Artículo 21

ARTÍCULO 21. La Dirección General de Asuntos Jurídicos está a cargo de una persona titular de la Dirección General, quien tiene las facultades siguientes:

I. Resolver los procedimientos y las solicitudes que en materia de nacionalidad y naturalización se formulen a la Secretaría, así como imponer las sanciones a que se refiere la Ley de Nacionalidad y su Reglamento;

II. Expedir certificados y constancias de nacionalidad mexicana, declaratorias de nacionalidad mexicana por nacimiento y cartas de naturalización;

III. Brindar apoyo jurídico a la Dirección General de Servicios Consulares y a las Oficinas de Pasaportes, en materia de nacionalidad y naturalización;

IV. Tramitar y resolver las solicitudes de personas extranjeras para adquirir el dominio de tierras, aguas y sus accesiones; así como para adquirir bienes inmuebles ubicados fuera de la zona restringida, y para la obtención de concesiones de explotación de minas, aguas o minerales en la República Mexicana;

V. Registrar los siguientes avisos a que se refiere la Ley de Inversión Extranjera:

a) Aviso de suscripción del convenio previsto en el artículo 27, fracción I, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en los instrumentos públicos en los que se haga constar la constitución de sociedades que establezcan la cláusula de admisión de extranjeros;

b) Aviso de suscripción del convenio previsto en el artículo 27, fracción I, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, cuando una sociedad modifique la cláusula de exclusión de extranjeros por la de admisión de extranjeros en las sociedades ya constituidas, y

c) Aviso de adquisición de inmuebles por sociedades mexicanas con cláusula de admisión de extranjeros en la zona restringida que se destinen a un fin no residencial;

VI. Expedir a las instituciones de crédito, los permisos para la constitución o modificación de fideicomisos sobre bienes inmuebles ubicados en zona restringida, que permitan su uso y aprovechamiento a los extranjeros;

VII. Imponer las sanciones a que se refiere la Ley de Inversión Extranjera y su Reglamento, respecto de los asuntos que sean competencia de la Secretaría;

VIII. Designar, en coordinación con la Dirección General de Oficinas de Pasaportes, a las Oficinas de Pasaportes de la Secretaría, localizadas fuera de la Ciudad de México, en las que se ubiquen los módulos de atención al público con jurisdicción regional y los servicios que en éste se brindan, de conformidad con las directrices que se emitan de acuerdo con lo dispuesto en el artículo 54, fracción XIII de este reglamento. Asimismo, en casos justificados, la persona titular de la Dirección General de Asuntos Jurídicos puede habilitar temporalmente módulos móviles de atención al público, en cualquier otro lugar del territorio nacional;

IX. Emitir el acuerdo que da a conocer en cuál de las Oficinas de Pasaportes de la Secretaría localizada fuera de Ciudad de México, se ha instaurado un módulo de atención al público con jurisdicción regional y los servicios que en éste se brindan, acuerdo que deberá ser publicado en el Diario Oficial de la Federación, mediante la tramitación correspondiente;

X. Supervisar y evaluar las actividades del personal de la Dirección General de Asuntos Jurídicos que realicen en materia de nacionalidad, naturalización y cualquier otra actividad que sea de su competencia en los módulos de atención al público de esta unidad administrativa, ubicados en las Oficinas de Pasaportes de la Secretaría, localizadas fuera de la Ciudad de México;

XI. Intervenir en los procedimientos de extradición y tramitar las solicitudes de detención provisional y formal correspondientes conforme a lo que establece la Ley de Extradición Internacional, así como las solicitudes de entrega temporal, de re-extradición y de consentimiento a la excepción a la Regla de Especialidad previstos en los tratados y convenios celebrados por México con otros Estados en la materia;

XII. Tramitar las solicitudes de auxilio jurídico internacional que requieran las autoridades federales, estatales, municipales o extranjeras, así como intervenir en los procedimientos para el traslado internacional de reos;

XIII. Convocar, organizar y participar en reuniones, talleres o eventos, en el marco de los acuerdos de cooperación jurídica internacional suscritos por el Estado mexicano, así como en cualquier otro que corresponda al ámbito de su competencia;

XIV. Analizar, dictaminar y tramitar las comisiones rogatorias consulares, los exhortos o cartas rogatorias que se reciben del extranjero o que las autoridades competentes de México dirijan al extranjero;

XV. Cumplir con los compromisos derivados de tratados internacionales, cuando haya sido designada como autoridad central;

XVI. Actuar en nombre y representación legal de la Secretaría y de las autoridades comprendidas en el Capítulo I de este reglamento, para la imposición de las acciones y recursos legales que favorezcan sus derechos e intereses, ante las autoridades judiciales, administrativas y laborales, contempladas en el artículo 123, apartado A y B, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos sean del fuero común o del fuero federal, en cualquier juicio o asunto de orden jurisdiccional en que tenga injerencia o interés jurídico la Secretaría, con todos los derechos procesales que las leyes reconocen a las personas, para ser ejercidas en su oportunidad;

XVII. Representar a la persona titular del Ejecutivo Federal en todos los trámites establecidos por la Ley de Amparo, Reglamentaria de los Artículos 103 y 107 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en aquellos asuntos que corresponda a la Secretaría representar a la persona titular del Ejecutivo Federal, en términos del segundo párrafo del artículo 9 de la citada Ley;

XVIII. Intervenir en las controversias constitucionales y en las acciones de inconstitucionalidad en las que la persona titular de la Secretaría de Relaciones Exteriores represente a la persona titular del Ejecutivo Federal;

XIX. Representar a las personas titulares de la Secretaría, de las Subsecretarías, de la Unidad de Administración y Finanzas, así como a las demás personas servidoras públicas de la Secretaría, cuando sean señaladas como autoridades responsables, en todo el procedimiento para la substanciación y resolución del juicio de amparo y del juicio contencioso administrativo federal;

XX. Suscribir oficios, escritos y todas aquellas promociones que exija el trámite procesal de los juicios, incluso el de amparo o de cualquiera otra controversia, en representación o en ausencia de la persona titular de la Secretaría y de las personas titulares de las unidades administrativas y órganos administrativos desconcentrados de ésta, según corresponda; así como desahogar los trámites y asistir a las audiencias y diligencias convocadas por los órganos jurisdiccionales;

XXI. Interponer los recursos o cualquier otro medio de impugnación en contra de las resoluciones y sentencias dictadas por los órganos del Poder Judicial de la Federación, por el Tribunal Federal de Justicia Administrativa, y por el Tribunal Federal de Conciliación y Arbitraje; o los Centros de Conciliación locales, el Centro Federal de Conciliación y Registro Laboral y los tribunales del Poder Judicial de las entidades federativas;

XXII. Representar a la persona titular de la Secretaría ante el Tribunal Federal de Conciliación y Arbitraje, así como ante los tribunales estatales de Conciliación y Arbitraje en los conflictos que se susciten con motivo de la aplicación de la Ley Federal de los Trabajadores al Servicio del Estado, Reglamentaria del Apartado “B” del artículo 123 Constitucional; así también, representar a la persona titular de la Secretaría ante los Centros de Conciliación locales, el Centro Federal de Conciliación y Registro Laboral y los tribunales del Poder Judicial de las entidades federativas cuando sea llamada a juicio en la calidad de obligada solidaria; representar, formular dictámenes, demandas de ceses de su personal de base, contestación de demandas laborales, formulación y absolución de posiciones, desistimientos o allanamientos, ofrecimiento de pruebas y presentación de recursos y, en general, todas aquellas promociones que se requieran en el curso del procedimiento;

XXIII. Autorizar al personal necesario ante las distintas autoridades judiciales, administrativas y del trabajo, a efecto de que en representación de la Secretaría lleven a cabo las diligencias procesales correspondientes;

XXIV. Opinar sobre las sanciones que pretenda imponerse al personal de base de la Secretaría, de conformidad con la normatividad aplicable;

XXV. Recabar, por conducto de la autoridad competente, la opinión de la persona titular del Ejecutivo Federal, sobre la resolución que emita la Subcomisión de Asuntos Disciplinarios en los procedimientos disciplinarios del Servicio Exterior Mexicano, en caso de personas embajadoras y cónsules generales;

XXVI. Remitir al Tribunal Federal de Justicia Administrativa los expedientes de los procedimientos disciplinarios del Servicio Exterior Mexicano, relacionados con faltas administrativas graves;

XXVII. Formular y presentar denuncias o querellas ante el Ministerio Público competente, de los hechos que la ley señale como delito por los que se afecta a la Secretaría, así como de posibles delitos cometidos por personas servidoras públicas de la Secretaría en el desempeño de sus funciones, integrando a la carpeta de investigación todos los datos de prueba y dando la intervención que corresponde a la autoridad competente, en términos de lo dispuesto por el Código Nacional de Procedimientos Penales para salvaguardar los intereses de la Secretaría y en caso de ser procedente solicitar la reparación de daño;

XXVIII. Fungir como asesor jurídico o representante legal de la Secretaría y de las personas servidoras públicas adscritas a ésta, conforme lo disponga el Código Nacional de Procedimientos Penales ante las autoridades ministeriales y judiciales competentes, con la finalidad de salvaguardar los intereses de la Secretaría; para este efecto, puede allegarse de todos los elementos de prueba necesarios y suficientes, que las unidades administrativas de la Secretaría deban aportar en su debida oportunidad, al ser quienes tienen conocimiento de los hechos en primer lugar;

XXIX. Hacer del conocimiento de la Consejería Jurídica del Ejecutivo Federal todos aquellos asuntos contenciosos que, como representante de la Federación, le competan a esa dependencia;

XXX. Coordinar la sustanciación, conforme a las disposiciones legales aplicables, de los recursos que interpongan los particulares contra actos y resoluciones de la Secretaría que den fin a una instancia o resuelvan un procedimiento y, en su caso, proponer o emitir la resolución que proceda;

XXXI. Representar a la Secretaría ante las autoridades competentes en los asuntos relacionados con propiedad industrial y derechos de autor. Asimismo, realizar todas las acciones legales conducentes para su debido uso, en el ámbito nacional, de conformidad con las disposiciones jurídicas aplicables, cuando así lo soliciten las unidades administrativas y órganos administrativos desconcentrados de la Secretaría;

XXXII. Revisar y, en su caso, aprobar los proyectos de reglamentos, decretos, acuerdos y demás instrumentos normativos que deba suscribir o refrendar la persona titular de la Secretaría;

XXXIII. Formular proyectos de iniciativas de leyes o decretos, así como de reglamentos, acuerdos, circulares y demás disposiciones del marco jurídico nacional, relacionadas con la competencia de la Secretaría y pronunciarse, en su caso, sobre las que propongan las demás unidades administrativas y órganos administrativos desconcentrados, en el ámbito de sus respectivas competencias;

XXXIV. Emitir opinión sobre las disposiciones del marco jurídico nacional que sean sometidas a su revisión, por la persona titular de la Secretaría, las unidades administrativas y órganos administrativos desconcentrados, competencia de la Secretaría, que deban ser publicadas en el Diario Oficial de la Federación y, en su caso, tramitar su publicación;

XXXV. Revisar, expedir y difundir los lineamientos y normas técnicas de carácter general referidos en la ley y demás disposiciones relativas a las materias cuya aplicación corresponda a la Secretaría y que no estén expresamente conferidas a otra unidad administrativa;

XXXVI. Opinar sobre los convenios, acuerdos y bases de colaboración, coordinación y concertación de acciones, que en el ámbito nacional suscriban las personas servidoras públicas competentes de la Secretaría, cuando así lo soliciten;

XXXVII. Emitir validación jurídica sobre los contratos, convenios modificatorios y adendas que pretenda celebrar la Secretaría, así como emitir opinión jurídica respecto del modelo de pedido que elabore la Dirección General de Bienes Inmuebles y Recursos Materiales, siempre y cuando ésta así lo solicite. La validación jurídica que se emita no incluye la aprobación de los aspectos técnicos y presupuestales contenidos en los referidos instrumentos jurídicos, por ser competencia de otras unidades administrativas de la Secretaría;

XXXVIII. Emitir validación jurídica sobre el marco legal de los anteproyectos de manuales de organización y procedimientos que propongan las demás unidades administrativas y órganos administrativos desconcentrados de la Secretaría, en el ámbito de la competencia de la Dirección General de Asuntos Jurídicos;

XXXIX. Actuar como enlace en asuntos jurídicos de su competencia con las unidades encargadas del apoyo jurídico de las otras dependencias y de las entidades de la Administración Pública Federal;

XL. Coordinar con las demás unidades administrativas competentes de la Secretaría, el análisis sobre el sistema jurídico nacional, cuando así le sea requerido por tener impacto en las atribuciones de la Secretaría;

XLI. Fijar, sistematizar y difundir los criterios necesarios para aplicar de manera uniforme las disposiciones jurídicas que sean de su competencia;

XLII. Compilar y difundir leyes, reglamentos, decretos, acuerdos y demás disposiciones de observancia general, aplicables al ámbito nacional respecto de asuntos de la competencia de la Secretaría;

XLIII. Atender los requerimientos que las autoridades ministeriales, jurisdiccionales y administrativas soliciten a la Secretaría, en los plazos y con las formalidades establecidas en las disposiciones jurídicas aplicables, siempre que esta unidad administrativa sea la competente;

XLIV. Opinar cuando se le solicite, sobre los proyectos de tratados en materia de cooperación jurídica internacional;

XLV. Certificar los documentos que obren en los archivos de la Secretaría cuando deban ser exhibidas ante autoridades judiciales, administrativas o del trabajo y, en general, para cualquier procedimiento, proceso o averiguación, y

XLVI. Ejercer las demás facultades que las disposiciones jurídicas confieran a la Secretaría, cuando sean afines a las señaladas en las fracciones anteriores y no correspondan expresamente a otra unidad administrativa, así como realizar las funciones que le encomiende la persona titular de la Secretaría.

...

...