TESTIMONIAL, CASO QUE PARA SU EFICACIA, DEBE ALUDIRSE EN LA DEMANDA A LA PRESENCIA DE LOS TESTIGOS.
AMPARO DIRECTO 530/92. ALEJANDRA GARCIA MEDINA.
CONSIDERANDO
QUINTO.- Son infundados los conceptos de violación hechos valer.
La quejosa argumenta que como la empresa demandada AL PUERTO DE VERACRUZ, S. A., no compareció en forma personal a la etapa de conciliación, a través de su representante legal, en términos del artículo 876 de la Ley Federal del Trabajo, estuvo obligada esa empresa a acudir a la fase de demanda y excepciones por medio del mencionado representante legal, y no por apoderado; de ahí, que todo lo actuado por este último, no pueda tener valor procesal alguno, razón por la cual la Junta responsable, debió tener por contestada la demanda en sentido afirmativo, por perdido el derecho para ofrecer pruebas, y por no formulado el ofrecimiento de reinstalación, ya que todos estos actos fueron realizados por el apoderado de la empresa demandada.
Lo anteriormente resumido, resulta ser inexacto por las siguientes razones:
La Cuarta Sala del más alto tribunal del país, en la tesis de jurisprudencia número VII/89, que sustentó al resolver la contradicción de tesis 16/83, misma que es obligatoria para este tribunal colegiado, en términos del artículo 192 de la Ley de Amparo, ha establecido: "AUDIENCIA DE CONCILIACION, DEMANDA Y EXCEPCIONES, COMPARECENCIA DE LAS PARTES A LAS ETAPAS DE LA.- Conforme al artículo 876, fracción I, de la Ley Federal del Trabajo, las partes deben comparecer personalmente al período conciliatorio, sin abogados patronos, asesores o apoderados; ello, porque se trata de que actor y demandado, solos y directamente, con la única intermediación de la Junta, propongan soluciones justas y satisfactorias a sus diferencias para evitar el litigio, condiciones que equiparan a este acto con los que en derecho común se conocen como personalísimos, es decir, aquellos que por su trascendencia requieren de la presencia del afectado, agregando la fracción VI del precepto citado que si las partes no comparecen personalmente a ese período de avenencia, se les tendrá por inconformes con todo arreglo, y si bien es cierto que esta última fracción les exige presentarse personalmente a la etapa de demanda y excepciones, esta comparecencia ya no debe entenderse que necesariamente sea directa, porque ubicándose jurídicamente en el período de arbitraje con el que se inicia, propiamente, el juicio laboral cobra aplicación el artículo 692 de la Ley Federal del Trabajo que dispone que las partes pueden comparecer a juicio en forma directa o por conducto de apoderado legalmente autorizado. Por tanto, las consecuencias procesales establecidas en el artículo 879 del mismo ordenamiento, consistentes en tener por reproducida la demanda o tener por contestada ésta, en sentido afirmativo, sólo son operantes en caso de que las partes no concurran al período de demanda y excepciones directamente ni por conducto de representantes."
Como podrá observarse de la anterior transcripción, la Suprema Corte de Justicia de la Nación, ha definido que en la única fase en que las partes contendientes deben acudir en forma personal, es en la de conciliación, sin la asistencia de asesores, ya que únicamente a aquéllas atañe establecer una solución justa dentro del conflicto laboral, para así evitar entrar a la fase litigiosa.
Es decir, es obvio que si lo que se pretende es conciliar intereses, los únicos directamente interesados para establecer y evaluar las bases de una conciliación, son los directamente afectados, patrón y trabajador.
Si la parte patronal no comparece a la fase conciliatoria, el único efecto es que se dé por fracasada ésta, pero esto de ninguna manera obliga a la demandada a comparecer en forma personal a la fase de demanda y excepciones, pues como ya quedó señalado en el criterio jurisprudencial invocado, en esta parte del proceso el patrón sí puede ser representado por un apoderado, no obstante que aquél no hubiese comparecido en forma personal y directa en la de conciliación.
De ahí, que no existía ninguna razón jurídica para tener por contestada la demanda en sentido afirmativo, y por perdido el derecho para ofrecer pruebas, por el simple hecho que en la fase de demanda y excepciones hubiese comparecido un apoderado por parte de la demandada.
Tampoco le asiste la razón a la quejosa, cuando señala que la responsable debió de tener por no formulado el ofrecimiento de reinstalación, ya que esto lo propuso el apoderado de la empresa.
En efecto, el más Alto Tribunal del país, en las tesis de jurisprudencia que más adelante se transcribirán, ha definido que la propuesta de regreso al trabajo, válidamente puede hacerla un apoderado, y que el momento oportuno para realizarla es la etapa de demanda y excepciones, que fue precisamente lo que sucedió en el caso, ya que el ofrecimiento de reinstalación fue hecho por el apoderado de la empresa AL PUERTO DE VERACRUZ, S. A., en la fase de demanda y excepciones.
Sirve de apoyo a lo anterior, las tesis de jurisprudencia números V/89 y VII/91, sustentadas por la Cuarta Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, al resolver las contradicciones de tesis números 13/88 y 69/90, respectivamente, y que a la letra dicen: "DESPIDO, NEGATIVA DEL, Y OFRECIMIENTO DEL TRABAJO HECHO POR APODERADO. NO IMPLICA MALA FE.- De acuerdo con el artículo 692 de la Ley Federal del Trabajo, las partes podrán comparecer a juicio en forma directa o por conducto de apoderado legalmente autorizado, y tratándose de apoderado, la personalidad se acreditará conforme a las reglas establecidas en las cuatro fracciones de la propia norma legal. Por tanto, basta que la persona que comparezca como apoderado de otra, física o moral, demuestre mediante los documentos respectivos su autorización legal, para que, por consiguiente, los actos que realice obliguen a la persona representada, que entre otros, está el de proponer al trabajador actor se reincorpore a sus labores, sin que sea menester que el poder correspondiente contenga expresamente esa facultad, ya que ello es innecesario, dado que tal acto no lo reserva la Ley Federal del Trabajo al patrón, en cuanto sea él directamente quien lo realice, independientemente de que el demandado, al elegir comparecer a juicio mediante apoderado, su voluntad es la de que éste le sustituya en todo lo relacionado con la controversia que se suscite, salvo excepciones previstas en el citado ordenamiento jurídico, verbigracia, la absolución de posiciones y otras casos, en los que la parte directa debe apersonarse. Por ende, si el ofrecimiento del trabajo no se encuentra en esos casos especiales, resulta que sí puede el apoderado hacer la propuesta de mérito, sin que para ello sea requisito que se le faculte expresamente y, en tales circunstancias, el ofrecimiento hecho de esa manera debe catalogarse de buena fe." y "OFRECIMIENTO DE TRABAJO. NO ES DE MALA FE PORQUE EL PATRON CONTROVIERTA LAS CONDICIONES DE TRABAJO Y MANIFIESTE SOLO QUE LO HACE 'EN LAS MISMAS CONDICIONES' EN QUE SE VENIA PRESTANDO.- Cuando en un juicio el trabajador reclama su despido injustificado precisando las condiciones de trabajo que fundan su demanda, y el patrón, además de negar aquél, se refiere a las condiciones suscitando controversia al respecto, pero al ofrecer el trabajo se limita a decir que lo hace `en las mismas condiciones' en que se venía prestando, sin especificar si dichas condiciones son las relatadas por el actor o las especificadas en su contestación, no cabe calificar, por este solo hecho, de mala fe el ofrecimiento, porque éste no debe interpretarse de modo abstracto o aislado de su contexto, sino en conexión con otros capítulos de la contestación a la demanda, toda vez que se trata de una proposición del demandado al actor para continuar la relación laboral interrumpida de hecho por un acontecimiento antecedente del juicio que, si bien no es una excepción, pues su objeto directo e inmediato no es destruir la acción intentada, va asociada siempre a la negativa del despido y en ocasiones a la controversia de los hechos en apoyo de la reclamación, debiendo agregarse que el ofrecimiento no se califica atendiendo a fórmulas rígidas o abstractas, sino de acuerdo con los antecedentes del caso, la conducta de las partes y todas las circunstancias que permitan concluir de manera prudente y racional si la oferta revela efectivamente la intención del patrón de que continúe la relación laboral. Por lo anterior, se concluye que la expresión empleada por el patrón en el supuesto de la contradicción no es ambigua, ni coloca al actor en situación desventajosa por desconocer los términos de la proposición, pues la oferta debe entenderse referida a las condiciones de trabajo señaladas al contestar la demanda y su calificación dependerá de las pruebas que acrediten la veracidad del dicho en que se apoya."
Otro argumento que esgrime la solicitante del amparo, es en el sentido de que el ofrecimiento de reinstalación propuesto por la demandada, debe conceptuarse hecho de mala fe, ya que en ningún momento se le propuso pagarle su aguinaldo y el sueldo.
El citado argumento resulta ser infundado, por las siguientes razones:
La Cuarta Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, en la tesis de jurisprudencia número 84, visible a fojas 76, de la Quinta Parte, del Apéndice al Semanario Judicial de la Federación 1917-1985, ha establecido: "DESPIDO, NEGATIVA DEL, Y OFRECIMIENTO DEL TRABAJO, CONTROVIRTIENDOSE LA ANTIGÜEDAD. NO IMPLICA MALA FE.- Existe mala fe de parte del patrón al ofrecer el trabajo, en los conflictos originados por despido, cuando en dicho ofrecimiento modifica en perjuicio del trabajador, las condiciones en que lo venía desempeñando; esto es, que pretende que el trabajador regrese con un salario menor, con una categoría inferior, con una jornada de trabajo mayor; en suma, que pretenda la implantación de nuevas condiciones de trabajo; pero tal mala fe no existe, cuando el patrón controvierta la antigüedad alegada por el trabajador, pues dicha controversia no constituye una modificación del contrato de trabajo que altere el mismo."
Como podrá verse de lo anterior, para determinar si un ofrecimiento de reinstalación es de buena o mala fe, debe de atenderse a las condiciones reales de trabajo, tales como son sueldo, horario y puesto.
Por lo tanto, el hecho de que en la propuesta de reinstalación no se hubiese ofrecido el pago del aguinaldo, esto no implica mala fe, ya que esta prestación no está en relación directa con las condiciones en que se presta el servicio al patrón.
Pero aún más, tan se ofreció el pago de esa prestación (aguinaldo), que el patrón se allanó a la misma, y por esa causa, se le condenó al entero de ella.
Por lo que respecta a las condiciones de trabajo, debe decirse lo siguiente:
La trabajadora afirmó que ocupaba el puesto de cajera (debe destacarse que no el de cajera de máquina registradora); con un salario semanal de CIENTO CATORCE MIL SEISCIENTOS PESOS, CERO CENTAVOS; y con un horario de las diez de la mañana a la una treinta de la tarde y de las cuatro de la tarde a las ocho de la noche de lunes a viernes; y el sábado de las diez de la mañana a la una treinta de la tarde y de las cuatro de la tarde a las ocho treinta de la noche.
El ofrecimiento propuesto por el patrón, fue con el mismo horario señalado por la trabajadora, en el puesto de cajera; y cubriendo el salario mínimo general de la zona, vigente en el momento del ofrecimiento, que para el ocho de febrero de mil novecientos noventa, era de OCHO MIL CUATROCIENTOS CINCO PESOS diarios.
Es decir, en cuanto al horario, es obvio que no existió controversia.
En cuanto al puesto, no existe controversia en que la trabajadora se desempeñaba como cajera, y a través de la prueba confesional a su cargo (posición número nueve), quedó acreditado que sus labores consistían en recibir las notas de venta del piso, junto con la mercancía, revisando ésta y entregándola a los clientes, envolviéndola en su caso, para regalo.
Es decir, esta función es totalmente diferente a la que se considera que desempeña un cajero de máquina registradora y que se encuentra definida en la tabla de salarios mínimos, cuya función es la siguiente: "Cajero de máquina registradora. Es el trabajador que mediante la operación de una máquina registradora, cobra a los clientes las cantidades amparadas por las notas respectivas o marcadas en las mercancías, entregando al cliente la copia de la nota de venta o la tira de la registradora. Al iniciar su labor, recibe un fondo de moneda fraccionaria para dar cambio, y al terminar hace el corte de caja y repone el fondo que recibió.
Es decir, claramente se desprende que la función que desempeñaba la trabajadora, es diferente a la de una cajera de máquina registradora, y toda vez que el puesto que se demostró, desempeñaba la actora, no se considera como un trabajo profesional para efectos de la tabla de salarios mínimos, debe considerarse que el sueldo respectivo está regulado por el salario mínimo general.
De esta suerte, es claro que también quedó acreditado que el puesto desempeñado por la hoy quejosa, fue simplemente el de cajera, diferente al de una cajera de máquina registradora.
En cuanto al sueldo, evidentemente existe discrepancia, pues la trabajadora mencionó que obtenía CIENTO CATORCE MIL SEISCIENTOS PESOS quincenales, que es muy superior al salario mínimo general vigente en el momento del despido y que ascendía a la cantidad de SIETE MIL SEISCIENTOS CUARENTA PESOS diarios, que a la semana da la cantidad de CINCUENTA Y TRES MIL CUATROCIENTOS OCHENTA PESOS.
Sin embargo, debe decirse que con la prueba documental que ofreció el patrón y que corre agregada a fojas 30 del expediente laboral, correspondiente al mes de octubre de mil novecientos ochenta y nueve, se desprende que la trabajadora obtenía mensualmente la cantidad de DOSCIENTOS VEINTINUEVE MIL DOSCIENTOS PESOS, que dividida entre treinta da la cantidad de SIETE MIL SEISCIENTOS CUARENTA PESOS que era el salario mínimo general vigente en esa época.
Es decir, con esa prueba documental quedó plenamente acreditado que el sueldo que percibía la trabajadora era el salario mínimo general aplicable en esta área geográfica de Puebla, y por ello, si el ofrecimiento de reinstalación se hizo ofreciendo como salario el mínimo general vigente en el momento de la propuesta y que era el de OCHO MIL CUATROCIENTOS CINCO PESOS diarios, debe concluirse que por ello el citado ofrecimiento fue hecho de buena fe.
Así las cosas, fue correcto que la Junta responsable concluyera que la carga probatoria del despido correspondía a la trabajadora.
La peticionaria de garantías argumenta que con la prueba testimonial que ofreció a cargo de los señores APOLINAR JACINTO PEREZ CORTES y PATRICIA VELAZQUEZ VALERIO, quedó plenamente acreditado el despido injustificado que argumentó, y que por ello el tribunal laboral no se ajustó a derecho al restarle valor probatorio al dicho de los deponentes.
Lo anteriormente resumido, resulta ser inoperante, pues independientemente de que las razones expuestas por la responsable para restarle valor probatorio a la testimonial, se ajusten o no a derecho, lo cierto es que este cuerpo colegiado estima que esa prueba no puede ser idónea para acreditar el despido mencionado, por los siguientes motivos:
La parte actora al narrar las circunstancias de tiempo, modo y lugar en que sucedió el despido, en ningún momento señaló que este hecho hubiese sido presenciado por persona alguna.
Por lo tanto, si la propia demandante implícitamente aceptó que cuando se dio el pretendido despido, el mismo no fue presenciado por alguna persona perteneciente a la empresa o ajena a la misma, es evidente que resulta sospechoso que ese hecho se pretenda acreditar a través de unos testigos respecto de los cuales nunca se hizo constar su presencia, ni en el escrito inicial de demanda ni en las aclaraciones.
Lo anterior resulta obvio, ya que si una persona es despedida ante la presencia de otras personas, lo lógico es que al promoverse la demanda laboral respectiva, el afectado al narrar las circunstancias de modo en que sucedió el multicitado despido, indique, por lo menos, que éste fue presenciado por otras personas; pero si no lo hace así, cabe presumir fundadamente que el supuesto despido no fue presenciado por persona alguna y en este sentido, ese hecho no puede ser probado a través de una testimonial, pues enlazando lógicamente los hechos narrados por la actora, debe estimarse que los testigos propuestos fueron simplemente aleccionados para ese fin.
En efecto, si en los hechos de la demanda no se narra que el despido hubiese sido presenciado por persona alguna, resulta incuestionable que el mismo no puede ser acreditado a través de unos testigos que evidentemente no estuvieron presentes en ese momento. De acuerdo a lo anterior, es claro que la probanza en que se apoyó la Junta responsable para tener por acreditado el susodicho despido, no puede tener efecto alguno, en virtud de que la misma estaría encaminada a acreditar un hecho que no se encuentra contenido en la demanda, consistente en que el despido hubiese sido presenciado por personas ajenas o pertenecientes a la empresa demandada. Sirve de apoyo a lo anterior, la tesis sustentada por este tribunal al resolver el amparo directo número 396/90, promovido por OVOENVAS, S.A. de C.V., y que a la letra dice: "TESTIMONIAL CASO EN QUE PARA SU EFICACIA, DEBE ALUDIRSE EN LA DEMANDA A LA PRESENCIA DE LOS TESTIGOS.- Si la parte actora en un juicio laboral, al narrar las circunstancias de tiempo, modo y lugar en que sucedió el despido, no señala que éste hubiese sido presenciado por alguna persona, resulta sospechoso que este hecho se pretenda acreditar a través de las declaraciones testimoniales de personas cuya presencia no se hizo constar al narrarse en la demanda el evento. Lo anterior es lógico, ya que si una persona es despedida ante la presencia de otras, lo normal es que al promoverse la demanda laboral respectiva, el afectado, al narrar las circunstancias de modo en que sucedió el citado despido, indique, por lo menos, que éste fue presenciado por otras personas, pero si no lo hace así, cabe presumir fundadamente que el supuesto despido no fue presenciado por persona alguna y en ese sentido la prueba testimonial que se ofrezca, carece de valor probatorio."
Así las cosas, es evidente que de cualquier forma la prueba testimonial ofrecida en el juicio natural por la hoy quejosa, no puede considerarse ni suficiente ni idónea para acreditar el despido que hizo valer en su demanda laboral.
En estas condiciones, y toda vez que este cuerpo colegiado no advierte queja que suplir en beneficio de la trabajadora, lo que procede es negar el amparo y protección de la Justicia Federal que solicitó.
Por lo expuesto y con apoyo en los artículos 107 fracciones III y IV de la Constitución General de la República, 184, 189 y 190 del capítulo cuarto de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, se resuelve:
UNICO.- La Justicia de la Unión no ampara ni protege a ALEJANDRA GARCIA MEDINA, en contra del acto que reclamó de la Junta Especial número Dos de la Local de Conciliación y Arbitraje del Estado de Puebla, mismo que hizo consistir en el laudo de fecha veintinueve de agosto del año en curso, dictado dentro del expediente laboral número D-2/366/89.
Notifíquese, con testimonio de esta resolución, devuélvanse los autos a la autoridad responsable, y en su oportunidad archívese el expediente como asunto concluido.
Así por unanimidad de votos lo resolvieron los señores Magistrados que integran el Tercer Tribunal Colegiado del Sexto Circuito, licenciados Olivia Heiras de Mancisidor, Jaime Manuel Marroquín Zaleta y Ana María Yolanda Ulloa de Rebollo, siendo ponente el segundo de los nombrados y quienes firman con la secretaria de Acuerdos que da fe.
Fuente y verificación: corpusiuris.mx/precedente/1012-94b778cf/testimonial-caso-que-para-su-eficacia-debe-aludirse · Corpus Iuris · texto íntegro conforme a la publicación oficial
Fuente oficial: Ver esta sentencia en la SCJN (Semanario Judicial de la Federación)
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