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Modo: Corpus Pro

CONCEPTOS DE VIOLACION. SON INOPERANTES SI LO ADUCIDO EN ELLOS NO FUE MATERIA DE LA APELACION.

Tipo de asunto: AMPARO DIRECTO 931/92. · Registro digital (IUS): 1282
Órgano: Suprema Corte de Justicia de la Nación · Publicación: —
Promovente: JOSE SALINAS SOTO.
Localización: Octava Época. Tribunales Colegiados de Circuito. Semanario Judicial de la Federación, Tomo X, Julio de 1992, , Pág. 156.

Amparo directo 931/92. José Salinas Soto.

CONSIDERANDO:

PRIMERO.- Este tribunal es competente para conocer y resolver el presente negocio, conforme a lo dispuesto por los artículos 103, fracción I, 107, fracciones V, inciso c) y VI de la Marta Magna; 158 de la Ley de Amparo; 44, fracción I, inciso c), 79, 80, 81 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación; y el contenido del acuerdo emitido por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, el quince de enero de mil novecientos ochenta y ocho, sobre división de circuitos y fijación de competencia territorial, por reclamarse una sentencia definitiva pronunciada en un juicio civil, por una autoridad jurisdiccional residente en este circuito.

SEGUNDO.- La existencia del acto reclamado quedó acreditada con las constancias remitidas por la sala responsable, para justificar su informe.

TERCERO.- Las consideraciones en que se apoya la sentencia reclamada, son las siguientes: "I. Los agravios primero, segundo, tercero, cuarto, quinto, sexto y séptimo que hace valer la parte demandada JOSE SALINAS SOTO, que se analizarán en forma conjunta por la relación que guardan entre sí, este tribunal los considera improcedentes, ya que el Juez de la causa no violó los artículos 81 y 402 del Código de Procedimientos Civiles y los numerales 2082, 2310, 2311 y 2427 del Código Civil al dictar en el sentido en que lo hizo la sentencia definitiva apelada de fecha ocho de julio del año en curso, ya que del examen del expediente principal que hace prueba plena al tenor del artículo 327, fracción VIII, del Código Procesal Civil y en especial de la sentencia definitiva impugnada, se observa que la misma es clara, precisa y congruente con la demanda, contestación y demás pretensiones deducidas oportunamente en el negocio que nos ocupa, habiéndose decidido todos y cada uno de los puntos litigiosos del mismo, decretándose en el resolutivo primero la rescisión del contrato celebrado por las partes el veintiuno de julio de mil novecientos ochenta y nueve, en relación al inmueble ubicado en la calle de Sabino número 282, colonia Santa María la Ribera de esta ciudad y condenándose a la parte demandada a la restitución del indicado bien en el término de veinte días siguientes a aquel en que se decreta la ejecución del dicho fallo conforme a lo dispuesto en el artículo 506 del Código de Procedimientos Civiles, así como al pago de una renta mensual por el tiempo de ocupación del inmueble y a una indemnización por concepto de deterioro del bien, que se determinará pericialmente en ejecución de sentencia, agregándose que se deberán compensar con la suma recibida por la parte vendedora a cuenta del precio y sus intereses al tipo legal, que se determinará también en ejecución de sentencia, absolviéndose al enjuiciado de las prestaciones reclamadas en los apartados B y C del capítulo de reclamaciones de la demanda, siendo absuelta la contrademandada de las prestaciones reclamadas en la reconversión. Lo antes expuesto resulta de la conclusión del juzgador en razón a que se estimó acreditada no sólo la relación contractual que une a las partes, con la exhibición que hizo la parte actora del contrato de compraventa en abonos, que fue reconocido en forma expresa por el demandado al contestar la demanda (fojas 11 a 23), sino por haberse también comprobado la causal rescisoria alegada por la actora en su demanda y que se hizo consistir en que el comprador demandado no cumplió con lo pactado en el contrato de compraventa base de la acción, al dejar de pagar en su oportunidad en los términos convenidos en la cláusula segunda, en donde se determinó que el precio de la operación fue de $106,000,0000.00 (CIENTO SEIS MILLONES DE PESOS 00/100 M.N.) a pagarse por el comprador de la siguiente manera: a) La suma de $ 40,000,000.00 (CUARENTA MILLONES DE PESOS 00/100 M.N.) a la firma del contrato de referencia, lo que se hizo mediante cheque número 259893 que se expidió el veinte de julio de mil novecientos ochenta y nueve y con un documento de crédito con vencimiento el veinte de octubre del mismo año por la suma de $20,000,000.00 (VEINTE MILLONES DE PESOS 00/100 M.N.) que causará un interés del cuatro por ciento mensual. b) El saldo de $66,000.000.00 (SESENTA Y SEIS MILLONES DE PESOS 00/100 M.N.) a pagar en exhibiciones mensuales de $4,000,000.00 (CUATRO MILLONES DE PESOS 00/100 M.N.) que incluye capital e intereses de conformidad con la tabla de amortización que las partes firmaron de conformidad, anexándose al contrato referido dicha tabla que se tuvo a la vista. Ahora bien, de lo actuado en el negocio que nos ocupa, quedó fuera de litis el pago hecho por la parte compradora demandada de la suma de $20,000,000.00 (VEINTE MILLONES DE PESOS 00/100 M.N.) que fue cubierta el veinte de julio de mil novecientos ochenta y nueve, mediante cheque de Banca Serfín, S.N.C., por así haberlo reconocido las partes en su escrito de demanda y contestación (fojas 1 a 9 y 11 a 23 respectivamente). En cuanto a la diversa suma de $20,000,000.00 (VEINTE MILLONES DE PESOS 00/100 M.N.) con la cual se completaría el pago del enganche o abono incial a que se ha hecho alusión se pagó mediante una letra de cambio expedida en veintiuno de julio de mil novecientos ochenta y nueve, con vencimiento el veintiuno de octubre del mismo año, documento que también se exhibió por la parte demandante en autos y que por convenio de las partes se amplió su pago respectivo hasta el día seis de diciembre de ese año, originándose igualmente un interés mensual del cuatro por ciento sobre esa suma, de agosto a diciembre de mil novecientos ochenta y nueve, lo que dio un total por concepto de intereses de $4,019,712.00 (CUATRO MILLONES DIECINUEVE MIL SETECIENTOS DOCE PESOS 00/100 M.N.), hechos con los que las partes estuvieron conformes en sus ocursos de demanda y contestación. Por otra parte el recibo expedido a la compradora José Salinas Soto el seis de diciembre de mil novecientos ochenta y nueve por la suma total adeudada de $24,019,712.00 (VEINTICUATRO MILLONES DIECINUEVE MIL SETECIENTOS DOCE PESOS 00/100 M.N.) que incluía el monto del mencionado título de crédito suscrito por la hoy demandada, ya antes indicado, más los intereses convenidos sobre esa suma y que suscribió Eduardo Calero Suárez en nombre de la vendedora; dicha cantidad se cubrió según lo manifestado por las actoras en su escrito inicial de demanda de la siguiente manera: a) La cantidad de $16,000,000.00 (DIECISEIS MILLONES DE PESOS 00/100 M.N.) en efectivo y b) El saldo de $8,019,712.00 (OCHO MILLONES DIECINUEVE MIL SETECIENTOS DOCE PESOS 00/100 M.N.) mediante cheque número 007400 emitido el catorce de diciembre de mil novecientos ochenta y nueve a cargo del Banco Confía, S.N.C., documento que fue devuelto por esa institución por fondos insuficientes, hecho que quedó acreditado en el juicio que nos ocupa, con la exhibición que hizo la parte actora de ese documento bancario y el aviso de devolución respectivo del treinta y uno de enero de mil novecientos noventa del Banco antes mencionado, documentos que hacen prueba plena en términos del artículo 327, fracción VIII, del Código de Procedimientos Civiles; por consiguiente, es de llegarse a la conclusión de que la parte compradora demandada, incumplió con lo pactado en el contrato de compraventa base de la acción principal (cláusula segunda) y sin que el demandado hubiere acreditado lo contrario con las probanzas ofrecidas en su escrito de fecha cuatro de septiembre de mil novecientos noventa (fojas 1 a 3 del cuaderno de pruebas respectivo), toda vez que en cuanto a la confesional a cargo de las actoras desahogada en la continuación de la audiencia del doce de marzo del año en curso (fojas 8 a 85), no favoreció los intereses del oferente, puesto que sólo se reconoció el pago de la suma de $16,000,000.00 (DIECISEIS MILLONES DE PESOS 00/100 M.N.), ya que el cheque no se cobró por falta de fondos (posiciones séptima y octava del pliego respectivo que se calificaron de legales y que obran a fojas 81 del principal). La testimonial ofrecida en el inciso dos del escrito que se revisa, a cargo de Domingo Reyes Herrera, Joaquín Hernández Otañez y Eduardo Calero Suárez, no llegó a desahogarse, según proveído dictado en la continuación de la audiencia de ley del veintinueve de abril del presente año (fojas 107 a 108) en virtud de desistimiento. La pericial a que se refiere el inciso tercero a cargo de Arturo Vargas Miranda, tampoco se desahogó por haberse desistido de la misma el oferente, lo que se proveyó de conformidad por el juzgador en auto dictado en la misma continuación de la audiencia antes indicada. Y finalmente con relación a la prueba instrumental de actuaciones del negocio que nos ocupa y la presuncional legal y humana, no provocan convicción que favorezca a la enjuiciada, dado lo antes expuesto por lo que el Juez acertadamente decretó la rescisión del contrato de compraventa base de la acción principal. Por otra parte en cuanto al argumento de agravio consistente en no haberse estipulado en el contrato de compraventa base de la acción, dónde se debían pagar los abonos respectivos tal afirmación resulta cierta, puesto que de la lectura de dicho contrato sólo se determinó en la parte final de la cláusula segunda, que las entregas se harían mensualmente en el domicilio de la parte vendedora, sin haberse determinado con precisión la ubicación del mismo, pero como lo manifestó el juzgador en el fallo combatido, al haber efectuado la parte compradora diversos pagos después de la fecha de otorgamiento del contrato indicado, es de presumirse que tenía conocimiento del domicilio de la parte vendedora, hecho que se acredita con la documental privada del recibo expedido el seis de diciembre de mil novecientos ochenta y nueve, a que se ha hecho mención y que suscribió Eduardo Calero Suárez a quien se reconoció en autos por las partes encontrarse autorizado para recibir pagos a cuenta del precio pactado en la compraventa (posición número 10 del pliego respectivo que absolvieron las actoras en la continuación de la audiencia de ley del doce de marzo del año en curso (fojas 81 a 85), por lo que la parte compradora demandada debió continuar haciendo los pagos de los abonos respectivos oportunamente cada mes, sin precisarse un día fijo por no haberse convenido el mismo en dicho contrato y en caso de que la parte actora se negara a recibir las mensualidades, procedería la consignación en pago para evitar la mora en relación al cumplimiento del contrato. También resulta cierto lo afirmado por el quejoso en cuanto a que no se estableció en el contrato cláusula rescisoria alguna, pero también lo es que la parte actora vendedora estaba facultada para ejercitar la acción rescisoria de contrato por incumplimiento del mismo de la parte compradora en base a lo que dispone el artículo 2300 del Código Civil. Contrariamente a lo manifestado por el recurrente el Juez a quo en el punto resolutivo, tercero de la sentencia apelada se refirió a la compensación con lo recibido por las actoras por parte el comprador a cuenta del precio con sus intereses respectivos al tipo legal de conformidad con lo dispuesto en el artículo 2311 de ese cuerpo legal. Y finalmente en cuanto al argumento de agravio consistente en que el juzgador no hizo alusión en el considerando sexto del fallo combatido a cada una de las prestaciones que se reclamaron en la demanda reconvencional, lo que si bien resulta cierto, puesto que el Juez a quo sólo manifestó en ese considerando que el demandado no justificó los elementos constitutivos de su reconvención, por lo que era de absolverse a las enjuiciantes, pero la conclusión es correcta, ya que las prestaciones que se contrademandaron no se acreditaron por la parte compradora, puesto que atendiendo a la procedencia de la acción rescisoria de contrato de compraventa que ejercitó la vendedora en el principal, no procedía el otorgamiento y firma de la escritura de compraventa respecto del inmueble materia de dicho contrato, ni tampoco el pago de daños y perjuicios en caso de negativa de las contrademandadas para otorgar y firmar dichas escrituras, ni era procedente tampoco que el juzgador en caso de rebeldía de las contrademandadas firmara tales escrituras. En consecuencia es de concluirse que no habiendo procedido los agravios hechos valer por el demandado, origina que se deba de confirmar en sus términos la sentencia definitiva apelada y desecharse el recurso planteado por improcedente. II.- Estando el caso comprendido en el artículo 140, fracción IV del Código de Procedimientos Civiles se debe condenar al demandado José Salinas Soto al pago de las costas de ambas instancias."

CUARTO.- Los conceptos de violación que aduce el quejoso, son los siguientes: "PRIMERO.- Las sentencias dictadas por las responsables tanto ordenadora como ejecutora son violatorias de garantías individuales de legalidad y seguridad jurídica, contenidos en el artículo 14 de la Constitución Federal porque pretender privarme de mis derechos y posesiones mediante un juicio en el que no se cumplieron las formalidades esenciales del procedimiento, a través de actos que no son conforme a la letra de la ley en términos de lo dispuesto por el párrafo cuarto del numeral constitucional en consulta. Así como también la responsable violó en mi perjuicio el artículo 2082 y que a la letra reza. Por regla general el pago debe hacerse en el domicilio del deudor salvo que las partes convinieron otra cosa y por lo contrario se desprende por las circunstancias de la naturaleza de la obligación de la ley. Si se han designado varios lugares para hacer el pago, el acreedor puede elegir cualquiera de ellos. Esto es que como consta en autos en ningún momento la parte actora, hoy tercera perjudicada demostró o probó haber requerido a la parte demandada, hoy quejosa del pago de las mensualidades es que se pagaron en el contrato de compraventa, motivo del presente juicio, ya que con sus pruebas ofrecidas y desahogadas no quedó demostrada la procedencia de su acción en primera porque en el multicitado contrato de compraventa nunca jamás se pactó que a falta de uno o más pagos de las mensualidades a que se comprometió la parte demandada ocasionaría la rescisión del multicitado contrato. En segunda porque con la prueba confesional ofrecida y a cargo del demandado hoy quejoso no probó que al propio demandado se le haya requerido en su domicilio el pago de dichas mensualidades y sí por el contrario en la confesional ofrecida por la parte demandada hoy quejosa y en lo que respecta a la C. Evangelina Ibarra Rodríguez quedó demostrado plenamente que nunca se le requirió el pago de dichas mensualidades a la parte demandada como consta en autos y específicamente en la posesión novena a la cual contestó. Que es cierto que no requirió al demandado del pago de las mensualidades y en la décima primera contestó. Que es cierto que no lo requirió porque duró año y medio enferma, con lo anterior se demuestra claramente que el hoy quejoso nunca fue requerido del pago de dichas mensualidades a que se comprometió en el multicitado contrato de compraventa. SEGUNDO.- Así también la responsable violó en mi perjuicio el artículo 2310 del Código Civil para el Distrito Federal y que a la letra reza. La venta que se haga facultando al comprador para que pague el precio en abonos, se sujetará a las siguientes reglas fracción primera. Si la venta es de bienes inmuebles, puede pactarse que la falta de pago de uno o varios abonos ocasionará la rescisión del contrato. La rescisión producirá efectos contra tercero que hubiere adquirido los bienes de que se trata, siempre que la cláusula rescisoria se haya inscrito en el Registro Público. Esto es que el artículo en comento claramente dice que puede pactarse que la falta de pago de uno o varios abonos ocasionará la rescisión del contrato y en el presente asunto nunca jamás se pactó que a falta de pago de uno o varios abonos ocasionaría la rescisión del contrato motivo del presente juicio y al darle una interpretación jurídica diferente a dicho artículo en comento la responsable, violó en mi perjuicio la garantía de legalidad y seguridad jurídica que me asiste. TERCERO.- La responsable violó en mi perjuicio el artículo 2311 que a la letra reza. Si se rescinde la venta el vendedor y el comprador deben restituirse las prestaciones que se hubieren hecho; pero el vendedor que hubiere entregado la cosa vendida puede exigir del comprador, por el uso de ella el pago de un alquiler o renta que fijarán peritos y una indemnización también fijada por peritos por el deterioro que haya sufrido la cosa. El comprador que haya pagado parte del precio tiene derecho a los intereses legales por la cantidad que entregó. Las convenciones que impongan al comprador obligaciones más onerosas que las expresadas serán nulas. Esto es que la responsable tanto ordenadora como ejecutora no especificaron claramente, es decir no interpretaron en forma correcta y jurídicamente el artículo en comento como se desprende del resultado tercero de la sentencia hoy combatida, esto es en el supuesto caso, es decir, suponiendo sin concederse que procediera la rescisión del contrato de compraventa del multicitado contrato motivo del presente juicio. CUARTO.- De igual forma la responsable tanto ordenadora como ejecutora violó en mi perjuicio el artículo 2427 del Código Civil para el Distrito Federal que a la letra reza: La renta será pagada en el lugar convenido y a falta de convenio en la casa habitación o despacho del arrendatario. Esto es que como consta en el multicitado contrato de compraventa, nunca jamás se estipuló el domicilio o lugar en donde se debieron de haber hecho los pagos y al no darle la debida interpretación la responsable a dicho artículo en comento viola en mi perjuicio las garantías de legalidad y seguridad jurídica que me asisten ya que como se han venido manifestando anteriormente y como consta en autos nunca jamás se estipuló el lugar o domicilio donde debieron de haberse hecho los pagos con lo cual resulta que la parte actora hoy tercera perjudicada debió de haber probado en el juicio de haber requerido a la parte demandada hoy quejosa del pago de las mensualidades en el domicilio del bien inmueble motivo del presente juicio y como consta en autos que con sus pruebas ofrecidas y desahogadas no probó su acción, en consecuencia procede que esa H. autoridad declare que la justicia federal ampara y protege al quejoso en contra de los actos reclamados. QUINTO.- De igual forma la responsable tanto ordenadora como ejecutora violó el artículo 402 del Código de Procedimientos Civiles para el Distrito Federal y que a la letra reza: Los medios de prueba aportados y admitidos serán valorados en su conjunto por su juzgador, atendiendo a las reglas de la lógica y de la experiencia. En todo caso el tribunal deberá exponer cuidadosamente los fundamentos de la valoración jurídica realizada y de su decisión. Esto es que la responsable no cumplió exactamente con dicho artículo en comento, ya que le dio un valor probatorio en forma indebida a la prueba confesional ofrecida por la parte demandada y desahogada por las actoras hoy terceras perjudicadas, ya que al desahogarse dicha prueba confesional las mismas cayeron en contradicción al absolver las mismas posiciones ya que la primera de ellas manifestó que nunca le fue requerido el pago de las mensualidades a la parte demandada, en razón de que estuvo enferma un año y medio y la segunda manifestó que sí le había requerido el pago de las mensualidades a la parte demandada como la cual se demuestra la contradicción de las mismas y en consecuencia quedó demostrado con dicha prueba que efectivamente nunca se le requirió al demandado el pago de las multicitadas mensualidades y no obstante lo anterior en forma por lo demás insisto en que la responsable no valorizó en forma debida y correcta las pruebas aportadas por las partes. En razón por lo anteriormente expuesto procede que esa H. autoridad declare que la justicia federal ampara y protege al quejoso en contra de los actos de la responsable. SEXTO.- La responsable tanto ordenadora como ejecutora no aplicó en forma debida y correctamente la prueba presuncional legal y humana a lo que se refieren los artículos 379, 380, 381 y 382 del Código de Procedimientos Civiles y que consiste en forma específica en la prueba de la confesional ofrecida por la parte demandada y desahogada a cargo de las actoras hoy terceras perjudicadas ya que se insiste en que la primera de las absolventes EVANGELINA IBARRA RODRIGUEZ, confesó expresamente que nunca le requirió el pago de las mensualidades a que se comprometió el demandado y la segunda de las absolventes ALMA GRACIELA IBARRA PALACIOS, contestó lo contrario de lo cual se desprende a todas luces una contradicción de las propias actoras de lo cual la responsable debió de haber deducido que efectivamente operó la prueba presuncional legal y humana a que se refieren los artículos anteriormente indicados del código también indicados, ya que con dicha confesión expresa de dichas absolventes se desprende a todas luces que existe, la presunción de que el demandado, hoy quejoso nunca fue requerido del pago de las mensualidades a que se comprometió en el contrato de compraventa motivo en el presente juicio y al no hacerlo así la responsable viola en mi perjuicio las garantías de legalidad y equidad jurídica que le asiste al hoy quejoso. Si las actoras, hoy terceras perjudicadas y en forma específica la C. Evangelina Ibarra Rodríguez, acepta al absolver las posiciones novena y décima novena que es cierto que no requirió al demandado, hoy quejoso, del pago de las mensualidades del aludido contrato de compraventa y a la décima primera, contestó que es cierto que no lo requirió porque duró año y medio enferma con lo anterior se contradice con la otra actora al absolver las mismas posiciones, dando como resultado una contradicción fundamental para la procedencia de su acción ejercitada y al no tomar en consideración lo anterior tanto la autoridad ordenadora como ejecutora de que con lo anterior se demuestra que el demandado, hoy quejoso nunca incurrió en mora para que dichas autoridades responsables dictasen la sentencia, hoy combatida, en consecuencia de lo anterior procede que esa H. autoridad declare que la justicia federal ampara y protege al quejoso contra los actos de las autoridades tanto ordenadora como ejecutora de los actos reclamados, ya que a todas luces se desprende que existe violación al procedimiento legal y en consecuencia se viola en mi perjuicio lo estatuido por el artículo 14 constitucional y por ende tanto el Código Civil y Código de Procedimientos Civiles. SEPTIMO.- La autoridad responsable ordenadora en el considerando I de la resolución que se impugna, viola en mi perjuicio el artículo 81 del Código de Procedimientos Civiles, en virtud de que en forma conjunta analiza y resuelve TODOS LOS AGRAVIOS que formulé en mi ocurso respectivo, ya que de acuerdo con el dispositivo legal invocado las sentencias deben ser claras, precisas y congruentes con las demandas y contestaciones y con las demás prestaciones deducidas oportunamente en el pleito y decidiendo todos los puntos litigiosos que hayan sido objeto del debate, CUANDO ESTOS HUBIEREN SIDO VARIOS SE HARA EL PRONUNCIAMIENTO CORRESPONDIENTE A CADA UNO DE ELLOS. En esas condiciones dicha autoridad ordenadora no cumplió con el precepto legal en comento, y en ESPECIAL CON LA PARTE FINAL DEL MISMO, toda vez que la autoridad de referencia debió analizar, estudiar y resolver UNO POR UNO los agravios que formulé, situación que pasó por alto como se observa de la parte conducente del considerando I que a continuación se transcribe." "I. Los agravios primero, segundo, tercero, cuarto, quinto, sexto y séptimo que hace valer la parte demandada José Salinas Soto, que se analizarán en forma conjunta por la relación que guardan entre sí ..." "Es por ello que solicito de esta H. autoridad Federal resuelva y ordene que cada uno de los agravios planteados sean resueltos en forma autónoma, es decir, que se dicte el pronunciamiento correspondiente a cada uno de los agravios planteados en mi escrito respectivo, ya que de no ser así se viola en mi perjuicio el artículo 14 constitucional en virtud de que en la sentencia en cuestión dejan de cumplir de las formalidades esenciales del procedimiento en base a lo antes expuesto; asimismo se viola en mi perjuicio el artículo 16 de nuestra Carta toda vez que la responsable ordenadora no funda ni motiva el hecho de analizar y resolver todos los AGRAVIOS en forma conjunta, dado que no señala precepto legal que funde lo anterior como tampoco especificar (sic) concretamente el motivo para hacerlo de tal manera. Todo lo anterior se robustece al resolver la autoridad responsable todos los agravios esgrimidos por el suscrito en un sólo CONSIDERANDO, situación absurda y contradictoria, independientemente de que la sentencia en análisis no se llega a señalar el numeral del agravio y porque se considera improcedente; ya que en la sentencia se encuentra sólo expresiones como la siguiente:" "en cuanto al argumento de agravio consistente en ..." OCTAVO.- Conforme lo dispone el artículo 2188 del Código Civil la COMPENSACION procede cuando las deudas sean líquidas y exigibles, y en atención a lo que ordena el artículo 2189 del mismo ordenamiento, la deuda líquida es aquella cuya cuantía se haya determinado o puede determinarse en un plazo de nueve días. Lo anterior se hace observar, toda vez que la autoridad responsable ordenadora en el CONSIDERANDO I de la resolución que se impugna, confirma lo que el Juez de Primera determinó por lo que hace a la COMPENSACION de la suma recibida por la parte actora a cuenta del precio y sus intereses al tipo legal, para compensar el pago de una renta mensual por el tiempo de ocupación del inmueble y una indemnización del deterioro del bien, de acuerdo al resolutivo TERCERO de la sentencia de primera instancia que quedó antes apuntada. Lo anterior violó en mi perjuicio lo establecido por el artículo 2311 del Código Civil, que señala que si se rescinde la venta las partes deben restituirse las prestaciones que se hubieren hecho y que si el comprador se encontrare en el caso de haber pagado parte del precio tendrá derecho a los intereses legales de la cantidad que entregó. En el supuesto caso, y sin conceder que no proceda declarar a mi favor la improcedencia de la rescisión del contrato de compraventa base de la acción, el C. Juez de Primera Instancia no tenía facultades de acuerdo al artículo antes citado, para compensar las cantidades entregadas por el suscrito a las terceras perjudicadas por las de la supuesta renta y del deterioro del bien, porque tal precepto no ORDENA que se deban de compensar estas cantidades, sino que especifica que las partes que deben restituir las prestaciones que se hubieren hecho, en caso de rescisión de la venta, mas no señala ni ordena que deberá existir una compensación, en esas condiciones tanto el C. Juez de Primera Instancia como la autoridad responsable ordenadora al confirmar la sentencia de primera instancia se encuentran actuando fuera de todo lineamiento legal. Ahora bien en el supuesto caso y sin conceder, de que procediera la COMPENSACION en la forma en la que la hicieron valer las autoridades en comento, ésta resulta improcedente, porque las cantidades motivo de la misma no se encuentran determinadas y mucho menos podían determinarse en un plazo de nueve días, en consecuencia el Juez de Primera Instancia debió ordenar la RESTITUCION a las partes de las cantidades que recibieron y en ejecución de sentencia ordenar el pago de la supuesta renta mensual y del deterioro del bien. En esas condiciones se viola en mi perjuicio el artículo 14 constitucional por no cumplirse al dictarse la resolución que se impugna por la autoridad responsable, las formalidades esenciales del procedimiento y emitirse la misma conforme a las leyes expedidas con anterioridad al hecho. Asimismo la autoridad responsable en atención a lo anterior determina: "Contrariamente a lo manifestado por el recurrente el Juez a quo en el punto resolutivo tercero de la sentencia apelada se refirió a la compensación con lo recibido por las actoras por parte del comprador a cuenta del precio con sus intereses respectivos al tipo legal de conformidad con lo dispuesto en el artículo 2311 de ese cuerpo legal.". Con el razonamiento antes indicado no se destruye de ninguna manera lo que dice en los AGRAVIOS SEGUNDO y TERCERO de mi ocurso respectivo, por lo que se viola el artículo 16 constitucional, ya que la autoridad responsable ordenadora no funda ni motiva la argumentación antes transcrita, es decir, no se exponen categóricamente los motivos por los cuales procede la supuesta COMPENSACION y mucho menos cuales son los fundamentos para que proceda conforme a la ley. NOVENO.- La Sala responsable en el CONSIDERANDO I expone el siguiente razonamiento: "... por consiguiente es de llegarse a la conclusión de que la parte compradora demandada, incumplió con lo pactado en el contrato de compraventa base de la acción principal (cláusula segunda) y sin que el demandado hubiere acreditado lo contrario con las probanzas ofrecidas en su escrito de fecha cuatro de septiembre de mil novecientos noventa (fojas 1 a 3 del cuaderno de pruebas respectivo), toda vez que en cuanto a la confesional a cargo de las actoras desahogadas en la continuación de la audiencia del doce de marzo del año en curso (8 a 85), no favoreció a los intereses del oferente, puesto que sólo se reconoció el pago de la suma de $16,000,000.00 (DIECISEIS MILLONES DE PESOS 00/100 M.N.), ya que el cheque no se cobró por falta de fondos (posiciones séptima y octava del pliego respectivo que se calificaron de legales y que obran a fojas 81 del principal) ..." De lo anterior se observa que la autoridad responsable ordenadora no tomó en cuenta lo que se

Fuente y verificación: corpusiuris.mx/precedente/1282-5651fcaa/conceptos-de-violacion-son-inoperantes-si-lo-aducido · Corpus Iuris · texto íntegro conforme a la publicación oficial

Extracto de la sentencia. El texto íntegro está disponible en la fuente oficial y en la plataforma Corpus Iuris.

Fuente oficial: Ver esta sentencia en la SCJN (Semanario Judicial de la Federación)

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