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Ley de Movilidad Sostenible, de Accesibilidad y Seguridad Vial para el Estado de Nuevo León

Artículo 6 de la Ley de Movilidad Sostenible, de Accesibilidad y Seguridad Vial para el Estado de Nuevo León

Ordenamiento: Ley de Movilidad Sostenible, de Accesibilidad y Seguridad Vial para el Estado de Nuevo León · Ámbito: Nuevo León
Última reforma: 2026-10-30

Vigencia verificada: 9 de noviembre de 2026, contra la fuente oficial — ver la publicación oficial

Artículo 6. El Estado y los Municipios, al diseñar e implementar sus pr ogramas,

políticas, acciones de accesibilidad, movilidad y seguridad vial, observarán los

principios siguientes:

I. Accesibilidad: Garantizar el acceso pleno en igualdad de condiciones, con

dignidad y autonomía a todas las personas al espacio público, inf raestructura,

servicios, vehículos, transporte público y los sistemas de movilidad, tanto en zonas

urbanas como rurales, mediante la identificación y eliminación de obstáculos y

barreras de acceso, discriminación, exclusiones, restricciones físicas, cultur ales,

económicas, así como el uso de ajustes razonables, ayudas técnicas y animales de

asistencia, con especial atención a personas con discapacidad, movilidad reducida

y grupos en situación de vulnerabilidad;

II. Asequibilidad: Garantizar condiciones ópt imas para que las personas tengan

acceso a los bienes y servicios de movilidad a un precio justo, a fin de incentivar el

uso de los mismos y favorecer la economía personal de los usuarios;

III. Calidad: Garantizar que los sistemas de movilidad, infraestru ctura, servicios,

vehículos y transporte público cuenten con los requerimientos y las condiciones

para su óptimo funcionamiento con propiedades aceptables para satisfacer las

necesidades de las personas;

IV. Concurrencia de órdenes de gobierno: La coordinación de todas las autoridades

en el ámbito de sus atribuciones en el cumplimiento de los objetivos de la presente

Ley;

V. Confiabilidad: Las personas usuarias de los servicios de transporte deben tener

la certeza de que los tiempos de recorrido, los hora rios de operación y los puntos

de abordaje y descenso son predefinidos y seguros, de manera que se puedan

planear los recorridos de mejor forma;

VI. Diseño universal: Todos los componentes de los sistemas de movilidad deben

seguir los criterios de diseño universal, a fin de incluir a todas las personas,

independientemente de su condición y en igualdad de oportunidades, en el uso y

goce de las calles y los servicios de movilidad, de acuerdo con las condiciones de

cada centro de población; así como otorgarles las condiciones mínimas de

infraestructura necesarias para ejercer el derecho a la movilidad;

VII. Eficiencia: Maximizar los desplazamientos ágiles y asequibles, tanto de

personas usuarias como de bienes y mercancías, optimizando los recursos

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ambientales y económicos disponible , sin que su diseño y operación produzcan

externalidades negativas;

VIII. Equidad: Reconocer condiciones y aspiraciones diferenciadas para lograr el

ejercicio de iguales derechos y oportunidades, para todas las personas,

especialmente los grupos en situación de vulnerabilidad;

IX. Espacio Público: Generar condiciones para que el espacio público cumpla la

función de articular los servicios, equipamientos, e infraestructura para la movilidad

sostenible y la habitabilidad;

X. Habitabilidad: Generar condiciones para que las vías cumplan con las funciones

de movilidad y creación de espacio público de calidad, a través de la interacción

social, la diversidad de actividades y la articulación de servicios, equipamientos e

infraestructura;

XI. Igualdad e Inclusión: El Estado atenderá de forma incluyente, igualitaria y sin

discriminación las necesidades de todas las personas en sus desplazamientos en

el espacio público, infraestructura, servicios, vehículos, transporte público y los

sistemas de movilidad;

XII. Innovación tecnológica: Emplear soluciones apoyadas en tecnología de punta,

para almacenar, procesar, distribuir información que permita contar con nuevos

sistemas, aplicaciones y/o servicios que contribuyan a una gestión eficiente,

tendiente a la automatización y reducción de los errores en los desplazamientos;

XIII. Movilidad activa: La promoción de ciudades caminables, así como el uso de la

bicicleta y otros modos de transporte no motorizados, como alternativas que

fomenten la salud pública, la proximidad y la disminución de emisiones

contaminantes;

XIV. Multimodalidad: Ofrecer múltiples modos y servicios de transporte para todas

las personas usuarias, los cuales deben articularse e integrarse entre sí, y con la

estructura urbana, proporcionar a menor costo un recorrido de mayor distancia, con

disponibilidad, velocidad, y accesibilidad, para reducir la dependencia del vehículo

particular motorizado;

XV. Participación: Establecer mecanismos para que la sociedad, organismos

empresariales de la iniciativa privada, así como a las organizaciones sociales y

civiles, cuando se atiendan o discutan programas y proyectos que se refieran o

afecten a alguno de dichos sectores, se involucre activamente en cada etapa del

ciclo de la creación de política pública en materia de movilidad y seguridad vial, en

un esquema basado en la implementación de metodologías de cocreación

enfocadas en resolver las necesidades de las personas, y así establecer un

sistema de movilidad basado en soluciones colectivas que promuevan nuevos

hábitos de movilidad, a través de la aportación de diversos actores sociales en el

ámbito de sus capacidades y nivel de responsabilidad;

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XVI. Perspectiva de género: Visión científica, analítica y política que busca eliminar

las caus as de la desigualdad, la injusticia y la jerarquización de las personas

basada en el género y que promueve la igualdad entre mujeres y hombres;

XVII. Progresividad: Garantizar que el derecho a la movilidad y sus derechos

relacionados, estén en constante e volución, promoviéndolos de manera progresiva

y gradual e incrementando constantemente el grado de su tutela, respeto,

protección y garantía;

XVIII. Resiliencia: Lograr que el sistema de movilidad tenga capacidad para

soportar situaciones fortuitas o de fuerza mayor, con una recuperación breve y de

bajo costo, tanto para la sociedad como para el medio ambiente;

XIX. Seguridad: Se deberá proteger la vida y la integridad física de las personas en

sus desplazamientos bajo el principio de que toda muerte o le sión por siniestros de

tránsito es prevenible;

XX. Seguridad Vial: Privilegiar las acciones de prevención de hechos de tránsito

durante los desplazamientos, con el fin de proteger la integridad física de las

personas y evitar la afectación a los bienes públicos y privados;

XXI. Seguridad Vehicular: Aspecto de la seguridad vial enfocado en el desempeño

de protección que brinda un vehículo de motor a las personas pasajeras y usuarias

vulnerables, y demás usuarias de la vía, contra el riesgo de muerte o lesi ones

graves en caso de siniestro;

XXII. Sostenibilidad y Energías Limpias: Satisfacer las necesidades de movilidad y

solucionar los desplazamientos de personas y sus bienes, procurando los menores

impactos negativos en el medio ambiente y la calidad de vi da de las personas,

garantizando un beneficio continuo para las generaciones actuales y futuras,

minimizando los efectos negativos y favoreciendo la calidad de vida y el medio

ambiente, incentivando el uso de transporte público y no motorizado, e impulsar el

uso de energías limpias y la electromovilidad en los medios de transporte;

XXIII. Transparencia y rendición de cuentas: Poner al alcance de los ciudadanos la

información relacionada con el uso de los recursos públicos y de los recursos

privados derivados de la prestación del servicio de transporte público a través de

particulares. La información relacionada con tarifas del transporte público de

pasajeros será considerada como pública, incluyendo la relativa a su recaudo por

los prestadores del servicio, así como el estudio, dictaminación, discusión y

resolución de sus incrementos. Garantizar la máxima publicidad y acceso a la

información relacionada con la movilidad y la seguridad vial, así como sobre el

ejercicio presupuestal y cumplimiento de la normat iva, de conformidad con lo

establecido en la Ley de la materia;

XXIV. Transversalidad: Instrumentar e integrar las políticas, programas y acciones

en materia de movilidad y seguridad vial, desarrollados por las distintas

dependencias y Entidades de la adm inistración pública, que proveen bienes y

servicios a la población, poniendo especial atención a los grupos en situación de

vulnerabilidad; y

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XXV. Uso prioritario de la vía o del servicio: Concientizar a personas usuarias de la

vía y transporte público so bre la necesidad que tienen las personas con

discapacidad, las personas con movilidad reducida y quien les acompaña, de usar

en determinadas circunstancias, las vías de manera preferencial con el fin de

garantizar su seguridad.

Fuente oficial: consultar publicación

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Versiones anteriores de este artículo

Histórico legislativo: se muestra para consulta, no forma parte de la búsqueda del texto vigente.

Texto anterior a la reforma (cambio detectado en la fuente oficial el 2026-07-24)

Artículo 6. El Estado y los Municipios, al diseñar e implementar sus programas,

políticas, acciones de accesibilidad, movilidad y seguridad vial, observarán los

principios siguientes:

I. Accesibilidad: Garantizar el acceso pleno en igualdad de condiciones, con

dignidad y autonomía a todas las personas al espacio público, infraestructura,

servicios, vehículos, transporte público y los sistemas de movilidad, tanto en zonas

urbanas como rurales, mediante la identificación y eliminación de obstáculos y

barreras de acceso, discriminación, exclusiones, restricciones físicas, culturales,

económicas, así como el uso de ajustes razonables, ayudas técnicas y animales de

asistencia, con especial atención a personas con discapacidad, movilidad reducida

y grupos en situación de vulnerabilidad;

II. Asequibilidad: Garantizar condiciones óptimas para que las personas tenga n

acceso a los bienes y servicios de movilidad a un precio justo, a fin de incentivar el

uso de los mismos y favorecer la economía personal de los usuarios;

III. Calidad: Garantizar que los sistemas de movilidad, infraestructura, servicios,

vehículos y tr ansporte público cuenten con los requerimientos y las condiciones

para su óptimo funcionamiento con propiedades aceptables para satisfacer las

necesidades de las personas;

IV. Concurrencia de órdenes de gobierno: La coordinación de todas las autoridades

en el ámbito de sus atribuciones en el cumplimiento de los objetivos de la presente

Ley;

V. Confiabilidad: Las personas usuarias de los servicios de transporte deben tener

la certeza de que los tiempos de recorrido, los horarios de operación y los puntos

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de abordaje y descenso son predefinidos y seguros, de manera que se puedan

planear los recorridos de mejor forma;

VI. Diseño universal: Todos los componentes de los sistemas de movilidad deben

seguir los criterios de diseño universal, a fin de incluir a to das las personas,

independientemente de su condición y en igualdad de oportunidades, en el uso y

goce de las calles y los servicios de movilidad, de acuerdo con las condiciones de

cada centro de población; así como otorgarles las condiciones mínimas de

infraestructura necesarias para ejercer el derecho a la movilidad;

VII. Eficiencia: Maximizar los desplazamientos ágiles y asequibles, tanto de

personas usuarias como de bienes y mercancías, optimizando los recursos

ambientales y económicos disponible , sin q ue su diseño y operación produzcan

externalidades negativas;

VIII. Equidad: Reconocer condiciones y aspiraciones diferenciadas para lograr el

ejercicio de iguales derechos y oportunidades, para todas las personas,

especialmente los grupos en situación de vulnerabilidad;

IX. Espacio Público: Generar condiciones para que el espacio público cumpla la

función de articular los servicios, equipamientos, e infraestructura para la movilidad

sostenible y la habitabilidad;

X. Habitabilidad: Generar condiciones par a que las vías cumplan con las funciones

de movilidad y creación de espacio público de calidad, a través de la interacción

social, la diversidad de actividades y la articulación de servicios, equipamientos e

infraestructura;

XI. Igualdad e Inclusión: El E stado atenderá de forma incluyente, igualitaria y sin

discriminación las necesidades de todas las personas en sus desplazamientos en

el espacio público, infraestructura, servicios, vehículos, transporte público y los

sistemas de movilidad;

XII. Innovación tecnológica: Emplear soluciones apoyadas en tecnología de punta,

para almacenar, procesar, distribuir información que permita contar con nuevos

sistemas, aplicaciones y/o servicios que contribuyan a una gestión eficiente,

tendiente a la automatización y reducción de los errores en los desplazamientos;

XIII. Movilidad activa: La promoción de ciudades caminables, así como el uso de la

bicicleta y otros modos de transporte no motorizados, como alternativas que

fomenten la salud pública, la proximidad y la di sminución de emisiones

contaminantes;

XIV. Multimodalidad: Ofrecer múltiples modos y servicios de transporte para todas

las personas usuarias, los cuales deben articularse e integrarse entre sí, y con la

estructura urbana, proporcionar a menor costo un recorrido de mayor distancia, con

disponibilidad, velocidad, y accesibilidad, para reducir la dependencia del vehículo

particular motorizado;

“2019, AÑO DE LA LUCHA CONTRA LA VIOLENCIA HACIA LAS MUJERES”

Decreto Núm. 260 expedido por la LXXV Legislatura 11

XV. Participación: Establecer mecanismos para que la sociedad, organismos

empresariales de la iniciativa privada, a sí como a las organizaciones sociales y

civiles, cuando se atiendan o discutan programas y proyectos que se refieran o

afecten a alguno de dichos sectores, se involucre activamente en cada etapa del

ciclo de la creación de política pública en materia de mo vilidad y seguridad vial, en

un esquema basado en la implementación de metodologías de cocreación

enfocadas en resolver las necesidades de las personas, y así establecer un

sistema de movilidad basado en soluciones colectivas que promuevan nuevos

hábitos de movilidad, a través de la aportación de diversos actores sociales en el

ámbito de sus capacidades y nivel de responsabilidad;

XVI. Perspectiva de género: Visión científica, analítica y política que busca eliminar

las causas de la desigualdad, la injusti cia y la jerarquización de las personas

basada en el género y que promueve la igualdad entre mujeres y hombres;

XVII. Progresividad: Garantizar que el derecho a la movilidad y sus derechos

relacionados, estén en constante evolución, promoviéndolos de mane ra progresiva

y gradual e incrementando constantemente el grado de su tutela, respeto,

protección y garantía;

XVIII. Resiliencia: Lograr que el sistema de movilidad tenga capacidad para

soportar situaciones fortuitas o de fuerza mayor, con una recuperación breve y de

bajo costo, tanto para la sociedad como para el medio ambiente;

XIX. Seguridad: Se deberá proteger la vida y la integridad física de las personas en

sus desplazamientos bajo el principio de que toda muerte o lesión por siniestros de

tránsito es prevenible;

XX. Seguridad Vial: Privilegiar las acciones de prevención de hechos de tránsito

durante los desplazamientos, con el fin de proteger la integridad física de las

personas y evitar la afectación a los bienes públicos y privados;

XXI. Seguridad Vehicular: Aspecto de la seguridad vial enfocado en el desempeño

de protección que brinda un vehículo de motor a las personas pasajeras y usuarias

vulnerables, y demás usuarias de la vía, contra el riesgo de muerte o lesiones

graves en caso de siniestro;

XXII. Sostenibilidad y Energías Limpias: Satisfacer las necesidades de movilidad y

solucionar los desplazamientos de personas y sus bienes, procurando los menores

impactos negativos en el medio ambiente y la calidad de vida de las personas,

garantizando un beneficio continuo para las generaciones actuales y futuras,

minimizando los efectos negativos y favoreciendo la calidad de vida y el medio

ambiente, incentivando el uso de transporte público y no motorizado, e impulsar el

uso de energías limpias y la electromovilidad en los medios de transporte;

XXIII. Transparencia y rendición de cuentas: Poner al alcance de los ciudadanos la

información relacionada con el uso de los recursos públicos y de los recursos

privados derivados de la prestación del servicio de transporte público a través de

particulares. La información relacionada con tarifas del transporte público de

pasajeros será considerada como pública, incluyendo la relativa a su recaudo por

“2019, AÑO DE LA LUCHA CONTRA LA VIOLENCIA HACIA LAS MUJERES”

Decreto Núm. 260 expedido por la LXXV Legislatura 12

los prestadores del servicio, así como el estudio, dictaminac ión, discusión y

resolución de sus incrementos. Garantizar la máxima publicidad y acceso a la

información relacionada con la movilidad y la seguridad vial, así como sobre el

ejercicio presupuestal y cumplimiento de la normativa, de conformidad con lo

establecido en la Ley de la materia;

XXIV. Transversalidad: Instrumentar e integrar las políticas, programas y acciones

en materia de movilidad y seguridad vial, desarrollados por las distintas

dependencias y Entidades de la administración pública, que proveen bienes y

servicios a la población, poniendo especial atención a los grupos en situación de

vulnerabilidad; y

XXV. Uso prioritario de la vía o del servicio: Concientizar a personas usuarias de la

vía y transporte público sobre la necesidad que tienen las personas con

discapacidad, las personas con movilidad reducida y quien les acompaña, de usar

en determinadas circunstancias, las vías de manera preferencial con el fin de

garantizar su seguridad.

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