REVISIÓN FISCAL, AGRAVIOS FUNDADOS PERO INOPERANTES EN LA.
REVISIÓN FISCAL 60/2000. ADMINISTRADORA LOCAL JURÍDICA DE INGRESOS DE PUEBLA NORTE.
CONSIDERANDO:
SÉPTIMO.-Antes de iniciar el estudio de los agravios, conviene precisar lo siguiente:
La lectura del fallo recurrido puede llevar a confusión en relación con la resolución contenida en el oficio 27127, de veintitrés de abril de mil novecientos noventa y ocho, de donde se desprenden varios créditos fiscales fincados al contribuyente; no obstante, el crédito fiscal número H-411622, que es motivo del juicio de nulidad del que deriva esta revisión, por causas desconocidas se notificó con posterioridad a los diversos H-00341670, H-00341671 y H-00341672, de manera que aunque los créditos provengan de la misma resolución, lo cierto es que en el juicio de nulidad sólo se analizó el primero y, por ende, en esta revisión se analizará lo que atañe al citado crédito número H-411622.
Precisado lo anterior, la autoridad fiscal recurrente aduce tres puntos de agravio en su motivo de inconformidad, a saber:
1. Que la Sala Fiscal no estimó el argumento hecho valer en la contestación de la demanda de nulidad, consistente en que, de conformidad con el artículo 135 del Código Fiscal de la Federación, al practicarse una notificación, sólo es indispensable dejar al contribuyente copia del acto administrativo que se pretenda darle a conocer, sin que ahí se establezca la obligación en cuanto a que se entregue un ejemplar con la firma autógrafa del funcionario que lo emite.
2. Que los juzgadores deben allegarse de todos los medios de prueba posibles para conocer la verdad, a efecto de dictar una sentencia apegada a derecho; por tanto, que era necesario y obligación de la Sala Fiscal requerir a su representada para que acompañara el documento en conflicto que contuviera la firma autógrafa del funcionario emitente, cotejarlo y, entonces, resolver la controversia planteada.
3. Que la recurrida no es perito en la materia y no medió un dictamen que determinara que no es autógrafa la firma que calza la resolución cuya nulidad se demandó.
Ahora bien, el punto de disenso identificado con el número uno es fundado pero inoperante, mientras que los identificados como dos y tres son infundados, como enseguida se precisa.
Es verdad, como lo sostiene la recurrente, que en la sentencia la Sala Fiscal del conocimiento, aunque sí hizo mención de él, no tomó en cuenta el argumento hecho valer en la contestación de la demanda de nulidad, relativo a que el artículo 135 del código tributario federal, no señala que sea menester dejar una copia con firma autógrafa del documento o resolución que se pretenda notificar al contribuyente; sin embargo, con independencia de que no se haya ponderado tal circunstancia al momento de resolver, a nada práctico conduciría revocar la sentencia recurrida y ordenar el estudio del planteamiento omitido si el sentido del fallo, en este aspecto, es correcto.
Los razonamientos que se darán no fueron vertidos por la Sala del conocimiento y ello pudiera implicar una sustitución del tribunal revisor al de instancia; empero, conforme a la jurisprudencia que adelante se transcribirá, cuando se advierte con toda claridad y sin necesidad de hacer uso del arbitrio jurisdiccional, que la recurrente carece de razón, ninguna utilidad le reportaría, como se dijo, que se revocara la sentencia del Tribunal Fiscal si, a fin de cuentas, se resolverá en su contra, incluso, llegado el caso, en ulterior revisión fiscal, razón por la cual, en aras del principio de pronta y expedita administración de justicia que se contiene en el artículo 17 constitucional, en casos como éste conviene desde ahora desestimar el agravio relativo; situación contraria sucede cuando el punto en debate no es tan claro y sí es menester que este órgano revisor haga uso del señalado arbitrio judicial, pues en esta hipótesis corresponderá de origen a la instancia común pronunciarse, dado que el espíritu que involucra esta circunstancia no debe llegar hasta ese extremo.
La jurisprudencia es la que sostuvo la otrora Tercera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en la página ciento catorce del Tomo VI, Materia Común, del Apéndice al Semanario Judicial de la Federación 1917-1995, que dice: "CONCEPTOS DE VIOLACIÓN FUNDADOS, PERO INOPERANTES.-Si del estudio que en el juicio de amparo se hace de un concepto de violación se llega a la conclusión de que es fundado, de acuerdo con las razones de incongruencia por omisión esgrimidas al respecto por el quejoso; pero de ese mismo estudio claramente se desprende que por diversas razones que ven al fondo de la cuestión omitida, ese mismo concepto resulta inepto para resolver el asunto favorablemente a los intereses del quejoso, dicho concepto, aunque fundado, debe declararse inoperante y, por tanto, en aras de la economía procesal, debe desde luego negarse el amparo en vez de concederse para efectos, o sea, para que la responsable, reparando la violación, entre al estudio omitido, toda vez que este proceder a nada práctico conduciría, puesto que reparada aquélla, la propia responsable, y en su caso la Corte por la vía de un nuevo amparo que en su caso y oportunidad se promoviera, tendría que resolver el negocio desfavorablemente a tales intereses del quejoso; y de ahí que no hay para qué esperar dicha nueva ocasión para negar un amparo que desde luego puede y debe ser negado.".
Ahora bien, en lo que interesa, los artículos 38, fracción IV y 135 del Código Fiscal de la Federación disponen:
"Artículo 38. Los actos administrativos que se deban notificar deberán tener por lo menos los siguientes requisitos:
"...
"IV. Ostentar la firma del funcionario competente y, en su caso, el nombre o nombres de las personas a las que vaya dirigido. ..."
"Artículo 135. Las notificaciones surtirán sus efectos el día hábil siguiente a aquel en que fueron hechas y al practicarlas deberá proporcionarse al interesado copia del acto administrativo que se notifique. ..."
De la lectura de ambos dispositivos se llega a la conclusión de que al momento de practicarse la notificación de un acto administrativo es necesario entregar al contribuyente una copia del mismo y en alcance del numeral transcrito en primer término se desprende que la copia para el pasivo debe contener la firma autógrafa del funcionario que la emitió, o bien, que se trate de una copia certificada.
Estimar lo contrario haría nugatoria la exigencia prevista por el legislador, dado que con la entrega de una copia con firma autógrafa se despliega el signo distintivo de la voluntad exteriorizada por la autoridad de hacienda que brinda certeza al contribuyente, pues sólo así tendrá el pleno conocimiento del acto, con la finalidad de estar en aptitud de preparar una adecuada defensa en caso de que resintiera algún agravio por el documento que se desconoce al momento de la notificación.
De esa forma, aunque fundado, debe declararse inoperante el agravio en estudio, en tanto que a nada práctico conduciría el que la Sala recurrida se ocupara del argumento omitido, si de cualquier forma es requisito indispensable el que en el acto administrativo notificado conste la firma autógrafa del funcionario que lo emitió.
Como apoyo de lo anterior se cita la jurisprudencia por contradicción de tesis sustentada por la entonces Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en la página quince de la Gaceta Número 56, agosto de mil novecientos noventa y dos, de la Octava Época del Semanario Judicial de la Federación, que dice: "FIRMA FACSIMILAR. DOCUMENTOS PARA LA NOTIFICACIÓN DE CRÉDITOS FISCALES.-Esta Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación ha establecido reiteradamente el criterio de que de conformidad con lo dispuesto por los artículos 14 y 16 de la Constitución General de la República, para que un mandamiento de autoridad esté fundado y motivado, debe constar en el documento la firma autógrafa del servidor público que lo expida y no un facsímil, por consiguiente, tratándose de un cobro fiscal, el documento que se entregue al causante para efectos de notificación debe contener la firma autógrafa, ya que ésta es un signo gráfico que da validez a los actos de autoridad, razón por la cual debe estimarse que no es válida la firma facsimilar que ostente el referido mandamiento de autoridad.".
Por otra parte, el agravio en donde se sostiene que la Sala Fiscal debió requerir a la autoridad de hacienda para que exhibiera el original del documento notificado para cotejarlo y resolver la controversia planteada, también es infundado.
En efecto, ya se dijo que una de las formalidades que se deben cumplir en la notificación de un acto administrativo, en el caso de un crédito fiscal, consiste en que éste contenga la firma autógrafa de quien lo suscribió, pues de lo contrario carece de certeza si sólo contiene la firma facsimilar o en fotocopia simple, puesto que es la copia entregada a dicho particular la que debe estar revestida del requisito en cita, en tanto que es la que da a conocer el agravio que se resienta y no el original del documento que llegare a exhibirse por prevención de la Sala Fiscal.
En tal virtud, es la firma autógrafa un requisito de la índole mencionada que por su naturaleza autentica tanto el acto mismo como a quien lo emitió, de tal suerte que ello vuelve imperativo que la firma autógrafa conste en el texto que se comunica y no en otro, aun cuando se exhiba el original para su cotejo.
Así las cosas, si bien es cierto que los juzgadores gozan de las atribuciones a que alude la recurrente con el propósito de dictar una resolución apegada a derecho, en el caso, tales atribuciones son inaplicables.
Como apoyo de lo anterior, se cita la jurisprudencia que sostiene el Segundo Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Primer Circuito, que este cuerpo colegiado comparte, visible en la página quinientos treinta y nueve, Tomo VI, Materia Común, del Apéndice al Semanario Judicial de la Federación 1917-1995, que dice: "FIRMA FACSIMILAR. LA QUE CONTIENE UNA COPIA DE LA RESOLUCIÓN NOTIFICADA AL AFECTADO NO SE SUBSANA CON LA EXHIBICIÓN POSTERIOR DEL ORIGINAL CON FIRMA AUTÓGRAFA.-Cuando al afectado por una resolución se le notifica mediante una copia que contiene firma facsimilar, la autoridad no puede subsanar dicha irregularidad exhibiendo durante el juicio el original de esa resolución con firma autógrafa.".
Finalmente, el tercer punto de agravio también es infundado, pues, en el caso, no se hacía necesario el desahogo de la prueba pericial para establecer que no es autógrafa la firma que calza el documento notificado.
En el documento que se entregó al contribuyente en vía de notificación, la misma autoridad exactora imprimió un sello, el cual, por cierto, aparece sin firmar, de ahí se desprende que el contenido de la resolución que finca el crédito fiscal es copia de su original y también es copia la firma que lo calza; por tanto, es indudable que el ejemplar entregado al contribuyente no es uno que contenga la firma autógrafa de quien lo suscribió, sino reproducida por la fotocopia, al tiempo del reconocimiento expreso que hace el propio fisco al respecto, tan es así que era su propósito el certificar la resolución del crédito fiscal para brindar la certeza a la que ya se aludió con anterioridad.
Por otra parte, a juicio de este órgano colegiado no era necesario el desahogo de la prueba pericial, porque a simple vista se aprecia que la resolución notificada son copias fotostáticas, las cuales son insuficientes para dar certidumbre al acto en comento, por todo lo ya expuesto a lo largo de este considerando.
En tales condiciones, al resultar fundado pero inoperante uno de los agravios en estudio e infundados el resto de ellos, lo que se impone es confirmar la sentencia recurrida.
Por lo expuesto, se resuelve:
ÚNICO.-Se confirma la sentencia dictada el catorce de agosto de dos mil, por la Primera Sala Regional del Golfo Centro del Tribunal Fiscal de la Federación, en el juicio de nulidad número 3255/99-07-01-7, promovido por Isidoro Vivanco Moreno en contra de la Administración Local de Auditoría Fiscal de Puebla.
Notifíquese; háganse las anotaciones respectivas, con testimonio de esta resolución vuelvan los autos a su lugar de origen y, en su oportunidad, archívese el expediente.
Así, por unanimidad de votos, lo resolvieron los Magistrados que integran el Tercer Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Sexto Circuito, licenciados Jaime Raúl Oropeza García (presidente), Víctor Antonio Pescador Cano y Manuel Rojas Fonseca, bajo la ponencia del segundo de los nombrados.
Fuente y verificación: corpusiuris.mx/precedente/17175-9f8b5d62/revision-fiscal-agravios-fundados-pero-inoperantes-en-la · Corpus Iuris · texto íntegro conforme a la publicación oficial
Fuente oficial: Ver esta sentencia en la SCJN (Semanario Judicial de la Federación)
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