Ley de Movilidad Sostenible, de Accesibilidad y Seguridad Vial para el Estado de Nuevo León
Artículo 6 de la Ley de Movilidad Sostenible, de Accesibilidad y Seguridad Vial para el Estado de Nuevo León
Vigencia verificada: 9 de noviembre de 2026, contra la fuente oficial — ver la publicación oficial
Artículo 6. El Estado y los Municipios, al diseñar e implementar sus pr ogramas,
políticas, acciones de accesibilidad, movilidad y seguridad vial, observarán los
principios siguientes:
I. Accesibilidad: Garantizar el acceso pleno en igualdad de condiciones, con
dignidad y autonomía a todas las personas al espacio público, inf raestructura,
servicios, vehículos, transporte público y los sistemas de movilidad, tanto en zonas
urbanas como rurales, mediante la identificación y eliminación de obstáculos y
barreras de acceso, discriminación, exclusiones, restricciones físicas, cultur ales,
económicas, así como el uso de ajustes razonables, ayudas técnicas y animales de
asistencia, con especial atención a personas con discapacidad, movilidad reducida
y grupos en situación de vulnerabilidad;
II. Asequibilidad: Garantizar condiciones ópt imas para que las personas tengan
acceso a los bienes y servicios de movilidad a un precio justo, a fin de incentivar el
uso de los mismos y favorecer la economía personal de los usuarios;
III. Calidad: Garantizar que los sistemas de movilidad, infraestru ctura, servicios,
vehículos y transporte público cuenten con los requerimientos y las condiciones
para su óptimo funcionamiento con propiedades aceptables para satisfacer las
necesidades de las personas;
IV. Concurrencia de órdenes de gobierno: La coordinación de todas las autoridades
en el ámbito de sus atribuciones en el cumplimiento de los objetivos de la presente
Ley;
V. Confiabilidad: Las personas usuarias de los servicios de transporte deben tener
la certeza de que los tiempos de recorrido, los hora rios de operación y los puntos
de abordaje y descenso son predefinidos y seguros, de manera que se puedan
planear los recorridos de mejor forma;
VI. Diseño universal: Todos los componentes de los sistemas de movilidad deben
seguir los criterios de diseño universal, a fin de incluir a todas las personas,
independientemente de su condición y en igualdad de oportunidades, en el uso y
goce de las calles y los servicios de movilidad, de acuerdo con las condiciones de
cada centro de población; así como otorgarles las condiciones mínimas de
infraestructura necesarias para ejercer el derecho a la movilidad;
VII. Eficiencia: Maximizar los desplazamientos ágiles y asequibles, tanto de
personas usuarias como de bienes y mercancías, optimizando los recursos
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ambientales y económicos disponible , sin que su diseño y operación produzcan
externalidades negativas;
VIII. Equidad: Reconocer condiciones y aspiraciones diferenciadas para lograr el
ejercicio de iguales derechos y oportunidades, para todas las personas,
especialmente los grupos en situación de vulnerabilidad;
IX. Espacio Público: Generar condiciones para que el espacio público cumpla la
función de articular los servicios, equipamientos, e infraestructura para la movilidad
sostenible y la habitabilidad;
X. Habitabilidad: Generar condiciones para que las vías cumplan con las funciones
de movilidad y creación de espacio público de calidad, a través de la interacción
social, la diversidad de actividades y la articulación de servicios, equipamientos e
infraestructura;
XI. Igualdad e Inclusión: El Estado atenderá de forma incluyente, igualitaria y sin
discriminación las necesidades de todas las personas en sus desplazamientos en
el espacio público, infraestructura, servicios, vehículos, transporte público y los
sistemas de movilidad;
XII. Innovación tecnológica: Emplear soluciones apoyadas en tecnología de punta,
para almacenar, procesar, distribuir información que permita contar con nuevos
sistemas, aplicaciones y/o servicios que contribuyan a una gestión eficiente,
tendiente a la automatización y reducción de los errores en los desplazamientos;
XIII. Movilidad activa: La promoción de ciudades caminables, así como el uso de la
bicicleta y otros modos de transporte no motorizados, como alternativas que
fomenten la salud pública, la proximidad y la disminución de emisiones
contaminantes;
XIV. Multimodalidad: Ofrecer múltiples modos y servicios de transporte para todas
las personas usuarias, los cuales deben articularse e integrarse entre sí, y con la
estructura urbana, proporcionar a menor costo un recorrido de mayor distancia, con
disponibilidad, velocidad, y accesibilidad, para reducir la dependencia del vehículo
particular motorizado;
XV. Participación: Establecer mecanismos para que la sociedad, organismos
empresariales de la iniciativa privada, así como a las organizaciones sociales y
civiles, cuando se atiendan o discutan programas y proyectos que se refieran o
afecten a alguno de dichos sectores, se involucre activamente en cada etapa del
ciclo de la creación de política pública en materia de movilidad y seguridad vial, en
un esquema basado en la implementación de metodologías de cocreación
enfocadas en resolver las necesidades de las personas, y así establecer un
sistema de movilidad basado en soluciones colectivas que promuevan nuevos
hábitos de movilidad, a través de la aportación de diversos actores sociales en el
ámbito de sus capacidades y nivel de responsabilidad;
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XVI. Perspectiva de género: Visión científica, analítica y política que busca eliminar
las caus as de la desigualdad, la injusticia y la jerarquización de las personas
basada en el género y que promueve la igualdad entre mujeres y hombres;
XVII. Progresividad: Garantizar que el derecho a la movilidad y sus derechos
relacionados, estén en constante e volución, promoviéndolos de manera progresiva
y gradual e incrementando constantemente el grado de su tutela, respeto,
protección y garantía;
XVIII. Resiliencia: Lograr que el sistema de movilidad tenga capacidad para
soportar situaciones fortuitas o de fuerza mayor, con una recuperación breve y de
bajo costo, tanto para la sociedad como para el medio ambiente;
XIX. Seguridad: Se deberá proteger la vida y la integridad física de las personas en
sus desplazamientos bajo el principio de que toda muerte o le sión por siniestros de
tránsito es prevenible;
XX. Seguridad Vial: Privilegiar las acciones de prevención de hechos de tránsito
durante los desplazamientos, con el fin de proteger la integridad física de las
personas y evitar la afectación a los bienes públicos y privados;
XXI. Seguridad Vehicular: Aspecto de la seguridad vial enfocado en el desempeño
de protección que brinda un vehículo de motor a las personas pasajeras y usuarias
vulnerables, y demás usuarias de la vía, contra el riesgo de muerte o lesi ones
graves en caso de siniestro;
XXII. Sostenibilidad y Energías Limpias: Satisfacer las necesidades de movilidad y
solucionar los desplazamientos de personas y sus bienes, procurando los menores
impactos negativos en el medio ambiente y la calidad de vi da de las personas,
garantizando un beneficio continuo para las generaciones actuales y futuras,
minimizando los efectos negativos y favoreciendo la calidad de vida y el medio
ambiente, incentivando el uso de transporte público y no motorizado, e impulsar el
uso de energías limpias y la electromovilidad en los medios de transporte;
XXIII. Transparencia y rendición de cuentas: Poner al alcance de los ciudadanos la
información relacionada con el uso de los recursos públicos y de los recursos
privados derivados de la prestación del servicio de transporte público a través de
particulares. La información relacionada con tarifas del transporte público de
pasajeros será considerada como pública, incluyendo la relativa a su recaudo por
los prestadores del servicio, así como el estudio, dictaminación, discusión y
resolución de sus incrementos. Garantizar la máxima publicidad y acceso a la
información relacionada con la movilidad y la seguridad vial, así como sobre el
ejercicio presupuestal y cumplimiento de la normat iva, de conformidad con lo
establecido en la Ley de la materia;
XXIV. Transversalidad: Instrumentar e integrar las políticas, programas y acciones
en materia de movilidad y seguridad vial, desarrollados por las distintas
dependencias y Entidades de la adm inistración pública, que proveen bienes y
servicios a la población, poniendo especial atención a los grupos en situación de
vulnerabilidad; y
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XXV. Uso prioritario de la vía o del servicio: Concientizar a personas usuarias de la
vía y transporte público so bre la necesidad que tienen las personas con
discapacidad, las personas con movilidad reducida y quien les acompaña, de usar
en determinadas circunstancias, las vías de manera preferencial con el fin de
garantizar su seguridad.
Fuente oficial: consultar publicación
Versiones anteriores de este artículo
Histórico legislativo: se muestra para consulta, no forma parte de la búsqueda del texto vigente.
Texto anterior a la reforma (cambio detectado en la fuente oficial el 2026-07-24)
Artículo 6. El Estado y los Municipios, al diseñar e implementar sus programas,
políticas, acciones de accesibilidad, movilidad y seguridad vial, observarán los
principios siguientes:
I. Accesibilidad: Garantizar el acceso pleno en igualdad de condiciones, con
dignidad y autonomía a todas las personas al espacio público, infraestructura,
servicios, vehículos, transporte público y los sistemas de movilidad, tanto en zonas
urbanas como rurales, mediante la identificación y eliminación de obstáculos y
barreras de acceso, discriminación, exclusiones, restricciones físicas, culturales,
económicas, así como el uso de ajustes razonables, ayudas técnicas y animales de
asistencia, con especial atención a personas con discapacidad, movilidad reducida
y grupos en situación de vulnerabilidad;
II. Asequibilidad: Garantizar condiciones óptimas para que las personas tenga n
acceso a los bienes y servicios de movilidad a un precio justo, a fin de incentivar el
uso de los mismos y favorecer la economía personal de los usuarios;
III. Calidad: Garantizar que los sistemas de movilidad, infraestructura, servicios,
vehículos y tr ansporte público cuenten con los requerimientos y las condiciones
para su óptimo funcionamiento con propiedades aceptables para satisfacer las
necesidades de las personas;
IV. Concurrencia de órdenes de gobierno: La coordinación de todas las autoridades
en el ámbito de sus atribuciones en el cumplimiento de los objetivos de la presente
Ley;
V. Confiabilidad: Las personas usuarias de los servicios de transporte deben tener
la certeza de que los tiempos de recorrido, los horarios de operación y los puntos
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de abordaje y descenso son predefinidos y seguros, de manera que se puedan
planear los recorridos de mejor forma;
VI. Diseño universal: Todos los componentes de los sistemas de movilidad deben
seguir los criterios de diseño universal, a fin de incluir a to das las personas,
independientemente de su condición y en igualdad de oportunidades, en el uso y
goce de las calles y los servicios de movilidad, de acuerdo con las condiciones de
cada centro de población; así como otorgarles las condiciones mínimas de
infraestructura necesarias para ejercer el derecho a la movilidad;
VII. Eficiencia: Maximizar los desplazamientos ágiles y asequibles, tanto de
personas usuarias como de bienes y mercancías, optimizando los recursos
ambientales y económicos disponible , sin q ue su diseño y operación produzcan
externalidades negativas;
VIII. Equidad: Reconocer condiciones y aspiraciones diferenciadas para lograr el
ejercicio de iguales derechos y oportunidades, para todas las personas,
especialmente los grupos en situación de vulnerabilidad;
IX. Espacio Público: Generar condiciones para que el espacio público cumpla la
función de articular los servicios, equipamientos, e infraestructura para la movilidad
sostenible y la habitabilidad;
X. Habitabilidad: Generar condiciones par a que las vías cumplan con las funciones
de movilidad y creación de espacio público de calidad, a través de la interacción
social, la diversidad de actividades y la articulación de servicios, equipamientos e
infraestructura;
XI. Igualdad e Inclusión: El E stado atenderá de forma incluyente, igualitaria y sin
discriminación las necesidades de todas las personas en sus desplazamientos en
el espacio público, infraestructura, servicios, vehículos, transporte público y los
sistemas de movilidad;
XII. Innovación tecnológica: Emplear soluciones apoyadas en tecnología de punta,
para almacenar, procesar, distribuir información que permita contar con nuevos
sistemas, aplicaciones y/o servicios que contribuyan a una gestión eficiente,
tendiente a la automatización y reducción de los errores en los desplazamientos;
XIII. Movilidad activa: La promoción de ciudades caminables, así como el uso de la
bicicleta y otros modos de transporte no motorizados, como alternativas que
fomenten la salud pública, la proximidad y la di sminución de emisiones
contaminantes;
XIV. Multimodalidad: Ofrecer múltiples modos y servicios de transporte para todas
las personas usuarias, los cuales deben articularse e integrarse entre sí, y con la
estructura urbana, proporcionar a menor costo un recorrido de mayor distancia, con
disponibilidad, velocidad, y accesibilidad, para reducir la dependencia del vehículo
particular motorizado;
“2019, AÑO DE LA LUCHA CONTRA LA VIOLENCIA HACIA LAS MUJERES”
Decreto Núm. 260 expedido por la LXXV Legislatura 11
XV. Participación: Establecer mecanismos para que la sociedad, organismos
empresariales de la iniciativa privada, a sí como a las organizaciones sociales y
civiles, cuando se atiendan o discutan programas y proyectos que se refieran o
afecten a alguno de dichos sectores, se involucre activamente en cada etapa del
ciclo de la creación de política pública en materia de mo vilidad y seguridad vial, en
un esquema basado en la implementación de metodologías de cocreación
enfocadas en resolver las necesidades de las personas, y así establecer un
sistema de movilidad basado en soluciones colectivas que promuevan nuevos
hábitos de movilidad, a través de la aportación de diversos actores sociales en el
ámbito de sus capacidades y nivel de responsabilidad;
XVI. Perspectiva de género: Visión científica, analítica y política que busca eliminar
las causas de la desigualdad, la injusti cia y la jerarquización de las personas
basada en el género y que promueve la igualdad entre mujeres y hombres;
XVII. Progresividad: Garantizar que el derecho a la movilidad y sus derechos
relacionados, estén en constante evolución, promoviéndolos de mane ra progresiva
y gradual e incrementando constantemente el grado de su tutela, respeto,
protección y garantía;
XVIII. Resiliencia: Lograr que el sistema de movilidad tenga capacidad para
soportar situaciones fortuitas o de fuerza mayor, con una recuperación breve y de
bajo costo, tanto para la sociedad como para el medio ambiente;
XIX. Seguridad: Se deberá proteger la vida y la integridad física de las personas en
sus desplazamientos bajo el principio de que toda muerte o lesión por siniestros de
tránsito es prevenible;
XX. Seguridad Vial: Privilegiar las acciones de prevención de hechos de tránsito
durante los desplazamientos, con el fin de proteger la integridad física de las
personas y evitar la afectación a los bienes públicos y privados;
XXI. Seguridad Vehicular: Aspecto de la seguridad vial enfocado en el desempeño
de protección que brinda un vehículo de motor a las personas pasajeras y usuarias
vulnerables, y demás usuarias de la vía, contra el riesgo de muerte o lesiones
graves en caso de siniestro;
XXII. Sostenibilidad y Energías Limpias: Satisfacer las necesidades de movilidad y
solucionar los desplazamientos de personas y sus bienes, procurando los menores
impactos negativos en el medio ambiente y la calidad de vida de las personas,
garantizando un beneficio continuo para las generaciones actuales y futuras,
minimizando los efectos negativos y favoreciendo la calidad de vida y el medio
ambiente, incentivando el uso de transporte público y no motorizado, e impulsar el
uso de energías limpias y la electromovilidad en los medios de transporte;
XXIII. Transparencia y rendición de cuentas: Poner al alcance de los ciudadanos la
información relacionada con el uso de los recursos públicos y de los recursos
privados derivados de la prestación del servicio de transporte público a través de
particulares. La información relacionada con tarifas del transporte público de
pasajeros será considerada como pública, incluyendo la relativa a su recaudo por
“2019, AÑO DE LA LUCHA CONTRA LA VIOLENCIA HACIA LAS MUJERES”
Decreto Núm. 260 expedido por la LXXV Legislatura 12
los prestadores del servicio, así como el estudio, dictaminac ión, discusión y
resolución de sus incrementos. Garantizar la máxima publicidad y acceso a la
información relacionada con la movilidad y la seguridad vial, así como sobre el
ejercicio presupuestal y cumplimiento de la normativa, de conformidad con lo
establecido en la Ley de la materia;
XXIV. Transversalidad: Instrumentar e integrar las políticas, programas y acciones
en materia de movilidad y seguridad vial, desarrollados por las distintas
dependencias y Entidades de la administración pública, que proveen bienes y
servicios a la población, poniendo especial atención a los grupos en situación de
vulnerabilidad; y
XXV. Uso prioritario de la vía o del servicio: Concientizar a personas usuarias de la
vía y transporte público sobre la necesidad que tienen las personas con
discapacidad, las personas con movilidad reducida y quien les acompaña, de usar
en determinadas circunstancias, las vías de manera preferencial con el fin de
garantizar su seguridad.
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