Artículo 12 de la Ley de Seguridad y Servicios Sociales para los Servidores Públicos del Estado de Aguascalientes

Artículo 12.- El Patrimonio Inmobiliario del Instituto será de dos tipos:

I.El patrimonio inmobiliario de uso institucional que el Instituto destine para fines

administrativos, así como al servicio de afiliados y pensionados, el cual no podrá ser

enajenado sino con autorización previa de la Junta Directiva y de acuerdo con los

procedimientos previstos en la Ley de Bienes del Estado de Aguascalientes; y

II.El patrimonio inmobiliario general de dominio privado, que el Instituto adquiera con

fines de reserva e inversión, para aprovechar a favor del Instituto los beneficios

generados por los mismos.

La enajenación podrá hacerse de contado o a plazo, siempre y cuando exista

garantía hipotecaria en el caso de afiliados; y con garantía hipotecaria y reserva

de dominio cuando se trate de venta a terceros.

El destino de los recursos provenientes de la enajenación deberá ser conforme

a los fines de seguridad social del Instituto, integrándose a su patrimonio.

Salvo lo previsto en el presente artículo, queda prohibido realizar donaciones,

comodatos o cualquier tipo de cesión gratuita sobre los bienes inmuebles propiedad

del Instituto.

Excepcionalmente, la Junta Directiva podrá autorizar el otorgamiento de bienes

inmuebles en comodato a favor del Estado, sus dependencias, entidades

paraestatales u organismos públicos descentralizados, o municipios, cuando

dicho acto tenga por objeto el cumplimiento de fines de interés público o

social, así como la protección y garantía del interés superior de la niñez,

particularmente en materia de educación, salud, cultura o seguridad pública y se

ajuste a la legislación aplicable. Bajo su más estricta responsabilidad, los entes

comodatarios podrán, a su vez, otorgar en comodato el inmueble a asociaciones

civiles sin fines de lucro, siempre que dicho comodato no exceda de un año

y se destine exclusivamente a los fines precisados en el presente párrafo. El

comodatario estará obligado a destinar el inmueble exclusivamente al objeto

autorizado, cubrir su conservación, mantenimiento, servicios, seguros y

reparación de daños; quedando prohibida su cesión, subcomodato o utilización

para fines distintos de los autorizados.

Para la autorización de cualquier comodato deberá acreditarse, mediante

dictamen técnico y financiero, que el inmueble no es necesario para el

cumplimiento del objeto y las atribuciones del Instituto y que su otorgamiento

no compromete la integridad de su patrimonio, su viabilidad financiera ni la

prestación de los servicios y prestaciones de seguridad social a su cargo.

En todo caso, el contrato de comodato deberá establecer expresamente su

temporalidad, los mecanismos de supervisión del uso y destino del inmueble, las

causas de terminación anticipada y las condiciones para su recuperación, a efecto

de garantizar la adecuada protección del patrimonio del Instituto.