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Modo: Corpus Pro

PETROLEOS MEXICANOS, COBRO DEL IMPUESTO PREDIAL. PREVIAMENTE AL JUICIO DE GARANTIAS DEBE ACUDIR ANTE EL TRIBUNAL DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO DEL ESTADO.

Tipo de asunto: AMPARO EN REVISIÓN 500/93. · Registro digital (IUS): 1061
Órgano: Suprema Corte de Justicia de la Nación · Publicación: —
Promovente: PETROLEOS MEXICANOS.
Localización: Octava Época. Tribunales Colegiados de Circuito. Semanario Judicial de la Federación, Tomo XIII, Abril de 1994, , Pág. 298.

AMPARO EN REVISION 500/93. PETROLEOS MEXICANOS.

CONSIDERANDO:

SEGUNDO.-Resulta inatendible lo aducido como agravios.

En efecto, es inexacto que por combatir la legislación local y actos de autoridades administrativas locales la recurrente no tenía por qué agotar los medios ordinarios previamente a la promoción del juicio de garantías, y que por tratarse de un organismo descentralizado conforme al artículo 14 de la Ley Orgánica de Petróleos Mexicanos y Organismos Subsidiarios, se surtía la competencia del Juzgado de Distrito, atento a que, por cuanto a que en el caso no se llevó a cabo la clasificación de los inmuebles a fin de determinar en cuál de las hipótesis del artículo 34, fracción VI, de la Ley General de Bienes Nacionales se encuentra, esto constituye una cuestión que concierne al fondo del asunto, que no puede abordarse porque no fue analizada por el a quo a virtud de que consideró actualizada una causal de improcedencia, sin que, por otra parte, el hecho de que el mencionado artículo 14 establezca que las controversias en que sean parte organismos de la industria petrolera son de jurisdicción federal no impide que se sostenga que en el caso no se cumplió con el principio de definitividad, pues no se advierte en qué forma puede afectar directamente a dicha industria el cobro de un impuesto predial, máxime que la H. Suprema Corte de Justicia de la Nación en la tesis de jurisprudencia que bajo el número 24/92 es visible a foja veintiuno del número 59 de la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación correspondiente al mes de noviembre del año de mil novecientos noventa y dos ha sostenido el siguiente criterio: "COMPETENCIA FEDERAL. NO SE SURTE POR LA SOLA CIRCUNSTANCIA DE QUE SEA PARTE EN EL JUICIO UN ORGANISMO DESCENTRALIZADO Y SE AFECTE O PUEDA AFECTARSE SU PATRIMONIO.-Si bien conforme a lo dispuesto por los artículos 90 constitucional, 1o. y 3o. de la Ley Orgánica de la Administración Publica Federal, los organismos descentralizados forman parte de la Administración Pública Federal Paraestatal, lo cierto es que en términos de los establecido por los artículos 45 de esta ley, 11, 14, 17, 18, 60 y demás relativos de la Ley Federal de las Entidades Paraestatales, constituyen entes creados por el Congreso de la Unión o el Ejecutivo Federal, con personalidad jurídica y patrimonio propios, cuyo objeto es la realización de actividades correspondientes a las áreas prioritarias, la prestación de servicios públicos o sociales o la obtención y aplicación de recursos para la asistencia y seguridad sociales, que cuentan con su propia organización y administración y gozan de autonomía de gestión, aun cuando están sujetos a la supervisión y vigilancia del Ejecutivo Federal. Por tanto, los organismos descentralizados no pueden considerarse como la Federación en la acepción que le da el artículo 104, fracción III, constitucional, es decir, como el ente jurídico denominado Estados Unidos Mexicanos. Asimismo, tanto los bienes muebles como los inmuebles patrimonio de los organismos descentralizados, incluidas las aportaciones que reciben del Gobierno Federal, como no están incluidos en los artículos 1o. a 3o. de la Ley General de Bienes Nacionales, ni en ningún otro dispositivo legal, como de dominio público o de dominio privado de la Federación, no constituyen bienes nacionales, por el contrario, la fracción IV del artículo 3o. antes citado dispone que son bienes de dominio privado de la Federación los que hayan formado parte del patrimonio de las entidades de la Administración Pública Paraestatal, que se extingan o liquiden, en la proporción que corresponda a la Federación, por lo que mientras dichos bienes sean patrimonio de dichas entidades no son bienes nacionales, pues es necesario para ello que antes dejen de ser propiedad de las entidades con motivo de su extinción o liquidación. En consecuencia, por el solo hecho de que en el juicio sea parte un organismo descentralizado y se afecte o pueda afectarse su patrimonio, no se surte la competencia de los tribunales federales conforme a los artículos 104, fracción III, constitucional, 54, fracciones II y VI, de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación y 7o. de la Ley General de Bienes Nacionales, en virtud de que no puede considerarse que la Federación sea parte ni que se afecten sus intereses. Atento a lo anterior debe interrumpirse la jurisprudencia publicada con el número 12 en el Informe de 1988, Segunda Parte, página 62 a 64, con el rubro: "ORGANISMOS DESCENTRALIZADOS. COMPETENCIA DEL FUERO FEDERAL PARA CONOCER DE JUICIOS EN LOS QUE INTERVENGAN Y SE COMPROMETA SU PATRIMONIO.".

Es incierto que el a quo aplique incorrectamente lo previsto por los preceptos que invocó de la Ley de Justicia Administrativa, al establecer, con base en ellos, que existe un juicio por virtud del cual los actos cuya inconstitucionalidad se alega pueden ser modificados, revocados o nulificados, pues el hecho de que dicho ordenamiento, en su artículo 3o., haya empleado en forma genérica el término "particulares", no implica, como se pretende, que no pueda aplicarse a la quejosa por no ser un particular sino "un organismo público descentralizado que forma parte de la Administración Pública Federal", ya que bajo tal término quedan comprendidas las personas morales en general que requieran, como sucede con la quejosa, dirimir una controversia de carácter administrativo fiscal con algunas de las unidades públicas ahí precisadas, siendo de agregarse que tal situación no cabe considerarla como una contienda de carácter nacional, ni que por tratarse de un organismo descentralizado federal no puede ocurrir ante dicho tribunal, dado que, como se observa, el conflicto surge por el cobro de un impuesto predial generado por inmuebles ubicados en esta entidad federativa.

Por último, no es de aceptarse lo relativo a que los actos reclamados no requieren ser previamente recurridos ante el Tribunal de lo Contencioso Administrativo del Estado, conforme al criterio sostenido por el Tercer Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Primer Circuito que invocó la revisionista, toda vez que no es obligatorio para este tribunal compartir tal criterio, por tratarse de una tesis aislada que no constituye jurisprudencia, de acuerdo con el artículo 196 de la Ley de Amparo.

En esas condiciones, procede confirmar la sentencia del a quo.

Por lo expuesto y fundado, es de resolverse y se resuelve:

UNICO.-Se confirma la sentencia recurrida, dictada el veintinueve de octubre de mil novecientos noventa y tres por el Juez Sexto de Distrito en el Estado en el juicio de amparo número 624/993, promovido por Petróleos Mexicanos contra los actos y las autoridades precisados en el resultando primero de esta ejecutoria, mediante la cual sobreseyó dicho juicio.

Notifíquese como corresponda; con testimonio de esta resolución vuelvan los autos a su lugar de origen y, en su oportunidad, archívese este toca.

Así, por unanimidad de votos de los Magistrados Eliel E. Fitta García, Antonio Uribe García y Tomás Enrique Ochoa Moguel, lo resolvió el Tribunal Colegiado en Materias Administrativa y de Trabajo del Séptimo Circuito. Fue relator el segundo de los nombrados. Doy fe.

Fuente y verificación: corpusiuris.mx/precedente/1061-62f85182/petroleos-mexicanos-cobro-del-impuesto-predial-previamente-al · Corpus Iuris · texto íntegro conforme a la publicación oficial

Fuente oficial: Ver esta sentencia en la SCJN (Semanario Judicial de la Federación)

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