Artículo 44 del Reglamento de Quejas y Denuncias en materia de Violencia Política contra las Mujeres en Razón de Género.

Artículo 44. Trámite y seguimiento

1. Para la emisión de las medidas de protección, la Secretaría Ejecutiva, por conducto

de la Unidad Técnica, deberá identificar el bien jurídico tutelado, el tipo de amenaza

potencial, el probable agresor, la vulnerabilidad de la víctima y nivel de riesgo, de

acuerdo a los términos siguientes:

a) Bien jurídico tutelado. Consiste en los valores fundamentales y del entorno

social de la víctima que requieren ser protegidos.

b) Potencial amenaza. Identificar de forma detallada la potencial amenaza, las

probabilidades de que sea ejecutada, los probables efectos en el entorno de la

víctima.

c) Probable agresor o agresora. La o las personas a las que se les imputa el

comportamiento antijurídico, la capacidad de ejercer la potencial amenaza,

relaciones de poder, antecedentes del probable agresor y su entorno.

d) Vulnerabilidad de la víctima. Los tipos de medios de ejecución de la amenaza,

las condiciones de discriminación en que se encuentre la víctima, estado de

indefensión, así como las condiciones de trabajo, relaciones familiares y/o

afectivas, etc. El análisis al respecto se realizará aplicando la perspectiva

interseccional y la perspectiva de género.

e) Nivel de riesgo. Tomando en consideración el análisis integral de los elementos

anteriores, se deberá definir si se está frente a una situación de nivel de riesgo

bajo, medio o alto.

2. Tomando como base la procedencia de las medidas de protección y, en caso de

considerarlo necesario, la Unidad Técnica procederá a la elaboración del análisis de

riesgo y solicitará a la autoridad en materia de seguridad pública que corresponda,

elabore el plan de seguridad, correspondiente, el cual deberá contemplar todas las

medidas de protección necesarias a fin de enfrentar las potenciales amenazas,

mediante acciones inmediatas que garanticen la protección y seguridad de la víctima

(directa, indirecta o potencial), en atención al resultado del análisis de riesgo.

Observando los principios de máxima seguridad, gratuidad, debida diligencia,

reacción inmediata, simplicidad, urgencia, no discriminación, no revictimización, y

canalización a las autoridades competentes para la atención de las necesidades de

la víctima (atención y apoyo psicológico, asesoría jurídica, entre otras).

3. El acuerdo por el que se declare procedente la adopción de una medida de

protección se deberá notificar a las partes de inmediato por la vía que se estime más

expedita señalada en el presente Reglamento, así como a las autoridades

involucradas para su cumplimiento.

4. En el caso de que la víctima acuda directamente ante cualquier órgano del Instituto,

para solicitar atención, asistencia y protección, éste procederá del modo siguiente:

Se deberá de canalizar de inmediato a la Unidad Técnica, para que ésta, a

través del personal especializado, realice una primera entrevista a la víctima y

se harán de su conocimiento los derechos que en su favor establece la

normativa vigente y el modo de ejercerlos;

Realizará la canalización que corresponda con las instancias competentes, en

caso de que de la entrevista inicial se determine la necesidad de tratamiento

especializado de urgencia;

Realizará las gestiones necesarias para solicitar las medidas de protección

procedentes, en caso de que la vida, libertad, integridad física o psicológica de

la víctima se encuentren en riesgo inminente