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Modo: Corpus Pro

SUSPENSION PROVISIONAL DE LOS ACTOS RECLAMADOS. DEBE RESOLVERSE CONFORME A LAS AFIRMACIONES DEL QUEJOSO EN LA DEMANDA DE AMPARO.

Tipo de asunto: QUEJA 7/93. · Registro digital (IUS): 1109
Órgano: Suprema Corte de Justicia de la Nación · Publicación: —
Promovente: GOBERNADOR DEL ESTADO Y SECRETARIO DE COMUNICACIONES Y TRANSPORTES.
Localización: Octava Época. Tribunales Colegiados de Circuito. Semanario Judicial de la Federación, Tomo XI, Mayo de 1993, , Pág. 261.

QUEJA 7/93. GOBERNADOR DEL ESTADO Y SECRETARIO DE COMUNICACIONES Y TRANSPORTES.

CONSIDERANDO:

IV.- Son infundados los agravios que hacen valer las autoridades recurrentes gobernador del Estado a través del secretario general de Gobierno, por ausencia de aquél, así como secretario de Comunicaciones y Transportes por medio del encargado del despacho.

En efecto, alega el recurrente gobernador del Estado, en síntesis, que el a quo, concedió la suspensión provisional, sin analizar que el acto reclamado lo derivan los agravios de un memorándum emitido por el secretario de Comunicaciones y Transportes, de acuerdo a sus atribuciones y entre éstas, se encuentra la facultad para retirar vehículos de transporte de alquiler, por lo que la medida cautelar no debió haberse concedido, incluyendo al Ejecutivo del Estado, porque esto limita al campo de sus atribuciones. Al respecto debe decirse que, el hecho de que el Juez Federal hubiera otorgado la suspensión provisional del acto reclamado por los quejosos, no conlleva a establecer que con tal medida se limite el campo de atribuciones del Ejecutivo Estatal, ya que los efectos de la suspensión provisional, son únicamente los de mantener las cosas en el estado que guardan hasta que se notifique a la autoridad responsable la resolución que se dicte sobre la suspensión definitiva, debiendo decirse además que la suspensión provisional; tiene la particularidad de que se otorga (o se niega), sin necesidad de que el a quo tenga ante sí todos los medios de prueba que tiendan a acreditar el dicho del quejoso, ya que se decide sobre dicha medida contando únicamente con la demanda de amparo y con el dicho del promovente del juicio, máxime que en el caso se encuentra acreditado el interés jurídico de los promoventes del juicio de garantías y asimismo que piden la suspensión provisional del acto reclamado.

Por último, es infundado el agravio hecho valer por el recurrente en queja citado, en cuanto a que la Juez Federal no valoró debidamente lo referente a que la suspensión provisional debe de concederse solamente cuando no se contravengan disposiciones de orden público, ni se siga perjuicio al interés social, lo que acontece en el caso, puesto que, con la medida cautelar concedida, para el efecto de que no se retiren de la circulación los vehículos de los quejosos, permite que se propicie el caos en cuanto a ese servicio público de transporte, dando lugar a una auténtica afectación al interés social. A lo anterior debe decirse que en el caso a estudio, no se está en ninguno de esos supuestos, pues si bien las partes en el juicio y, obviamente en el incidente de suspensión tiene la obligación de acreditar el no perjuicio al interés social, ni el seguimiento de afectación a disposiciones de orden público (el quejoso), o la situación contraria (autoridades responsables), a fin de que el a quo, pueda determinar si se concede o niega la suspensión solicitada, ello se hará en el momento en que se ofrezcan las pruebas pertinentes en el transcurso del incidente y, que se desahoguen en la audiencia prevista por el artículo 131 de la Ley de Amparo, en la que el Juez de Distrito resolverá sobre la suspensión definitiva, además de que, en el caso, no puede estimarse que se contravengan disposiciones de orden público, puesto que, con la medida cautelar otorgada, no puede establecerse que se afecte a un conglomerado humano considerable, para beneficiar a una minoría que, con la misma, se limite la actuación pública del Estado, ni se afecta la moral o las buenas costumbres. En tal virtud, debe declararse infundado el presente recurso de queja, por lo que a dicha autoridad se refiere.

Por lo que hace a los agravios formulados por el secretario de Comunicaciones y Transportes por conducto del encargado del despacho, como ya se dijo también resultan infundados, mismos que se hacen consistir en que la Juez Tercero de Distrito en el Estado dictó en contravención a lo dispuesto por la fracción II del artículo 124 de la Ley de Amparo, la suspensión provisional, así como también que no tomó en consideración al concederla, que los actos reclamados por los quejosos, son de orden público e interés social, que no se trata de un acto inminente, sino de ejecución futura e incierta y que los quejosos comparecieron a un procedimiento de canje o cancelación, cuya resolución final no se ha dictado, por lo que no se cumplen los requisitos que señala la Ley de Transporte Público; a ello cabe decir que lo alegado por la autoridad responsable recurrente, son cuestiones que tienen que ver con el fondo del amparo, sin que al concederse a los quejosos la suspensión provisional de los actos reclamados, se contravenga la Ley de Transporte Público invocada por la recurrente, ya que para el otorgamiento de la medida cautelar en cuestión, se acreditó, aun presuntivamente, el interés que tienen para que se le conceda, como aconteció en el caso, al haber acompañado los quejosos a su demanda de amparo, las concesiones definitivas para prestar el servicio público de alquiler, así como las facturas correspondientes a las unidades donde prestan dicho servicio. Siendo inexacto, por otra parte, que al concederse la suspensión provisional, se causen perjuicios al interés social y al orden público por el hecho de limitarse la atribución del Poder Ejecutivo de proporcionar a la sociedad un adecuado servicio de transporte, habida cuenta que la concesión de la suspensión provisional decretada por la Juez a quo, no restringe la atribución del Ejecutivo Estatal, como lo esgrime la autoridad recurrente, por lo que también a este respecto, resulta infundado el agravio.

En consecuencia, procede declarar infundado el recurso de queja interpuesto.

Por lo expuesto y fundado y con apoyo además en los artículos 95, fracción XI y 99, último párrafo, de la Ley de Amparo y 44 fracción IV y 45 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, se resuelve:

UNICO.- Se declara infundado el recurso de queja interpuesto por el gobernador del Estado, por conducto del secretario general de Gobierno, así como por el encargado del despacho, autoridades de esta entidad, contra la resolución de fecha cinco de enero de mil novecientos noventa y tres, dictada por la Juez Tercero de Distrito en el Estado.

Notifíquese, con testimonio de esta resolución, vuelvan los autos al Juzgado de Distrito de su origen y, en su oportunidad archívese el toca.

Así, por unanimidad de votos, lo resolvieron los Magistrados que integran el Primer Tribunal Colegiado del Noveno Circuito, licenciados: Fernando Reza Saldaña, Guillermo Baltazar Alvear y Carlos Chowell Zepeda, siendo ponente el último de los nombrados.- Doy fe.

Fuente y verificación: corpusiuris.mx/precedente/1109-223364b8/suspension-provisional-de-los-actos-reclamados-debe-resolverse · Corpus Iuris · texto íntegro conforme a la publicación oficial

Fuente oficial: Ver esta sentencia en la SCJN (Semanario Judicial de la Federación)

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