Artículo 84 del Reglamento Interior de la Secretaría de Gobernación.

Artículo 84.- La Dirección General de Prevención Social del Delito y la Reconstrucción del Tejido Social del Delito tiene las atribuciones siguientes:

I. Proponer a su superior jerárquico la política de la prevención social del delito a través de la reconstrucción del tejido social, así como ejecutar la política que, en su caso, apruebe la persona Titular de la Secretaría;

II. Generar esquemas de prevención social del delito y cohesión e inclusión social, a través de la reconstrucción del tejido social;

III. Impulsar acciones para la reconstrucción del tejido social y la prevención social del delito, a partir de la identificación de sus causas;

IV. Proponer a su superior jerárquico el diseño de indicadores que permitan la evaluación y reorientación de las estrategias y acciones en materia de prevención social del delito;

V. Promover, en coordinación con las dependencias y entidades competentes de la Administración Pública Federal y de las entidades federativas, de los municipios y de las alcaldías, la creación de entornos seguros y la apropiación de espacios públicos por la población, con el propósito de contribuir en la estrategia integral de pacificación;

VI. Proponer a su superior jerárquico espacios que faciliten la participación de la ciudadanía en los procesos de diagnóstico, planeación, ejecución, seguimiento y evaluación de proyectos relacionados a la reconstrucción del tejido social y la prevención social del delito, así como fomentar aquéllos que se aprueben;

VII. Diseñar, proponer e implementar, en colaboración y coordinación, según corresponda, con las dependencias y entidades competentes de la Administración Pública Federal, y de los gobiernos de las entidades federativas, de los municipios y de las alcaldías, estrategias para el cumplimiento de las metas en materia de reconstrucción del tejido social y prevención social del delito, y

VIII. Proponer a su superior jerárquico la cooperación técnica e intercambio de información en materia de prevención social del delito con organismos locales, estatales, nacionales e internacionales, en término de las disposiciones jurídicas aplicables, así como ejecutar aquéllas que se aprueben.