RESPONSABILIDAD PATRIMONIAL DEL ESTADO. LAS PERSONAS MORALES OFICIALES DEMANDADAS EN EL PROCEDIMIENTO RELATIVO, CUANDO NO REALIZAN ACTOS DE AUTORIDAD, ESTÁN LEGITIMADAS PARA PROMOVER AMPARO DIRECTO CONTRA LA RESOLUCIÓN DEFINITIVA QUE LAS CONDENA AL PAGO DE UNA INDEMNIZACIÓN POR SU ACTIVIDAD ADMINISTRATIVA IRREGULAR (LEGISLACIÓN DEL ESTADO DE GUANAJUATO).

La Ley de Responsabilidad Patrimonial del Estado y los Municipios de Guanajuato establece un procedimiento específico a través del cual puede hacerse efectiva la reclamación de una indemnización, debido a la actividad administrativa irregular de los Poderes Ejecutivo, Legislativo y Judicial del Estado, los Municipios y los organismos autónomos, que cause daño a la persona, bienes o derechos de los particulares que no tengan obligación jurídica de soportar, en virtud de no existir fundamento legal o causa jurídica de justificación para legitimar dicho daño. Así, el propósito de ese procedimiento no es anular un acto de la autoridad emitido en ejercicio de sus atribuciones e investida de imperio frente al sujeto con derecho a la indemnización, sino determinar si procede condenarla al pago de ésta por el daño causado con motivo de su actuar irregular, y si así se resuelve, se afecta el patrimonio estatal, por lo que conforme al artículo 9o. de la Ley de Amparo, las personas morales oficiales demandadas en el procedimiento de responsabilidad patrimonial, cuando no realizan actos de autoridad, están legitimadas para promover amparo directo contra la resolución definitiva del señalado procedimiento que las condena al pago de una indemnización por su actividad administrativa irregular.

SEGUNDO TRIBUNAL COLEGIADO EN MATERIAS ADMINISTRATIVA Y DE TRABAJO DEL DÉCIMO SEXTO CIRCUITO.