Artículo 5 de la Ley Número 466 de Responsabilidad Patrimonial del Estado de Guerrero y Municipios.

ARTÍCULO 5. No se considerarán actividades administrativas públicas irregulares las

realizadas por los sujetos obligados en ejercicio de un derecho tutelado, siempre y cuando se

realicen en los tiempos previstos formalmente para ellos, aún cuando con éstas se causare

daño o perjuicio al particular.

Asimismo, se exceptúan de la obligación de indemnizar por parte de los sujetos obligados, en

los casos siguientes:

I. Por afectaciones causadas por servidores públicos que actúen en ejercicio de sus

funciones o atribuciones;

II. Cuando existan daños y perjuicios que no sean a consecuencia de la actividad

administrativa irregular de los sujetos obligados;

III. Por hechos imputables a terceros que hayan producido la causa de responsabilidad;

IV. Por hechos derivados del descuido o la negligencia del afectado;

V. Por hechos en los que el probable causante del daño haya tenido una relación laboral

o de jerarquía con el afectado;

V. Por hechos en los cuales el afectado sea el único causante del daño;

VI. Por hechos que resulten de la concurrencia de culpas del afectado y del servidor

público;

VII. Por hechos acontecidos para evitar un daño grave e inminente;

VIII. Cuando el afectado hubiere consentido expresa o tácitamente la actuación

administrativa del sujeto obligado;

IX. Cuando resulte de actuaciones que devengan de una resolución legal, jurisdiccional

o legislativa;

X. Por casos fortuitos y de fuerza mayor;

H. Congreso del Estado de Guerrero

SSP/DPL

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LEY NÚMERO 466 DE RESPONSABILIDAD PATRIMONIAL DEL

XI. Por la ejecución de un acto administrativo que se realice para evitar un daño grave e

inminente, o la protección la persona o integridad del afectado;

XII. Por aquellos eventos que deriven en hechos o circunstancias que no se hubieran

podido prever o evitar según el estado de los conocimientos de la ciencia o de la

tecnología existente en el momento de su acaecimiento;

XIII. Por hechos que sean consecuencia de que el afectado directa o indirectamente

participe, coadyuve, asista o simule su producción, denotando su mala fe permitiendo

la actividad irregular de los mismos por parte de los entes públicos y,

XIV. Por los demás casos previstos por las demás disposiciones aplicables que

justifiquen la necesidad del actuar de las autoridades.