CONCEPTO DE VIOLACION INOPERANTE. ES AQUEL QUE NO PRECISA EL AGRAVIO QUE SE OMITIO ESTUDIAR EN LA APELACION POR EL TRIBUNAL DE ALZADA.
Amparo directo 219/92, Francisco Mora Ramírez.
CONSIDERANDO:
PRIMERO.- El acto reclamado es cierto, según se desprende del informe justificado rendido por la autoridad responsable y de los autos originales de primera y segunda instancias remitidos con el mismo.
SEGUNDO.- La parte considerativa de la sentencia que se reclama es la siguiente: "TERCERO.- Son infundados los agravios. En primer término debe decirse que es cierto que la ley procesal de la materia al hablar en su artículo 208 que cuando la celebración de un contrato no se haya hecho con la formalidad establecida en la ley, cualquiera de las partes tiene acción para exigir de la otra que se extienda el documento correspondiente, pero cuando esta acción se refiere al arrendamiento y el que pretenda ejercitarla sea el arrendador, éste deberá acompañar a su demanda, el documento o documentos que lo acrediten como propietario del bien arrendado o que tiene facultades para arrendar, por autorización de éste, o por disposición legal; sin embargo, no debe pasar inadvertido que este precepto legal, mediante decreto de veinticinco de julio de mil novecientos noventa y uno, fue reformado en tales consideraciones, el actor no estaba obligado a cumplir con lo dispuesto en este dispositivo legal, puesto que su acción la inició mediante demanda presentada con fecha veintitrés de abril del año citado y de aplicar el criterio sostenido por el apelante, equivaldría a aplicar una ley retroactiva, lo que sería en perjuicio del actor puesto que se le violaron sus garantías individuales, lo que hace infundado el agravio. Por lo que hace a la segunda parte del agravio que se analiza, el mismo aparte de ser infundado, está expresado en forma deficiente puesto que si bien el más Alto Tribunal de la Federación ha establecido que no es bastante la afirmación de los testigos en el sentido de que lo declarado por ellos lo saben y les consta de vista y de oídas, sino que es menester que manifiesten en qué circunstancias y por qué medios se dieron cuenta de los hechos sobre los que depusieron, sin que obste que no hayan sido tachados por la parte contraria, pues a pesar de ello, el tribunal está facultado para apreciar libremente según su criterio el valor de los testimonios rendidos, también es cierto que el juzgador, hizo una correcta tasación de la prueba testimonial, ofrecida por el actor, dando en la sentencia la razón que lo motivó para concederle eficacia probatoria a esta probanza, además, se advierte de las respuestas dadas por los testigos, que saben y les constan los hechos sobre los cuales depusieron, porque son también inquilinos de su presentante, y que por tal razón viven en el mismo inmueble en donde se desarrollaron los hechos, además de que también estuvieron presentes cuando éstos sucedieron, razones más que suficientes que hacen que la prueba tenga valor. No es por demás dejar asentado que como se dijo, el agravio resulta deficiente, puesto que el apelante únicamente se concreta a manifestar que la prueba testimonial aludida carece de eficacia legal, puesto que los testigos incurrieron en contradicciones trascendentales sin especificar, cuáles fueron esas contradicciones, lo que hace operante la tesis jurisprudencial visible a página 62, Quinta Epoca, Cuarta Parte. Tercera Sala. Apéndice 1917-1985 bajo el rubro: "AGRAVIOS EN LA APELACION.".- En donde se ha establecido el siguiente criterio: Si el apelante no expresa los motivos por los cuales en su concepto la prueba fue mal apreciada por el inferior, el ad quem tiene razón al estimar que el agravio se expresó en forma deficiente. El segundo de los agravios también debe estimarse infundado en virtud de que el Juez al resolver la controversia, atendió a la naturaleza de la acción ejercitada según se desprende de los hechos narrados y no varió la prestación exigida, ni el título o causa de pedir, además aplicó las disposiciones legales procedentes por tanto, si bien es cierto, que cuando se exigió la prestación el contrato se encontraba vencido, legalmente o más bien dicho, la autoridad judicial no había dado por terminado el contrato, por ello es que el Juez actuó legalmente, al declararlo terminado, puesto que se justificaron los extremos para llegar a tal determinación. Independientemente de ello, debe decirse que la acción procede en juicio aun cuando no se exprese con claridad su nombre, con tal de que se determine con claridad la clase de prestación que se exija del demandado, así las cosas, es incuestionable que el agravio resulta infundado. Por último, el tercero de los agravios también resulta infundado, puesto que al estar justificado fehacientemente la existencia del acuerdo de voluntades, en dar y recibir en arrendamiento, es indudable que el inquilino está obligado a pagar las rentas desde el momento en que se inicia el arrendamiento hasta que desocupe el inmueble, por tanto si en autos no está demostrado que haya cumplido con dicha carga legal, la condena al pago de las rentas es apegada a derecho. Asimismo el pago de las costas también resulta procedente, en principio porque dio origen a la tramitación del juicio ante el incumplimiento de lo pactado y en segundo lugar porque el apelante no obtuvo sentencia favorable. En base de los razonamientos expuestos con anterioridad, al llegar a la conclusión de que la sentencia controvertida resulta legal y no le causa ningún perjuicio al apelante debe confirmarse por esta Sala en todas sus partes.".
TERCERO.- Los conceptos de violación hechos valer son los siguientes: "Son violatorios en mi perjuicio y carente de fundamento las consideraciones que efectúa la responsable en su apartado III de la resolución de segunda instancia que hoy combato puesto que se me trata de privar de mi derecho, sin que se hayan cumplido las formalidades esenciales del procedimiento y conforme a las leyes expedidas con anterioridad al hecho, además de los razonamientos infundados e improcedentes de la responsable, se pretende molestarme en mi persona, familia y papeles sin que funde y motive la causa legal del procedimiento, en base a las consideraciones siguientes y que relaciono con los preceptos legales que invoco y que han sido aplicados en forma inexacta por la responsable. La responsable funda los puntos resolutivos que hoy combato en mi considerando III, sin que exista fundamento legal alguno que soporte sus consideraciones y que ese tribunal de alzada se percatará, que en ningún momento toma en consideración mis agravios expresados en el recurso de apelación interpuesto y además pretende fundar sus consideraciones en presunciones sin fundamento legal alguno. En efecto la responsable en ningún momento toma en consideración en forma total mi expresión de agravios, toda vez que lo hace en forma parcial y en lo que considera erróneamente como base, soslayando la totalidad de los mismos, en clara contravensión al artículo 508 del Código de Procedimientos Civiles del Estado, toda vez que como consta en su considerando III al entrar al razonamiento de mis conceptos de violación señala que en esencia el hoy amparista considera que el Juez a quo actuó ilegalmente, pero sin que efectúe un análisis y estudio de mis razonamientos y de las disposiciones legales que invoqué como violadas además señala que el actor presentó su demanda con fecha veinticinco de abril del año de mil novecientos noventa y uno demandando juicio de otorgamiento de contrato y terminación del mismo y que la reforma o decreto por el cual fue reformado el artículo 208 del Código de Procedimientos Civiles del Estado, fue de fecha veinticinco de julio de mil novecientos noventa y uno, dictándose sentencia definitiva el día cuatro de septiembre de mil novecientos noventa y uno, por lo que no se aplicaría retroactivamente la ley puesto que dicha reforma se dio mucho antes de que se dictase sentencia definitiva, aplicándose entonces en forma inexacta violándose por tal motivo mis garantías individuales consagradas en los artículos 14 y 16 constitucionales. A mayor abundamiento por la responsable cuando entra al estudio del artículo 437 del Código de Procedimientos Civiles del Estado efectúa un razonamiento erróneo y equívoco en el caso concreto que hoy nos ocupa puesto que al realizar un estudio de la valoración de la prueba testimonial manifiesta que fue expresado mi agravio en forma deficiente, pero no debe pasar inadvertido que el juzgado en el momento de dictar la sentencia correspondiente tenía a la vista las actuaciones practicadas y como lo expresa en la jurisprudencia citada el Juez tiene facultad para apreciar libremente según su criterio el valor de los testimonios rendidos, cayendo en contradicciones trascendentales que quitan valor a su dicho, y aún más tratándose de inquilinos del presentante de la prueba, toda vez que así lo señalan en sus generales se toma en conocimiento que tienen interés en el asunto al tener interés indirecto en el pleito por lo que son testigos que se encuentran impedidos a declarar en este asunto, por lo que como se ha manifestado el juzgador al momento de dictar la resolución correspondiente no entra al estudio del agravio expresado tomando en consideración que no aplica correctamente lo dispuesto por el artículo 437 del Código de Procedimientos Civiles del Estado. Por lo que se refiere, y siguiendo con el análisis de las violaciones y agravios que me causa el considerando III de la resolución que combato, es falsa la apreciación en el sentido de que el juzgador al dictar sentencia no había dado por terminado el contrato por lo que la autoridad judicial en la misma sentencia lo declara terminado, manifestando que debe decirse que la acción procede en juicio aun cuando no se exprese con claridad su nombre, la falta de aplicación del artículo 174 del Código de Procedimientos Civiles del Estado, ya que la responsable no manifiesta los argumentos para llegar a tal conclusión, que cabe señalar se encontraba fuera de litis, ya que no formaban parte de la misma y por lo tanto la responsable se excede en sus funciones llegando al grado de suplir la deficiencia en materia civil. Además es incuestionable que la responsable no toma en cuenta mis agravios expresados como lo he manifestado y que en este momento invoco para seguir un orden, es decir el actor ejercita la acción de OTORGAMIENTO DE CONTRATO Y TERMINACION DEL MISMO, en consecuencia como lo he manifestado no se me puede condenar a otorgar un contrato que se encuentra vencido y aún más a darlo por terminado toda vez que se me estaría violando mis garantías individuales consagradas en nuestra carta magna porque en el supuesto no admitido por mí de que procediera el OTORGAMIENTO de contrato se me dejaría en estado de indefensión al no poder en su momento procesal oportuno demandar o ejercitar la acción correspondiente toda vez que al darse por OTORGADO el contrato el actor en el juicio estaría aceptando la tácita reconducción, es decir me vería imposibilitado para demandarle la prórroga de contrato, toda vez que si el actor manifiesta que celebramos contrato de arrendamiento con fecha primero de enero de mil novecientos noventa feneciendo según o dándose por terminado el día primero de enero de mil novecientos noventa y uno, demandando el actor hasta el día veintiséis de abril del año de mil novecientos noventa y uno es decir, no dentro del término que señala la ley para notificarme judicialmente la desocupación por la terminación del contrato por lo que estaríamos en el supuesto de que puedo demandarle la prórroga del contrato toda vez que reúno los requisitos para que se de la prórroga del contrato, en tal situación manifiesta la jurisprudencia: ARRENDAMIENTO, TACITA RECONDUCCION.- La tácita reconducción sólo opera en los contratos por tiempo fijo, no en los indefinidos. Quinta Epoca: Tomo LXXXII, página 878. Asúnsolo de Herrara, Emilia 5 votos. Sexta Epoca. Cuarta Parte. Vol. XIX., pág. 47. A.D. 763/57 Constantino Díaz García. 5 votos. Vol. XXVIII. pág. 100. A.D. 2514/59 María Isabel León. Unanimidad de 4 votos. Vol. XLI, pág. 10. A.D. 1560/59 María del Refugio Olalde. 5 votos. Apéndice de jurisprudencia de 1917 a 1965 del Semanario Judicial de la Federación. Cuarta Parte. Tercera Sala, pág. 286. ARRENDAMIENTO. TACITA RECONDUCCION.- Los diez días de plazo para que el arrendador exprese su oposición por razón lógica y jurídica deben entenderse como días hábiles y no naturales, puesto que, precisamente la mencionada oposición, que es la voluntad del arrendador, y que sin ella sí podría operar la tácita reconducción implica, el ejercicio de una acción mediante la consiguiente demanda, la cual invariablemente sólo podrá presentarse ante las autoridades de aquellos días en que puedan tener lugar actuaciones judiciales. Amparo directo 709/79 Hilario Avila Fregoso. 30 de noviembre de 1979. Unanimidad de votos. Ponente. J. Espiridión González Mejía. Secretario: Franco José Domínguez Ramírez. Informe 1980. Primer Tribunal Colegiado del Tercer Circuito Núm. 2, Pág. 205. Ante tal análisis resulta infundado el razonamiento de la responsable en el sentido de que debe condenarme a OTORGAR UN CONTRATO Y DARLO POR TERMINADO, toda vez que como se ha dejado manifestado estaríamos en el supuesto de que dicho contrato automáticamente se habría prorrogado de acuerdo a las consideraciones que he vertido en este apartado y por lo tanto el actor carecía de derecho y acción para promover un juicio de OTORGAMIENTO DE CONTRATO Y TERMINACION DEL MISMO, y en todo caso como lo menciono en mis agravios ante la responsable debió ejercitar la acción de cumplimiento de contrato, por lo que la resolución que combato deberá ser revocada, concediéndome el amparo y protección de la Justicia de la Unión. En la que se resuelva que el actor no probó su acción que la hoy amparista sí probó sus excepciones y defensas."
CUARTO.- Los antecedentes del caso de acuerdo con las constancias de autos, son los siguientes:
Por escrito presentado el veintitrés de abril de mil novecientos noventa y uno ante el Juez de lo Civil en turno de la ciudad de Puebla, Vicente Fajardo Ruiz promovió en la vía sumaria juicio de otorgamiento y terminación de contrato de arrendamiento en contra de Francisco Mora Ramírez, de quien reclamó además la desocupación y entrega materia del inmueble arrendado, el pago de las rentas adeudadas correspondientes a los meses de enero a diciembre de mil novecientos noventa y de enero a abril de mil novecientos noventa y uno a razón de doscientos mil pesos mensuales, el pago de los daños y perjuicios ocasionados al inmueble arrendado, así como el pago de los gastos y costas que se originaren por la tramitación del juicio.
Expuso como hechos: 1). El primero de enero de mil novecientos noventa celebró verbalmente con Francisco Mora Ramírez contrato de arrendamiento respecto del departamento número trescientos cuatro de la casa mil novecientos seis de la calle Catorce Sur de esta ciudad. 2). Fijaron como renta la cantidad de doscientos mil pesos mensuales pagaderos los primeros cinco días de cada mes en el inmueble arrendado. 3). Se estipuló como duración del contrato el de un año para ambas partes. 4). Se convino que el inmueble arrendado se destinaría para casa habitación, comprometiéndose Francisco Mora Ramírez a otorgarle por escrito dicho contrato verbal el día primero de enero de mil novecientos noventa, lo cual nunca hizo, negándose igualmente a pagar las rentas correspondientes. 5). Francisco Mora Ramírez adeuda las rentas correspondientes a los meses de enero a diciembre de mil novecientos noventa así como de enero a abril de mil novecientos noventa y uno a razón de doscientos mil pesos cada una. 6). No obstante haber fenecido el contrato verbal antes referido, Francisco Mora Ramírez se ha negado a desocupar el inmueble aun cuando en diversas ocasiones lo ha requerido para ello.
Por auto de fecha tres de junio de mil novecientos noventa y uno el Juez Octavo de lo Civil de esta Capital, a quien por turno correspondió el conocimiento del asunto, tuvo por contestada la demanda en sentido negativo en virtud de no haberla contestado el demandado.
Durante la dilación probatoria solamente Vicente Fajardo Ruiz ofreció pruebas, que consistieron en la testimonial, la instrumental pública de actuaciones, la documental privada consistente en el contrato de arrendamiento exhibido junto con el escrito de demanda, la documental privada consistente en diecinueve recibos de arrendamiento, mismos que dejó de cubrir el arrendatario, así como la presuncional en su doble aspecto.
Previos los trámites procesales oportunos con fecha cuatro de septiembre de mil novecientos noventa y uno el Juez del conocimiento dictó sentencia definitiva cuyos puntos resolutivos quedaron transcritos en el resultando primero de esta ejecutoria.
Inconforme con dicho fallo Francisco Mora Ramírez interpuso apelación, recurso del cual conoció la Cuarta Sala del Tribunal Superior de Justicia del Estado de Puebla, quien el dos de marzo del año en curso dictó sentencia en el toca número 1483/91 confirmando la pronunciada en primera instancia; este fallo constituye el acto reclamado en el presente juicio de garantías.
QUINTO.- Son infundados en parte e inoperantes en lo demás los conceptos de violación.
El quejoso sostiene que en virtud de que la sentencia de primera instancia fue dictada hasta el mes de septiembre de mil novecientos noventa y uno, el Juez natural debió tomar en consideración en ésta el decreto de reforma al artículo 208 del Código de Procedimientos Civiles para el Estado de Puebla, y que por tanto la parte actora debió acreditar ser propietaria del inmueble materia del juicio generador para que pudiera operar su acción.
Al respecto debe indicarse, que si la acción de otorgamiento y terminación de contrato de arrendamiento fue intentada el día veintitrés de abril de mil novecientos noventa y uno, y si como lo dice la responsable el artículo 208 de la Ley Adjetiva antes citada fue reformado por decreto de veinticinco de julio de mil novecientos noventa y uno, en el cual se exige al promovente de una acción como la de la especie que demuestre su propiedad del bien arrendado o su facultad para arrendarlo; no pudo exigírsele al hoy tercero perjudicado que cumpliera con este requisito si la acción la inició cuando aún no estaba vigente aquella disposición, ya que de hacerlo, como bien lo dijo la responsable, se estaría aplicando en su perjuicio retroactivamente una ley, contraviniéndose de esa manera lo dispuesto por el artículo 14 de la Constitución General de la República Mexicana que establece que "a ninguna ley se dará efecto retroactivo en perjuicio de persona alguna".
Es inexacto que la responsable, en la sentencia reclamada, haya tratado puntos ajenos a la litis. En efecto, es cierto que el tribunal de segunda instancia consideró que en la sentencia recurrida se atendió a la naturaleza de la acción ejercitada sin variar la prestación exigida y aplicando las disposiciones legales correspondientes, y que por tanto si se reclamó el otorgamiento de un contrato que se encontraba vencido, fue correcto que el Juez natural lo declarara legalmente terminado, porque al respecto no se había hecho ninguna declaración judicial, y que además la acción procede en juicio aun cuando no se exprese con claridad el nombre pues únicamente basta con que se determine la clase de prestación que se exige; pero no menos cierto es que este razonamiento fue hecho por la Sala responsable para desestimar el agravio aducido por el hoy quejoso en segunda instancia, en el sentido de que la acción de terminación de contrato de arrendamiento no procedía, en virtud de que el propio contrato se encontraba vencido, y que no podía darse por terminado lo que ya estaba vencido.
Además, cabe señalar, que tan es procedente la terminación de contrato de arrendamiento vencido, que su finalidad es precisamente que el arrendatario desocupe el inmueble arrendado; así, el artículo 739 del Código de Procedimientos Civiles para el Estado de Puebla, en su fracción I dispone que es procedente el juicio de desocupación cuando se funda en el cumplimiento del plazo estipulado en el contrato.
Sobre el particular el quejoso continúa argumentando que las acciones de otorgamiento y terminación de contrato de arrendamiento son improcedentes, en virtud de que de aceptarse lo contrario se dejaría en estado de indefensión al demandado porque no podría reclamar la prórroga del contrato de arrendamiento, que además debe tomarse en cuenta que en el caso concreto operó a su favor la tácita reconducción, porque al habérsele demandado pasados tres meses después de la fecha en que supuestamente venció el arrendamiento, y no dentro del término que la ley señala para notificarle judicialmente de la desocupación por terminación del contrato de arrendamiento, entonces operó tácitamente a su favor el beneficio de la prórroga, toda vez que cumple con los requisitos de ley para que ésta le sea otorgada. Sin embargo, tanto este argumento, como el aducido por el quejoso en el sentido de que los testigos ofrecidos por el actor tenían interés en el asunto porque dijeron ser inquilinos de su presentante, y que por tanto sus testimonios no tenían eficacia, no fueron invocados como agravios en apelación, y por esa razón este Tribunal Colegiado no puede ocuparse de su estudio, pues de hacerlo se substituiría a la autoridad de segunda instancia, lo cual no es jurídicamente posible ya que en el juicio de amparo puede alegarse la infracción a la ley cometida en la sentencia reclamada y que se hubiere combatido por vía de agravios en contra del fallo de primer grado. Sirve de apoyo a lo anterior la jurisprudencia número 11 sustentada por este Tribunal Colegiado, que dice: "CONCEPTOS DE VIOLACION, CUESTIONES QUE NO PUEDEN PLANTEARSE EN LOS, POR NO HABER SIDO MATERIA DE APELACION.- Aun cuando el Juez de Primera Instancia haya resuelto sobre determinado punto cuestionado, si ante el Tribunal de apelación no planteó cuestión alguna al respecto, no habiendo tenido la autoridad responsable oportunidad legal de resolver sobre ella, menos puede hacerlo el Tribunal Colegiado atenta la técnica del juicio de garantías.".
Asimismo, el quejoso en vez de demostrar razonadamente que en la apelación hizo valer agravios suficientes y que con los mismos combatió las consideraciones del fallo de primera instancia que otorgaron pleno valor a la prueba testimonial de la parte actora, para de esta manera impugnar los razonamientos de la sentencia de segunda instancia que desestimaron por inoperantes las afirmaciones aducidas en contra de esa probanza, se limita a manifestar de manera general e imprecisa que los agravios que promovió en apelación llenan los requisitos para estimarse legales y que además el Juez del conocimiento tuvo a la vista las actuaciones para efectuar un estudio de la valoración de la prueba antes referida. Motivo por el cual tales aseveraciones resultan inoperantes. Sirve de apoyo a lo anterior la jurisprudencia número 92 sustentada por este órgano colegiado, que establece: "CONCEPTOS DE VIOLACION INOPERANTES.- Conceptos de violación inoperantes son las manifestaciones que se concretan a sostener que los agravios que se formularon en apelación llenan los requisitos necesarios para estimarse legales; pues lo argumentado así, en forma alguna ataca las consideraciones del tribunal de apelación que los desestimó por inoperantes.".
Por lo demás, el quejoso afirma que la responsable no tomó en consideración todos y cada uno de los agravios que hizo valer en apelación, y que ello le causa diversos perjuicios porque se dejó de observar el Código de Procedimientos Civiles para el Estado de Puebla; sin embargo, no precisa qué agravios dejó de estudiar la autoridad de segunda instancia, siendo que en el juicio de amparo no puede hacerse un examen general de la sentencia impugnada para determinar cuáles violaciones resultan y qué cuestión planteada como agravio dejó de analizarse, y así, es menester que el solicitante del amparo por vía de conceptos de violación haga notar la ilegalidad del acto reclamado. Tienen aplicación al caso la tesis sustentada por este Tribunal Colegiado al resolver los juicios de amparo directo números 447/90, 332/91, 57/92 y 172/92, así como la jurisprudencia número 118 de este propio cuerpo colegiado, que respectivamente establecen: "CONCEPTO DE VIOLACION INOPERANTE. ES AQUEL QUE NO PRECISA EL AGRAVIO QUE SE OMITIO ESTUDIAR EN LA APELACION POR EL TRIBUNAL DE ALZADA.- Es inoperante lo alegado por el quejoso, en el sentido de que en la apelación se omitió analizar en su integridad los argumentos que en esa vía, expuso respecto a la valoración de una prueba si se omite precisar cuál es aquel aspecto sobre el cual dejó de pronunciarse la ad quem, ya que en el juicio constitucional, no puede hacerse un examen general de lo aducido en la alzada, para determinar cuál cuestión planteada como agravio, se dejó de estudiar por la autoridad responsable, sino que se requiere que el acto reclamado sea analizado a la luz de razonamientos expuestos como conceptos de violación, los cuales necesariamente deben patentizar la omisión del juzgador ordinario de pronunciarse en relación a algún aspecto sometido a su consideración."; y, "CONCEPTOS DE VIOLACION EXPUESTOS EN FORMA GENERALIZADA.- En el juicio de garantías no se puede realizar por parte del órgano de control constitucional, un estudio general de la controversia de origen, sino que éste debe efectuarse a la luz de los argumentos que se esgriman como conceptos de violación, en los cuales se debe señalar, no sólo las disposiciones, doctrinas o criterios jurisprudenciales que se omitieron analizar, sino que también debe formularse una exposición razonada del por qué, alguna disposición legal, doctrina o criterios jurisprudenciales pueden beneficiarles a la amparista, demostrando a través de tales razonamientos el ataque a sus garantías constitucionales.".
Las anteriores consideraciones conducen a negar el amparo solicitado.
Por lo expuesto y con apoyo además en los artículos 103 fracción I, 107 fracción V inciso c) de la Constitución General de la República y 158 de la Ley de Amparo, se resuelve:
UNICO.- La Justicia de la Unión no ampara ni protege a FRANCISCO MORA RAMIREZ, en contra de los actos que reclama de la Cuarta Sala del Tribunal Superior de Justicia del Estado de Puebla y Juez Octavo de lo Civil de esta Capital, consistentes en la sentencia pronunciada por dicha Sala el dos de marzo del año en curso en el toca de apelación número 1483/91 que confirmó la dictada en primera instancia por el citado Juez el cuatro de septiembre de mil novecientos noventa y uno en el expediente 557/91 relativo al juicio sumario de otorgamiento y terminación del contrato de arrendamiento promovido por Vicente Fajardo Ruiz en contra de Francisco Mora Ramírez; negativa que se hace extensiva a los actos de ejecución reclamados del referido Juez.
Notifíquese, remítase testimonio de esta resolución a la Sala responsable, devuélvanse los autos y en su oportunidad archívese el expediente.
Así, por unanimidad de votos lo resolvieron los señores Magistrados que integran el Segundo Tribunal Colegiado del Sexto Circuito licenciados Gustavo Calvillo Rangel, José Galván Rojas y José Mario Machorro Castillo este último secretario en funciones de Magistrado por ministerio de ley, en términos del artículo 42 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación; siendo ponente el primero de los nombrados quienes firman con el secretario de Acuerdos que da fe.
Fuente y verificación: corpusiuris.mx/precedente/1244-987d968d/concepto-de-violacion-inoperante-es-aquel-que-no · Corpus Iuris · texto íntegro conforme a la publicación oficial
Fuente oficial: Ver esta sentencia en la SCJN (Semanario Judicial de la Federación)
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