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Modo: Corpus Pro

ROBO. LA SANCIÓN PECUNIARIA A QUE SE REFIERE EL ARTÍCULO 370 DEL CÓDIGO PENAL DEL DISTRITO FEDERAL, EN TRATÁNDOSE DE DICHO DELITO, ESTÁ ESTABLECIDA EN "VECES EL SALARIO", POR LO QUE PARA SU APLICACIÓN DEBE TOMARSE EN CUENTA EL SALARIO MÍNIMO DIARIO GENERAL VIGENTE EN LA ÉPOCA Y LUGAR DE COMISIÓN DEL ILÍCITO Y NO LA PERCEPCIÓN NETA DIARIA DEL SENTENCIADO.

Tipo de asunto: AMPARO DIRECTO 2305/2002. · Registro digital (IUS): 17271
Órgano: Suprema Corte de Justicia de la Nación · Publicación: —
Promovente: —
Localización: Novena Época. Tribunales Colegiados de Circuito. Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Tomo XVI, Octubre de 2002, , Pág. 1254.

AMPARO DIRECTO 2305/2002.

CONSIDERANDO:

QUINTO. Los conceptos de violación expresados por el peticionario del amparo ... son infundados, sin perjuicio de que este tribunal supla la deficiencia de la queja, en términos del artículo 76 bis, fracción II, de la Ley de Amparo.

Por cuestión de método se analizará el argumento del quejoso en el sentido de que la sentencia reclamada es violatoria de las garantías de libertad, legalidad, seguridad y certeza jurídica, establecidas en los artículos 14 y 16 constitucionales, al no estar debidamente fundada ni motivada; respecto al primero de dichos preceptos, resulta infundado el motivo de inconformidad hecho valer, toda vez que aun cuando el impetrante del amparo no emite argumento específico alguno del porqué considera que dicho numeral vulnera su esfera jurídica, este Tribunal Colegiado no advierte que el fallo reclamado sea violatorio del artículo 14 constitucional, tomando en consideración el criterio del Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, sustentado en la tesis jurisprudencial 47/95, publicada en la página ciento treinta y tres, Tomo II, diciembre de mil novecientos noventa y cinco, Novena Época del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, de rubro: "FORMALIDADES ESENCIALES DEL PROCEDIMIENTO. SON LAS QUE GARANTIZAN UNA ADECUADA Y OPORTUNA DEFENSA PREVIA AL ACTO PRIVATIVO.", las cuales consisten en que se notifique el inicio del procedimiento y de sus consecuencias; la oportunidad de que se ofrezcan y desahoguen las pruebas en que se finque la defensa; la oportunidad de alegar; el dictado de una resolución que dirima las cuestiones debatidas; y, en el caso, dichos requisitos se cumplieron cabalmente.

Por otra parte, este órgano colegiado advierte que el fallo reclamado tampoco es violatorio del artículo 16 constitucional, pues contrariamente a lo manifestado por el ahora quejoso, dicha resolución está debidamente fundada y motivada, toda vez que la Sala responsable no sólo citó los preceptos legales aplicables, entre ellos, los artículos 367, 370, párrafo tercero y 381, fracción II, del Código Penal para el Distrito Federal, que describen y sancionan el ilícito de robo calificado (hipótesis de cuando se comete por un dependiente en contra de su patrón), por el cual se incrimina al impetrante de garantías; el numeral 13, fracción II, del invocado código punitivo, que establece la autoría material como forma de intervención en el delito; el ordinal 9o., párrafo primero, del Código Penal para el Distrito Federal, que se refiere a la conducta dolosa del sujeto activo; los artículos 254, 255, 261 y 286 del Código de Procedimientos Penales para el Distrito Federal, que se refieren al valor jurídico de las pruebas; el numeral 122 del código adjetivo de referencia que, por su parte, establece reglas generales para acreditar el cuerpo del delito de que se trata, así como los diversos artículos 51 y 52 del código punitivo aplicable, relativos a la individualización de las penas; sino que, además, se expusieron razonadamente los motivos por los cuales se estimaron acreditadas todas y cada una de las hipótesis normativas, como se detallará más adelante.

Asimismo, el quejoso ... aduce que la Sala responsable violó los artículos 135, 245, 246, 247, 249 y 255 del Código de Procedimientos Penales para el Distrito Federal, porque no realizó un análisis lógico-jurídico de los agravios formulados por el defensor particular del ahora quejoso, consistentes en que este último negó la comisión del ilícito y en ampliación de declaración justificó plenamente la circunstancia de encontrarse en el lugar de los hechos, en razón de sus labores como custodio dentro de las instalaciones de la empresa ofendida, por lo que no le concedió valor probatorio pleno a la retractación de hechos, en el sentido de que sí estuvo en el lugar; negativa que se apoyó con el contenido de los videocasetes, el cual certificó el Juez de la causa y en el que "no se ve que el quejoso se apodere de dinero alguno", pues la cámara de video sólo enfocaba los anaqueles donde estaba el dinero y el haber estado en dicho lugar no implica que se haya apoderado del numerario mencionado.

Lo anterior resulta infundado, toda vez que este Tribunal Colegiado advierte que la sentencia reclamada no es violatoria de los artículos 135, 245, 246, 247, 249 y 255 del Código de Procedimientos Penales para el Distrito Federal, que se refieren al valor jurídico de las pruebas, los cuales la Sala responsable aplicó debidamente, como se analizará más adelante; además de que dio contestación a los agravios formulados por el defensor particular del ahora impetrante de garantías, pues contrariamente a lo aducido por este último, en el fallo reclamado, al respecto, de manera genérica, estimó lo siguiente: "... los mismos resultan improcedentes e injustificados, ya que, contrario a su postura, esta alzada considera que sí existen elementos suficientes para comprobar plenamente el cuerpo del delito de robo calificado y para fincar el juicio de reproche a su defenso en la comisión del ilícito en comento, ya que sólo obra en autos la negativa de su defensor sin ningún elemento que la justifique. Ahora bien, por lo que respecta a la contradicción en que supuestamente incurren tanto el a quo como el Ministerio Público con respecto al contenido de los videocasetes, la misma resulta improcedente, ya que si bien es cierto no son exactamente iguales, también es cierto que la sentencia dictada en contra de ... no se motivó solamente en el contenido de los videocasetes; asimismo, aunque en los mismos no se observe claramente que el hoy sentenciado tomó el dinero, lo relevante de los mismos es que muestran que el hoy sentenciado se encontraba dentro de un lugar donde no debía estar y su conducta dentro de la bóveda no era normal ..." (foja 45 del toca).

Precisado lo anterior, contrariamente a lo que el quejoso ... aduce, la resolución que en esta vía combate no es violatoria de sus derechos públicos subjetivos, pues este Tribunal Colegiado advierte que la Sala responsable con acierto valoró el material probatorio existente en autos, en términos de los artículos 254, 255 y 286 del Código de Procedimientos Penales para el Distrito Federal, ajustándose a los principios de legalidad y a los reguladores de la valoración de las pruebas, más aún, cuando enlazados convenientemente de manera lógica y jurídica, conforman la prueba circunstancial que tiene eficacia convictiva, de acuerdo con el numeral 261 del código adjetivo de la materia, lo que legalmente le permitió considerar acreditado el cuerpo del delito de robo calificado, previsto y sancionado por los artículos 367, 370, párrafo tercero y 381, fracción II (hipótesis de cuando se comete por un dependiente en contra de su patrón), todos del Código Penal para el Distrito Federal, que a la letra establecen:

"Artículo 367. Comete el delito de robo: el que se apodera de una cosa ajena mueble, sin derecho y sin consentimiento de la persona que puede disponer de ella con arreglo a la ley."

"Artículo 370. ... Cuando (el valor de lo robado) exceda de quinientas veces el salario, la sanción será de cuatro a diez años de prisión y multa de ciento ochenta hasta quinientas veces el salario."

"Artículo 381. Además de la pena que le corresponda conforme a los artículos 370 y 371, se aplicarán al delincuente hasta cinco años de prisión, en los casos siguientes: ... II. Cuando lo cometa un dependiente ... contra su patrón ... en cualquier parte que lo cometa."

El cuerpo del delito en estudio se integra de la forma siguiente:

1. El elemento objetivo o externo que constituye la materialidad del hecho que la ley señala como delito, que consiste en: la acción de apoderamiento del sujeto activo como dependiente en contra de su patrón, sobre una cosa mueble.

2. El elemento normativo, relativo a la ajeneidad de ese bien mueble.

3. Asimismo, el tipo penal requiere de una antijuridicidad específica, que se traduce en que el apoderamiento se realice sin derecho y sin consentimiento de la persona que pueda disponer del bien mueble con arreglo a la ley.

Delito que, como ya se dijo, la Sala responsable con acierto estimó comprobado en el sumario, de acuerdo con las exigencias establecidas en el numeral 122 del Código de Procedimientos Penales para el Distrito Federal.

El elemento objetivo o externo consistente en la acción de apoderamiento del sujeto activo sobre una cosa mueble, se encuentra acreditado con la declaración del denunciante Dolores Mario Rivera Colindres, apoderado legal de la persona moral denominada Sepsa, Sociedad Anónima de Capital Variable, en la cual manifestó que el uno de noviembre de dos mil uno, aproximadamente a las quince horas, el jefe de seguridad de su representada, que responde al nombre de Rafael Flores Flores, le informó que el veintiocho de octubre del mismo año, como a las veinte horas con treinta minutos, al abrirse la "bóveda de proceso en efectivo", de la institución bancaria Bancomer, ahora Banco Bilbao Vizcaya, el personal de esta área detectó que en una columna de mazos de billetes de cien pesos, faltaba uno y en su lugar había un paquete de tarjetas "guía", por lo que revisaron las videograbaciones de todo el proceso y empezaron las investigaciones; el treinta y uno de octubre del año en cita, se detectó que el elemento de seguridad de nombre ... había ingresado a la bóveda, en donde efectuó "movimientos raros", según el video que el emitente observó, del cual se advertía que el veintisiete del mismo mes y año, a las veinte horas con veintisiete minutos y veintiocho segundos, dicho sujeto se dirigió directamente al anaquel donde había dinero; dicho lugar está destinado para custodiar los valores de Bancomer; tiene un área para el recuento de los mismos, el cual realizan trabajadores de ambos sexos y los que deben estar acompañados por algún elemento de seguridad, pues este último no está autorizado a entrar por "medidas de seguridad"; lo que se corrobora con la declaración de Uvaldo Óscar Rodríguez Casas, apoderado legal de la empresa ofendida, en la cual dijo que el uno de noviembre de dos mil uno, aproximadamente a las quince horas, el jefe de seguridad de su representada, Rafael Flores Flores, le informó que el "veintiocho" de octubre de dos mil uno, hubo un robo de cien mil pesos en la bóveda de seguridad; le mostró un video en el cual se apreciaba que el veintisiete de ese mes y año, aproximadamente a las veinte horas con veintisiete minutos, el elemento de seguridad ... ingresó solo a dicho lugar, con un paquete de tarjetas en la mano derecha y durante un minuto, aproximadamente, realizó una serie de "movimientos irregulares e indebidos" en la esquina de la bóveda de donde desapareció la cantidad mencionada; también obra la testimonial de Rafael Flores Flores, en la cual manifestó que después de observar el video en varias ocasiones, apreció que el veintisiete de octubre de dos mil uno, aproximadamente a las veinte horas con veintisiete minutos ... ingresó al área de bóveda, donde realizó "movimientos raros", consistentes en que llevaba un paquete blanco en la mano y se acercó a un rincón de la bóveda donde estaban las columnas de billetes; con la fe ministerial del contenido de dos videocasetes, en que en uno de ellos se apreció que el veintisiete de octubre de dos mil uno, a las veinte horas con veinticinco minutos ... ingresó al área de la antebóveda; a las veinte horas con veintiséis minutos entró de frente sin su arma de cargo, miró la cámara del circuito cerrado, con un paquete o bulto color blanco en la mano derecha; a las veinte horas con veintiocho minutos salió del área de bóvedas pasando por la antebóveda, el cual estaba de espaldas con una chamarra; que abrió con la mano izquierda e introdujo algo con la otra mano, salió del área de antebóveda; en el segundo videocasete, a las veinte horas con veintiséis minutos con cuarenta y nueve segundos, una persona estaba en la entrada de la bóveda; a las veinte horas con veintiocho minutos ... entró solo a dicha, portando una chamarra rompevientos, con las siglas "49ERS", atravesó la bóveda y se colocó en uno de los extremos "en donde la cámara sólo capta en algunas ocasiones" y posteriormente, salió de la bóveda; asimismo, obra el arqueo de caja relativo a la empresa Sepsa, Sociedad Anónima de Capital Variable, del cual se desprende un total contable de ciento cuarenta y nueve millones cuatrocientos ochenta y un mil ochocientos ochenta y nueve pesos con sesenta y cinco centavos, menos ciento cuarenta y nueve millones seiscientos cuarenta y cinco mil seiscientos dieciocho pesos con sesenta y siete centavos, con una diferencia de ciento sesenta y tres mil setecientos veintinueve pesos con dos centavos, debidamente suscrito y firmado por Lilia González Jiménez, jefe del área de procesos y por la responsable, Dolores Moreno; el dictamen en materia de contabilidad, suscrito por perito oficial, en el cual determinó: "A. Que obra en autos arqueo de caja de fecha 28 de octubre del año en curso, de la empresa denominada Sepsa, S.A. de C.V., signado con firmas ilegibles, cuyas antefirmas dicen: Dolores Moreno, responsable y Lilia González Jiménez, jefe área proceso, en donde se determina una diferencia por la cantidad de $163,729.02 (ciento sesenta y tres mil setecientos veintinueve pesos 02/100 M.N.), que disminuyendo la cantidad de $63,729.02 (sesenta y tres mil setecientos veintinueve pesos 02/100 M.N.), de caratas declamatorias (sic) hacen un faltante de $100,000.00 (cien mil pesos 00/100 M.N.)"; destacando la declaración del ahora quejoso ... quien si bien es cierto negó la comisión del delito a él atribuido, y en ampliación de declaración ante el Juez de la causa, adujo que sí entró a la bóveda, porque era parte de su trabajo hacer rondines y por ser elemento de seguridad, como persona de confianza, podía estar en cualquier área, también lo es que se ubica en circunstancias de tiempo, modo, lugar y ocasión de los hechos en estudio, por lo que la Sala responsable, correctamente, no le otorgó valor probatorio a su negativa, pues la misma no se encuentra corroborada con elemento de prueba alguno y, por el contrario, se desvirtúa con las diversas probanzas analizadas con anterioridad.

El elemento normativo relativo a la ajeneidad del bien mueble se acreditó con las declaraciones de los apoderados legales de la empresa ofendida, Dolores Mario Rivera Colindres y Uvaldo Óscar Rodríguez Casas, quienes fueron coincidentes en manifestar que el uno de noviembre de dos mil uno, les informaron que faltaban cien mil pesos en la "bóveda de proceso en efectivo", y que al revisar los videos observaron que el ahora quejoso había ingresado solo a dicho lugar.

La antijuridicidad específica relacionada con el hecho de que el apoderamiento de cosa ajena mueble se realice sin derecho y sin consentimiento de la persona que puede disponer de la misma con arreglo a la ley, se demuestra en el sumario al no existir autorización expresa por parte de Dolores Mario Rivera Colindres y Uvaldo Óscar Rodríguez Casas, apoderados legales de la persona moral ofendida Sepsa, Sociedad Anónima de Capital Variable, que facultara al impetrante del amparo ... para apoderarse de cien mil pesos; por lo que en esas condiciones, debe estimarse que la Sala responsable legalmente tuvo por comprobado el cuerpo del delito de robo.

En otro orden de ideas, este Tribunal Colegiado advierte que fue correcto que la autoridad responsable considerara acreditada la calificativa relativa a que el delito se comete por un dependiente en contra de su patrón, prevista en el artículo 381, fracción II, del Código Penal para el Distrito Federal, misma que fue materia de acusación razonada por parte del Ministerio Público, toda vez que de los elementos de prueba que la Sala responsable tomó en consideración, tales como las documentales privadas, relativas a la copia certificada del contrato de trabajo por tiempo indeterminado, celebrado entre Miguel Ángel Reyes Romero, apoderado legal de la persona moral Sepsa, Sociedad Anónima de Capital Variable, y ... para la prestación de servicios personales consistentes en cajero de traslado de valores y "tarjeta checadora de entrada", expedida por Sepsa, S.A. de C.V., a favor de ... del uno al quince de noviembre de dos mil uno; la documental pública consistente en copia certificada del "aviso de inscripción del trabajador", expedida por el Instituto Mexicano del Seguro Social, a nombre de ... con domicilio en Bosques de Ébanos, Cuautitlán Izcalli, Estado de México, de fecha veintidós de octubre de mil novecientos noventa y seis; así como la declaración del ahora quejoso, al manifestar que laboraba como empleado de seguridad en la empresa ofendida; se acredita que el impetrante de garantías realizó la conducta delictiva en contra de la empresa ofendida, cuando prestaba sus servicios en dicho lugar como empleado de seguridad.

Motivos por los cuales, como acertadamente lo consideró la citada autoridad responsable, en el caso concreto se pone de manifiesto, de manera indefectible, que el veintisiete de octubre de dos mil uno, aproximadamente a las veinte horas con veintisiete minutos, el quejoso ... cuando se desempeñaba como empleado de seguridad de la empresa denominada Sepsa, Sociedad Anónima de Capital Variable, ubicada en la calle de Doctor Barragán, ciento cincuenta y cuatro, colonia Doctores, Delegación Cuauhtémoc, en esta ciudad, se apoderó de la cantidad de cien mil pesos que estaba dentro de la "bóveda de procesos" de dicha persona moral; conducta delictiva que el ahora peticionario de garantías realizó sin derecho y sin consentimiento de la empresa ofendida, por conducto de sus apoderados legales, de tal forma que lesionó el bien jurídico tutelado que es el patrimonio de las personas.

Asimismo, debe señalarse que la Sala responsable, con acierto, estimó acreditada la responsabilidad penal del impetrante de garantías ... en su comisión, con fundamento en lo dispuesto en la fracción II del artículo 13 del Código Penal para el Distrito Federal, es decir, en su carácter de autor material; además de que el ahora quejoso realizó su conducta de manera dolosa, según lo previsto por el numeral 9o., párrafo primero, del código punitivo invocado, en virtud de que obró conociendo los elementos del cuerpo del delito y aceptó el resultado material prohibido por la norma legal, al saber que el apoderamiento de una cosa ajena mueble, sin derecho y sin consentimiento de la persona autorizada para ello, afectaría el patrimonio de esta última.

Lo anterior, tomando en consideración que ninguno de los elementos de prueba allegados al sumario permite acreditar a favor del ahora peticionario del amparo, alguna causa de licitud o exclusión del delito, a que se refiere el numeral 15 del código sustantivo mencionado, por lo que su actuar resulta antijurídico; ni existe probanza alguna de que pudiera padecer trastorno mental o desarrollo intelectual retardado, por lo cual es evidente que tenía la capacidad de comprender el carácter ilícito del hecho típico y conducirse acorde con esa comprensión; y finalmente, tampoco se observa que el impetrante de garantías hubiera realizado el acto delictivo bajo un error invencible de prohibición, ya sea porque desconociera la ley o su alcance, o bien, hubiese creído que su conducta estaba justificada, como así lo estimó la Sala responsable en la sentencia reclamada.

Por tanto, es incuestionable que se encuentra acreditada en el sumario la plena responsabilidad penal del quejoso ... en la comisión del delito de robo calificado, previsto y sancionado por los artículos 367, 370, párrafo tercero y 381, fracción II (hipótesis de cuando se comete por un dependiente en contra de su patrón), todos del Código Penal para el Distrito Federal, con base en los elementos de prueba mencionados, para estimar comprobado el cuerpo del ilícito en cuestión, entre los que destaca la declaración del denunciante Dolores Mario Rivera Colindres, apoderado legal de la persona moral ofendida, en la cual manifestó que el uno de noviembre de dos mil uno, aproximadamente a las quince horas, el jefe de seguridad de su representada, que responde al nombre de Rafael Flores Flores, le informó que el "veintiocho" de octubre del mismo año, como a las veinte horas con treinta minutos, al abrirse la "bóveda de proceso en efectivo" de la institución bancaria Bancomer, ahora Banco Bilbao Vizcaya, el personal de esta área detectó que en una columna de mazos de billetes de cien pesos faltaba uno y en su lugar había un paquete de tarjetas "guía", por lo que revisaron las videograbaciones de todo el proceso y empezaron las investigaciones; el treinta y uno de octubre del año en cita, se detectó que el elemento de seguridad de nombre ... había ingresado a la bóveda, en donde efectuó "movimientos raros", lo que se corrobora con la declaración de Uvaldo Óscar Rodríguez Casas, apoderado legal de la empresa ofendida, en la cual dijo que el uno de noviembre de dos mil uno, aproximadamente a las quince horas, el jefe de seguridad de su representada, Rafael Flores Flores, le informó que el "veintiocho" de octubre de dos mil uno, hubo un robo de cien mil pesos en la bóveda de seguridad; le mostró un video en el cual se apreciaba que el veintisiete de ese mes y año, aproximadamente a las veinte horas con veintisiete minutos, el elemento de seguridad ... ingresó solo a dicho lugar, con un paquete de tarjetas en la mano derecha y durante un minuto, aproximadamente, realizó una serie de "movimientos irregulares e indebidos" en la esquina de la bóveda de donde desapareció la cantidad mencionada; también obra la testimonial de Rafael Flores Flores, en la cual manifestó que después de observar el video en varias ocasiones, apreció que el veintisiete de octubre de dos mil uno, aproximadamente a las veinte horas con veintisiete minutos ... ingresó al área de bóveda, donde realizó "movimientos raros", consistentes en que llevaba un paquete blanco en la mano y se acercó a un rincón de la bóveda donde estaban las columnas de billetes; la declaración de Óscar Martínez Solís, en la cual manifestó que el uno de noviembre de dos mil uno, aproximadamente a las dieciséis horas, cuando estaba en el área de seguridad de la empresa Sepsa, Sociedad Anónima de Capital Variable, entró el apoderado legal Uvaldo Óscar Rodríguez Casas con el empleado de seguridad ... a quien le preguntó si había ingresado solo al área de la bóveda el veintisiete de octubre de ese año, a lo que este último dijo que no, ya que el personal de seguridad solamente tenía autorizado a hacerlo cuando había gente que trabaja en dicho lugar; la testimonial de Laura Guillén Hernández, en la cual dijo que el día de los hechos, cuando terminaban sus labores ... no quiso recibirle las llaves, porque no quería tener problemas; asimismo, obra la declaración del ahora quejoso ... quien, si bien es cierto, negó la comisión del delito que se le imputa, también lo es que se ubica en circunstancias de tiempo, modo, lugar y ocasión de los hechos en estudio, pues, se reitera, la Sala responsable, correctamente, no le otorgó valor probatorio a su negativa, pues la misma no se encuentra corroborada con elemento de prueba alguno y, por el contrario, se desvirtúa con las diversas probanzas analizadas con anterioridad.

En otro orden de ideas, el ahora quejoso arguye que la Sala responsable incorrectamente estimó que el contenido de los videos se corrobora con las declaraciones del representante legal de la ofendida y del jefe de seguridad, sin apreciar que dichas imputaciones "están basadas en lo que ellos mismos vieron en los propios videos", lo cual sería como "testigos de oídas"; motivo de inconformidad que resulta infundado, toda vez que la autoridad responsable ordenadora, con acierto, otorgó valor probatorio a las declaraciones de los apoderados legales de la empresa ofendida, Dolores Mario Rivera Colindres y Uvaldo Óscar Rodríguez Casas, quienes fueron coincidentes al manifestar que después de ser informados de que faltaba una columna de mazos de billetes que contenía cien mil pesos y observar los videos correspondientes a la bóveda donde dicha cantidad estaba, se percataron que el veintisiete de octubre de dos mil uno, el quejoso ... había ingresado a la "bóveda de procesos en efectivo", donde realizó "movimientos extraños" en una de las esquinas de dicho lugar, al cual no tenía libre acceso, ya que estaba restringido para los vigilantes, quienes sólo podían entrar con autorización y en compañía de gente "de procesos" y, en el caso, el ahora quejoso había entrado con un paquete de tarjetas, sin su arma de cargo; declaraciones que la Sala responsable estimó, debidamente, corroboradas con la testimonial de Rafael Flores Flores, jefe de seguridad de la empresa ofendida, quien también observó el video en el que aparecía el ahora impetrante de garantías, desplegando la conducta antes mencionada; por lo cual, aun cuando sus deposados los emitieron en virtud de haber observado el video, de cuyo contenido se dio fe ministerial, no puede estimarse su dicho como de "testigos de oídas", tomando en consideración que los hechos a los cuales hicieron referencia, como el haber visto las imágenes del video de que se trata, les constaron personalmente.

De igual manera, el ahora quejoso argumenta que la autoridad responsable ordenadora aceptó que existe contradicción entre la fe ministerial de los videos y la certificación de su contenido realizada por el Juez de primera instancia, por lo cual no aplicó correctamente el artículo 247 del Código de Procedimientos Penales para el Distrito Federal, al encontrarse en presencia de una duda razonable; lo que resulta infundado, toda vez que, en el caso, la Sala responsable no tuvo dubitación alguna en cuanto a la responsabilidad penal del impetrante de garantías en la comisión del delito de robo calificado, sino por el contrario, consideró con firmeza su demostración plena y, se reitera, estimó que la supuesta contradicción en que incurrieron el a quo y el Ministerio Público, sobre el contenido de los videocasetes, deviene "improcedente", tomando en cuenta que dicho elemento probatorio no fue el único que la autoridad responsable ordenadora consideró para emitir la sentencia reclamada, pues por el contrario, el cúmulo de pruebas existentes en el sumario, adminiculadas de manera lógica y jurídica, permitieron a la Sala responsable estimar actualizada la prueba indiciaria a que se refiere el artículo 261 del Código de Procedimientos Penales para el Distrito Federal; lo anterior, tomando en cuenta que respecto a la certificación que llevó a cabo el secretario de Acuerdos del juzgado de primera instancia, sobre el contenido de los videos fedatados, en el sentido de que: "... al tener a la vista el sobre amarillo cerrado el cual dice ‘A.P. 4/4010/01-1, anexo 1’, dos videocasetes, 1 paca de 100 tarjetas separadoras de billetes, por lo que se procedió a abrir dicho sobre y efectivamente se encuentran dichos objetos antes señalados, mismos que se encuentran también cerrados y se procede a abrirlos, mismos que se encuentran (sic) numerados como 1 y 2, por lo que se procedió a poner el primero donde se tuvo a la vista la puerta de la antebóveda siendo las 20:15 veinte horas con quince minutos del día 27 10 01, hasta las 20:45 veinte horas con cuarenta y cinco minutos, sin observar nada más en dicho video; en el segundo de los videocasetes se tuvo a la vista dicho video, el cual tiene las 18:38:36 dieciocho horas con treinta y ocho minutos con treinta y seis segundos, del día 27 10 01 veintisiete de octubre del año 2001 dos mil uno, la bóveda P.B.; con posterioridad, siendo las 20:26:58 veinte horas con veintiséis minutos con cincuenta y ocho segundos, se observó parado en la puerta de la bóveda y posteriormente pasó ... por el área de dicha bóveda, parándose detrás de los anaqueles donde se encuentran los mazos de billetes, sin ser observados con claridad los movimientos que realiza éste, puesto que la cámara únicamente se encuentra enfocada a dichos anaqueles, también se observa que lleva algo en la mano derecha sin poder precisar qué objeto es; posteriormente sale de la esquina donde se encontraba, observándose, de igual forma, que realiza algunos movimientos, sin embargo, no se alcanza a ver con exactitud qué movimientos realiza porque la cámara de video sólo se encuentra enfocada a los anaqueles donde se encuentran los mazos de billetes, terminando dicho video a las 20:33:51 veinte horas con treinta y tres minutos y cincuenta y un segundos ..." (fojas 185 vuelta y 189); del mismo también se advierte que el ahora quejoso entró en la bóveda sin autorización, pues de acuerdo con sus funciones, no podía entrar a dicho lugar solo y sin su arma de cargo, debiendo reiterar que el impetrante de garantías no aportó elemento probatorio alguno que corroborara su negativa, pues aun cuando en ampliación de declaración manifestó reconocer haber estado en el interior de la bóveda "porque era parte de su trabajo hacer rondines", ello no encuentra el debido sustento legal; por lo cual resultan infundados los motivos de inconformidad hechos valer por el ahora quejoso.

Resulta aplicable, sobre el particular, la tesis jurisprudencial doscientos setenta y seis, sustentada por la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, como resultado de la contradicción de tesis 48/96, entre las sustentadas por el Segundo Tribunal Colegiado del Noveno Circuito y el Segundo Tribunal Colegiado del Décimo Segundo Circuito, publicada en la página doscientos uno, Tomo II, Materia Penal, relativo a jurisprudencia, del Apéndice al Semanario Judicial de la Federación 1917-2000, de rubro y texto siguientes:

"PRUEBA INDICIARIA, CÓMO OPERA LA, EN MATERIA PENAL. En materia penal, el indicio atañe al mundo de lo fáctico, porque es un hecho acreditado que sirve de medio de prueba, ya no para probar, sino para presumir la existencia de otro h

Fuente y verificación: corpusiuris.mx/precedente/17271-4fe11ecb/robo-la-sancion-pecuniaria-a-que-se-refiere · Corpus Iuris · texto íntegro conforme a la publicación oficial

Extracto de la sentencia. El texto íntegro está disponible en la fuente oficial y en la plataforma Corpus Iuris.

Fuente oficial: Ver esta sentencia en la SCJN (Semanario Judicial de la Federación)

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