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Modo: Corpus Pro

ESTADO DE CUENTA CERTIFICADO POR CONTADOR PÚBLICO. SU VALIDEZ A FALTA DE IMPUGNACIÓN OPORTUNA.

Tipo de asunto: AMPARO DIRECTO 405/2002. · Registro digital (IUS): 17430
Órgano: Suprema Corte de Justicia de la Nación · Publicación: —
Promovente: ALFREDO MÁRQUEZ CABRERA.
Localización: Novena Época. Tribunales Colegiados de Circuito. Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Tomo XVII, Febrero de 2003, , Pág. 828.

AMPARO DIRECTO 405/2002. ALFREDO MÁRQUEZ CABRERA.

CONSIDERANDO:

CUARTO. Los conceptos de violación hechos valer son infundados en parte, e inoperantes en lo demás.

En efecto, la Sala responsable, en la sentencia reclamada, después de sintetizar los agravios que expresó el apelante Alfredo Márquez Cabrera (ahora quejoso) en el recurso de apelación, sostuvo básicamente las consideraciones siguientes:

Que en el escrito de contestación de demanda de Alfredo Márquez Cabrera, y de su codemandada María de Lourdes Alicia González Luna, aparece que el ahora apelante, Alfredo Márquez Cabrera, únicamente opuso como excepción la de litispendencia, y en la parte considerativa de la sentencia apelada, el Juez del conocimiento se pronunció sobre esa excepción, pues la desestimó expresando las razones y consideraciones legales respectivas, e invocó los criterios jurisprudenciales en que se apoyó; además, en dicha sentencia se emprendió el estudio de la acción ejercitada y de la vía propuesta, atendiendo a sus condiciones generales y particulares de procedencia, en función de las pruebas aportadas en el juicio.

Que en esa tesitura si el demandado, ahora apelante, Alfredo Márquez Cabrera, en el escrito de contestación de demanda omitió plantear los hechos y cuestiones jurídicas tendientes a controvertir la procedencia de la acción ejercitada, las causas de nulidad y los motivos de ineficacia de la certificación contable que aduce en los sintetizados en el inciso a), debe estimarse que precluyó su derecho para hacerlos valer con posterioridad, es decir, que como en el escrito de contestación de demanda no se adujeron tales cuestiones, no puede válidamente el apelante proponerlos como agravios en segunda instancia.

Que no obstante la preclusión apuntada, si el apelante plantea tales cuestiones como agravios en segunda instancia, como ocurre en la especie, deben reputarse inoperantes. En primer lugar, porque la parte contraria estuvo imposibilitada para rebatirlas ante el Juez de primer grado y, en segundo lugar, porque éste no tuvo oportunidad de hacer pronunciamiento alguno sobre el particular, teniendo aplicación la jurisprudencia de rubro: "CONCEPTOS DE VIOLACIÓN INOPERANTES. SON AQUELLOS QUE INTRODUCEN UNA CUESTIÓN AJENA A LA LITIS DEL JUICIO NATURAL (LEGISLACIÓN DEL ESTADO DE PUEBLA).".

Que el agravio sintetizado con el inciso b) resulta infundado, porque de la copia certificada notarial de fecha dieciocho de febrero de mil novecientos noventa y nueve, de la Notaría Pública Número Ciento Treinta y Seis, de la Ciudad de México, Distrito Federal, relativa al poder general para pleitos y cobranzas otorgado por Banco Nacional de México, Sociedad Anónima, Integrante del Grupo Financiero Banamex-Accival, Sociedad Anónima de Capital Variable, a favor de Pedro Augusto Reyes Hernández, satisface los requisitos formales y de fondo previstos en el artículo 90, párrafo segundo, de la Ley de Instituciones de Crédito y, por ende, resulta suficiente para acreditar la personalidad y representación de Pedro Augusto Reyes Hernández y la legal existencia de la institución de crédito acreedora; y,

Que el agravio sintetizado en el inciso c), en el que el apelante aduce los argumentos para desvirtuar la eficacia del estado de cuenta certificado por contador facultado de la institución de crédito resulta inatendible, porque esas argumentaciones ya fueron materia de estudio por parte de la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación al resolver la contradicción de tesis número 59/96, que dio origen a la jurisprudencia de rubro: "CONTADOR PÚBLICO DE INSTITUCIÓN DE CRÉDITO, EL ESTADO DE CUENTA BANCARIO CERTIFICADO POR EL, HARÁ FE, SALVO PRUEBA EN CONTRARIO, SIN NECESIDAD DE NINGÚN OTRO REQUISITO (ARTÍCULO 68 DE LA LEY DE INSTITUCIONES DE CRÉDITO).", teniendo aplicación la jurisprudencia de rubro: "CONCEPTOS DE VIOLACIÓN INATENDIBLES. SON AQUELLOS ENCAMINADOS A COMBATIR ARGUMENTOS QUE FUERON MATERIA DE ESTUDIO AL RESOLVER UNA CONTRADICCIÓN DE TESIS.".

Ahora bien, en el primer concepto de violación el quejoso, Alfredo Márquez Cabrera, esencialmente manifiesta que la Sala responsable omitió estudiar la procedencia del juicio ejecutivo mercantil, porque la certificación contable expedida por la contadora pública María Arelly del C. García Vera (fojas 18 y 19 del expediente de primera instancia), no satisface los requisitos del artículo 68 de la Ley de Instituciones de Crédito, porque no acompañó su cédula profesional y, en consecuencia, no acreditó su personalidad para ejercer la profesión de contador en términos del artículo 5o. constitucional, teniendo aplicación la jurisprudencia del Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación de rubro: "INSTITUCIONES DE CRÉDITO. EL ARTÍCULO 68 DE LA LEY RESPECTIVA NO RELEVA A LOS CONTADORES AUTORIZADOS POR LA INSTITUCIÓN DE CRÉDITO ACREEDORA, DE LA OBLIGACIÓN DE CONTAR CON EL TÍTULO PROFESIONAL PREVISTA EN EL ARTÍCULO 5o. CONSTITUCIONAL Y SU LEY REGLAMENTARIA.".

Tal concepto de violación es infundado.

Esto es así, porque la Sala responsable, en la sentencia reclamada, contrariamente a lo sostenido por el quejoso, sí estudió la procedencia del juicio ejecutivo mercantil conforme al agravio que se expresó en el recurso de apelación, en el sentido de que quien expidió la certificación contable no acompañó su cédula profesional que lo acreditara como contador público; tan es así, que tal agravio la responsable lo consideró inatendible. Lo anterior se corrobora con la sentencia reclamada, en la parte en que la responsable apuntó lo siguiente: "En relación con el agravio marcado con el inciso c), debe decirse que los argumentos que el combatiente adujo para desvirtuar la eficacia ejecutiva del estado de cuenta certificado por contador facultado de la institución de crédito acreedora resultan inatendibles; esto es así, porque tales consideraciones ya fueron materia de estudio por la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación al resolver la contradicción de tesis número 59/96, cuyo criterio sustentado fue publicado con el número de tesis 1a./J. 10/97, visible en la página 277, Tomo V, Novena Época del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, correspondiente al mes de marzo de 1997 (Pleno y Salas), con el rubro: ‘CONTADOR PÚBLICO DE INSTITUCIÓN DE CRÉDITO, EL ESTADO DE CUENTA BANCARIO CERTIFICADO POR EL, HARÁ FE, SALVO PRUEBA EN CONTRARIO, SIN NECESIDAD DE NINGÚN OTRO REQUISITO (ARTÍCULO 68 DE LA LEY DE INSTITUCIONES DE CRÉDITO). Es suficiente para declarar procedente la vía ejecutiva mercantil intentada por una institución bancaria, el que se exhiba el contrato o póliza donde conste el crédito otorgado, acompañado del estado de cuenta certificado por el contador autorizado por la institución, sin que sea necesario que acredite que este último se encuentra precisamente autorizado por ella para certificarlo y que además cuenta con título expedido legalmente para ejercer la profesión de contador público, porque estos requisitos no los exige el artículo 68 de la Ley de Instituciones de Crédito y, en todo caso, el valor probatorio de la certificación se presume, según dicho precepto, salvo prueba en contrario.’. En esa tesitura, cuando en un concepto de violación se vierten argumentos que ya fueron materia de estudio por el Pleno o por alguna de las Salas de la Suprema Corte de Justicia de la Nación al resolver una contradicción de tesis, el mismo deviene inatendible. Es aplicable al caso el criterio la (sic) jurisprudencial número V.2o. J/36 visible en la página 558, Tomo VI, Novena Época del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, correspondiente al mes de septiembre de 1997 (Pleno, Salas y Tribunales Colegiados de Circuito), que aparece publicada con el rubro ‘CONCEPTOS DE VIOLACIÓN INATENDIBLES. SON AQUELLOS ENCAMINADOS A COMBATIR ARGUMENTOS QUE FUERON MATERIA DE ESTUDIO AL RESOLVER UNA CONTRADICCIÓN DE TESIS.’.".

Únicamente resta agregar que el artículo 68 de la Ley de Instituciones de Crédito no exige que el estado de cuenta, para que sea título ejecutivo junto con el contrato o la póliza en los que, en su caso, se hagan constar los créditos que otorguen las instituciones de crédito, se acompañe el título del contador público que expidió dicho estado de cuenta, por lo que la carencia del mencionado título debe hacerse valer durante el juicio, de manera que cuando no se hace así, como aconteció en el caso, tal estado de cuenta, por lo que se refiere a ese aspecto, tiene validez, aun cuando en los agravios que expresó ante el tribunal de alzada el ahora quejoso, al apelar la sentencia de primera instancia, haya alegado esa circunstancia, pues lo cierto es que tal tópico resulta extemporáneo, dado que ello debió impugnarse en el momento procesal oportuno, para así dar oportunidad de defensa a la parte actora.

Sirve de apoyo a esta consideración la tesis sustentada por este propio tribunal que con el número VI.1o.C.18 C, aparece publicada en la página 714 del Tomo X, correspondiente al mes de diciembre de mil novecientos noventa y nueve, de la Novena Época del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, que es del tenor siguiente:

" Si los demandados no impugnaron durante el juicio, la certificación contable por carecer el contador del título respectivo, es inconcuso, que dicha certificación por lo que se refiere a ese aspecto tiene validez, aun cuando en los agravios que se expresaron ante el tribunal de alzada al apelar la sentencia de primer grado, hayan alegado que el contador debía ser un profesional de la contaduría, pues lo cierto es que tal tópico resulta extemporáneo, dado que ello debió impugnarse en el momento procesal oportuno para así dar oportunidad de defensa a la parte actora."

Por las consideraciones precedentes, carece de aplicación la jurisprudencia que cita el quejoso, intitulada: "INSTITUCIONES DE CRÉDITO. EL ARTÍCULO 68 DE LA LEY RESPECTIVA NO RELEVA A LOS CONTADORES AUTORIZADOS POR LA INSTITUCIÓN DE CRÉDITO ACREEDORA, DE LA OBLIGACIÓN DE CONTAR CON EL TÍTULO PROFESIONAL PREVISTA EN EL ARTÍCULO 5o. CONSTITUCIONAL Y SU LEY REGLAMENTARIA.".

Por otra parte, el peticionario de garantías, en los restantes conceptos de violación, básicamente manifiesta:

En el segundo, que la Sala responsable no consideró el criterio de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, el cual es obligatorio para dicha Sala, en cuanto a lo que estableció en materia de créditos, definiendo la legislación aplicable, siendo de orden público y, en consecuencia, irrenunciable, por lo que debió observar esa normatividad y examinar la validez del acto consignado en el título fundatorio de la acción, para determinar si se encuentra apegado a tales normas de interés público, dejando de aplicar los artículos 2o. y 6o. de la Ley General de Títulos y Operaciones de Crédito, la Ley del Banco de México, reglamentaria de los párrafos sexto y séptimo del artículo 28 constitucional, los artículos 1793, 1794, fracción I y 1795, fracción II, del Código Civil para el Distrito Federal, los artículos 177, 1324, 1325, 1326, 1327, 1328 y 1329 del Código de Comercio, los artículos 68 y 90 de la Ley de Instituciones de Crédito y el artículo 195 de la Ley de Amparo.

En el tercer concepto de violación, que la Sala responsable, en la sentencia reclamada, no tomó en cuenta que en materia de contratos instrumentados por sociedades mercantiles, la Suprema Corte de Justicia de la Nación estableció que el contrato de apertura de crédito en cuanto a sus condiciones financieras, queda sujeto a las disposiciones generales que al efecto emita el Banco de México, por lo que la interpretación jurídica del contrato de apertura de crédito fundatorio de la acción, queda sujeto a la normatividad jurídica contenida en los artículos 2o., 6o. y 291 a 301 de la Ley General de Títulos y Operaciones de Crédito, de donde resultan aplicables los artículos 24 y 26 de la Ley del Banco de México, reglamentaria de los párrafos sexto y séptimo del artículo 28 constitucional, los artículos 6o. y 48 de la Ley de Instituciones de Crédito, y en cuanto a su interpretación contractual, los artículos 77 y 78 del Código de Comercio, y los artículos 1851 al 1859 del Código Civil para el Distrito Federal.

En el cuarto concepto de violación, que la Sala responsable interpretó "... incorrectamente el título fundatorio de la acción al no encuadrar el esquema financiero contenido en el mismo, pues tiene como sustento cláusulas que lo hacen nulo de pleno derecho ...", específicamente las que se refieren a las tasas de interés, las cuales fueron convenidas en contravención a normas de orden público y que siendo irrenunciables, a pesar de que las partes lo hayan convenido, bajo ningún pretexto convalidan el contrato, originando el imposible cumplimiento del mismo, pues la violación a tales normas hace que exista error en el consentimiento y en toda la aplicación esquemática financiera del contrato, por lo que el incumplimiento del mismo es imputable al banco acreedor, aplicando obviamente la legislación correcta.

En el quinto concepto de violación, que la Sala responsable omitió valorar las tasas de interés convenidas, pues según se puede desprender del contrato original, las mismas son variables, lo que se robustece también con la supuesta certificación contable y con los ajustes que indican, teniendo como base la cantidad que menciona la parte actora, ya que, como se ha dicho, existen disposiciones aplicables en las cuales, el Banco de México, en circulares anteriores a la 2008/94, quedaba estrictamente prohibido a las instituciones de crédito el pacto de intereses de tasas de referencia alternativa, y tomando como base el contrato original, son anteriores a la circular mencionada, por lo que es lógico que no tiene aplicación al caso concreto el criterio sustentado por la Suprema Corte de Justicia de la Nación en la tesis número LXIV/98, por lo que el pago de intereses o la cláusula que establece los mismos es nula de pleno derecho, afectando la totalidad del esquema financiero del crédito original y del crédito adicional para el pago de intereses, que dio como resultado un enriquecimiento indebido, sin que pueda invocarse que la voluntad de las partes es la suprema ley en los contratos, porque las disposiciones emitidas por el Banco de México son normas imperativas y de orden público y, en consecuencia, irrenunciables, y de conformidad con el artículo 77 del Código de Comercio, las convenciones ilícitas no producen obligación ni acción, aun cuando recaigan sobre operaciones de comercio, por lo que debe aplicarse supletoriamente el Código Civil respecto a los efectos de la nulidad de los contratos, pues al haber transgredido las normas emitidas por el Banco de México, en cuanto a estipular las tasas de interés, éstas deben ser nulificadas y aplicarse el seis por ciento anual, de acuerdo al contenido de las cláusulas que se indican en los contratos.

En el sexto concepto de violación, que la Sala responsable interpretó incorrectamente el título base de la acción, al declarar judicialmente el vencimiento anticipado, violando normas de orden público, pues declara la validez y condena al pago de intereses con tasas de referencia alternativa, cuya prohibición es evidente, porque el contrato original es anterior a la circular 2008/94 de diecisiete de febrero de mil novecientos noventa y cuatro emitida por el Banco de México, por lo que al momento de la firma de los contratos, las instituciones de crédito únicamente podían estipular una sola tasa de interés, tanto normal como moratoria y, en la mencionada circular, fue cuando se suprimió la limitante, resultando que la obligación de pagar el saldo insoluto resulta afectada de nulidad, porque el mismo es el resultado de la aplicación indebida de las tasas de referencia alternativa, convenidas ilícitamente y en violación a las disposiciones aplicables a los contratos de apertura de crédito; y,

En el que marcó nuevamente como sexto y último concepto de violación, señaló que, como consecuencia, también es nulo el crédito adicional, porque se capitalizó con tasas alternativas, a lo que el banco acreedor denomina tasas de mercado, aplicando unas veces Cetes y otras CPP, desprendiéndose que se estipularon más de dos tasas de interés, y que de acuerdo con la circular anterior a la que menciona la Suprema Corte de Justicia de la Nación, existía la prohibición de estipular más de dos tasas de interés de referencia alternativa, las cuales transcribe.

De la comparación que se haga de los argumentos expresados en el recurso de apelación en vía de agravios, que se sintetizaron en la sentencia reclamada, en el inciso a), con los que se plantean en los anteriores conceptos de violación, se advierte que en éstos el quejoso se limita a reproducir en términos casi textuales lo que alegó ante la Sala responsable y que fue desestimado por ésta, por inoperantes. De ahí que pueda sostenerse, válidamente, que los conceptos de violación a estudio no impugnan los fundamentos y consideraciones de la Sala responsable que la llevaron a desestimar, por inoperantes, los agravios que sintetizó en el inciso a).

En esta tesitura, los conceptos de violación de que se trata resultan también inoperantes para la resolución del presente juicio de garantías, en virtud de que al no poderse suplir la deficiencia de los mismos, por no estarse en alguno de los supuestos que contempla el artículo 76 bis de la Ley de Amparo, este Tribunal Colegiado se encuentra imposibilitado para examinar la legalidad de los fundamentos y consideraciones vertidos por la Sala responsable, por lo que los mismos deben subsistir.

Sobre el particular, tienen aplicación las jurisprudencias siguientes.

La sustentada por este tribunal que con el número 698 se encuentra publicada en la página 470 del Tomo VI, Materia Común, del Apéndice al Semanario Judicial de la Federación 1917-1995, que es del tenor siguiente:

"CONCEPTOS DE VIOLACIÓN INATENDIBLES, SI EL QUEJOSO SÓLO REPITE LO ADUCIDO ANTE LA AUTORIDAD RESPONSABLE. En los casos no específicamente determinados por la ley para suplir la deficiencia de la queja, la técnica jurídica procesal exige que los conceptos de violación estén relacionados directa e indirectamente con los fundamentos del acto reclamado, para que de esta forma queden de manifiesto los vicios de que adolezca; pero si ante la potestad federal el quejoso sólo reproduce en términos casi textuales lo que alegó ante la autoridad responsable y que fue declarado por ésta sin fundamento, tal planteamiento en el amparo resulta inatendible, porque no puede estimarse que combata las consideraciones en que se apoya el acto tachado de inconstitucional."

La jurisprudencia de este tribunal que con el número 726 también se encuentra publicada en las páginas 488 y 489 del tomo, materia y Apéndice antes mencionados, que es del tenor siguiente:

"CONSIDERACIONES DEL ACTO RECLAMADO NO COMBATIDAS POR EL QUEJOSO. EL TRIBUNAL COLEGIADO NO PUEDE EXAMINAR SU CONSTITUCIONALIDAD. En los casos no específicamente determinados por la ley para suplir la deficiencia de la queja, la técnica jurídica procesal exige que los conceptos de violación estén relacionados directamente e inmediatamente con los fundamentos del acto reclamado para que de esta forma queden de manifiesto los vicios de que adolezca; por tanto si el quejoso omite hacerse cargo de algunas consideraciones en que se apoyó la autoridad responsable, el Tribunal Colegiado no está en aptitud de examinar la constitucionalidad de éstas y por ende deben subsistir."; y,

La sustentada por la entonces Tercera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, que con el número 173 aparece publicada en las páginas 116 y 117 del Tomo VI, Materia Común, del Apéndice al Semanario Judicial de la Federación 1917-1995, que es del tenor siguiente:

"CONCEPTOS DE VIOLACIÓN. SON INOPERANTES SI NO ATACAN LOS FUNDAMENTOS DEL FALLO RECLAMADO.-Si los conceptos de violación no atacan los fundamentos del fallo impugnado, la Suprema Corte de Justicia no está en condiciones de poder estudiar la inconstitucionalidad de dicho fallo, pues hacerlo equivaldría a suplir las deficiencias de la queja en un caso no permitido legal ni constitucionalmente, si no se está en los que autoriza la fracción II del artículo 107 reformado, de la Constitución Federal, y los dos últimos párrafos del 76, también reformado, de la Ley de Amparo, cuando el acto reclamado no se funda en leyes declaradas inconstitucionales por la jurisprudencia de la Suprema Corte, ni tampoco se trate de una queja en materia penal o en materia obrera en que se encontrare que hubiere habido en contra del agraviado una violación manifiesta de la ley que lo hubiera dejado sin defensa, ni menos se trate de un caso en materia penal en que se hubiera juzgado al quejoso por una ley inexactamente aplicable."

En estas condiciones, al no demostrarse que la sentencia reclamada viole los artículos 14 y 16 constitucionales, se impone negar el amparo solicitado; negativa que se hace extensiva a los actos de ejecución atribuidos a la autoridad responsable señalada con ese carácter, por no impugnarse por vicios propios, de acuerdo con la jurisprudencia sustentada por la entonces Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, que con el número 105 aparece publicada en la página 68 del Tomo VI, Materia Común, del Apéndice al Semanario Judicial de la Federación 1917-1995, que es del tenor siguiente:

"AUTORIDADES EJECUTORAS. NEGACIÓN DE AMPARO CONTRA ORDENADORAS.-Si el amparo se niega contra las autoridades que ordenen la ejecución del acto que se estima violatorio de garantías, debe también negarse respecto de las autoridades que sólo ejecutaron tal acto por razón de su jerarquía."

Por lo expuesto y con apoyo, además, en los artículos 184, 188 y 190 de la Ley de Amparo, 35 y 37, fracción I, de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, se resuelve:

ÚNICO.-La Justicia de la Unión no ampara ni protege a Alfredo Márquez Cabrera, contra los actos que por su propio derecho reclamó de la Primera Sala del Tribunal Superior de Justicia del Estado de Puebla, y de la Juez Primero de lo Civil de esta ciudad, consistentes en, de la primera autoridad, la sentencia de fecha veintiséis de agosto del año dos mil dos, dictada en el toca número 748/2002, que confirmó la de primera instancia emitida en el expediente número 799/99, relativo al juicio ejecutivo mercantil promovido en contra del propio quejoso, y de otra, por la institución de crédito denominada Banco Nacional de México, Sociedad Anónima, Integrante del Grupo Financiero Banamex-Accival, Sociedad Anónima de Capital Variable, a través de su apoderado Pedro Augusto Reyes Hernández; y, de la restante autoridad, su ejecución.

Notifíquese; remítase testimonio de esta resolución a la autoridad responsable ordenadora, devuélvanse los autos al lugar de su origen y, en su oportunidad, archívese el expediente.

Así, por unanimidad de votos lo resolvieron los señores Magistrados que integran el Primer Tribunal Colegiado en Materia Civil del Sexto Circuito, licenciados Eric Roberto Santos Partido, Rosa María Temblador Vidrio y Alejandro Sánchez López, siendo relator el primero de los nombrados.

Fuente y verificación: corpusiuris.mx/precedente/17430-100006a3/estado-de-cuenta-certificado-por-contador-publico-su · Corpus Iuris · texto íntegro conforme a la publicación oficial

Fuente oficial: Ver esta sentencia en la SCJN (Semanario Judicial de la Federación)

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