INTERPRETACIÓN Y ALCANCE LEGAL DEL ARTÍCULO CUARTO TRANSITORIO, FRACCIÓN II, DEL NUEVO CÓDIGO PENAL PARA EL DISTRITO FEDERAL.
AMPARO DIRECTO 369/2003.
CONSIDERANDO:
QUINTO. Argumenta el impetrante que el acto de autoridad es violatorio del dispositivo 14 de la Constitución Federal, tal consideración deviene infundada en tanto se observa que fue dictada en un procedimiento en el cual se cumplió con las formalidades esenciales que por ley deben observarse.
En efecto, al revisar las constancias procesales del sumario, contrario a lo argüido por el ahora peticionario de amparo, se advierte que en todo momento se respetaron las reglas que rigen al procedimiento, ya que en la diligencia ministerial y declaración preparatoria se le hizo saber el motivo y causas de la acusación, el nombre del denunciante y testigos que depusieron en su contra; se le permitió nombrar defensor en la forma señalada por la norma; ofreció las pruebas que a su criterio consideró aptas para desvirtuar las imputaciones de la representación social, las que fueron admitidas en su totalidad y desahogadas en las audiencias del término constitucional ampliado y de ley, aquellas de las que no se desistió; se le dio oportunidad de carearse con las personas que depusieron en su contra; el Ministerio Público formuló conclusiones acusatorias y la defensa las propias a favor de su representado; se celebró la audiencia de derecho, se dictó la sentencia correspondiente contra la que el aquí quejoso, su defensa, y el Ministerio Público interpusieron recurso de apelación, medio de impugnación que se tramitó y resolvió conforme a la normatividad una vez que se analizaron los agravios expresados en su contra; en tal virtud, deviene infundado en lo concerniente el concepto de violación que hace valer, ya que contrario a lo manifestado por el inconforme se observa que en todo momento se acataron las formalidades previstas en el Código de Procedimientos Penales para el Distrito Federal y, por tanto, las garantías de legalidad y seguridad jurídica que le otorga el párrafo segundo del precepto 14 de la Norma Fundamental.
Al respecto es aplicable la jurisprudencia I.1o.P. J/6, visible con el número de tesis seiscientos cincuenta, en la página quinientos treinta y tres del Tomo II, Materia Penal, sección jurisprudencia de Tribunales Colegiados de Circuito del Apéndice al Semanario Judicial de la Federación 1917-2000, que se comparte, del Primer Tribunal Colegiado en Materia Penal del Primer Circuito, con los siguientes rubro y texto:
"PROCEDIMIENTO, FORMALIDADES DEL. No se violan las reglas del procedimiento penal, si se cumplen debidamente las fases procesales relativas, es decir, que con posterioridad a la consignación el Juez reciba al indiciado su declaración preparatoria con las formalidades de ley, dicte auto de término constitucional y desahogue las pruebas ofrecidas durante la instrucción; que celebrada la audiencia de derecho, previa acusación del Ministerio Público se dicte la sentencia correspondiente y que interpuesto recurso de apelación, se tramite conforme a la ley y se resuelva analizando los agravios expresados."
Por otra parte y contrario a lo aseverado por el sentenciado, este órgano colegiado aprecia que en la resolución materia de amparo que consideró a ... como penalmente responsable del delito de robo agravado, se encuentra fundada y motivada como se advierte de su lectura, pues la autoridad responsable ordenadora citó los preceptos legales exactamente aplicables al caso concreto, tanto de naturaleza sustantiva como adjetiva; respecto a los primeros se advierte que para efectos de fijar la penalidad a imponer, aplicó la ley punitiva que se encontraba vigente en el momento de los hechos por serle más favorable al entonces enjuiciado, además precisó los argumentos particulares que creyó idóneos para así determinarlo, ello con apoyo en el material probatorio que obra en la causa, es decir, vertió los razonamientos que la condujeron a la convicción de que la conducta desplegada por ... encuadra en la hipótesis normativa que en abstracto describe y sanciona la ley penal, así como las relacionadas a su plena responsabilidad; pronunció las razones lógico-jurídicas atinentes a la individualización de la pena, en cuyo apartado expuso los motivos que estimó para fijar la punibilidad y lo conducente a la reparación del daño; en tal tenor se concluye que la sentencia a estudio, contrario a lo argumentado por el aquí quejoso, cumple con las exigencias que establece el numeral 16 constitucional, por lo que en ese aspecto el concepto de violación que esgrime es también infundado.
Al efecto se transcribe el criterio sustentado en la jurisprudencia que con el número de tesis doscientos cuatro, se encuentra publicada en la página ciento sesenta y seis del Tomo VI, Materia Común, sección Suprema Corte de Justicia de la Nación del Apéndice al Semanario Judicial de la Federación 1917-2000, con el rubro y texto de la literalidad siguientes:
"FUNDAMENTACIÓN Y MOTIVACIÓN. De acuerdo con el artículo 16 de la Constitución Federal todo acto de autoridad debe estar adecuada y suficientemente fundado y motivado, entendiéndose por lo primero que ha de expresarse con precisión el precepto legal aplicable al caso y, por lo segundo, que deben señalarse, con precisión, las circunstancias especiales, razones particulares o causas inmediatas que se hayan tenido en consideración para la emisión del acto; siendo necesario, además, que exista adecuación entre los motivos aducidos y las normas aplicables, es decir, que en el caso concreto se configuren las hipótesis normativas."
En ese orden de ideas, cabe destacar que con fecha trece de noviembre de dos mil dos entró en vigor el Nuevo Código Penal para el Distrito Federal, publicado el dieciséis de julio de ese año en la Gaceta Oficial del Distrito Federal, ello luego de haber transcurrido después de su publicación los ciento veinte días que para su entrada en vigor estableció el transitorio primero de dicho ordenamiento legal que, adicionalmente, en su punto transitorio cuarto, fracción II, estableció lo siguiente:
"Cuarto. A partir de la entrada en vigor de este decreto, para el caso en que este código contemple una descripción legal de una conducta delictiva que en el anterior Código Penal del Distrito Federal se contemplaba como delito y por virtud de las presentes reformas, se denomina, penaliza o agrava de forma diversa, siempre y cuando las conductas y los hechos respondan a la descripción que ahora se establecen, se estará a lo siguiente: ... II. En los procesos pendientes de dictarse sentencia en primera y segunda instancia, el Juez o el tribunal, respectivamente podrán efectuar la traslación del tipo de conformidad con la conducta que se haya probado y sus modalidades."
Del párrafo primero del artículo transitorio transcrito se infiere que al sobrevenir el inicio de vigencia del Nuevo Código Penal para el Distrito Federal y ante la eventualidad de resolver un asunto respecto a hechos acontecidos durante la vigencia del anterior ordenamiento, el órgano jurisdiccional tiene de inicio la obligación de realizar un acto de homologación entre ambas normatividades y con referencia a ese hecho concreto, el cual consiste en establecer si la conducta del sujeto activo era delictiva en términos de la codificación punitiva vigente en la fecha de su comisión y si conforme al ordenamiento punitivo vigente lo sigue siendo; su finalidad es determinar si en la nueva codificación penal subsiste la pretensión punitiva del legislador respecto del tipo penal en el que encuadró la conducta del sujeto activo y por la que se le siguió proceso o, si por el contrario, el mismo fue suprimido o bien modificado, lo que en su caso resultaría de beneficio al sentenciado.
A continuación, de estimar la subsistencia delictual de la conducta, en términos de la fracción II del transitorio cuarto antes transcrito, la autoridad responsable debe efectuar la traslación del tipo, lo cual significa realizar un análisis respecto a las variaciones del tipo penal entre el Código Penal abrogado y la nueva legislación sustantiva para estar en aptitud de reubicar con precisión la conducta del sentenciado en la norma actual, en el que se expresen las razones o motivos por los cuales está o no en aptitud de efectuar la traslación del mismo de conformidad con la conducta y modalidades probadas, en la inteligencia de que para efectuar válidamente la traslación no debe existir una modificación sustancial en la descripción típica.
Por último, debe aplicar la ley más favorable de manera fundada y motivada en términos de los artículos 14, párrafo primero, constitucional, en sentido contrario, y 10 del Nuevo Código Penal para el Distrito Federal.
En efecto, la garantía individual de irretroactividad legal consagrada en el párrafo primero del numeral 14 constitucional determina que: "A ninguna ley se dará efecto retroactivo en perjuicio de persona alguna.", en torno al cual es dable establecer que la ley penal es aplicable a hechos que tengan lugar sólo después de su puesta en vigencia, esto es, en irrestricto apego a su ámbito temporal de validez y como consecuencia necesaria del principio de legalidad, motivo por el cual es absolutamente infactible la aplicación de las llamadas por algunos juristas leyes ex post facto. Pero este principio general de irretroactividad en perjuicio de la ley penal reconoce en sentido contrario y como implícita excepción la aplicación retroactiva en beneficio, esto es, en la materia penal cuando la nueva norma sea benigna, favorable o menos gravosa para el inculpado.
Sirve de apoyo a lo anterior la tesis sustentada por la anterior Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en la página mil cuatrocientos treinta y ocho, Tomo XCIV, del Semanario Judicial de la Federación, Quinta Época, de rubro y texto siguientes:
"LEYES PENALES, APLICACIÓN DE LAS. El artículo 14 de la Constitución Política de la República contiene los siguientes mandamientos: a ninguna ley se dará efecto retroactivo en perjuicio de persona alguna; nadie podrá ser privado de su libertad, sino mediante juicio y conforme a las leyes expedidas con anterioridad al hecho; en los juicios del orden criminal, queda prohibido imponer pena alguna que no esté decretada por una ley exactamente aplicable al caso. De estos mandamientos se desprende que todo acto criminal debe ser juzgado y sancionado de acuerdo con las prevenciones contenidas en la ley que rija en la fecha en que ese acto criminal se perpetró. Esta regla sólo sufre dos excepciones, autorizadas por el mismo artículo 14 constitucional, al establecer la irretroactividad de las leyes sólo para casos en que la aplicación retroactiva de la ley se haga en perjuicio de alguna persona, y señaladas por los artículos 56 y 57 del Código Penal del Distrito Federal, y esas dos excepciones son las siguientes: cuando con posterioridad a la comisión del delito, se promulga una ley que sanciona ese delito con pena menor, porque entonces, por equidad, se aplica esa última sanción; y, cuando con posterioridad se promulga una ley, según lo cual, el acto considerado por la ley antigua como delito, deja de tener tal carácter, en cuyo caso se manda poner desde luego en libertad al procesado, porque sería ilógico que si el legislador, tiempo después, ha juzgado que no hay motivos para suponer que el orden social se ha podido alterar con el acto que se reputa criminal, el poder público insista en exigir responsabilidad por un hecho que no lo amerita."
Así como el criterio sustentado por el Segundo Tribunal Colegiado del Quinto Circuito, que se comparte, visible en la página quinientos treinta y tres, Tomo I, correspondiente al mes de junio de mil novecientos noventa y cinco, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, que dice:
"RETROACTIVIDAD DE LA LEGISLACIÓN PENAL. DEBE APLICARSE LA LEY QUE RESULTE MAS BENÉFICA AL REO. Si en el lapso comprendido desde la comisión del ilícito a la fecha de la sentencia reclamada, ocurren diversas reformas al Código Penal aplicable, al encontrarse sub júdice la sentencia que se dictó en el proceso penal materia de juicio de amparo, deben tomarse en consideración, en beneficio del sentenciado quejoso, las prerrogativas previstas en el artículo 14, primer párrafo, constitucional, a contrario sensu, esto es, que a ninguna ley se le dará efecto retroactivo en perjuicio de persona alguna, lo que implica que si es en beneficio del reo, en materia penal, se debe aplicar la legislación más benigna."
Además, al conocer el órgano judicial de un asunto en materia penal con motivo de un delito ejecutado bajo la vigencia de una ley anterior, está obligado a aplicar oficiosamente la nueva ley en forma retroactiva si ésta beneficia al reo, en términos del derecho procesal que establece en su favor el numeral 10 del Nuevo Código Penal para el Distrito Federal vigente, en los siguientes términos: "Cuando entre la comisión del delito y la extinción de la pena o medida de seguridad correspondientes, entrare en vigor otra ley aplicable al caso, se estará a lo dispuesto en la ley más favorable al inculpado o sentenciado. La autoridad que esté conociendo o haya conocido del procedimiento penal, aplicará de oficio la ley más favorable. ...". De la que se infiere que ante dos leyes, una derogada pero aplicable al momento en que se cometió el delito y conforme a la cual se juzgó la conducta delictiva, y otra nueva que entró en vigor después de la comisión del hecho delictivo o al momento en que se pronunció sentencia en el juicio, se aplicará la ley que más beneficie al reo, por ejemplo, si la nueva ley establece una pena menos severa que la prevista en la ley vigente en la fecha del evento típico regirá en forma retroactiva, lo que no ocurre cuando la nueva ley determina sanciones más perjudiciales para el reo, pues entonces será aplicable la benigna ya inválida, pero que regía al momento del hecho.
Ello es así, porque la aplicación retroactiva de la ley penal cuando beneficia al quejoso debe hacerse por la autoridad de instancia y dentro del proceso penal o en el procedimiento de ejecución, según corresponda, de conformidad con la jurisprudencia 7/95 de la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en la página ciento veinticuatro, Tomo I, mayo de 1995, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, que dice:
"RETROACTIVIDAD. APLICACIÓN DE LA LEY PENAL MÁS FAVORABLE. DEBE HACERSE EN EL PROCESO PENAL POR LA AUTORIDAD JURISDICCIONAL ORDINARIA COMPETENTE Y NO EN EL JUICIO DE GARANTÍAS. El juicio de amparo es un medio de protección del orden constitucional contra todo acto de autoridad que agravie a cualquier gobernado; la teleología que persigue es la de proteger y preservar el régimen constitucional. Jurídicamente la acción constitucional de amparo no es un derecho de acción procesal ordinaria penal, civil, laboral o administrativa, sino que es puramente constitucional, nace directamente de la Constitución (artículos 103 y 107); va encaminada a controlar el acto de autoridad que se estima violatorio de garantías y no la ley común; no tutela los intereses que en el acto jurisdiccional ordinario se han dejado a los tribunales comunes, sino que va dirigida a hacer respetar la Ley Suprema cuando la autoridad ha rebasado sus límites. Con el amparo judicial los tribunales de la Federación, al conocer de los respectivos juicios, amplían su esfera de competencia hasta el grado de convertirse en revisores de los actos de todas las autoridades ordinarias judiciales, sin que ello implique que pueden sustituirse en funciones propias de estas últimas sino sólo hasta el límite de analizar las violaciones de procedimiento o de fondo que en su caso ellas hubieran cometido, por lo que propiamente deben estudiar el problema jurídico planteado ante este tipo de autoridades de acuerdo con las normas que rijan la materia y resulten ser las aplicables en el tiempo y en el espacio, estableciendo así el consiguiente control constitucional previsto en los artículos 14 y 16 constitucionales; por ende, el juicio de amparo, además de ser un medio de impugnación constitucional (lato sensu), es también un medio de control de legalidad. Así las cosas, atendiendo a su naturaleza, las sentencias de amparo sólo deben decidir sobre la constitucionalidad del acto que se reclama y nunca sobre cuestiones cuya decisión compete a los tribunales ordinarios, sean del fuero común o del fuero federal. Así, cuando un órgano jurisdiccional de amparo conoce de un acto reclamado que proviene de un proceso penal, no puede sustituirse en funciones propias de la autoridad responsable, a saber: en determinar de manera directa si una conducta es constitutiva de delito o no, declarar sobre la responsabilidad o irresponsabilidad del acusado o imponer las penas y medidas de seguridad establecidas en las leyes respectivas, pues lo único que debe de analizar es la legalidad y consecuente constitucionalidad del acto reclamado en cuanto a la aplicación exacta y puntual de las leyes adjetiva y sustantiva correspondientes por razones de materia, ámbito territorial y tiempo, en relación con las garantías de seguridad jurídica y legalidad previstas en los artículos 14, 16, 19 y 20 de la Carta Magna. Luego, como el juicio de garantías no es una instancia más en el proceso penal y como al juzgador constitucional de amparo no corresponde calificar ni sancionar en su caso la conducta del acusado, procesado o sentenciado, él no debe, al estudiar la constitucionalidad del acto reclamado, aplicar una ley diferente a la que estuvo en vigor al emitir dicho acto, pues de esta manera ya no estaría juzgando la conducta de la autoridad responsable, que se estima violatoria de garantías, sino sustituyéndose en funciones específicas de ésta y, por ende, creando una instancia más dentro del proceso penal, con el consecuente quebrantamiento del orden jurídico y la tergiversación de la esencia y los fines del juicio de amparo. No obsta a lo anterior, el que, en términos del artículo 14 constitucional y de diversas leyes sustantivas, esté permitida la aplicación retroactiva de la ley penal cuando ésta beneficie al quejoso y no se lesionen derechos de tercero, pues la aplicación de tal ley debe hacerse siempre por autoridad competente y dentro del proceso penal, o el procedimiento de ejecución, según corresponda, pero nunca en el juicio de garantías; lo cual no implica dejar en estado de indefensión al interesado, porque en caso de que hubiera concluido la segunda instancia, la autoridad competente de la ejecución de las penas y medidas de seguridad, aun de oficio, deberá aplicar la ley más favorable al sentenciado."
En virtud de lo anterior, no pasa desapercibido que el tribunal de alzada en el considerando III de la sentencia reclamada expuso que: (lo transcrito de las fojas 8 [ocho] a 15 [quince] de esta ejecutoria); tal consideración de la Sala responsable se adecua a lo que señala el precepto cuarto transitorio, fracción II, del Nuevo Código Penal para el Distrito Federal, en razón de que establece expresamente que al efectuar la traslación del tipo debe atenderse a la conducta que se probó y sus modalidades, por lo que precisamente debía efectuar la homologación de la conducta típica, esto es, determinar si el actuar doloso del sentenciado era constitutivo de delito tanto durante la vigencia de la legislación penal abrogada, como en la codificación actual, lo cual se advierte realizó la autoridad ad quem al hacer el estudio comparativo entre los preceptos que prevén el delito a estudio tanto en el Código Penal vigente en la época de los hechos como en el Nuevo Código Penal, ambos para el Distrito Federal, pues concluyó que en una y otra codificación el delito de robo agravado continúa contemplándose como tal; de igual forma, el análisis de la sentencia reclamada también permite advertir que el tribunal de alzada además de la homologación que realizó del delito al tener por acreditado el cuerpo del evento ilícito, así como demostrada la responsabilidad penal del sentenciado, invocó no sólo los preceptos de la codificación abrogada, sino además los numerales del Nuevo Código Penal en los que llevó a cabo la traslación del tipo, de conformidad con la conducta, invocación con la que igualmente acató la exigencia del código sustantivo actualmente en vigor; se observa además que la Sala responsable, después de hacer el pronunciamiento de la homologación correspondiente, de manera que se considera correcta, realizó el estudio de la legalidad de la sentencia de primera instancia conforme a los dispositivos de la ley penal vigente, igualmente se advierte que al realizar la individualización de las penas hizo el examen de las hipótesis de sanción contempladas por los preceptos que se refieren al delito de robo agravado, tanto del abrogado Código Penal como del Nuevo Código Penal para el Distrito Federal, para establecer cuál de esos ordenamientos le era más favorable al encausado y para atender a lo dispuesto por el numeral 10 del Nuevo Código Penal, circunstancias con las que se considera que tácitamente realizó la traslación del tipo, además de la mencionada homologación que exige el párrafo primero del artículo cuarto transitorio del citado ordenamiento.
Por otra parte debe señalarse, además, que del análisis de las constancias que integran la causa de origen, no se observa vulneración alguna al dispositivo 20 de la Constitución Federal, en contravención a lo aducido por el ahora quejoso en tanto consta que no se le obligó a declarar, sino al contrario lo hizo de manera libre y en presencia de su defensor, tanto en la averiguación previa como en la preparatoria y durante la instrucción; en audiencia pública y dentro del término de ley se le hizo saber el nombre de quienes lo señalaron como el sujeto activo, la naturaleza y causa de la imputación; se le informó de sus derechos constitucionales; se le recibieron las pruebas que legalmente ofreció; fue careado con los que depusieron en su contra; el Ministerio Público formuló conclusiones acusatorias y la defensa las propias a favor de su representado; se celebró la audiencia de derecho y se dictó la sentencia correspondiente; de lo que se advierte que fueron respetados los derechos públicos subjetivos que en su favor prevé el señalado numeral.
Ahora bien, del estudio de los medios de convicción que se tienen a la vista, justipreciados acorde a lo dispuesto en los ordinales 246, 250, 251, 253, 254, 255, 261 y 286 del Código de Procedimientos Penales para el Distrito Federal, los que otorgan las reglas que deben observar los tribunales para conceder valor probatorio a las pruebas que conforman la causa penal, al haber sido apreciadas en su conjunto en relación con la naturaleza de los hechos a través del enlace natural más o menos necesario entre la verdad conocida y la que se busca, con base en el principio de eficacia demostrativa plena de la prueba circunstancial que regula el precepto 261 del ordenamiento legal antes invocado, en relación con los diversos 122 y 124 ibídem; 220, párrafo primero (al que con ánimo de dominio y sin consentimiento de quien legalmente pueda otorgarlo, se apodere de una cosa mueble ajena), en concordancia con los apartados 17, fracción primera (hipótesis del delito instantáneo: cuando la consumación se agota en el mismo momento en que se han realizado todos los elementos de la descripción legal), 18, párrafos primero (hipótesis de acción dolosa) y segundo (hipótesis de conocer y querer) y 22, fracción II (hipótesis de que lo realicen conjuntamente), del Código Penal vigente para el Distrito Federal, son aptos y suficientes, puesto que de ellos se desprende una conducta relevante para la norma punitiva por parte del activo para acreditar que el diez de agosto de dos mil dos, aproximadamente a las doce horas con cincuenta minutos el sujeto activo, conjuntamente con otros dos sujetos del sexo masculino y uno del sexo femenino prófugos, se introdujo al interior del departamento uno del inmueble ubicado en calle Río Tíber número treinta y dos de la colonia Cuauhtémoc en la delegación política de idéntico nombre, vivienda habitada por el denunciante Luis Maldonado Velázquez, para lo cual forzaron las cerraduras de la puerta de acceso al departamento y una vez adentro con ánimo de dominio se apoderaron de cosas ajenas muebles, consistentes en: un equipo de la marca Kenwood con cerebro, DVD, reproductor de discos compactos y ecualizador; una videocasetera de la marca Sony Deck; una videograbadora de la marca Hitachi; una grabadora portátil de la marca Aiwa; un televisor Sony de dieciocho pulgadas; un DVD Kenwood; un televisor LG de catorce pulgadas; y, una cámara fotográfica Pentax, sin consentimiento de quien legalmente podía otorgarlo, objetos que sacaron de la indicada vivienda y los introdujeron en el taxi ecológico con placas de circulación L87864, cuando llegaba al inmueble el testigo Manuel Gómez quien dijo tener su domicilio en el departamento cinco y observó cómo uno de los referidos sujetos, el ahora quejoso, salió del citado inmueble con un televisor en las manos y lo introdujo al vehículo; en el que se encontraban dos de los agentes, uno masculino y otro femenino; además, se percató de que en el interior del taxi se encontraban varios aparatos electrónicos lo que se le hizo extraño, y al pasar frente a la entrada del departamento uno vio que la puerta estaba abierta y en ese momento salía otro sujeto del sexo masculino con un aparato electrónico entre sus manos, por lo que el testigo regresó a la entrada del inmueble, lo que puso nerviosos al activo y a los sujetos prófugos quienes sacaban los objetos afectos a la causa de origen, momento en el que el conductor del taxi "arrancó" el automotor con la persona del sexo femenino y los aparatos electrónicos en su interior; simultáneamente el sujeto activo y el otro cómplice prófugo corrieron, éste hacia el circuito interior y el primero con dirección hacia avenida Reforma, por lo que el testigo persiguió al activo y logró asegurarlo en Río Tíber a la altura del número setenta, donde varias personas transeúntes que se percataron de la persecución pidieron el auxilio de una patrulla, en la que arribaron los policías remitentes Guillermo Hernández Bautista y Mario Rendón Téllez, a quienes el testigo puso en conocimiento de los hechos, por lo que el sujeto asegurado fue puesto a disposición del Ministerio Público.
Actuar típico y antijurídico que fue realizado por el sujeto activo conjuntamente con otros tres prófugos de manera dolosa, pues conociendo los elementos típicos quiso efectuar la conducta ilícita y aceptó su resultado, y de esa manera lesionó el bien jurídico protegido por la norma penal que en el caso lo constituye el patrimonio del ofendido, Luis Manuel Maldonado Velázquez, con lo que quedó acreditado a su vez el nexo causal, pues deviene inconcuso que la conducta desplegada por el sujeto activo fue la causa idónea para que se produjera tal mutación en el mundo exterior.
Conclusión a la que acertadamente llegó la Sala responsable después del estudio que hizo a las constancias aportadas, de las que sobresalen: lo declarado ministerialmente el diez de agosto de dos mil dos por los policías preventivos remitentes, Guillermo Hernández Bautista y Mario Rendón Téllez, ratificado por ambos ante el Juez instructor el diez de septiembre de tal año, sobre el motivo y circunstancias en que llevaron a cabo el aseguramiento del agente activo del delito, adminiculado con la imputación firme y categórica que le hizo el testigo de los hechos Manuel Gómez al ahora impetrante también ante el órgano ministerial investigador el diez de agosto de dos mil, y ratificado en ampliación de declaración y careo constitucional entre ellos, celebrados ante el Juez de la causa el veintinueve de agosto de ese año, en cuanto a que fue él quien conjuntamente con otros sujetos prófugos, el día, hora y lugar que quedaron señalados como de los hechos, se introdujo al departamento uno del inmueble marcado con el número treinta y dos de la calle Río Tíber en la colonia Cuauhtémoc de la delegación del mismo nombre y sustrajo diversos objetos consistentes en: un equipo de la marca Kenwood con cerebro, DVD, reproductor de discos compactos y ecualizador; una videocasetera de la marca Sony Deck; una videograbadora de la marca Hitachi; una grabadora portátil de la marca Aiwa; un televisor Sony de dieciocho pulgadas; un DVD Kenwood; un televisor LG de catorce pulgadas; y, una cámara fotográfica Pentax, en agravio de su vecino Luis Manuel Maldonado Velázquez; lo que se corroboró con lo depuesto ministerialmente por el denunciante y ofendido Luis Manuel Maldonado Velázquez en sus comparecencias de diez y once de agosto de dos mil dos, ratificado ante el Juez de la causa el veintinueve de los indicados mes y año en que narró lo que le constó acerca de los hechos, de lo que resalta: que habitaba en calidad de arrendatario el departamento uno del inmueble ubicado en la calle Río Tíber número treinta y dos en la colonia Cuauhtémoc de esta ciudad y que el diez de agosto de dos mil dos, aproximadamente a las doce horas con cincuenta y cinco minutos recibió una llamada a su negocio en la que le informaron que habían detenido a un sujeto que junto con otras tres personas se introdujo a su departamento a robar, por lo que se dirigió a su domicilio y al llegar se percató de que, efectivamente, su departamento se encontraba abierto y con dos de las cuatro chapas de la puerta fracturadas y le hacía falta su equipo de sonido de la marca Kenwood nuevo que constaba de un cerebro, un DVD, un reproductor de discos compactos y un ecualizador; una video (sic) Sony Deck; una televisión de la marca Sony de treinta y ocho pulgadas; una televisión de catorce pulgadas nueva de la marca LG; una videograbadora de la marca Hitachi; una grabadora portátil marca Aiwa; una cámara fotográfica de la marca Pentax; y una bolsa de mano con identificaciones de su esposa, Sara Hernández Rodríg
Fuente y verificación: corpusiuris.mx/precedente/17528-a8bc1405/interpretacion-y-alcance-legal-del-articulo-cuarto-transitorio · Corpus Iuris · texto íntegro conforme a la publicación oficial
Extracto de la sentencia. El texto íntegro está disponible en la fuente oficial y en la plataforma Corpus Iuris.
Fuente oficial: Ver esta sentencia en la SCJN (Semanario Judicial de la Federación)
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