CONFLICTOS PARCELARIOS, PARA RESOLVERLOS NO DEBEN TOMARSE EN CUENTA CIRCUNSTANCIAS AJENAS A ELLOS.
AMPARO EN REVISION 25/88. JUANA LUZ RAMIREZ RAMIREZ.
CONSIDERANDO:
SEXTO.-Síntesis de concepto de violación.
a) Señala la quejosa causarle agravio la resolución impugnada en tanto la responsable no valora adecuadamente ni las pruebas aportadas por ella ni las aportadas por el tercero perjudicado, tal es el caso de la testimonial a cargo de Alejandro Morales Ramírez, Pablo Baños Torres y Guillermo Ramírez, ofrecida por el tercero perjudicado Domingo Ramírez Ordóñez y a la cual la responsable concedió valor probatorio pleno, cuando de la misma se desprende que los testigos manifestaron que la parcela que poseía Domingo Ramírez se encontraba desde hacía cuatro o cinco años en conflicto, pues la reclamaba Paz Ramírez, de donde se desprende que la posesión del tercero perjudicado no ha sido de buena fe ni pacífica y ha sido en perjuicio de una sucesora con derechos reconocidos como lo es la quejosa y por tanto su posesión no puede generarle derecho alguno.
b) Que la responsable no valoró correctamente la confesional a cargo de Domingo Ramírez Ordóñez, ya que estimó que la misma resultaba intrascendente por tratarse de una confesión ficta, cuando a la misma debió concedérsele valor probatorio pleno al encontrarse corroborada con la declaración de los testigos propuestos por el tercero perjudicado en cuanto a que la parcela en litigio se encontraba en conflicto, debiéndose así tener por ciertas las posiciones que se le articularan respecto de que se había apoderado de la parcela que en vida perteneciera a Clemente Ramírez, sin consentimiento de la quejosa en el año de mil novecientos ochenta y uno, y que desde ese año hasta mil novecientos ochenta y seis se había opuesto a que la quejosa trabajara la unidad de dotación materia del conflicto, además de que tales posiciones no fueron desvirtuadas con prueba alguna ofrecidas por el tercero perjudicado.
c) Que la responsable tampoco valora adecuadamente la testimonial ofrecida por la quejosa con cargo a Pedro Pérez Orozco, Eliberto Flores Rivero y Manuel Flores García, de la que se desprende que Domingo Ramírez Ordóñez desde mil novecientos ochenta y uno impidió a la quejosa trabajar la parcela en litigio y que desde esa fecha la posesión de la misma ha estado en conflicto entre ambos, que el tercero perjudicado no trabaja por sí mismo la parcela sino que se la daba a medias a un señor de la Hacienda de Hueyapan y a Juan Pastrana, de lo cual se infiere que la posesión detentada por Domingo Ramírez Ordóñez no trabaja personalmente la parcela, que le ha impedido trabajar la misma a la quejosa oponiéndose a que tomara posesión de la misma, por lo que su posesión no es de buena fe y por lo mismo no puede generarle derechos.
d) Que la responsable valoró inadecuadamente la documental consistente en la investigación general de usufructo parcelario celebrada el cinco de octubre de mil novecientos ochenta y tres, así como la audiencia de pruebas y alegatos celebrada por la propia responsable el veintinueve de noviembre de mil novecientos ochenta y tres, ya que la misma dijo que les otorgaba pleno valor probatorio en virtud de que en la última investigación parcelaria se determinó que fuera la Comisión Agraria quien determinara sobre el conflicto que existe entre la quejosa y el tercero perjudicado y que al celebrarse la audiencia de pruebas y alegatos tanto Clemente Ramírez como Paz Ramírez habían comparecido haciendo las manifestaciones que a su derecho correspondía; cuando de la investigación referida se desprende que ya la parcela materia del juicio ya se encontraba en conflicto y que la misma consta de dos fracciones y no de una como lo señalan los testigos del tercero perjudicado lo que indica que éstos ni siquiera conocen la unidad de dotación, además que la investigación se encuentra adminiculada a la inspección ocular practicada por la responsable en donde también consta que son dos fracciones las que componen la parcela ejidal y al certificado de derechos agrarios 87862 a favor de Clemente Ramírez en donde también consta que son dos las fracciones que ampara.
Que en cuanto a la audiencia de pruebas y alegatos celebrada el veintinueve de noviembre de mil novecientos ochenta y tres, la responsable no valoró la declaración del tercero perjudicado quien manifestó que tenía más de diez años trabajando la parcela y que no había tenido ningún problema sino hasta mil novecientos ochenta y dos en que Paz Ramírez solicitó se le reconocieran derechos agrarios, de donde se desprende que Domingo Ramírez acepta que en mil novecientos ochenta y dos empezó a tener problemas por la parcela con la quejosa, de manera que si el titular del certificado de derechos agrarios Clemente Ramírez y padre de la quejosa falleció el quince de junio de mil novecientos ochenta al primero de enero de mil novecientos ochenta y dos habían transcurrido dieciocho meses con dieciséis días, de modo que la parcela sí la está reclamando la quejosa dentro del término de dos años después del fallecimiento del titular, siendo falso que la quejosa hubiera dejado transcurrir más de dos años para ejercitar su derecho de sucesora y por tanto haber precluido su derecho, como lo estimó la responsable al valorar la presuncional legal y humana, resultando también falso que no se hubiera demostrado con prueba fehaciente que las reclamaciones de la quejosa hubieran sido desde mil novecientos ochenta, dados los anteriores argumentos.
e) Por último, que la responsable al reconocer mejor derecho a poseer la parcela en conflicto a Domingo Ramírez viola sus garantías pues si no ha tenido la posesión de la unidad de dotación ha sido porque se lo ha impedido el tercero perjudicado apoderándose de ella sin título alguno, en forma violenta y careciendo de una posesión de buena fe, ya que la parcela multicitada la ha reclamado la quejosa como hija y sucesora reconocida por el propio titular de los derechos agrarios de la mencionada unidad de dotación.
Previo el estudio de los conceptos de violación es de hacerse notar que si bien en el conflicto sobre posesión y goce de la unidad de dotación aparecen como partes Paz Ramírez y Domingo Ramírez Ordóñez, y que en el juicio de garantías aparece como quejosa Juana Luz Ramírez Ramírez, lo cierto es que esta última acreditó durante el juicio agrario que era la misma persona a quien conocía como María de la Luz Ramírez de Báez, a través del acta de nacimiento correspondiente y de las constancias expedidas por el Juez municipal de Axapusco, Hidalgo y delegado municipal de la misma localidad y lo cual se ratificó con lo declarado tanto por los testigos presentados por ella como por los de su contraparte al manifestar que Juana Luz Ramírez también se le conocía como Paz Ramírez.
Son fundados los conceptos de violación en tanto que la responsable estimó que el tercero perjudicado Domingo Ramírez Ordóñez desde mil novecientos ochenta se encontraba trabajando la parcela en conflicto, por lo que tal posesión le generaba derechos los cuales debían reconocérsele en términos del artículo 72 de la Ley Federal de Reforma Agraria, en virtud de que Juana Luz Ramírez Ramírez o Paz Ramírez Ramírez no le asistía ningún derecho no obstante ser hija legítima y sucesora del titular del certificado de derechos agrarios que ampara la parcela en conflicto, supuesto que la misma no demostró que hubiera reclamado la parcela con base en sus derechos sucesorios dentro del término de dos años que la ley establece para que los sucesores ejerciten ese derecho, haciendo una incorrecta valoración de las pruebas aportadas en el juicio agrario tal y como lo señala la quejosa.
En efecto, de las constancias que obran en autos se advierte que, contrariamente a lo sostenido por la responsable, la quejosa demostró que la parcela en conflicto la había reclamado desde el año de mil novecientos ochenta y uno; pues al declarar Pedro Pérez Orozco testigo propuesto por Juana Luz Ramírez declaró que desde el año de mil novecientos ochenta y uno hasta la fecha Domingo Ramírez Ordóñez y Juana Luz Ramírez Ramírez han tenido problemas sobre la posesión de la parcela materia del conflicto, pues en mil novecientos ochenta y uno el primero de los nombrados impidió a Juana Luz que trabajara dicho terreno (foja 82), declaración que adminiculada a la rendida por Alejandro Morales Ramírez testigo propuesto por Domingo Ramírez el veintisiete de enero de mil novecientos ochenta y seis el que manifestó que la parcela materia del juicio se encontraba en conflicto desde hacía cuatro o cinco años entre su presentante y Paz Ramírez (foja 60); y la documental relativa a la audiencia de pruebas y alegatos verificada en el diverso procedimiento de privación de derechos agrarios y sucesorios y las correspondientes nuevas adjudicaciones del ejido de Axapusco, México, el veintinueve de noviembre de mil novecientos ochenta y tres, en donde consta que el tercero perjudicado manifestó que tenía más de diez años trabajando la parcela en conflicto sin ningún problema hasta el año de mil novecientos ochenta y dos, lleva a estimar que efectivamente la multicitada unidad de dotación se encontraba en conflicto entre las partes cuando menos desde el año de mil novecientos ochenta y dos, de manera que si el titular del certificado de derechos agrarios que ampara la parcela en conflicto falleció el quince de junio de mil novecientos ochenta, como se desprende del acta de defunción que obra agregada a foja cuarenta y cinco de los autos, al año de mil novecientos ochenta y dos no habían transcurrido los dos años a que hace referencia el artículo 85, fracción primera de la Ley Federal de Reforma Agraria, a fin de perder su derecho para reclamar el mejor derecho a poseer la parcela en conflicto, máxime que legalmente podría considerarse que la posesión detentada por el tercero perjudicado no puede generar derechos habida cuenta que desde mil novecientos ochenta y dos ha tenido problemas con Juana Luz Ramírez por la detentación de la misma y el cómputo de los dos años que marca la ley agraria para generar derechos sería a partir del quince de junio de mil novecientos ochenta fecha en que falleció el titular del certificado de derechos agrarios que ampara la unidad de dotación.
De manera que encontrándose la quejosa en tiempo para reclamar un mejor derecho para poseer la parcela denominada Cristo en el ejido de Axapusco, México, la responsable debió tomar en consideración que Juana Luz Ramírez Ramírez demostró que tiene reconocido ante las autoridades agrarias el carácter de tercera sucesora de los derechos agrarios de su extinto padre Clemente Ramírez, según constancia expedida por el subdirector del Registro Agrario Nacional y que obra a foja cuarenta y cuatro de los autos y que los primeros y segundos sucesores de nombre Francisco Ramírez y Margarita Ramírez habían fallecido, el primero, el veintidós de octubre de mil novecientos setenta y nueve, y la segunda, el once de diciembre de mil novecientos setenta y cuatro, lo cual se demostró mediante las actas de defunción respectivas que obran a fojas cuarenta y seis y cuarenta y siete de los autos y, por tanto, tiene un mejor derecho a poseer que el tercero perjudicado quien únicamente lo basó en la detentación de la posesión que, como ya se dijo, no generó derecho alguno.
Además, debe tomarse en cuenta que la posesión que detenta una de las partes en su conflicto sobre posesión y goce de una unidad de dotación individual sólo resulta trascendente cuando ninguno de ellos tiene en su favor derechos agrarios reconocidos para usufructuar y poseer la unidad de dotación en controversia, pero la misma es inatendible en aquellos conflictos de la misma índole en el que uno de los contendientes tiene en su favor derechos agrarios reconocidos para explotar la parcela ejidal, ya que el objeto de la resolución de los conflictos sobre posesión y goce es determinar a quién asiste mejor derecho a poseer, habida cuenta que si se atendiera únicamente a la posesión de quien viene detentando la unidad parcelaria, se estaría desconociendo la titularidad de los derechos agrarios, que es la que origina el derecho a poseer.
El anterior criterio ha sido sostenido por este Primer Tribunal Colegiado en la ejecutoria número 11, visible en la página 385 del Informe rendido por los Tribunales Colegiados correspondiente al año de 1987, que dice: "POSESION, VALOR DE LA, EN LOS CONFLICTOS PARCELARIOS.- Cuando en un conflicto sobre posesión y goce de una parcela, ninguna de las partes tiene derechos agrarios reconocidos ante las autoridades agrarias, es indudable que la controversia debe decidirse en favor de aquella parte que se encuentre en posesión de la unidad parcelaria; en cambio, la simple posesión de la unidad no puede hacerse valer, en el caso en el que la parte que reclama la posesión tiene derechos agrarios reconocidos para usufructuar y poseer la unidad de dotación y no así la persona que posee, pues en este supuesto es claro que debe resolverse que es al titular a quien le asiste el mejor derecho a poseer, independientemente de que si el poseedor considera que su posesión le ha generado algún derecho gestione la privación de derechos agrarios de su oponente.".
En las condiciones apuntadas, siendo fundados los conceptos de violación, aunque por distintas razones y fundamentos de los aducidos por la Juez de Distrito, procede conceder el amparo y protección de la Justicia Federal solicitada a Juana Luz Ramírez Ramírez.
Por lo expuesto y fundado, se resuelve:
PRIMERO.-Se confirma la resolución recurrida.
SEGUNDO.-La Justicia de la Unión ampara y protege a Juana Luz Ramírez Ramírez, en contra del auto y autoridad especificados en el resultando primero de este fallo.
Notifíquese; con testimonio de esta resolución devuélvanse los autos al lugar de su procedencia y en su oportunidad archívese este expediente como asunto concluido.
Así lo sentenció el Primer Tribunal Colegiado del Segundo Circuito, por unanimidad de votos de los CC. Magistrados presidente licenciado José Angel Mandujano Gordillo, licenciado Raúl Díaz Infante Aranda y licenciado Víctor Ceja Villaseñor, siendo relator el primero de los nombrados.
Firman los CC. Magistrados con el secretario de Acuerdos que da fe.
Fuente y verificación: corpusiuris.mx/precedente/1159-73bf4935/conflictos-parcelarios-para-resolverlos-no-deben-tomarse-en · Corpus Iuris · texto íntegro conforme a la publicación oficial
Fuente oficial: Ver esta sentencia en la SCJN (Semanario Judicial de la Federación)
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