Artículo 3 del Reglamento Interno del Centro Estatal de Prevención Social de la Violencia y Delincuencia con Participación Ciudadana (Morelos)

Para el cumplimiento de su objeto el Centro Estatal tendrá, además de las atribuciones establecidas en el artículo 4 del decreto, las siguientes:

I. Diseñar, elaborar, planear, coordinar e implementar las políticas públicas de prevención social de la violencia y delincuencia, dando la intervención que corresponda al consejo estatal;

II. Promover la participación de la sociedad civil organizada, centros de investigación, instituciones de educación, consejos, comités municipales, y en general, de todas aquellas personas que, siendo investigadoras o especialistas en la materia, pueden aportar opiniones para la implementación de programas de prevención que para el fortalezcan la seguridad pública en el estado;

III. Implementar las acciones encaminadas a la construcción de comunidades seguras y de seguridad escolar, mediante la ejecución de programas;

IV. Dirigir estrategias de participación de las y los elementos policiales para promover la difusión de programas que implemente la comisión estatal en la entidad para abordar fenómenos que afecten a la seguridad ciudadana;

V. Coordinarse con los municipios, consejos y comités, para implementar programas de apoyo y cooperación voluntaria con la ciudadanía tendientes a la prevención de delitos y conductas antisociales en los ámbitos escolar, comunitario y familiar;

VI. Proponer a la comisión estatal la planeación del ejercicio de los fondos y subsidios federales destinados a proyectos y acciones de prevención social de la violencia y la delincuencia;

VII. Planear las intervenciones de prevención situacional para modificar los entornos y propiciar la convivencia y cohesión social, disminuyendo factores de riesgo mediante el mejoramiento del desarrollo urbano, rural, ambiental y el diseño industrial y transporte público, a través de los convenios necesarios con los ayuntamientos o secretarías, dependencias o entidades de la Administración pública en el estado que tengan competencia en esas materias;

VIII. Formular recomendaciones a las secretarías, dependencias o entidades de las Administraciones públicas estatal o municipales, a efecto de modificar o actualizar disposiciones administrativas para reducir la disponibilidad de medios comisivos o facilitadores de conductas violentas o comportamientos antisociales;

IX. Impulsar el diseño de programas formativos en habilidades para la vida, dirigidos a niñas, niños, adolescentes, jóvenes, mujeres y grupos en situación de especial vulnerabilidad, con la finalidad de prevenir la violencia y la delincuencia;

X. Realizar foros, coloquios, congresos o cualquier otra actividad académica o cultural en materia de prevención social de la violencia y delincuencia;

XI. Emitir opiniones y recomendaciones, dar seguimiento y evaluar las acciones de prevención social de la violencia y la delincuencia implementadas por las instituciones de seguridad pública estatales, y en el caso de las instituciones de seguridad municipales únicamente podrá formular recomendaciones y opiniones cuando se lo soliciten;

XII. Realizar y promover investigaciones aplicadas sobre aquellas causas y factores que generan violencia y comportamientos antisociales en el Estado;

XIII. Fungir como enlace de la entidad federativa con el Centro Nacional, los municipios e instancias de las Administraciones públicas de los tres órdenes del gobierno que articulen políticas públicas en materia de prevención social de la violencia y la delincuencia;

XIV. Convocar a instituciones y a autoridades responsables del desarrollo social, educación, salud, empleo, cultura, vivienda, desarrollo urbano, deporte y recreación para articular proyectos e intervenciones integrales de prevención social de la violencia y la delincuencia destinados aquellos grupos sociales o comunidades en situación de riesgo, vulnerabilidad o afectación;

XV. Coordinar las acciones institucionales en materia de prevención del delito de manera integral, para así identificar las acciones de cada secretaría, dependencia, entidad u órgano desconcentrado de la Administración pública estatal involucrado;

XVI. Otorgar apoyo y asesoría técnica a las instancias municipales responsables de la prevención social de la violencia y la delincuencia, que así lo soliciten;

XVII. Establecer relaciones de colaboración con universidades, instituciones de educación y centros de investigación públicos y privados, a fin de generar propuestas en materia de prevención social de la violencia y la delincuencia;

XVIII. Fomentar actividades de organizaciones de la sociedad civil que coadyuven a generar comunidades seguras;

XIX. Promover la participación ciudadana y comunitaria, mediante diagnósticos participativos, para establecer prioridades de las estrategias y acciones de prevención;

XX. Diseñar y dar seguimiento al Programa Estatal de Prevención Social de la Violencia y la Delincuencia con Participación Ciudadana, a través de la promoción de las políticas y estrategias, lineamientos y acciones que fomenten en la comunidad valores culturales y cívicos, fortalezcan el tejido social, induzcan el respeto a la legalidad, promuevan la paz, la solidaridad, el respeto a los derechos humanos, la participación activa de la comunidad y una vida libre de violencia;

XXI. Impulsar estrategias de educación y sensibilización en solución pacífica de conflictos y mecanismos alternativos de solución de controversias relacionados con la prevención social de la violencia y la delincuencia;

XXII. Implementar programas de capacitación permanente para las personas que integran los COMVIVES, respecto de temas de prevención de la violencia de género, familiar, comunitaria, así como de la delincuencia;

XXIII. Elaborar mapas de riesgo sobre tipos de violencia generada, delitos e infracciones, sobre la base de la información recabada por el Consejo Estatal o el Secretariado Ejecutivo y la información estadística generada por la comisión y que esté correlacionada con las condiciones políticas, económicas y sociales de las localidades, así como con base en los mecanismos de colaboración que se pudieran generar con otras autoridades relacionadas con el tema, tales como los organismos públicos autónomos Instituto de la Mujer para el Estado de Morelos y Fiscalía General del Estado de Morelos, o los Consejos Municipales de Seguridad Pública, y

XXIV. Definir estrategias interinstitucionales de cooperación para el intercambio de información y experiencias con la federación, estados y municipios, así como con organizaciones de la sociedad civil y redes de expertos nacionales e internacionales.