Artículo 2 Bis de la Ley del Equilibrio Ecológico y la Protección al Ambiente del Estado de Morelos

ARTÍCULO *2 Bis. En el estado se reconoce la presencia de sus pueblos y

comunidades indígenas, admitiendo que fueron la base para su conformación

política y territorial; garantizará que la riqueza de sus costumbres y tradiciones;

territorio, lengua y patrimonio cultural, medicina tradicional y acceso a recursos

naturales, así como su autonomía, libre determinación, sistemas normativos y el

acceso a la consulta, sean preservados y reconocidos a través de la ley respectiva.

El estado reconoce y garantiza el derecho a la libre determinación de sus pueblos y

comunidades indígenas, ejercida en sus formas internas de convivencia y

organización, sujetándose al marco constitucional de autonomía que asegure la

unidad nacional y estatal.

Esta Constitución establece sus derechos y obligaciones conforme a las bases

siguientes:

VII.- En los términos que establece la Constitución Federal y demás leyes de la

materia, dentro de los ámbitos de competencia del estado y los municipios, los

pueblos y comunidades indígenas tendrán derecho y obligación de salvaguardar la

ecología y el med io ambiente, así como preservar los recursos naturales que se

encuentren ubicados en sus territorios, en la totalidad del hábitat que ocupan o

disfrutan, además tendrán preferencia en el uso y disfrute de los mismos.

El 22 de diciembre de 1999, se expide la Ley del Equilibrio Ecológico y la Protección

al Ambiente del Estado de Morelos, misma que fue publicada en el Periódico Oficial

“Tierra y Libertad” número 4022, Ley que ha sufrido diversas reformas a lo largo del

tiempo.

En mérito a lo anterior, en lo general, el proyecto según lo refiere el iniciador

pretende entre otras cosas, ajustes al texto para llevar a cabo la actualización de

las disposiciones de nuestra Ley del Equilibrio Ecológico y la Protección al Ambiente

del Estado de Morelos, acorde con la Ley General del Equilibrio Ecológico y la

Protección al Ambiente; la armonización en razón de los resabios que se

contemplan aún en la Ley de la materia vigente, para modificar la referencia de la

Comisión Estatal del Agua y Medio Ambiente por la de la Secretaría de Desarrollo

Sustentable; incorporar la participación de la Comisión Estatal de la Biodiversidad

del Estado de Morelos; armonizar la Ley de la materia de esta iniciativa con la Ley

General para la Prevención y Gestión Integral de Residuos, la Ley General de

Asentamientos Humanos, Ordenamiento Territorial y Desarrollo Urbano, La Ley

General de Vida Silvestre, así como la Ley Gen eral de Cambio Climático; se

propone además llevar a cabo una distribución secuencial de los artículos y

capítulos que integran la Ley de mérito en razón de que existen diversos numerales

Bis, lo que invariablemente implica una modificación completa en la Ley del

Equilibrio Ecológico y la Protección al Ambiente del Estado de Morelos; por lo que

en este sentido no hay observaciones qué hacer, en la inteligencia de que, tanto el

articulado como el texto propuesto son comprensibles.

No obstante lo anterior, es necesario entrar al estudio de dicha iniciativa en lo

particular, ya que si bien la propuesta del iniciador reconoce el derecho humano a

un medio ambiente adecuado para el sano desarrollo y bienestar social, si bien

pretende como ya se dijo armonizar y actualizar las disposiciones de nuestra Ley

con las diversas disposiciones en la materia, también lo es, que del análisis y estudio

realizado a la propuesta, se advierten disposiciones regresivas, por otra parte, no

se desprende en algunos dispositivos la armonización con el ordenamiento Federal,

es por ello, que del cúmulo de observaciones, análisis, estudios y valoración del

proyecto, que forman parte integral del expediente formado con motivo del estudio

realizado a la citada iniciativa y bajo el principio de progresividad, no se podría

legislar con criterio regresivo, tal y como se advierte de algunos preceptos por

mencionar los más relevantes, los que a continuación se mencionan:

1.- Respecto a la sección 3, del capítulo III, denominado de la Evaluación de Impacto

Ambiental, de la iniciativa presentada, el iniciador, no armoniza la Ley del Estado

con la Ley General del Equilibrio Ecológico y la Protección al Ambiente, puesto que

contempla excepciones en el artículo 39 de su proyecto, lo que conduce a concluir

que su iniciativa por lo que respecta a este punto, no encuentra conformidad con la

Ley General, a este respecto la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la

Nación estableció en tesis aislada que conforme al principio de precaución,

establecido en el artículo 15 de la Convención de Río sobre el Medio Ambiente y el

Desarrollo, cuando una actividad es riesgosa para el medio ambiente, resulta

necesario adoptar todas las medidas indispensables para evitarla o mitigarla, aun

cuando no exis te certidumbre sobre el daño ambiental, esto es así, dado que la

evaluación de impacto ambiental es de carácter preventivo y una condición

necesaria para la implementación de cualquier proyecto que cause un impacto al

medio ambiente y consecuentemente su ausencia representa una vulneración a

este principio. La Primera Sala enfatiza que a lo que obliga el principio de precaución

esa buscar, en cada caso, las herramientas o métodos necesarios para entender

el funcionamiento de un ecosistema, así como de los servicios ambientales que

presta. Lo anterior, siempre con miras a garantizar su conservación a la luz del

principio in dubio pro medio ambiente.

Época: Undécima Época

Registro: 2024376

Instancia: Primera Sala

Tipo de Tesis: Jurisprudencia

Fuente: Semanario Judicial de la Federación

Publicación: viernes 01 de abril de 2022 10:05 h

Materia(s): (Administrativa, Constitucional)

Tesis: 1a./J. 10/2022 (11a.)

DERECHO HUMANO AUN MEDIO AMBIENTE SANO. POR VIRTUD DEL

PRINCIPIO DE PRECAUCIÓN, RESULTA CONSTITUCIONAL ADOPTAR

DECISIONES JURISDICCIONALES EN SITUACIONES QUE PUEDAN

PRODUCIR RIESGOS AMBIENTALES, INCLUSO ANTE LA FALTA DE CERTEZA

CIENTÍFICA O TÉCNICA AL RESPECTO.

Hechos: Dos personas físicas promovieron juicio de amparo indirecto en el que

reclamaron diversos actos y omisiones destinadas a autorizar y realizar el proyecto

de ampliación del Puerto de Veracruz, aduciendo que no se había garantizado, bajo

el estándar más alto de protección, su derecho humano aun medio ambiente sano.

El juez de Distrito sobreseyó en el juicio al considerar que las quejosas no tenían

interés legítimo, en contra de esta resolución se interpuso recurso de revisión.

Criterio jurídico: La Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación

considera que, atendiendo al principio de precaución, es constitucionalmente válida

la toma de decisiones jurisdiccionales ante situaciones o actividades que puedan

producir riesgos ambientales, aunque no se tenga certeza científica o técnica al

respecto, pues una vez identificado el riesgo, la falta de pruebas científicas o

técnicas no es motivo para no tomar las medidas necesarias para salvaguardar el

medio ambiente.

Justificación: El principio 15 de la Declaración de Río sobre el Medio Ambiente y el

Desarrollo prevé que, con el fin de proteger el medio ambiente, los estados deberán

aplicar ampliamente el criterio de precaución conforme a sus capacidades y, cuando

haya peligro de daño grave o irreversible, la falta de certeza científica absoluta no

deberá utilizarse como razón para postergar la adopción de medidas eficaces en

función de los costos para impedir la degradación del medio ambiente. En este

sentido, el princ ipio de precaución constituye una herramienta fundamental para

resolver aquellas situaciones de incertidumbre, particularmente, incertidumbre

científica que plantea el derecho ambiental. Así, conforme al principio referido,

cuando la experiencia empírica refleja que una actividad es riesgosa para el medio

ambiente, resulta necesario adoptar todas las medidas necesarias para evitarlo o

mitigarlo, aun cuando no exista certidumbre sobre el daño ambiental. El principio de

precaución tiene diferentes alcances: opera como pauta interpretativa ante las

limitaciones de la ciencia para establecer con absoluta certeza los riesgos a los que

se enfrenta la naturaleza y, en relación con la administración pública, implica el

deber de advertir, regular, controlar, vigilar o restringir ciertas actividades que son

riesgosas para el medio ambiente. De esta forma, dicho principio puede fungir como

motivación para aquellas decisiones que, de otra manera, serían contrarias al

principio de legalidad o de seguridad jurídica, mientras que para el operador jurídico

la precaución exige incorporar el carácter incierto del conocimiento científico a sus

decisiones. Finalmente, es importante mencionar que la información sobre los

riesgos o daños ambientales puede ser incierta por diversos motivos (el contexto, la

elección de los indicadores, los parámetros utilizados, errores estadísticos, la

contradicción de teorías, entre otros); no obstante, a la luz del principio de

precaución, se reconoce la posibilidad de revertir la carga de la prueba a cargo del

agente potencialmente responsable, es decir, en virtud de este principio, el juzgador

cuenta con dicha herramienta a efecto de allegarse de todos los elementos

probatorios necesarios para identificar el riesgo o el daño al medio ambiente.

PRIMERA SALA.

Amparo en revisión 54/2021. 9 de febrero de 2022. Cinco votos de las Ministras

Norma Lucía Piña Hernández y Ana Margarita Ríos Farjat, y los Ministros Juan Luis

González Alcántara Carrancá, Jorge Mario Pardo Rebolledo y Alfredo Gutiérrez

Ortiz Mena. Ponente: Ministro Juan Luis González Alcántara Carrancá. Secretarios:

Monserrat Cid Cabello, Víctor Manuel Rocha Mercado y Fernando Sosa Pastrana.

Tesis de jurisprudencia 10/2022 (11a.). Aprobada por la Primera Sala de este Alto

Tribunal, en sesión privada de veintitrés de marzo de dos mil veintidós.

Esta tesis se publicó el viernes 01 de abril de 2022 a las 10:05 horas en el

Semanario Judicial de la Federación y, por ende, se considera de aplicación

obligatoria a partir del lunes 04 de abril de 2022, para los efectos previstos en el

punto noveno del Acuerdo General Plenario 1/2021.

Aunado a lo anterior, es pertinente mencionar, que con fecha dos de marzo del

presente año, el secretario de Servicios Legislativos y Parlamentarios del Congreso

del Estado de Morelos y por acuerdo del pleno en sesión ordinaria, turnó a la

Comisión de Medio Ambiente, Recursos Naturales y Agua, la iniciativa con proyecto

de Decreto por el que se derogan el inciso B) de la fracción IX del artículo 38 y la

fracción IV del artículo 41 de la Ley del Equilibrio Ecológico y la Protección al

Ambiente del estado de Morelos, presentada por la diputada Tania Valentina

Rodríguez Ruíz, por lo que en razón de las coincidencias encontradas con la

propuesta en estudio, se considera viable adicionarlas al presente dictamen; en este

sentido, la iniciadora propone se deroguen los preceptos anteriormente señalados,

con el propósito de preservar la biodiversidad del estado de Morelos, para lo cual

las autoridades locales deben estar obligadas a obtener el Manifiesto de Impacto

Ambiental, antes de iniciar obras públicas que puedan afectar la naturaleza, refiere

entre otras cosas, que la riqueza natural del estado de Morelos es grandiosa, de

ellos todos podemos sentirnos orgullosos y comprometidos en su reservación. La

biodiversidad que nos ha correspondido recibir por causa de nuestro nacimiento o

vecindad en esta entidad, debe entenderse en su forma más simple, como el

conjunto de organismos vivientes, vegetales y animales que habitan de manera

temporal o permanente en nuestro territorio.

Particular relevancia para esta iniciativa tiene considerar la riqueza de nuestra

fauna, pues de 32 estados, Morelos ocupa el lugar 17 por la variedad y número de

especies que aquí habitan. La Ley del Equilibrio Ecológico y la Protección al

Ambiente del estado de Morelos, tiene por objetivo “garantizar el derecho de toda

persona a vivir en un ambiente sano para su desarrollo, salud y bienestar” así como

la “preservación y protección de la biodiversidad conforme a los acuerdos de

coordinación con el gobierno federal y el establecimiento de áreas naturales

protegidas”, por lo que cuando se ve alterada se genera un impacto ambiental que

la norma define como la “modificación al ambiente ocasionada por la acción del

hombre o de la naturaleza”

Razón la anterior, por la que resulta improcedente la propuesta asentada en el

artículo 39 y fracción IV del artículo 42 de la iniciativa que se atiende, en el sentido

de exceptuar del estudio de impacto ambiental aquellas obras o actividades

atendiendo al interés público que su realización reviste, del estado y de los

municipios, puesto que justamente los poderes del estado deben ser los

observadores y promotores del principio de legalidad y como consecuencia los

ejecutores del principio de precaución en el tema que nos ocupa.

2.- En lo que corresponde al segundo párrafo del artículo 43 del proyecto del

iniciador, agrega la palabra “interno” al reglamento en el que se detallará funciones

y procedimientos del comité; a ese respecto el Comité Técnico de Impacto

Ambiental no puede regirse por un reglamento interno propio, en razón de que su

naturaleza y funciones se encuentran debidamente definidas en la Ley vigente, al

establecer en el propio dispositivo que es un órgano de análisis y opinión sobre los

estudios preventivos y las manifestaciones de impacto ambiental, así como de

proposición de medidas de mitigación a los impactos negativos al ambiente

derivados de la ejecución de la obra o actividad de que se trate, luego entonces,

toda vez de que el iniciador no justifica la adición propuesta, se considera

improcedente la adición a dicho artículo, aunado al hecho de que un reglamento

interno implicaría prestarse a incorporar a discrecionalidad de dicho comité sus

funciones, siendo que hoy ya se encuentran establecidas en la propia Ley vigente y

en el reglamento de ésta, puesto que con la pretendida modificación no se daría

certeza jurídica a los gobernados sobre la función o participación de dicho comité

dentro de la evaluación de impacto ambiental.

3.- En el título cuarto, denominado “De la Participación Social e Información

Ambiental” artículo 56, fracción IV del proyecto materia de este dictamen, el iniciador

propone que la persona que asumirá la Presidencia del Consejo Consultivo Estatal

será el titular de la Secretaría y para los Consejos Municipales será el presidente

municipal, a este respecto es importante señalar que el 22 de abril de 2021, entro

en vigor el Acuerdo Regional sobre el Acceso a la Información, la Participación

Pública y el Acceso a la Justicia en Asuntos Ambientales en América Latina y el

Caribe (Acuerdo de Escazú), el alcance que da este acuerdo abre las ventanas de

la administración pública con el objetivo de dar mayor transparencia a la información

en poder de esta, incluir a la ciudadanía por medio de su participación en la

formulación de políticas públicas y en el diseño e implementación de soluciones a

problemas públicos a través de un trabajo colaborativo entre la sociedad civil, el

estado y el sector. Al respecto la Ley de Participación Ciudadana para el estado de

Morelos, prevé en su artículo 4, como objetivos generales los siguientes:

I. Garantizar el derecho democrático de la ciudadanía a participar directamente en

la toma y ejecución de las decisiones públicas fundamentales, así como en la

resolución de problemas de interés general;

II. Asegurar la participación equitativa e incluyente de las mujeres morelenses a

través de los mecanismos de participación ciudadana;

III. Respetar y promover las distintas expresiones de participación de los pueblos y

comunidades indígenas en la vida cívica del estado de Morelos;

IV. Asegurar, mediante la participación y vigilancia ciudadanas, el ejercicio legal,

democrático y transparente del poder público;

V. Robustecer el derecho de acceso anticipado y oportuno de los ciudadanos a la

información pública, como premisa indispensable para el ejercicio de los derechos

de participación ciudadana establecidos y garantizados en la presente Ley; y,

VI. Establecer y regular los instrumentos vinculantes de participación ciudadana.

Bajo estas consideraciones el Ejecutivo no motiva el hecho de porque propone

como parte de sus modificaciones a la Ley vigente, que el secretario de Desarrollo

Sustentable y los presidentes municipales asuman respectivamente la Presidencia

del Consejo Consultivo y la de los consejos municipales, pues el texto vigente refiere

que el presidente del Consejo Consultivo Estatal será electo por voto directo de los

miembros del Consejo debidamente registrados y de la misma forma se hará para

la elección del secret ario técnico; luego entonces, se aplica un criterio regresivo a

dicho ordenamiento, cabe mencionar que de las mesas de trabajo realizadas con la

sociedad civil debidamente representada, dentro de sus argumentos manifestaron

el hecho de que no se puede regr esar aun derecho legalmente conseguido, pues

dicha modificación va en contra de sus derechos humanos. Al respecto cabe

mencionar, que, en el texto actual de la Constitución Política de los Estados Unidos

Mexicanos, el principio de progresividad se encuentra contenido dentro del artículo

primero, el cual establece lo siguiente:

En los Estados Unidos Mexicanos todas las personas gozarán de los derechos

humanos reconocidos en esta Constitución y en los tratados internacionales de los

que el Estado Mexicano sea parte, así como de las garantías para su protección,

cuyo ejercicio no podrá restringirse ni suspenderse, salvo en los casos y bajo las

condiciones que esta Constitución establece.

...

Todas las autoridades, en el ámbito de sus competencias, tienen la obligación de

promover, respetar, proteger y garantizar los derechos humanos de conformidad

con los principios de universalidad, interdependencia, indivisibilidad y progresividad.

En consecuencia, el Estado deberá prevenir, investigar, sancionar y reparar las

violaciones a los derechos humanos, en los términos que establezca

Por su parte, los artículos 21 y 22 de la Convención Universal de los Derechos

Humanos textualmente establecen:

1. Toda persona tiene derecho a participar en el gobierno de su país, directamente

o por medio de representantes libremente escogidos.

2. Toda persona tiene el derecho de acceso, en condiciones de igualdad, a las

funciones públicas de su país.

3. La voluntad del pueblo es la base de la autoridad del poder público; esta voluntad

se expresará mediante elecciones auténticas que habrán de celebrarse

periódicamente, por sufragio universal e igual y por voto secreto u otro

procedimiento equivalente que garantice la libertad del voto.