NOTIFICACIONES PERSONALES EN MATERIA CIVIL. SURTEN SUS EFECTOS EL MISMO DÍA (LEGISLACIÓN DEL ESTADO DE TABASCO).
AMPARO DIRECTO 512/2000. JESÚS HERNÁNDEZ MURILLO.
CONSIDERANDO:
III. El juicio de amparo fue promovido en tiempo porque la sentencia reclamada fue notificada a la parte actora quejosa el nueve de agosto de mil novecientos noventa y nueve (foja 19 del toca civil); cabe decir que los artículos 132 y 133 del Código de Procedimientos Civiles del Estado de Tabasco vigente, son omisos en señalar en qué momento surte efectos una notificación personal, por lo que debe estimarse que si el legislador omitió especificar tal cuestión, es porque resulta obvio que si una de las partes en un juicio se entera del contenido de la determinación judicial en el momento de la notificación personal, desde ese momento debe surtir efectos dicha notificación, razón por la cual si la demanda se presentó el treinta del mismo mes y año (foja 7 del juicio de amparo), por ende, se interpuso dentro de los quince días hábiles siguientes al en que surtió efectos aquella notificación (artículo 21 de la Ley de Amparo), puesto que dicho término transcurrió del diez al treinta de agosto, con exclusión de los días catorce, quince, veintiuno, veintidós, veintiocho y veintinueve de agosto citado, por ser inhábiles de conformidad con los artículos 23 de la Ley de Amparo y 163 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, lo que se corrobora con la certificación de la Secretaría de Acuerdos del tribunal responsable (foja 7).
Encuentra apoyo lo anterior en la tesis X.3o.13 C, emitida por este propio tribunal, visible en la página 1764 del Tomo XIV, diciembre de 2001, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, del rubro y texto siguientes:
" Aunque el Código de Procedimientos Civiles del Estado de Tabasco no dispone en forma expresa el momento a partir del cual surten sus efectos las notificaciones personales, la vinculación lógica de los párrafos primero y segundo del artículo 117 del citado ordenamiento, permite concluir que surten sus efectos el mismo día en que se practican, porque cuando son varias las partes a notificar respecto a un acuerdo que contiene un término común, éste corre al día siguiente de haberse notificado el último; entonces, ello significa que esas notificaciones surten sus efectos el mismo día, porque sólo así puede comenzar a transcurrir el término el día posterior hábil."
IV. La sentencia reclamada, en su parte conducente, dice:
"II. En este punto se omite la inserción de los agravios que hace valer el demandado, Jesús Hernández Murillo, toda vez que se hace innecesario, ya que constan a fojas 2, 3, 4, 5, 6, 7 y 8 frente de los autos del toca. III. El demandado Jesús Hernández Murillo se inconformó de la sentencia definitiva dictada por la Juez de primer grado en el expediente que se relaciona con este toca. El recurrente asevera que no tiene razón la juzgadora al señalar que el convenio celebrado entre las partes no tiene ningún efecto legal porque no fue realizado en juicio ni en escritura pública, ni fue aprobado judicialmente ni elevado a la categoría de cosa juzgada, toda vez que la actora en el desahogo de la confesional a su cargo manifestó ser cierto que con fecha catorce de agosto de mil novecientos noventa y ocho, el demandado y ella se presentaron ante la Procuraduría de la Defensa del Menor y la Familia y Asuntos Jurídicos perteneciente al DIF; que ante tal dependencia firmaron un convenio; que en éste fue acordado el monto mensual de pensión alimenticia para su menor hija; que convinieron la cantidad que el demandado le depositaría como alimentos; que ésta sería por ciento treinta y cinco pesos; también confesó que cobra personalmente el dinero que él deposita semanalmente y que el demandado se encuentra al corriente de la pensión alimenticia convenida, de lo cual, dice el apelante, se desprende que el convenio fue sólo para los alimentos de la menor, lo que es válido, ya que se puede transigir sobre la forma en que han de proporcionarse, por lo que si se pactó cumplir con aquéllos mediante un convenio que se ha cumplido en sus términos, no puede considerarse violado algún precepto legal y menos negarle validez, ya que la obligación está satisfecha como se probó con la confesional de la actora, la declaración de los testigos y las documentales exhibidas a las que se les otorgó valor; asimismo, arguye que el demandado no es nada más deudor sino también la actora porque ella no tiene derecho a recibir alimentos al encontrarse separada del demandado desde hace más de seis meses; luego entonces, siendo que los padres están obligados a dar alimentos a sus hijos y estar físicamente sana para trabajar, ello la convierte en deudora de la menor, y como apoyo a lo anterior el inconforme cita la tesis: ‘ALIMENTOS. CONVENIO CELEBRADO ENTRE DEUDORES ALIMENTARIOS (LEGISLACIÓN DEL ESTADO DE HIDALGO).’. Continúa alegando que es legal que los deudores alimentistas puedan convenir la forma de cumplir la obligación alimentaria, por lo que al convenio se le debió dar pleno valor probatorio y eficacia, ya que de él se desprende que la actora no lo realiza como acreedora alimentista sino como madre de la menor y, además, como ella no probó estar imposibilitada para trabajar, tiene la obligación de proporcionar alimentos a su hija. Por último, señala que aun cuando dejó demostrado que además de la menor Guadalupe del Carmen Hernández Torres, tiene siete hijos a los que les proporciona alimentos, que están estudiando y que actualmente vive en concubinato con Susana Salaya García con quien tiene una obligación alimentaria, al igual que con su madre, hechos que demostró con las documentales exhibidas, las testimoniales de Irma Hernández Murillo y Alicia Pérez Sánchez y la confesión de la actora, probanzas a las que se les otorgó valor, con base en ello, estima el impugnante que la a quo hizo una inexacta aplicación del principio de proporcionalidad al decretar una pensión alimenticia a su cargo consistente en el veinticinco por ciento sin considerar que el total de sus ingresos debe dividirse de acuerdo a las necesidades de cada uno de los acreedores, por lo que no atendió a las de sus otros hijos que por su edad tienen mayores gastos que la menor de que se trata, a más que él también tiene gastos que cubrir, y para robustecer lo anterior invoca, entre otras, la tesis: ‘ALIMENTOS. SU PROPORCIONALIDAD Y DISTRIBUCIÓN EQUITATIVA ENTRE LOS ACREEDORES ALIMENTARIOS.’. Al respecto, es de señalar que el hecho de que el demandado probara la existencia de un convenio que celebró con la actora sobre la fijación de una pensión alimenticia para su menor hija, y que la demandante lo reconociera en la confesional a su cargo, no desvirtúa la acción intentada, toda vez que si bien es verdad que resulta válida la celebración de aquél por no tratarse sobre la transacción del derecho a los alimentos en sí, sino a la forma de proporcionarlos, es incuestionable también que la celebración de éste no hace improcedente la acción de reclamo de los mismos, en razón de que los alimentos estipulados mediante convenio depende sólo de la voluntad de las partes, siendo que el deber del deudor de otorgarlos no se puede extinguir por el hecho de consignar las pensiones alimentarias, ya que tal obligación sólo cesa en los casos establecidos en la ley, teniendo el acreedor el derecho a reclamarlos judicialmente; por tanto, el que se hubiese pactado una cantidad determinada por concepto de alimentos no imposibilita que se pueda fijar una pensión definitiva proporcional a las posibilidades del demandado y a las necesidades de los acreedores, máxime que la cantidad convenida no ha sido sancionada por la autoridad competente, además de que es de agregar que aun cuando la actora en la confesional aceptara el hecho de la celebración del convenio y que el demandado proporciona la cantidad convenida así como que él ha cumplido con su obligación alimentaria, es de indicar que de los propios recibos exhibidos por el demandado no se desprende que los alimentos los proporcione de manera constante y en los términos que se convino como lo señala el disconforme, al apreciarse que la semana del veintiuno al veintiocho de septiembre de mil novecientos noventa y ocho, la entregó hasta el cinco de octubre del mismo año, ni se observa constancia de la que correspondía a la semana del diecinueve al veintiséis de octubre del citado año. Y en cuanto a que la actora deba proporcionar alimentos también a la menor, es de decir que no tiene razón, porque aunque a los padres les corresponde dar alimentos a sus hijos de conformidad con el artículo 299 del Código Civil vigente en el Estado, no menos cierto es que de acuerdo al numeral 309 del invocado ordenamiento, cuando sean varios los deudores y sólo uno tuviera posibilidad, él solo cumplirá la obligación, por lo que en el caso en particular, como el demandado no demostró que Alba Torres Bautista labore y que, por ende, cuente con capacidad económica por la percepción de salario alguno, no puede considerarse que en ella recaiga también la obligación de contribuir a los alimentos para la menor Guadalupe del Carmen Hernández Torres. Ahora bien, en relación con su inconformidad con el porcentaje decretado en la sentencia que se impugna, es de indicar que tiene razón, ya que no es acorde al principio de proporcionalidad consignado en el artículo 307 del código sustantivo civil en vigor que dispone que los alimentos deben ser acorde a las posibilidades del deudor y a las necesidades de los acreedores alimentistas, toda vez que, como lo señala el recurrente, demostró que además de la menor Guadalupe del Carmen Hernández Torres, tiene a su cargo otros acreedores como son sus hijos José Reyes, Candelaria, Adriana y Jesús Antonio Hernández Murillo, quien lo justificó con las actas de nacimiento correspondientes, así como que vive en unión libre con Susana Salaya García, no así los otros hijos que dice tener porque no exhibió la prueba precisa para ello, como tampoco que tenga obligación alimentaria para con su progenitora, ya que las pruebas testimonial y confesional a cargo de la demandante que desahogó no son las idóneas para demostrar tal hecho; por tanto, considerando el número de acreedores, ya que para la fijación de la pensión alimenticia debe dividirse el cien por ciento de los ingresos del deudor entre los acreedores y el propio demandado, el porcentaje decretado no resulta apegado al principio de proporcionalidad, por lo que esta Sala estima que debe modificarse el mismo para quedar en una pensión definitiva consistente en un 20% (veinte por ciento) por ser justo y equitativo tanto para la menor como para el deudor alimentista. Sirven de apoyo a lo anterior las tesis cuyos rubros dicen: ‘ALIMENTOS. OBLIGACIÓN DE PROPORCIONARLOS. NO SE EXTINGUE CON LA CONSIGNACIÓN DE LAS PENSIONES ALIMENTARIAS REALIZADAS POR EL DEUDOR EN VÍA DE JURISDICCIÓN VOLUNTARIA.’, Tribunales Colegiados de Circuito, Semanario Judicial de la Federación, Octava Época, Tomo II, Segunda Parte-1, página 79, y ‘ALIMENTOS, FORMA DE FIJARSE EL MONTO DE LA PENSIÓN.’, Tribunales Colegiados de Circuito, Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, Tomo IV, septiembre de 1996, tesis XX. J/34, página 451."
V. La parte quejosa expresó los siguientes conceptos de violación:
"Bajo protesta de decir verdad, manifiesto que constituyen antecedentes del acto reclamado y fundamentos de los conceptos de violación los siguientes: Hechos. 1. Por escrito presentado el día 15 de octubre de 1998, ante el Juzgado Civil de Primera Instancia del Municipio de Huimanguillo, Tabasco, la señora Albelda Torres Bautista, en representación de su menor hija, Guadalupe del Carmen Hernández Torres, demandó al suscrito el juicio especial de reclamación de pensión alimenticia, por lo que el día 30 de marzo de 1999 la C. Juez de origen pronunció sentencia definitiva, e inconforme el suscrito interpuso en tiempo y forma el recurso de apelación en contra de la misma. 2. Asimismo, con fecha nueve de julio la Primera Sala Civil dicta la resolución que hoy impugno mediante este juicio de amparo, la cual, entre otras cosas, arguye: ‘... al respecto es de señalar que el hecho de que el demandado probara la existencia de un convenio que celebró con la actora sobre la fijación de una pensión alimenticia para su menor hija, y que la demandante lo reconociera en la confesional a su cargo, no desvirtúa la acción intentada, toda vez que si bien es verdad que resulta válida la celebración de aquél por no tratarse sobre la transacción del derecho a los alimentos en sí, sino a la forma de proporcionarlos, es incuestionable también que la celebración de éste no hace improcedente la acción de reclamo de los mismo (sic), en razón de que los alimentos estipulados mediante convenio dependen sólo de la voluntad de las partes, siendo que el deber del deudor de otorgarlos no se puede extinguir por el hecho de consignar las pensiones alimentarias, ya que tal obligación sólo cesa en los casos establecidos en la ley teniendo el acreedor el derecho a reclamarlos judicialmente; por tanto, el que se hubiese pactado una cantidad determinada por concepto de alimentos no imposibilita que se pueda fijar una pensión definitiva proporcional a las posibilidades del demandado y a las necesidades de los acreedores, máxime que la cantidad convenida no ha sido sancionada por la autoridad competente, además de que es de agregar que aun cuando la actora en la confesional aceptara el hecho de la celebración del convenio y que el demandado proporciona la cantidad convenida, así como que él ha cumplido con su obligación alimentaria, es de indicar que de los propios recibos exhibidos por el demandado no se desprende que los alimentos los proporcione de manera constante y en los términos que se convino como lo señala el disconforme, al apreciarse que la semana del veintiuno al veintiocho de septiembre de mil novecientos noventa y ocho la entregó hasta el cinco de octubre del mismo año, ni se observa constancia de la que correspondía a la semana del diecinueve al veintiséis de octubre del citado año, y en cuanto a que la actora deba proporcionar alimentos también al menor es de decir que no tiene razón porque aunque a los padres les corresponde dar alimentos a sus hijos de conformidad con el artículo 299 del Código Civil vigente en el Estado, no menos cierto es que de acuerdo al numeral 309 del invocado ordenamiento cuando sean varios los deudores y sólo uno tuviera posibilidad, él solo cumplirá la obligación, por lo que en el caso en particular, como el demandado no demostró que Albelda Torres Bautista labore y que, por ende, cuente con capacidad económica por la percepción de salario alguno no puede considerarse que en ella recaiga también la obligación de contribuir a los alimentos para la menor Guadalupe del Carmen Hernández Torres. ...’. Primer punto de agravios que me causa el considerando antes citado (transcripción al mismo) ‘... Es erróneo lo que señala la autoridad responsable al considerar que aun cuando la actora en la confesional aceptara el hecho de la celebración del convenio y que el demandado proporciona la cantidad convenida, así como que él ha cumplido con su obligación alimentaria es de indicar que de los propios recibos exhibidos por el demandado no se desprende que los alimentos los proporcione de manera constante y en los términos que se convino como lo señala el disconforme. ...’. Agravios. Pues bien, siendo que la propia actora que es la persona idónea y la única que puede afirmar tal hecho, ya que aun cuando la responsable considere que el suscrito no proporcione de manera constante y en los términos convenidos el dinero por concepto de pensión alimenticia, no le asiste la razón si de la propia confesional de la actora se desprende claramente que el suscrito siempre ha cumplido con su obligación alimenticia desde que se unió con la actora hasta la actualidad y que es ella misma quien cobra semanalmente la citada pensión alimenticia y que el suscrito ha cumplido en los términos del convenio firmado en el DIF de la ciudad de Huimanguillo, Tabasco, pues aun cuando la responsable manifiesta que la semana del veintiuno al veintiocho de septiembre de mil novecientos noventa y ocho la entregó hasta el cinco de octubre del mismo año, ni se observa constancia de la que correspondía a la semana del diecinueve al veintiséis de octubre del citado año, no menos cierto es que la misma actora confesó que el suscrito ha cumplido con su obligación de alimentos para su menor hija, y siendo que es ella la que administra la citada pensión para la menor, no deja lugar a duda de que el suscrito siempre he cumplido y cumplo con la citada obligación alimenticia. Segundo punto de agravios que me causa el considerando de la responsable (transcripción al mismo). En relación con lo que considera la responsable de que: ‘... En cuanto a que la actora deba proporcionar alimentos también al menor es de decir que no tiene razón, porque aunque a los padres les corresponde dar alimentos a sus hijos de conformidad con el artículo 299 del Código Civil vigente en el Estado, no menos cierto es que de acuerdo al numeral 309 del invocado ordenamiento cuando sean varios los deudores y sólo uno tuviera posibilidad, él solo cumplirá la obligación, por lo que en el caso en particular, como el demandado no demostró que Albelda Torres Bautista labore y que, por ende, cuente con capacidad económica por la percepción de salario alguno, no puede considerarse que en ella recaiga también la obligación de contribuir a los alimentos para la menor Guadalupe del Carmen Hernández Torres. ...’. Agravios. Al respecto es de considerar a esta tribuna que no le asiste la razón a la responsable, ya que si la promovente se encuentra capacitada tanto física como mentalmente para realizar alguna actividad, y siendo que ella no es acreedora alimenticia, como madre de la menor recae en ella también la responsabilidad de alimentos de su menor hija, ya que en caso contrario estaríamos en presencia de un parásito de la sociedad, cuestión esta que la autoridad no debe consentir. Tercer punto de agravios (transcripción del mismo) ‘... Ahora bien, en relación con su inconformidad con el porcentaje decretado en la sentencia que se impugna, es de indicar que tiene razón, ya que no es acorde al principio de proporcionalidad consignado en el artículo 307 del código sustantivo civil en vigor que dispone que los alimentos deben ser acordes a las posibilidades del deudor y a las necesidades de los acreedores alimentistas, toda vez que, como lo señala el recurrente, demostró que además de la menor Guadalupe del Carmen Hernández Torres tiene a su cargo otros acreedores como son sus hijos José Reyes, Candelaria, Adriana y Jesús Antonio Hernández Murillo, quien lo justificó con las actas de nacimiento correspondientes, así como que vive en unión libre con Susana Salaya García, no así los otros hijos que dice tener porque no exhibió la prueba precisa para ello, como tampoco que tenga obligación alimentaria para con su progenitora, ya que las pruebas testimonial y confesional a cargo de la demandante que desahogó no son las idóneas para demostrar tal hecho. ...’. Agravios. Causa agravio el considerando antes invocado en virtud de que es erróneo el razonamiento de la Sala responsable, ya que si bien es cierto que no exhibió las partidas de las actas de nacimiento de mis otros tres hijos, cierto también es que desde que el suscrito contestó la referida demanda, bajo protesta de decir verdad manifesté que mis menores hijos Elsy, Selene y Erika de apellidos Hernández Murillo, no se encuentran asentados, sin embargo, acredité la existencia de los menores y de sus edades y actividades mediante las testimoniales ofrecidas por mi parte y con la propia confesión de la actora, quien aceptó que el suscrito le pasa pensión a los mismos y, por ende, la existencia de los menores; luego entonces, la Sala es errónea al no incluir a los menores como acreedores, cuando el suscrito pasa pensión a los antes citados como quedó acreditado; luego entonces son tres acreedores alimenticios más que tengo y que la autoridad responsable no toma en cuenta, aun cuando en los autos se demostró que existen los mismos, las edades que tienen, y que soy yo el único que les pasa pensión alimenticia, hechos que se encuentran totalmente probados en juicio y si no se presentaron las correspondientes actas de nacimiento es precisamente porque dichas documentales no existen, ya que al no encontrarse inscrito, en el Registro Civil, no puedo soportarla con documento alguno. Por lo que causa agravios el razonamiento de la responsable al no incluir a dichos acreedores alimenticios, los cuales tienen el mismo derecho de recibir alimentos que la menor Guadalupe del Carmen Hernández Torres, situación esta que no tomó en cuenta la responsable para la fijación del porcentaje que se me decretó por concepto de pensión alimenticia, ya que el porcentaje debe fijarse con base en el número de acreedores alimenticios y, en el caso que nos ocupa, son ocho hijos más la C. Susana Salaya García que es mi concubina y a la que tenga (sic) la obligación de mantener; luego entonces son nueve acreedores alimenticios, más el suscrito, son diez personas que con una simple operación aritmética podemos decir que a cada uno de los acreedores le corresponde el 10% (diez por ciento) de mi salario y demás prestaciones que devengo en mi centro de trabajo, por lo que es por esto que ocurra (sic) ante este Tribunal Colegiado a promover juicio de amparo, ya que considero que se me están violando mis garantías individuales y además los derechos de alimentos de los demás acreedores, ya que con ello deja al suscrito en total incapacidad económica para cumplir con los otros acreedores, ya que los hijos naturales tienen iguales derechos que los legítimos y, por tanto, el total de los ingresos del suscrito debe dividirse entre los hijos con derecho a la pensión alimenticia y entre la concubina y el suscrito de una manera proporcional y equitativa como lo manda la ley, por lo que a pegado (sic) al principio de proporcionalidad, la Sala responsable debió modificar el mismo para quedar en una pensión definitiva consistente en un 10% (diez por ciento) por ser justo y equitativo tanto para el menor como para el deudor alimentista y los otros acreedores alimentistas que también les asiste el derecho de recibir alimentos.-Con base en lo antes señalado, solicito a esta autoridad federal se me conceda el amparo y protección de la Justicia Federal, modificando el porcentaje que decretó la Sala responsable."
VI.-Previo al análisis de los conceptos de violación que aduce la parte quejosa, para mejor compresión de este asunto, es oportuno exponer los antecedentes del mismo.
Ante la Juez Civil de Primera Instancia del Sexto Distrito Judicial, con residencia Huimanguillo, Tabasco, Albelda Torres Bautista, por su propio derecho y en representación de Guadalupe del Carmen Hernández Torres promovió juicio especial de reclamación de alimentos en contra de Jesús Hernández Murillo, de quien reclamó, entre otras cosas, lo siguiente:
b) El pago y aseguramiento definitivo de dicha pensión alimenticia a que tenemos derecho mi menor hija antes mencionada y la suscrita, consistente en el mismo 60% de todos los ingresos que tenga el demandado como trabajador de la empresa de referencia, tanto ordinarias como extraordinarias y ayuda para el pago de despensa y todas las demás que la empresa le otorgue por cualquier otro concepto.
Por acuerdo de dieciocho de noviembre de mil novecientos noventa y ocho se tuvo a Jesús Hernández Murillo dando contestación a la demanda, haciendo las manifestaciones y objeciones en los términos de su escrito, oponiendo como excepción la improcedencia de la vía y la falta de acción y de derecho por parte de la actora.
Tramitado el juicio de referencia, el treinta de marzo de mil novecientos noventa y nueve, la Juez del conocimiento dictó sentencia en la que condenó al demandado Jesús Hernández Murillo a pagar a la menor Guadalupe del Carmen Hernández Torres una pensión alimenticia definitiva, consistente en la cantidad que resulte del 25% sobre todas y cada una de las percepciones que integran su salario y que percibe como trabajador de la empresa Gas de la Chontalpa, S.A. de C.V., en la planta de Huimanguillo, Tabasco, o en cualquier otro centro de trabajo donde se desempeñe con posterioridad.
Inconforme con la anterior determinación, la parte demandada interpuso recurso de apelación, que al resolver la Primera Sala Civil del Tribunal Superior de Justicia del Estado, con residencia en esta ciudad, consideró modificar el punto resolutivo tercero, cuya modificación consistió en la disminución de la pensión alimenticia decretada por la Juez de origen del 25%, para dejarla en un 20%, resolución esta que constituye el acto aquí reclamado por el quejoso.
VII.-Son infundados los conceptos de violación aducidos por el quejoso.
En efecto, en su primer concepto de violación el quejoso alega que si de la propia confesional de la actora se desprende claramente que él siempre ha cumplido con su obligación alimenticia desde que se unió con ella hasta la actualidad y que es ella misma quien cobra semanalmente la citada pensión alimenticia, cumpliendo en los términos del convenio firmado en el DIF de la ciudad de Huimanguillo, Tabasco, es erróneo el actuar de la Sala cuando dice: que aun cuando la actora haya aceptado la celebración del convenio y que el demandado proporciona la cantidad convenida, no se desprende que los alimentos los proporcione de manera constante.
Dicho concepto de violación resulta infundado, en atención a que aun cuando hubiese estado pagando puntualmente la pensión alimenticia pactada mediante convenio celebrado ante el procurador de la Defensa del Menor, la Familia y Asuntos Jurídicos del DIF, de Humanguillo, Tabasco, como efectivamente lo reconoció la actora en el juicio natural al emitir la confesional ofrecida por el ahora quejoso, ello no significa la improcedencia de la acción intentada, pues la cantidad convenida no fue determinada por autoridad judicial competente, y en ese contexto es claro que el convenio que celebraron para establecer la pensión que recibiría la menor Guadalupe del Carmen Hernández Torres, por ningún motivo puede declarar improcedente la reclamación de alimentos que ésta hizo a través de su representante ante la autoridad judicial.
Es aplicable la tesis X.1o.22 C, sustentada por el Primer Tribunal Colegiado de este Décimo Circuito, que este tribunal comparte, visible en la página 963 del Tomo XI, mayo de 2000, Novena Época del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, cuyos rubro y texto contienen:
"PENSIÓN ALIMENTICIA, AUNQUE EL DEUDOR ALIMENTARIO SE ENCUENTRE REALIZANDO DEPÓSITOS, PROCEDE LA FIJACIÓN POR LA AUTORIDAD JUDICIAL DE LA (LEGISLACIÓN DEL ESTADO DE TABASCO).-El análisis integral de los artículos 299, 304 y 305 del Código Civil para el Estado de Tabasco, conduce a considerar que los padres tienen la obligación de proporcionar alimentos a favor de sus hijos, con la extensión propia de este concepto, que se traduce en habitación, escuela, servicio médico, despensa alimentaria, etc., sin los cuales resulta imposible la subsistencia de los menores. El cumplimiento de esa carga no está sujeta al arbitrio del deudor, sino que debe ser fijada por el órgano jurisdiccional en el que se tome en cuenta la necesidad del acreedor y la posibilidad económica del obligado, máxime que el derecho a recibir los alimentos no es renunciable ni puede ser objeto de transacción, sin que obste el hecho de que el deudor acredite estar depositando determinada cantidad de dinero, pues ello no hace improcedente la fijación por una autoridad judicial competente de la pensión alimenticia definitiva a favor de los acreedores alimentarios."
Por otra parte, alega también el quejoso que la autoridad responsable no tomó en cuenta que la promovente se encuentra capacitada tanto física como mentalmente para realizar alguna actividad, y siendo que ella no es acreedora alimenticia como madre de la menor, recae en ella también la responsabilidad de dar alimentos a la menor.
Es infundado también el argumento emitido por el promovente del amparo, en razón de que si bien es cierto que en términos del artículo 299 del Código Civil del Estado de Tabasco, ambos padres se encuentran en la obligación de proporcionar alimentos a sus hijos, también lo es que el diverso 309 del mismo ordenamiento establece que cuando uno solo tenga la posibilidad de aportarlos, en él recaerá la obligación, como en el caso acontece, puesto que el ahora quejoso no demostró con medio de prueba alguno que la parte actora, ahora tercero perjudicada, desempeñara algún empleo o tuviese algún ingreso para que dicha obligación recayera también en ella.
Es aplicable por identidad jurídica con la legislación local, la tesis sustentada por la Tercera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, anterior integración, visible en la página 34, Volúmenes 97-102, Cuarta Parte, del Semanario Judicial de la Federación, Séptima Época, del rubro y texto siguientes:
"ALIMENTOS. OBLIGACIÓN DE LOS PADRES DE PROPORCIONARLOS. CARGA DE LA PRUEBA.-Aun cuando es cierto que de acuerdo con el artículo 303 del Código Civil del Distrito y Territorio Federales, ambos padres están obligados a dar alimentos a sus hijos, si la acreedora alimentista, cuya necesidad siempre se presume, demanda a uno de ellos el pago de una pensión, es al reo a quien toca probar que el otro progenitor también está en posibilidad de contribuir a la alimentación de la demandante, para que el juzgador, tomando en cuenta esta circunstancia, pueda fijar la pensión que considere equitativa, pero si el demandado ninguna prueba rinde para acreditar dicho extremo y la actora demuestra las posibilidades económicas del reo, debe fijarse la pensión de acuerdo con lo dispuesto en el artículo 313 del Código Civil, que estatuye que si sólo
Fuente y verificación: corpusiuris.mx/precedente/17093-e921abf6/notificaciones-personales-en-materia-civil-surten-sus-efectos · Corpus Iuris · texto íntegro conforme a la publicación oficial
Extracto de la sentencia. El texto íntegro está disponible en la fuente oficial y en la plataforma Corpus Iuris.
Fuente oficial: Ver esta sentencia en la SCJN (Semanario Judicial de la Federación)
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