Niñas, niños y adolescentes tienen derecho a vivir en familia. La falta de recursos no podrá

considerarse motivo suficiente para separarlos de su familia de origen o de los familiares con los que

convivan, ni causa para la pérdida de la patria potestad.

Niñas, niños y adolescentes no podrán ser separados de las personas que ejerzan la patria potestad o de

sus tutores y, en términos de las disposiciones aplicables, de las personas que los tengan bajo su guarda

y custodia, salvo que medie orden de autoridad competente, en la que se determine la procedencia de la

separación, tales como la aplicación de medidas preventivas ante la ocurrencia de violencia vicaria o

cualquier tipo de violencia de género, la suspensión o pérdida de la patria potestad, o la restricción del

derecho de convivencia por alguna de las causas previstas en las leyes; las cuales deberán ser

establecidas mediante el debido proceso en el que se juzgue atendiendo al principio del interés superior

de la niñez y adolescencia y con perspectiva de género, garantizando el derecho de audiencia de todas

las partes involucradas. En todos los casos, se tendrá en cuenta la opinión de niñas, niños y

adolescentes conforme a su edad, desarrollo evolutivo, cognoscitivo y madurez.

Párrafo reformado, P.O. Alcance tres del 15 de junio de 2023.

Los casos en que las personas que ejerzan la patria potestad, por extrema pobreza o por necesidad de

ganarse el sustento lejos del lugar de residencia, tengan dificultades para atender a niñas, niños y

adolescentes de manera permanente, no serán considerados como supuestos de exposición o estado de

abandono, siempre que los mantengan al cuidado de otras personas, libres de violencia y provean su

subsistencia.

Las autoridades estatales y/o municipales, en el ámbito de sus respectivas competencias, están

obligadas a establecer políticas de fortalecimiento familiar para evitar la separación de niñas, niños y

adolescentes de su entorno familiar, de quienes ejerzan la patria potestad, tutela o guarda y custodia, y

para que en su caso sean atendidos a través de las medidas especiales de protección que dispone el

artículo 26.

Artículo 23. Niñas, niños y adolescentes cuyas familias estén separadas, tendrán derecho a convivir o

mantener relaciones personales y contacto directo con sus familiares de modo regular, excepto en los

casos en que el órgano jurisdiccional competente determine que ello es contrario al interés superior de la

niñez, sin perjuicio de las medidas cautelares y de protección que se dicten por las au toridades

competentes en los procedimientos respectivos, en los que se deberá garantizar el derecho de audiencia

de todas las partes involucradas, en especial de niñas, niños y adolescentes .

Quien ejerza la patria potestad, tutela, guarda o custodia deberá procurar el derecho de la niña, niño o

adolescente a vivir en familia, por lo que promoverá el acercamiento, respeto y adecuada convivencia con

ambos ascendientes, y deberá evitar cualquier acto de alienación parental, entendida esta como todo

acto de manipulación encaminado a producir en el menor rechazo, rencor, odio, miedo o desprecio en

contra de alguno de los progenitores.

Párrafo adicionado, P.O. Alcance uno del 9 de mayo de 2024.

Asimismo, niñas, niños y adolescentes tienen derecho a convivir con sus familiares cuando éstos se

encuentren privados de su libertad. Las autoridades competentes en materia jurisdiccional y penitenciaria

deberán garantizar este derecho y establecer las condiciones necesarias para que esta convivencia se

realice en forma adecuada, conforme a las disposiciones aplicables, debiendo para tal efecto emitir y

aplicar protocolos de actuación e intervención enfocados a garantizar la seguridad física y psicológica de

las niñas, niños y adolescentes que acuden a visitar a las personas en reclusión. Este derecho sólo podrá

ser restringido por resolución del órgano jurisdiccional competente, siempre y cuando no sea contrario al

interés superior de la niñez.

Párrafo recorrido, P.O. Alcance uno del 9 de mayo de 2024.

Párrafo reformado, P.O. Alcance uno del 9 de enero de 2025.

Las autoridades estatales y municipales, en los ámbitos de sus respectivas competencias, procurarán

brindar atención psicoemocional integral a las niñas, niños y adolescentes cuyas madres, padres, tutores

o personas con las que tengan algún vínculo familiar o afectivo, se encuentren en situación de reclusión.

Párrafo adicionado, P .O. Alcance uno del 9 de enero de 2025.

Fuente oficial: consultar publicación

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Jurisprudencia y tesis sobre este artículo

Versiones anteriores de este artículo

Histórico legislativo: se muestra para consulta, no forma parte de la búsqueda del texto vigente.

Texto anterior a la reforma (reforma publicada en el DOF el 2026-10-16)

Niñas, niños y adolescentes tienen derecho a vivir en familia. La falta de recursos no podrá

considerarse motivo suficiente para separarlos de su familia de origen o de los familiares con los que

convivan, ni causa para la pérdida de la patria potestad.

Niñas, niños y adolescentes no podrán ser separados de las personas que ejerzan la patria potestad o de

sus tutores y, en términos de las disposiciones aplicables, de las personas que los tengan bajo su guarda

y custodia, salvo que medie orden de autoridad competente, en la que se determine la procedencia de la

separación, tales como la aplicación de medidas preventivas ante la ocurrencia de violencia vicaria o

cualquier tipo de violencia de género, la suspensión o pérdida de la patria potestad, o la restricción del

derecho de convivencia por alguna de las causas previstas en las leyes; las cuales deberán ser

establecidas mediante el debido proceso en el que se juzgue atendiendo al principio del interés superior

de la niñez y adolescencia y con perspectiva de género, garantizando el derecho de audiencia de todas

las partes involucradas. En todos los casos, se tendrá en cuenta la opinión de niñas, niños y

adolescentes conforme a su edad, desarrollo evolutivo, cognoscitivo y madurez.

Párrafo reformado, P.O. Alcance tres del 15 de junio de 2023.

Los casos en que las personas que ejerzan la patria potestad, por extrema pobreza o por necesidad de

ganarse el sustento lejos del lugar de residencia, tengan dificultades para atender a niñas, niños y

adolescentes de manera permanente, no serán considerados como supuestos de exposición o estado de

abandono, siempre que los mantengan al cuidado de otras personas, libres de violencia y provean su

subsistencia.

Las autoridades estatales y/o municipales, en el ámbito de sus respectivas competencias, están

obligadas a establecer políticas de fortalecimiento familiar para evitar la separación de niñas, niños y

adolescentes de su entorno familiar, de

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