Artículo 1

Artículo 1. Esta Ley es de observancia general en el Estado y tiene por objeto determinar las competencias

de las autoridades estatales y municipales, en materia de responsabilidades administrativas de a las

personas servidoras públicas, sus obligaciones generales, las sanciones aplicables por las acciones u

omisiones en que estos incurran y las que correspondan a los particulares vinculados con faltas

administrativas graves, así como los procedimientos para su aplicación.

De manera específica:

I. Establecer los principios y obligaciones que rigen la actuación de los servidores públicos;

II. Establecer principios y mecanismos para fomentar una cultura de integridad pública, que promueva

el honesto y eficiente desempeño de la persona servidora pública y del particular que ofrezca sus

servicios a favor de uno o varios entes públicos;

III. Establecer las faltas administrativas graves y no graves de las personas servidoras públicas y

particulares, los procedimientos para la sanción correspondiente y las facultades de las autoridades

competentes para tal efecto;

IV. Determinar los mecanismos para la prevención, corrección e investigación de faltas administrativas

motivo de responsabilidades; y,

V. Crear las bases para que todo ente público establezca políticas eficaces de ética pública y

responsabilidad en el servicio público.

En el ámbito de los Poderes Ejecutivo, Legislativo y Judicial, los Órganos Constitucionalmente Autónomos,

así como en los Municipios, los Órganos Internos de Control correspondientes ejercerán las atribuciones

previstas en esta Ley.