Artículo 1 de la Ley de Movilidad Sostenible, de Accesibilidad y Seguridad Vial para el Estado de Nuevo León

Artículo 1. La presente Ley es de orden público e interés social y de observancia

general en el Estado, y tiene por objeto garan tizar el derecho humano a la

movilidad reconocido en el artículo 49 de la Constitución Política del Estado Libre y

Soberano de Nuevo León, en materia de movilidad y seguridad vial. Tiene por

objeto establecer las bases y principios para garantizar el derecho a la movilidad en

condiciones de seguridad vial, accesibilidad, eficiencia, sostenibilidad, calidad,

inclusión e igualdad.

Las disposiciones de esta Ley tienen por objetivos específicos:

“2019, AÑO DE LA LUCHA CONTRA LA VIOLENCIA HACIA LAS MUJERES”

Decreto Núm. 260 expedido por la LXXV Legislatura 2

I. Sentar las bases para la política de movilidad y seguridad vi al, bajo un enfoque

sistémico y de sistemas seguros, a través del Sistema Estatal de Movilidad y

Seguridad Vial y la información proporcionada por el Sistema de Información

Territorial y Urbano para priorizar el desplazamiento de las personas,

particularmente de los grupos en situación de vulnerabilidad, así como bienes y

mercancías, con base en la jerarquía de la movilidad señalada en esta Ley, que

disminuya los impactos negativos sociales, de discriminación y desigualdad,

económicos, a la salud, y al medi o ambiente, con el fin de reducir muertes y

lesiones graves ocasionadas por siniestros viales, para lo cual se debe preservar el

orden y la seguridad vial;

II. Definir mecanismos de coordinación entre las autoridades y la sociedad en

materia de movilidad y seguridad vial;

III. Establecer la concurrencia del Estado y de los Municipios en el ámbito de sus

respectivas competencias para garantizar y regular la movilidad en el territorio de

su competencia, así como la coordinación para la formulación de progra mas,

políticas, y ejecución de acciones en materia de movilidad y seguridad vial, así

como los mecanismos para su debida coordinación;

IV. Determinar los mecanismos que permitan la participación ciudadana efectiva en

materia de movilidad y seguridad vial , así como la creación de espacios e

instrumentos que garanticen la corresponsabilidad del gobierno y la ciudadanía en

la formulación, seguimiento y evaluación de la política pública en la materia;

V. Regular las concesiones para la prestación de los servi cios públicos de

transporte de pasajeros, los contratos administrativos de operación, así como los

permisos para la provisión de servicios para la movilidad y/o el transporte de carga

en el Estado, conforme a los principios rectores de racionalización, mod ernización,

uso adecuado y el mejor aprovechamiento de las vías, infraestructuras, servicios

conexos y equipamientos en beneficio de la sociedad;

VI. El incremento gradual de ciclo vías, ciclo carriles, ciclo estacionamientos,

biciestacionamientos, y demá s relativos al fomento al uso de la bicicleta como

medio de movilidad sostenible;

VII. Determinar los mecanismos y las acciones que promuevan y fomenten la

sensibilización, formación, y cultura de la movilidad y seguridad vial, que permitan

el ejercicio pleno de este derecho;

VIII. Vincular la política de movilidad y seguridad vial, con un enfoque integral de la

política de ordenamiento territorial y desarrollo urbano, y de manera transversal con

las políticas sectoriales aplicables;

IX. Definir la jera rquía de la movilidad y los principios rectores ante los cuales

deben sujetarse las autoridades competentes, en la implementación de esta Ley,

en la expedición de disposiciones reglamentarias y en la formulación y aplicación

de políticas, programas y acciones en la materia;

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X. Establecer las bases para priorizar los modos de transporte de personas, bienes

y mercancías, con menor costo ambiental y social, la movilidad no motorizada,

vehículos no contaminantes, y la intermodalidad;

XI. Establecer los mecani smos y las acciones para la gestión de factores de riesgo

que permitan reducir las muertes y lesiones graves ocasionadas por siniestros

viales, así como salvaguardar la vida e integridad física de las personas usuarias

del sistema de movilidad, bajo un enfoque de sistemas seguros, y

XII. Promover la toma de decisiones con base en evidencia científica y territorial en

materia de movilidad y seguridad vial.