CITACIÓN PARA SENTENCIA. PROCEDE RECURSO DE REVOCACIÓN EN SU CONTRA Y DEBE AGOTARSE PARA PREPARAR LA VIOLACIÓN PROCESAL CONSISTENTE EN LA OMISIÓN DE RESOLVER UN INCIDENTE DE NULIDAD (LEGISLACIÓN DEL ESTADO DE MÉXICO).
AMPARO DIRECTO 804/2000. JORGE ROBERTO MONTES GUADARRAMA.
CONSIDERANDO:
QUINTO.-Las manifestaciones de inconformidad constitucional contenidas en el capítulo de conceptos de violación, cuyo estudio por razones de técnica se realiza en un orden distinto al propuesto, son inatendibles en parte, inoperantes en otra e infundados para conducir a la concesión del amparo y protección de la Justicia Federal solicitados, por las siguientes razones.
De manera previa al examen de los aludidos puntos de disenso, es oportuno señalar algunos antecedentes de la litis natural que permitirán una mejor comprensión del asunto.
En principio, debe mencionarse que con fecha veintitrés de marzo del año dos mil, en el Juzgado Octavo Civil de Primera Instancia de Toluca, México, con residencia en Metepec, México, Enrique Neira García, por su propio derecho, promovió juicio verbal en contra de Jorge Roberto Montes Guadarrama, a quien demandó las siguientes prestaciones: "1. Reclamo el pago de la cantidad de $60,850.00 (sesenta mil ochocientos cincuenta pesos 00/100 M.N.), por concepto de honorarios estipulados y desglosados en el documento base de la acción firmado por el demandado y que se anexa al presente escrito de demanda.-2. Se demanda también el pago del interés legal del 6% anual sobre la cantidad que constituye la suerte principal desde que el demandado incurrió en mora, es decir, desde el 16 de marzo de 1998 y que a la fecha asciende a la cantidad de $7,302.00 (siete mil trescientos dos pesos 00/100 M.N.).-3. Se demanda el pago de gastos y costas que se generen con motivo del trámite del juicio verbal que se promueve.".
Tales prestaciones las basó, esencialmente, en que el veinticinco de junio de mil novecientos noventa y seis, el aludido demandado había solicitado sus servicios como abogado, pactando de manera verbal los honorarios por prestarle asesoría jurídica en los expedientes: 2298/92, del índice del Juzgado Octavo Civil en la Ciudad de México, Distrito Federal, por la cantidad de treinta mil ochocientos cincuenta pesos; en el expediente 749/96, del índice del Juzgado Cuarto Civil en Toluca, México, por la cantidad de diez mil pesos; igual cantidad por la defensa en la causa penal 356/97, donde Roberto Montes Guadarrama guardó la calidad de reo, e igual monto por la defensa de Josefina Olivera García; que con fecha dieciséis de febrero de mil novecientos noventa y ocho, después de varios requerimientos, el aludido Montes Guadarrama firmó un documento en el que se obligaba a pagar de manera incondicional la cantidad de sesenta mil ochocientos cincuenta pesos por concepto de los servicios profesionales descritos, el dieciséis de marzo siguiente, por lo que al vencerse la aludida fecha, sin lograr el cobro de la cantidad de mérito, acudía a la autoridad jurisdiccional a demandar lo ya precisado.
Se emplazó al demandado Jorge Roberto Montes Guadarrama, quien formuló su contestación mediante escrito presentado en la oficialía del juzgado de origen el diecinueve de abril siguiente, manifestando lo siguiente: "a) La excepción de falta de acción y de derecho. Por la parte actora, en razón de que el suscrito nunca firmó el documento base de la acción y está totalmente falsificado.-b) La excepción de oscuridad de la demanda. En cuanto a que omite dolosa y temerariamente proporcionar a su Señoría la verdad de los hechos, manifestando el actor que el suscrito le firmó un pagaré, manifestación falsa, ya que lo cierto es que el suscrito le firmó cinco hojas tamaño oficio en blanco, a fin de que el Lic. Enrique Neira García las utilizara en el juicio mercantil que me patrocinaba y no para confeccionar una obligación de pago.-c) Excepción de nulidad del documento. Ya que, notoriamente, el documento es nulo por vicios del consentimiento y porque el consentimiento no se manifestó en la forma que la ley establece, además de que la validez y el cumplimiento de cualquier contrato no puede dejarse al arbitrio de uno de los contratantes.-d) Excepción por improcedencia de la vía verbal. En virtud de que se trata de un documento ejecutivo, al tratarse de un pagaré; por tanto, debería ser ventilado en la vía ejecutiva mercantil.-Reconvención. Con fundamento en lo dispuesto por el artículo 651 y relativos del Código de Procedimientos Civiles para el Estado de México, reconvengo del Lic. Neira García, quien puede ser emplazado en el momento mismo de la audiencia, el cumplimiento de las siguientes prestaciones: A) La nulidad del pagaré incondicional que exhibe como documento base de su acción por falta de consentimiento del suscrito, ya que nunca firmó el título respectivo. Como consecuencia de la nulidad, la absoluta liberación del pago de $60,850.00 (sesenta mil ochocientos cincuenta pesos 00/100 M.N.).-B) La devolución de las cinco hojas firmadas restantes que aún tiene en su poder el Lic. Enrique Neira García.-C) El pago de daños y perjuicios que me ocasione el Lic. Enrique Neira García al interponer una demanda basada en un documento totalmente falso, daños y perjuicios que serán cuantificados por peritos en ejecución de sentencia.-D) Reclamo de pago de gastos y costas que el presente juicio origine.".
Una vez que estuvo el asunto en estado de dictar la sentencia correspondiente, el diez de julio de dos mil, la Juez resolvió: "PRIMERO.-Ha sido procedente la vía verbal intentada por Enrique Neira García en contra de Jorge Roberto Montes Guadarrama.-SEGUNDO.-La parte actora probó parcialmente su acción; en consecuencia.-TERCERO.-Se condena a Jorge Roberto Montes Guadarrama a pagar a favor de su demandante la cantidad de $60,850.00 (sesenta mil ochocientos cincuenta pesos 00/100 M.N.), lo que deberá hacer dentro del término de ocho días contados a partir de la fecha que cause ejecutoria la presente.-CUARTO.-Se absuelve al demandado del pago de los intereses reclamados por la parte actora.-QUINTO.-No se hace especial condenación en costas judiciales en esta instancia.-SEXTO.-Notifíquese personalmente.".
No conforme con esta resolución, el demandado, ahora quejoso, interpuso recurso de apelación del cual tocó conocer a la Primera Sala Civil de Toluca del Tribunal Superior de Justicia del Estado de México, la cual, el día primero de septiembre de dos mil, resolvió: "PRIMERO.-Han sido, aunque atendibles, ineficaces los agravios expresados por Jorge Roberto Montes Guadarrama, en contra de la sentencia definitiva dictada por la C. Juez Octavo Civil de Primera Instancia en Cuantía Mayor del Distrito Judicial de Toluca, con residencia en Metepec, México, en el juicio ordinario civil verbal que bajo el número de expediente 169/2000, siguió el licenciado Enrique Neira García en contra de la persona primeramente mencionada, por lo cual.-SEGUNDO.-Se confirman los resolutivos segundo y tercero del fallo apelado.-TERCERO.-Por falta de expresa reclamación, se dejan intocados los resolutivos primero y cuarto del mismo.-CUARTO.-Se condena al recurrente a cubrir a su contraparte las costas que el asunto le haya irrogado en ambas instancias, con lo cual queda revocado el resolutivo quinto de la sentencia recurrida.-QUINTO.-Notifíquese personalmente ...".
En sus conceptos de violación la parte quejosa propone una violación procesal; en ese contexto, la misma debe estudiarse preferentemente.
En efecto, por razón de método y de acuerdo con lo dispuesto por los artículos 158, 159, 160 y 161 de la Ley de Amparo, en los juicios de amparo directo, cuando el quejoso plantea una violación procesal, el órgano de control constitucional debe examinar si la violación al procedimiento es de aquellas comprendidas en las diferentes fracciones de los artículos 159 y 160 del ordenamiento legal citado, según sea el caso civil, administrativo, del trabajo o penal; si así fuera, el Tribunal Colegiado debe a continuación determinar si el hecho en que se hace consistir la violación procesal es cierta o no; si la respuesta es positiva, debe después establecer si el amparo por la materia del acto reclamado debió o no prepararse en términos del artículo 161 de la ley de la materia. Si fuese observado el precepto legal, acto seguido el tribunal debe estudiar si la violación procesal es contraria a la ley y a las garantías individuales que al efecto haga valer el quejoso, constatando previamente si la violación trascendió al resultado del fallo.
No debiendo olvidarse que el estudio de las violaciones procesales es previo al de las de fondo, dado que si prosperan las primeras ya no procede el estudio de las últimas, porque deberá invalidarse la resolución combatida y ordenarse reponer el procedimiento para reparar esas infracciones de naturaleza adjetiva.
Al respecto, se comparte el criterio sostenido por el entonces Segundo Tribunal Colegiado del Segundo Circuito, contenido en la jurisprudencia que con el número mil ochenta y siete, se publica en la página setecientos cincuenta y dos, Tomo VI, Materia Común, del Apéndice al Semanario Judicial de la Federación 1917-1995, que dice: "VIOLACIONES PROCESALES EN AMPARO DIRECTO. CÓMO DEBEN ANALIZARSE LAS.-De lo dispuesto por los artículos 158, 159, 160 y 161 de la Ley de Amparo, se desprende que en los juicios de amparo directo a propósito del estudio de las violaciones procesales, el órgano de control constitucional debe examinar si la violación al procedimiento que propone el quejoso es de aquellas comprendidas en las diferentes fracciones de los artículos 159 y 160 del ordenamiento legal citado según sea el caso civil o penal, respectivamente; segundo, si así fuera, el órgano de control constitucional debe a continuación determinar si el hecho en que se hace consistir la violación procesal es cierta o no; si la respuesta es positiva, debe después establecer si el amparo por la materia del acto reclamado debió o no prepararse en términos del artículo 161 de la ley de la materia; y si fue observado este precepto legal, acto seguido, el órgano de control constitucional debe estudiar si la violación procesal es contraria a la ley y a las garantías que al efecto haga valer el quejoso, aplicando las reglas de estricto derecho o suplencia de queja según el caso, previo constatar si la violación trascendió al resultado del fallo. No debiendo olvidarse que el estudio de las violaciones procesales es previo al de las violaciones de fondo y que si prosperan las primeras ya no procede el estudio de estas últimas porque deberá invalidarse la sentencia y reponerse el procedimiento para reparar las violaciones procesales.".
En el caso concreto, la quejosa propone como violación procesal la circunstancia de que en el juicio natural ofreció como prueba de su parte la pericial en materia de documentoscopía, misma que de manera indebida no se integró de manera colegiada, dado que el juzgador primario omitió seguir el procedimiento a que se refieren los artículos 332 y 333 del Código de Procedimientos Civiles para el Estado de México, ante la falta de comparecencia del perito designado en rebeldía a la parte actora, a aceptar y protestar el cargo que se le había conferido.
Ahora bien, el artículo 159 de la Ley de Amparo, en sus once fracciones establece:
"Artículo 159. En los juicios seguidos ante tribunales civiles, administrativos o del trabajo, se considerarán violadas las leyes del procedimiento y que se afectan las defensas del quejoso:
"I. Cuando no se le cite al juicio o se le cite en forma distinta de la prevenida por la ley;
"II. Cuando el quejoso haya sido mala o falsamente representado en el juicio de que se trate;
"III. Cuando no se le reciban las pruebas que legalmente haya ofrecido, o cuando no se reciban conforme a la ley;
"IV. Cuando se declare ilegalmente confeso al quejoso, a su representante o apoderado;
"V. Cuando se resuelva ilegalmente un incidente de nulidad;
"VI. Cuando no se le concedan los términos o prórrogas a que tuviere derecho con arreglo a la ley;
"VII. Cuando sin su culpa se reciban, sin su conocimiento, las pruebas ofrecidas por las otras partes, con excepción de las que fueren instrumentos públicos;
"VIII. Cuando no se le muestren algunos documentos o piezas de autos de manera que no pueda alegar sobre ellos;
"IX. Cuando se le desechen los recursos a que tuviere derecho con arreglo a la ley, respecto de providencias que afecten partes sustanciales de procedimiento que produzcan indefensión, de acuerdo con las demás fracciones de este mismo artículo;
"X. Cuando el tribunal judicial, administrativo o del trabajo, continúe el procedimiento después de haberse promovido una competencia, o cuando el Juez, Magistrado o miembro de un tribunal del trabajo impedido o recusado, continúe conociendo del juicio, salvo los casos en que la ley lo faculte expresamente para proceder;
"XI. En los demás casos análogos a los de las fracciones que preceden, a juicio de la Suprema Corte de Justicia o de los Tribunales Colegiados de Circuito, según corresponda."
Como se ve del precepto íntegramente transcrito, la violación procesal aducida por la quejosa está prevista como tal para ser reclamable en el juicio de amparo directo, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 159, fracción XI, en relación con la diversa III de la Ley de Amparo.
La violación procesal en estudio es cierta, pues de las constancias que obran en autos del juicio natural, las que se analizan y valoran a la luz de lo dispuesto por el artículo 202 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, se advierte que en la audiencia de desahogo de pruebas celebrada el treinta de mayo del año dos mil, en el procedimiento verbal de donde emana el acto reclamado, la Juez natural determinó tener por desahogada la prueba pericial ofrecida por el demandado sólo con el dictamen del perito nombrado de la parte demandada, aquí agraviada, toda vez que las partes no habían instado para su correcta integración al órgano jurisdiccional; por consiguiente, declaró agotada la fase probatoria en el juicio, lo cual alega el inconforme que resulta contrario a lo dispuesto en el último párrafo de los artículos 333 y 334 del Código de Procedimientos Civiles vigente en el Estado de México, que establece para la designación de perito por la contraparte que si pasados los tres días no hicieren las demás partes el nombramiento que les corresponde, ni manifestaren estar conformes con la proposición de un perito tercero el tribunal, de oficio, debe nombrar al uno y al otro, debiendo los peritos nombrados ser notificados de manera personal para que manifiesten si aceptan y protestan desempeñar el cargo conferido, razón por la cual, señaló el inconforme, el juzgador natural tenía la obligación de ordenar se requiriera a dicho experto para que manifestara si aceptaba o no el cargo referido, en aras de la integración colegiada de dicha probanza que requiere la legislación adjetiva en consulta.
Ahora bien, de conformidad con lo dispuesto por el artículo 161 de la Ley de Amparo, tratándose de un asunto de amparo directo en materia civil, por regla general debe prepararse el conocimiento de la violación procesal mediante la interposición del recurso ordinario correspondiente; en el caso, de la interpretación conjunta de los artículos 432 y 419 de la ley adjetiva en consulta, se llega a la conclusión que el auto que declara agotada la fase probatoria, al no admitir de manera expresa en su contra recurso de apelación, debe entenderse por exclusión que es revocable, precisamente en acatamiento a lo dispuesto en el último de los preceptos legales mencionados.
En el caso, el ahora quejoso omitió recurrir la infracción adjetiva en comento a través del recurso antes mencionado, por lo que en esas condiciones, al no haber sido preparada la misma conforme a lo dispuesto en el numeral 161, fracción I, de la ley de la materia, dicha inconformidad en la presente vía constitucional resulta inatendible, precisamente por haberse incumplido con el aludido requisito de procedibilidad para ser examinada en amparo directo.
Al respecto, cobra aplicación la jurisprudencia del entonces Tercer Tribunal Colegiado del Sexto Circuito, cuyo criterio jurídico se comparte, marcada con el número 625, visible en la página 459 del Tomo IV, Materia Civil, del Apéndice al Semanario Judicial de la Federación 1917-1995, que a la letra dice: "VIOLACIÓN AL PROCEDIMIENTO EN AMPARO CIVIL, IMPROCEDENTE SU RECLAMACIÓN, SI NO SE IMPUGNÓ EN SU OPORTUNIDAD.-Del artículo 161, fracciones I y II de la Ley de Amparo, se desprende que en los juicios de garantías de carácter civil en que se reclamen violaciones a las leyes del procedimiento, entre otros requisitos, el quejoso deberá preparar el amparo, es decir, que la violación la debe impugnar en el curso del mismo procedimiento, mediante el recurso o medio de defensa ordinario; y si la ley no concede recurso ordinario o concediéndolo fuere desechado o declarado improcedente, deberá invocar la violación como agravio en la segunda instancia, si se cometió en la primera. Por consiguiente, si se reclama una violación al procedimiento que no fue recurrida en el momento procesal oportuno, debe desecharse por inoperante, porque independientemente de que se haya cometido o no, el tribunal no puede examinarla, en la medida que no se surten los requisitos previos para su planteamiento en el juicio de amparo.".
Es aplicable al respecto la tesis sostenida por este Tribunal Colegiado, marcada con el número II.2o.C.92 C, consultable en la página 734 del Tomo VII, abril de 1998, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, que a la letra dice: "CITACIÓN PARA SENTENCIA. PROCEDE RECURSO DE REVOCACIÓN EN SU CONTRA Y ÉSTE DEBE AGOTARSE PARA PREPARAR EL AMPARO DONDE SE PROPUSO LA VIOLACIÓN PROCESAL CONSISTENTE EN LA OMISIÓN DE RESOLVER UN INCIDENTE DE NULIDAD (LEGISLACIÓN DEL ESTADO DE MÉXICO).-Contra el auto que cita para sentencia en un juicio civil procede, en términos del artículo 419 del Código de Procedimientos Civiles del Estado de México, recurso de revocación, debiéndose agotar dicho medio de impugnación cuando no se ha resuelto un incidente de nulidad que se había planteado, pues de esta manera el agraviado se inconforma con tal situación, por no poderse pronunciar la sentencia de fondo al estar pendiente de resolución el incidente; en tal virtud, si no se interpuso el citado recurso, la violación procesal propuesta en el amparo debe desestimarse por haberse consentido, y así, no estar preparado éste en términos del artículo 161 de la Ley de Amparo.".
Ahora, resulta inatendible el argumento de inconformidad constitucional relativo a que la Juez de primera instancia no consideró que Enrique Neira García había incurrido en falsas declaraciones, pues al absolver posiciones el actor natural manifestó no ser cierto que había impreso el documento base de la acción en una computadora, dado que en esa época no contaba con ese tipo de equipo y había sido el propio Jorge Roberto Montes Guadarrama quien lo había hecho y después lo había firmado, lo cual se encontraba en oposición con el contenido del recibo de fecha catorce de enero de mil novecientos noventa y siete, donde se hace constar que Enrique Neira García recibió un equipo de cómputo, documental que al no haber sido objetada, consideraba tenía valor probatorio y de ella se desprendía que sí contaba con dicho instrumento.
Ello es así, porque a través de dicho punto de disenso no controvierte las consideraciones que sirvieron de fundamento al fallo reclamado, sino los de la sentencia de primera instancia dictada por el resolutor natural lo cual, en la presente vía constitucional resulta inatendible porque, en principio, el acto reclamado en la presente vía constitucional lo constituye la resolución dictada por el tribunal de alzada, al resolver el recurso de apelación planteado en contra de la determinación de primera instancia pero, además, la aludida determinación del juzgador de origen, con motivo del dictado de la resolución aquí reclamada, dejó de surtir sus efectos al haber sido sustituida por la resolución de segunda instancia; por ello, se afirma lo inatendible del argumento en examen pues, en la especie, la determinación reclamada no lo es la sentencia del Juez natural, sino la dictada en apelación por la Sala responsable y, por consiguiente, los argumentos de inconformidad constitucional deben encontrarse dirigidos a combatir dicha determinación.
En otra parte del capítulo de conceptos de violación, el impetrante del amparo esgrime la indebida valoración de pruebas por parte de la Sala responsable, al apartarse de las reglas previstas en el artículo 386 del Código de Procedimientos Civiles para el Estado de México, ya que dijo que el documento base de la acción consistía en un pagaré, el cual carecía de veracidad por haber sido realizado por el actor de manera unilateral, pues le había dejado firmadas hojas en blanco para promociones de un juicio en donde lo patrocinaba, y para ello había ofrecido la documental pública consistente en copia de la promoción en el expediente 2298/92, con lo cual acreditaba que Enrique Neira García le prestaba sus servicios profesionales a partir del veintitrés de abril de mil novecientos noventa y siete; la documental consistente en copia "autorizada" de una promoción presentada en enero de mil novecientos noventa y ocho, con lo cual demostraba había revocado el nombramiento al aludido profesionista; y la diversa documental privada con la que se acreditaba que Enrique Neira García había recibido servicios de su empresa en reciprocidad de la actividad profesional aludida, documentales que, al no haber sido objetadas, consideraba tenían valor probatorio pleno.
Lo anterior es inoperante porque a través de dichas inconformidades no se controvierten las consideraciones concretas y específicas del fallo reclamado que condujeron a la responsable a establecer que, en el caso, no se encontraban demostrados los extremos de las excepciones y reconvención planteadas por el peticionario de garantías, puesto que demostrado quedó en autos que el ahora agraviado había estampado a través de su firma la voluntad de adquirir el compromiso de pago de honorarios profesionales, lo cual, aunado a la voluntad del demandante, integraba el consentimiento para la celebración del aludido compromiso; además, no obstante la circunstancia de que hubiese objetado el documento base de la acción, no se actualizó lo dispuesto por el artículo 395 del Código de Procedimientos Civiles vigente en la entidad, porque no objetaba la autenticidad de la suscripción que lo calzaba, al contrario, la reconocía como de su puño y letra y en esa tesitura correspondía al reo probar sus excepciones, esto es, demostrar que había suscrito en blanco la hoja en la cual constaba su firma, bajo el compromiso de pago de honorarios profesionales; que las documentales aportadas de su parte relativas a las actuaciones en juicios ejecutivos mercantiles y en procedimientos penales, por haberse adminiculado sólo copias de algunas actuaciones, imposibilitaba advertir sobre la participación o falta de participación, así como el grado y la importancia de los servicios profesionales prestados por la parte actora con motivo de dichas actuaciones; por ello, carecían de eficacia demostrativa para tener por demostradas las excepciones hechas valer, así como la acción reconvencional, pues, además, con independencia de que con las aludidas probanzas pudiera demostrarse la intervención del profesionista actor, eran ineficaces para acreditar que la suscripción colocada por el ahora agraviado había sido puesta en una hoja en blanco; de esta forma, al no encontrarse controvertidas las consideraciones antes reseñadas, relacionadas con el juicio valorativo realizado por la autoridad responsable para determinar la ineficacia demostrativa de dichos medios de prueba, las mismas permanecen inatacadas rigiendo el sentido decisorio del fallo reclamado, pues no debe perderse de vista que, en el caso, el examen de la constitucionalidad del acto combatido es de estricto derecho, esto es, a la luz de lo expuesto en los conceptos de violación por no actualizarse ninguno de los supuestos previstos en el artículo 76 bis de la Ley de Amparo, en los que se autoriza la suplencia de la deficiencia de los argumentos de inconformidad planteados a manera de conceptos de violación.
Por otra parte, son insuficientes las manifestaciones de inconformidad constitucional relacionadas con la valoración de la prueba pericial, precisamente en lo concerniente a su alcance demostrativo, en cuanto asevera que en el dictamen del perito de su parte, se concluye, existen dos irregularidades en el documento base de la acción: la primera, en cuanto a su redacción y, la segunda, sabía que la firma no se encontraba en el lugar que le correspondía en el texto, por lo que se concluía había sido estampada en una hoja en blanco.
Ello es así, porque a través de esos argumentos de inconformidad no se combaten de manera integral las consideraciones específicas de la responsable respecto a la valoración de la aludida prueba pericial, en particular, aquella en la que se estableció la ineficacia demostrativa del medio probatorio en comento, porque en el inciso g) del dictamen, el experto emitió opinión con base en la documentación que el juzgador natural no había tenido a la vista para realizar sus verificaciones evaluatorias correspondientes; ello, a efecto de ejercer su arbitrio al valorar la prueba conforme a lo dispuesto por el artículo 410 del Código de Procedimientos Civiles, con independencia de la desubicación que dijo guardaba la firma de suscripción que examinó dentro del contexto normal, puesto que bien podía haber sido puesta así debido a una colocación ocasional al momento de la redacción del documento base de la acción, de tal suerte que, señaló la Sala, aun cuando se pudiese conceder valor probatorio al dictamen en comento, no resultaría inequívoco ni indudable que la firma que lo calza hubiese sido colocada en una página en blanco; de esta forma, al no haber sido motivo de los conceptos de violación el anterior juicio valorativo de la responsable, el mismo permanece inatacado sosteniendo el sentido decisorio del fallo reclamado, precisamente por no haber sido combatidos por el impetrante esos fundamentos que también dieron sustento a la justipreciación del peritaje en comento; de ahí que con independencia de lo acertado o no de dichas consideraciones, al no haber sido combatidas en su totalidad, se advierte la insuficiencia de las manifestaciones de inconformidad constitucional, pues, se insiste, las consideraciones reseñadas se encuentran inatacadas y, por consiguiente, siguen dando sustento al fallo reclamado.
Al respecto, cobra aplicación la jurisprudencia del entonces Segundo Tribunal Colegiado del Sexto Circuito, identificada con el número 716, cuyo criterio jurídico comparte este tribunal federal, consultable en la página 482 del Tomo VI, Materia Común del Apéndice al Semanario Judicial de la Federación 1917-1995, que a la letra dice: "CONCEPTOS DE VIOLACIÓN QUE OMITEN COMBATIR ALGUNAS CONSIDERACIONES EN QUE SE APOYA EL ACTO RECLAMADO. SON INSUFICIENTES.-Los conceptos de violación deben estar relacionados directa e inmediatamente con los fundamentos del acto reclamado, para que de esta forma queden de manifiesto los vicios de que adolezca; por tanto si el quejoso omite hacerse cargo de algunas consideraciones en que se apoyó lo autoridad responsable y no las combate, el Tribunal Colegiado no está en aptitud de examinar la constitucionalidad de éstas y por consecuencia deben subsistir.".
Finalmente, no asiste razón jurídica al peticionario de amparo en cuanto a su argumento de inconformidad relativo a que la Sala responsable no consideró que para la celebración de un acto jurídico son necesarios los elementos de validez para que surta todos los efectos jurídicos, esto es, el consentimiento y el objeto, puesto que a su consideración, en el caso, no existe consentimiento en virtud de que la firma de suscripción del documento base de la acción la había estampado en una hoja en blanco que había entregado al demandante natural para la realización de diversos actos de naturaleza procesal, y que éste, de manera unilateral, elaboró el texto del mismo, por lo que dicho acto adolecía de ausencia de consentimiento y por ello era nulo.
Se afirma lo infundado del argumento en examen porque, en oposición a ello, la autoridad responsable en el fallo reclamado consideró que el aquí agraviado no había demostrado los extremos de sus excepciones, esto es, en esencia, no había demostrado que hubiere suscrito en blanco la hoja en la cual se encontraba su firma bajo el compromiso de pago de honorarios, por lo que, como lo consideró la juzgadora natural, señaló la Sala que si en el documento exhibido con la demanda se encuentra estampada la firma del ahora peticionario de garantías y con ello expresó su voluntad de adquirir el compromiso de pago de honorarios profesionales contenido en el texto del documento, aunado a la voluntad del profesionista demandante, se integró así el consentimiento para la celebración del aludido compromiso; de ahí que se advierta lo desacertado de la inconformidad en examen, pues, como se ha precisado, la responsable consideró que el impetrante no demostró que hubiese firmado en blanco la hoja en la que consta el documento base de la acción, por ello, consideró que su firma calza al mismo, incorporándose ahí su voluntad para adquirir el compromiso de pago de honorarios profesionales, que aunado a la voluntad del demandante integraron el consentimiento para la aludida celebración del compromiso de mérito.
Así las cosas, ante lo inatendible, inoperante e infundado de los argumentos expresados por el peticionario del amparo a manera de conceptos de violación, lo procedente es negarle la protección de la Justifica Federal que solicita.
Por lo expuesto, fundado y con apoyo además en los artículos 76, 77 y 78 de la Ley de Amparo, se resuelve:
ÚNICO.
Fuente y verificación: corpusiuris.mx/precedente/16932-38f26134/citacion-para-sentencia-procede-recurso-de-revocacion-en · Corpus Iuris · texto íntegro conforme a la publicación oficial
Extracto de la sentencia. El texto íntegro está disponible en la fuente oficial y en la plataforma Corpus Iuris.
Fuente oficial: Ver esta sentencia en la SCJN (Semanario Judicial de la Federación)
Precedentes relacionados
- CUERPOS DE GUARDIAS DE SEGURIDAD INDUSTRIAL, BANCARIA Y COMERCIAL, DEL ESTADO DE MÉXICO. NO ES PROCEDENTE RECLAMARLES DIRECTAMENTE PRESTACIONES DEL RÉGIMEN DE SEGURIDAD SOCIAL. (AMPARO DIRECTO)
- MULTA FISCAL. LA REFORMA AL ARTÍCULO 76 FRACCIÓN II DEL CÓDIGO FISCAL DE LA FEDERACIÓN, NO HACE DESAPARECER EL VICIO DE INCONSTITUCIONALIDAD. (AMPARO DIRECTO)
- PENSIÓN DE INVALIDEZ. EL ARTÍCULO 128 DE LA LEY DEL SEGURO SOCIAL ABROGADA NO ESTABLECE COMO REQUISITO DE PROCEDIBILIDAD QUE EL ASEGURADO SE ENCUENTRE TRABAJANDO AL MOMENTO DE SOLI (AMPARO DIRECTO)
- RESPONSABILIDADES ADMINISTRATIVAS DE LOS SERVIDORES PÚBLICOS. LAS CONDUCTAS DESCRITAS EN EL CITATORIO CON EL QUE INICIA EL PROCEDIMIENTO CORRESPONDIENTE COMO INFRACTORAS DEL ARTÍCU (AMPARO DIRECTO)
Tesis y jurisprudencia relacionadas
- AMPARO DIRECTO. (s/clave)
- AMPARO, JUICIO DE. (s/clave)
- AMPARO EN MATERIA CIVIL. (s/clave)
- AMPARO DIRECTO. (s/clave)
En Corpus Iuris puedes buscar con IA en 11,708 sentencias de la SCJN, más de 300 mil tesis y 7 mil leyes, y consultarle al Corpus sobre este criterio.
Buscar precedentes Probar el Corpus gratis