Ley de Movilidad Sostenible, de Accesibilidad y Seguridad Vial para el Estado de Nuevo León
Artículo 5 de la Ley de Movilidad Sostenible, de Accesibilidad y Seguridad Vial para el Estado de Nuevo León
Vigencia verificada: 9 de noviembre de 2026, contra la fuente oficial — ver la publicación oficial
Artículo 5. El Estado proporcionará los medios necesarios pa ra que las personas
puedan elegir libremente la forma de trasladarse a fin de acceder a los bienes,
servicios y oportunidades que ofrecen los Centros de Población.
Para la planeación, diseño e implementación de las políticas públicas, planes y
programas en materia de movilidad se considerará el nivel de vulnerabilidad de los
usuarios, las externalidades que genera cada modo de transporte y su contribución
a la productividad. Se otorgará prioridad en la utilización del espacio vial y se
garantizará la distr ibución de recursos presupuestales de acuerdo a la siguiente
jerarquía de movilidad:
I. Personas peatonas, con un enfoque equitativo y diferenciado en razón de género,
que dé prioridad a personas con discapacidad y movilidad reducida;
II. Personas ciclistas y personas usuarias del transporte no motorizado y medios de
micromovilidad;
III. Personas usuarias del servicio de transporte público y privado de pasajeros;
IV. Personas prestadoras del servicio de transporte público y privado de pasajeros
que utilicen energía limpia;
V. Personas prestadoras del servicio de transporte público y privado de pasajeros
que utilicen combustible fósil;
VI. Personas prestadoras del servicio de transporte de carga y distribución de
bienes y mercancías; y
VII. Personas usuarias de vehículos motorizados particulares.
Las autoridades del Estado y los Municipios establecerán en sus respectivos
reglamentos el uso prioritario de la vía a vehículos que presten servicios de
emergencia, cuando la situación así lo requiera.
“2019, AÑO DE LA LUCHA CONTRA LA VIOLENCIA HACIA LAS MUJERES”
Decreto Núm. 260 expedido por la LXXV Legislatura 9
En el ámbito de sus atribuciones, las autoridades en materia de movilidad deben
contemplar lo dispuesto en este artículo como referente y fin último en la
elaboración de políticas públicas y programas, procurando en todo momento su
cumplimiento y protección.
El Estado y los municipios deberán vigilar, regular, y sancionar aquellos hechos que
se constituyan como factores de riesgo para la movilidad según los criterios
técnicos y prácticos para la prevención de accidentes basados en comprobación
científica, así como los mecanismos apropiados para dicho fin, previstos en el
Reglamento.
(ADICIONADO, P.O.22 DE MAYO DE 2026)
Fuente oficial: consultar publicación
Versiones anteriores de este artículo
Histórico legislativo: se muestra para consulta, no forma parte de la búsqueda del texto vigente.
Texto anterior a la reforma (cambio detectado en la fuente oficial el 2026-07-24)
Artículo 5. El Estado proporcionará los medios necesari os para que las personas
puedan elegir libremente la forma de trasladarse a fin de acceder a los bienes,
servicios y oportunidades que ofrecen los Centros de Población.
Para la planeación, diseño e implementación de las políticas públicas, planes y
programas en materia de movilidad se considerará el nivel de vulnerabilidad de los
usuarios, las externalidades que genera cada modo de transporte y su contribución
a la productividad. Se otorgará prioridad en la utilización del espacio vial y se
garantizará la distribución de recursos presupuestales de acuerdo a la siguiente
jerarquía de movilidad:
I. Personas peatonas, con un enfoque equitativo y diferenciado en razón de género,
que dé prioridad a personas con discapacidad y movilidad reducida;
II. Personas ciclistas y personas usuarias del transporte no motorizado y medios de
micromovilidad;
III. Personas usuarias del servicio de transporte público y privado de pasajeros;
IV. Personas prestadoras del servicio de transporte público y privado de pasajeros
que utilicen energía limpia;
V. Personas prestadoras del servicio de transporte público y privado de pasajeros
que utilicen combustible fósil;
VI. Personas prestadoras del servicio de transporte de carga y distribución de
bienes y mercancías; y
VII. Personas usuarias de vehículos motorizados particulares.
“2019, AÑO DE LA LUCHA CONTRA LA VIOLENCIA HACIA LAS MUJERES”
Decreto Núm. 260 expedido por la LXXV Legislatura 9
Las autoridades del Estado y los Municipios establecerán en sus respectivos
reglamentos el uso prioritario de la vía a vehículos que presten servicios de
emergencia, cuando la situación así lo requiera.
En el ámbito de sus atribuciones, las autoridades en materia de movilidad deben
contemplar lo dispuesto en este artículo como referente y fin último en la
elaboración de políticas públicas y programas, procurando en todo momento su
cumplimiento y protección.
El Estado y los municipios deberán vigilar, regular, y sancionar aquellos hechos que
se constituyan como factores de riesgo para la movilidad según los criterios
técnicos y prácticos para la prevención de accidentes basados en comprobación
científica, así como los mecanismos apropiados para dicho fin, previstos en el
Reglamento.
CAPÍTULO SEGUNDO
PRINCIPIOS
(REFORMADO, P.O. 24 DE NOVIEMBRE DE 2023)
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