DEFENSA ADECUADA. DIFERENCIAS ENTRE LOS ALCANCES Y EFECTOS DE LAS GARANTÍAS CONSAGRADAS EN LAS FRACCIONES IX Y X, PÁRRAFO CUARTO, APARTADO A, DEL ARTÍCULO 20 CONSTITUCIONAL. DECLARACIÓN ANTE EL MINISTERIO PÚBLICO DE LA FEDERACIÓN. NO CONSTITUYE REQUISITO LEGAL QUE LA PERSONA QUE ASISTA A LOS INCULPADOS EN SU DESAHOGO SEA UN LICENCIADO EN DERECHO.
AMPARO DIRECTO EN REVISIÓN 198/99.
CONSIDERANDO:
QUINTO. Ahora bien, por cuestión de sistema, primeramente se recordarán como antecedentes del caso, que con fecha seis de enero de mil novecientos noventa y siete ... por su propio derecho, demandaron la protección de la Justicia Federal en contra de la sentencia definitiva emitida por el Segundo Tribunal Unitario del Quinto Circuito, con sede en el Estado de Sonora, en el toca penal número 517/97, de fecha veintiocho de noviembre de mil novecientos noventa y siete, mediante la cual se confirmó la sentencia de primera instancia dictada por el Juez Primero de Distrito en el Estado, en el proceso penal número 32/97, en el que se consideró plenamente acreditado el cuerpo del delito contra la salud, en su modalidad de transportación de mariguana, tipificado en la fracción I del artículo 194 del Código Penal Federal, y la plena responsabilidad de los sentenciados, confirmándose la resolución de primer grado en la que se les impuso la pena privativa de la libertad de diez años de prisión y multa por la cantidad de $2,095.00 (dos mil noventa y cinco pesos 00/100 M.N.), y en caso de insolvencia 100 (cien) jornadas de trabajo en favor de la comunidad, así como el decomiso del vehículo afecto a la causa; instaurándose al efecto el juicio de amparo directo número 33/98, ante el Primer Tribunal Colegiado del Quinto Circuito, con sede en esa misma entidad federativa.
Seguidos los trámites de ley, el Tribunal Colegiado en cita, en sesión del seis de noviembre de mil novecientos noventa y ocho, pronunció ejecutoria cuyo punto resolutivo único es del tenor literal siguiente:
"ÚNICO. La Justicia de la Unión no ampara ni protege a ... contra el acto consistente en la sentencia dictada con fecha veintiocho de noviembre de mil novecientos noventa y siete, en el toca penal 517/97, por el Magistrado del Segundo Tribunal Unitario del Quinto Circuito, con residencia en esta ciudad."
Este Tribunal Colegiado, para emitir la sentencia recurrida en el sentido en que lo hizo, fundamentalmente se basó en las consideraciones siguientes:
1. Que es incorrecta la argumentación de los quejosos en el sentido de que las actuaciones practicadas en la causa penal natural instruida en su contra durante la averiguación previa, y que precedieron a sus declaraciones ministeriales, son inconstitucionales por haberse desahogado sin la asistencia de sus defensores de conformidad con lo dispuesto en la fracción IX del artículo 20 constitucional, la cual establece que la persona designada como defensor debe de estar presente al momento de llevarse a cabo el desahogo de esas diligencias y no sólo cuando sean rendidas esas declaraciones iniciales.
Lo anterior deviene infundado, en razón de que tanto en el precepto constitucional aludido como en el artículo 128 del Código Federal de Procedimientos Penales, si bien se desprende la existencia de esa prerrogativa y de la que todo inculpado tiene derecho a que desde su detención cuente con un defensor, así como también el derecho que tiene el designado como tal para estar presente en todas las diligencias probatorias que se lleven a cabo en esa etapa previa; su inobservancia no se encuentra sancionado con la invalidez de las actuaciones que en esos términos hubiesen sido practicadas; por tanto, se les debe de otorgar pleno valor probatorio, sobre todo, si se toma en consideración que tal y como lo dispone el numeral 128 del ordenamiento procesal en cita, en las actuaciones en que se encuentran contenidas las declaraciones ministeriales rendidas por los quejosos, quedó expresamente asentado que se les hizo de su conocimiento que tenían derecho a nombrar a un defensor o persona de su confianza, sin que signifique obstáculo alguno el hecho de que esas declaraciones iniciales las hubiesen rendido con posterioridad a las actuaciones a que aluden, dado que una vez que se les dieron a conocer sus derechos estuvieron en aptitud legal de inconformarse promoviendo la nulidad de las actuaciones que hubiesen estimado contraventoras de esos dispositivos para que fueran nulificadas y de nueva cuenta practicadas.
De ahí que al no haberse ejercido oportunamente tales impugnaciones se deduzca que estuvieron de acuerdo con el resultado.
2. Asimismo, se considera infundado el concepto de violación relativo a que la garantía de defensa adecuada a que alude la fracción IX del artículo 20 de nuestra Carta Magna, se encuentra ampliada por las leyes secundarias, directamente por el artículo 127 bis del Código Federal de Procedimientos Penales, en razón de que de su simple lectura se desprende que: a) En el numeral constitucional se establece que esa garantía de defensa adecuada puede ser ejercida por el propio inculpado, por un abogado o por persona de su confianza; y b) En el ordenamiento procesal indicado se regula que ese derecho se puede ejercer a voluntad del propio inculpado, y se reitera que sea asistido por un abogado designado para tales efectos, mas no excluye a ninguna de las demás opciones previstas por la norma constitucional en cita, ni se sanciona con la invalidez, ni se estima inadecuada la defensa por el hecho de no ser procurada por un abogado.
En consecuencia, es infundada la alegación de los quejosos de que esa garantía constitucional se encuentra ampliada por el precepto procesal aludido.
3. Que es de destacarse que en el artículo 160 del Código Federal de Procedimientos Penales, casuísticamente se establece cuáles son las personas que se encuentran impedidas legalmente para desempeñar ese cargo de defensor, y fuera de los ahí enumerados, el inculpado se encuentra facultado para designar como defensor a persona de su confianza, y sólo en el supuesto de que esa designación no recayera sobre quien tuviera cédula profesional para ejercer la abogacía o autorización de pasante, de conformidad con la Ley de Profesiones, el tribunal dispondrá que además del designado intervenga un defensor de oficio que lo oriente en lo concerniente al ejercicio de una adecuada defensa.
Que en ese contexto, aun cuando el artículo 132 del código procesal supracitado establece que en la etapa de la averiguación previa serán aplicadas, en lo conducente, las disposiciones contenidas en el título sexto de ese mismo ordenamiento, denominado "Prueba"; es evidente que al encontrarse ubicado el artículo 160 antes aludido, en el capítulo II, denominado "Declaración preparatoria del inculpado y nombramiento del defensor", el cual, a su vez, se encuentra inmerso en las disposiciones del título cuarto, referente a la "instrucción", este numeral no puede ser aplicado en esa etapa previa, y no obstante que en el penúltimo párrafo del artículo 20 de nuestra Carta Magna se establezca que: "Las garantías previstas en las fracciones I, V, VII y IX también serán observadas durante la averiguación previa, en los términos y con los requisitos y límites que las leyes establezcan ...", esta disposición no puede hacerse extensiva al precepto secundario en cita, dado a que en ese mismo ordenamiento procesal textualmente se establece que en la práctica de diligencias de averiguación previa se aplicará lo previsto en el título sexto, mas no lo establecido en el título cuarto, en el cual se encuentra inmerso el numeral 132 aludido.
De ahí que este último articulado no sea aplicable en la fase indagatoria en la cual los quejosos se duelen de que existió una defensa inadecuada.
4. Finalmente, el Tribunal Colegiado a quo advierte que, contrariamente a lo argumentado por los quejosos, tampoco es aplicable en esta etapa previa el artículo 28 de la Ley de Profesiones, al observarse que este numeral se encuentra relacionado con lo preceptuado por el segundo párrafo del numeral 160 del Código Federal de Procedimientos Penales, al establecer idénticos lineamientos para aquellos casos en los que el inculpado designe como defensor a un sujeto que no ejerza la profesión de abogado, debiéndose reiterar al respecto que esa obligatoriedad sólo cobra vigencia cuando se trata de actuaciones practicadas en un proceso penal, mas no en la etapa investigadora antes citada.
En contra de esos razonamientos los recurrentes hacen valer en el agravio único contenido en su escrito revisionista, en resumen, las inconformidades siguientes:
1. Que el Tribunal Colegiado a quo realiza una indebida interpretación de los artículos 5o. y 20 de nuestra Carta Magna, pues a pesar del reconocimiento que realiza sobre el derecho que asiste al defensor para comparecer a todas las diligencias probatorias durante la fase de la averiguación previa, incorrectamente considera que la inobservancia de esa disposición constitucional no se encuentra sancionada con la inexistencia jurídica de tales actuaciones, no obstante que corresponde a las autoridades judiciales e investigadoras de delitos velar por el cumplimiento y estricta observancia de las garantías individuales consagradas en nuestra Constitución para que siempre sean respetadas y cumplidas por las autoridades encargadas de su aplicación.
Consecuentemente, toda inobservancia de esos derechos públicos subjetivos debe traer aparejada, como consecuencia, la declaratoria de inconstitucionalidad, lo que se traduce en la ineficacia jurídica de cualquier actuación o medio de convicción obtenido, contraviniendo lo dispuesto por esas normas fundamentales.
2. Que el tribunal federal de amparo interpreta en forma incorrecta la fracción IX del artículo 20 constitucional, cuando estima que la garantía de defensa adecuada no se encuentra ampliada en los ordenamientos secundarios supracitados; pues si bien los inculpados, en términos de este precepto fundamental, pueden designar como defensor, a su elección, a un abogado o a una persona de su confianza, esto es indebido, pues es incuestionable que sólo cuando ese nombramiento recae sobre un profesional del ramo se puede lograr una real y verdadera defensa adecuada, lo que no sucede cuando esa designación se otorga a una persona que no ostenta el título de licenciado en derecho.
3. Finalmente, en relación con el artículo 5o. constitucional argumentan que la Ley de Profesiones, reglamentaria de este precepto fundamental, debe ser observada y aplicada desde el inicio de una averiguación previa hasta la consignación del inculpado, puesto que esta legislación secundaria es la facultada para reglamentar la actividad de defensor; y, en ese contexto, estiman que el nombramiento de Benito Piña Muro (persona no profesional en la materia), para que los asistiera únicamente durante el desahogo de sus declaraciones ministeriales, es violatorio de garantías, pues sólo un defensor que hubiese sido designado y cubierto los requisitos que establece esa ley reglamentaria citada podía considerarse como el único facultado para intervenir en todos los actos que comprendieron a esa fase indagatoria, amén de que una defensa adecuada sólo puede ser desempeñada eficazmente, como se dijo, por un profesional del ramo.
Es parcialmente fundada la primera de las inconformidades que preceden, sin embargo, es insuficiente para revocar o modificar el sentido de la resolución recurrida por las razones que enseguida se señalan.
En efecto, asiste la razón a los quejosos cuando argumentan que, no obstante que el tribunal federal de primera instancia hubiese reconocido que les fue violentada en la causa natural la garantía de defensa adecuada consagrada en la fracción IX del artículo 20 constitucional, por el hecho de que su defensa no tuvo acceso a todas las actuaciones y pruebas desahogadas en esa fase previa del proceso que les fue instruido y mediante el cual fueron sentenciados por el delito contra la salud, en su modalidad de transportación de mariguana, lo que debió, según su particular opinión, haber tenido por efectos el declarar la inexistencia jurídica de las actuaciones y pruebas en esos términos practicadas, y no haber considerado absurda e incongruentemente que esa violación constitucional no surtía mayores efectos jurídicos, porque para tal inobservancia en nuestra Carta Magna no se establece ninguna clase de sanción.
Lo anterior, con base en que no corresponde al Constituyente Permanente establecer en un precepto constitucional las clases de sanciones que deben aplicarse a la violación de garantías consagradas en ese Ordenamiento Fundamental, puesto que ello corresponde en detalle a la ley reglamentaria relativa, en este caso al Código Federal de Procedimientos Penales, el cual, por cierto, la prevé en el artículo 27 bis, al establecer textualmente: "Las actuaciones serán nulas cuando carezcan de alguna de las formalidades esenciales que prevenga la ley, de manera que se cause perjuicio a cualquiera de las partes, así como cuando la ley expresamente determine la nulidad ...".
En ese orden de ideas, toda violación a las garantías individuales consagradas en nuestra Carta Magna debe traer aparejada, como consecuencia lógica, la nulidad del acto de que se trate, no la inexistencia o la nada jurídica, como incorrectamente lo sostienen los recurrentes, en razón de que en materia de nulidades nuestro sistema jurídico sólo admite, de la teoría general de las nulidades, desarrollada por el ilustre tratadista francés Julien Bonnecasse, dos clases: la nulidad absoluta y la relativa del acto jurídico.
Ahora bien, estas dos clases de nulidades, absoluta o relativa, requieren necesariamente de ser declaradas por las autoridades judiciales competentes, puesto que surten provisional o definitivamente sus efectos jurídicos, los cuales pueden retrotraerse o convalidarse, según se trate, de uno u otro caso.
Por otro lado, es de verse que partiendo de un simple análisis sistemático y literal del artículo 20 constitucional, se puede arribar válidamente a la consideración de que la garantía de "defensa adecuada" a que se refiere el Constituyente Permanente en sus fracciones IX y X, párrafo cuarto, es de diversa magnitud y alcance.
Esto es así, en virtud de que el numeral constitucional en comento, en sus fracciones IX y X, párrafo cuarto, textualmente, dispone:
"Artículo 20. En todo proceso de orden penal, tendrá el inculpado las siguientes garantías:
"...
"IX. Desde el inicio de su proceso será informado de los derechos que en su favor consigna esta Constitución y tendrá derecho a una defensa adecuada, por sí, por abogado, o por persona de su confianza. Si no quiere o no puede nombrar defensor, después de haber sido requerido para hacerlo, el Juez le designará un defensor de oficio. También tendrá derecho a que su defensor comparezca en todos los actos del proceso y éste tendrá obligación de hacerlo cuantas veces se le requiera; y
"X. En ningún caso podrá prolongarse la prisión o detención por falta de pago de honorarios de defensores o por cualquiera otra prestación de dinero, por causa de responsabilidad civil o algún otro motivo análogo.
"...
"Las garantías previstas en las fracciones I, V, VII y IX también serán observadas durante la averiguación previa, en los términos y con los requisitos y límites que las leyes establezcan; lo previsto en la fracción II no estará sujeto a condición alguna."
Desprendiéndose de la anterior transcripción, que la garantía de defensa contenida en la fracción IX tiene mayores alcances y efectos que la contemplada en el párrafo cuarto de la fracción X de ese mismo precepto fundamental, no sólo por estar referida a una diversa etapa o fase de las que comprenden al proceso penal federal, sino también por las particularidades que representa, y que pueden resumirse en la forma siguiente:
Factores jurídicos. La garantía de defensa contenida en la fracción IX del artículo 20 constitucional, por disposición expresa, sólo es aplicable en las etapas de preinstrucción, instrucción, primera instancia y segunda instancia de que consta un proceso penal, sea que se siga ante una autoridad judicial del fuero común o del fuero federal.
En cambio, la garantía de defensa consagrada en la fracción X, párrafo cuarto, de ese mismo precepto fundamental, por disposición expresa del Constituyente se encuentra sujeta a las limitaciones y reglamentaciones que al respecto se establezcan por el legislador ordinario en la legislación procesal respectiva, de conformidad con lo dispuesto textualmente en este mismo párrafo fundamental, en el que se establece: "... también serán observadas durante la averiguación previa, en los términos y con los requisitos y límites que las leyes establezcan ...".
Por consiguiente, al existir dispositivo específico encargado de regular a esta garantía constitucional en la etapa de averiguación previa federal, asiste la razón al Tribunal Colegiado a quo cuando refiere que en el caso no es aplicable el artículo 160 del Código Federal de Procedimientos Penales, sino el diverso 128 de ese mismo ordenamiento reglamentario, puesto que el dispositivo procesal primeramente citado no rige a esa fase indagatoria y sólo surte efectos su aplicación en las diversas etapas que conforman al proceso penal federal seguido ante autoridad judicial federal competente.
De ahí que se arribe a la consideración fundada de que para colmar a esa garantía de defensa adecuada en la etapa previa no se requiera del asesoramiento del profesional a que nos hemos referido, dado que esa exigencia legal no se encuentra contenida en esa reglamentación específica, la cual, al respecto, textualmente dispone:
"Artículo 128. Cuando el inculpado fuese detenido o se presentare voluntariamente ante el Ministerio Público Federal, se procederá de inmediato en la siguiente forma:
"...
"III. Se le harán saber los derechos que le otorga la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y, particularmente en la averiguación previa, de los siguientes:
"a) No declarar si así lo desea, o en caso contrario, a declarar asistido por su defensor;
"b) Tener una defensa adecuada por sí, por abogado o por persona de su confianza, o si no quisiere o no pudiere designar defensor, se le designará desde luego un defensor de oficio;
"c) Que su defensor comparezca en todos los actos de desahogo de pruebas dentro de la averiguación;
"d) Que se le faciliten todos los datos que solicite para su defensa y que consten en la averiguación, para lo cual se permitirá a él y su defensor consultar en la oficina del Ministerio Público y en presencia del personal, el expediente de la averiguación previa;
"e) Que se le reciban los testigos y demás pruebas que ofrezca y que se tomarán en cuenta para dictar la resolución que corresponda, concediéndosele el tiempo necesario para ello, siempre que no se traduzca en entorpecimiento de la averiguación y las personas cuyos testimonios ofrezca se encuentren en el lugar donde aquélla se lleva a cabo. Cuando no sea posible el desahogo de pruebas, ofrecidas por el inculpado o su defensor, el juzgador resolverá sobre la admisión y práctica de las mismas ..."
En efecto, es de verse que de conformidad con lo dispuesto en el inciso b) de la fracción III del numeral que precede, además de regir específicamente a esa etapa previa, establece literalmente la facultad opcional del inculpado de defenderse por sí, por un abogado o por persona de su confianza, y sólo en el caso de que no quisiera o no pudiera designar defensor, esto es, únicamente cuando se actualizara esa eventualidad, la autoridad ministerial se encontraba obligada a designarle un defensor de oficio; hipótesis que en la especie no se dio, al haberse acreditado en autos que los hoy sentenciados designaron al señor Benito Piña Muro como persona de su confianza en esa etapa previa investigadora. En consecuencia, debe declararse infundado el agravio respectivo.
Aunado a lo expuesto, se debe recordar que existe discrepancia en la doctrina sobre si debe considerarse a la averiguación previa como una etapa del proceso penal federal o si debe ser entendida, como algunos teóricos en la materia lo sostienen, como un procedimiento previo de carácter administrativo penal, cuya naturaleza y ubicación procesal es cuestionable si forma parte o no del proceso penal federal, en términos de lo dispuesto por los numerales 1o. y 4o. del Código Federal de Procedimientos Penales.
Lo anterior, con base en que este ordenamiento procesal federal sólo hace referencia en forma textual y específica como etapas que conforman a un proceso penal federal a las de: preinstrucción, instrucción, primera instancia, así como la segunda instancia, no incluyendo en ellas a la fase previa investigadora antes indicada, cuando se establece textualmente en los preceptos ya citados lo siguiente:
"Artículo 1o. El presente código comprende los siguientes procedimientos:
"I. El de averiguación previa a la consignación a los tribunales, que establece las diligencias legalmente necesarias para que el Ministerio Público pueda resolver si ejercita o no la acción penal;
"II. El de preinstrucción, en que se realizan las actuaciones para determinar los hechos materia del proceso, la clasificación de éstos conforme al tipo penal aplicable y la probable responsabilidad del inculpado, o bien, en su caso, la libertad de éste por falta de elementos para procesar;
"III. El de instrucción, que abarca las diligencias practicadas ante y por los tribunales con el fin de averiguar y probar la existencia del delito, las circunstancias en que hubiese sido cometido y las peculiares del inculpado, así como la responsabilidad o irresponsabilidad penal de éste;
"IV. El de primera instancia, durante el cual el Ministerio Público precisa su pretensión y el procesado su defensa ante el tribunal, y éste valora las pruebas y pronuncia sentencia definitiva;
"V. El de segunda instancia ante el tribunal de apelación, en que se efectúan las diligencias y actos tendientes a resolver los recursos;
"VI. El de ejecución, que comprende desde el momento en que cause ejecutoria la sentencia de los tribunales hasta la extinción de las sanciones aplicadas;
"VII. Los relativos a inimputables, a menores y a quienes tienen el hábito o la necesidad de consumir estupefacientes o psicotrópicos.
"Si en cualquiera de esos procedimientos algún menor o incapaz se ve relacionado con los hechos objeto de ellos, sea como autor o partícipe, testigo, víctima u ofendido, o con cualquier otro carácter, el Ministerio Público o el tribunal respectivo suplirán la ausencia o deficiencia de razonamientos y fundamentos que conduzcan a proteger los derechos que legítimamente puedan corresponderles."
"Artículo 4o. Los procedimientos de preinstrucción, instrucción y primera instancia, así como la segunda instancia ante el tribunal de apelación, constituyen el proceso penal federal, dentro del cual corresponde exclusivamente a los tribunales federales resolver si un hecho es o no delito federal, determinar la responsabilidad o irresponsabilidad penal de las personas acusadas ante ello, e imponer las penas y medidas de seguridad que procedan con arreglo a la ley.
"Durante estos procedimientos, el Ministerio Público y la Policía Judicial bajo el mando de aquél, ejercitarán, en su caso, también las funciones que señala la fracción II del artículo 2o.; y el Ministerio Público cuidará de que los tribunales federales apliquen estrictamente las leyes relativas y de que las resoluciones de aquéllos se cumplan debidamente."
De ahí que si el legislador ordinario estimó, con base en esa consideración doctrinaria, que esa fase previa investigadora constituye una etapa diversa de aquellas que conforman un proceso penal, se justifique plenamente que le hubiese otorgado un tratamiento y una reglamentación también distinta.
Ahora bien, independientemente de la ubicación teórica o tratamiento procesal otorgada a esa fase primaria, es incuestionable que la averiguación previa constituye una etapa de investigación de delitos en la que existe imposibilidad fáctica (por motivos que posteriormente serán analizados), de observar estrictamente a esta garantía constitucional con los mismos alcances y efectos con que se encuentra reglamentada y ejerce en las subsecuentes etapas que conforman al proceso penal federal, en términos del artículo 160 del Código Federal de Procedimientos Penales.
Cabe aclarar previamente a la continuación de este estudio, que toda interpretación que se practique sobre un precepto constitucional, para fijar o precisar sus verdaderos alcances no debe limitarse o circunscribirse al aspecto semántico del lenguaje empleado por el Constituyente Permanente, pues es de explorado derecho que esta clase de ordenamientos están dirigidos a regir situaciones sociales e históricas prevalecientes en una época y en un lugar determinado; por consiguiente, esa interpretación necesariamente debe ser actualizada para así lograr su real y efectiva observancia, pues no se trata de regir imposibles (como así se pretende en este asunto), sino el desentrañar en su exacta dimensión: a) Los principios e instituciones que se pretenden salvaguardar con su expedición; b) Garantizar el debido ejercicio y estricta observancia de los derechos públicos subjetivos en ellos contenidos; c) Evitar se contraríe su propia esencia normativa; y, finalmente, d) Pugnar porque sean alcanzados los objetivos perseguidos con su expedición y promulgación.
Es por ello que partiendo del análisis histórico y sistemático del contenido normativo del precepto aludido, de su exposición de motivos y de los dictámenes de las Comisiones del Congreso de la Unión, así como también del propio debate de esa iniciativa, nos permite arribar a la consideración de que una de las razones fundamentales que generó la precitada enmienda a nuestra Carta Magna, así como la finalidad última de su inclusión, fue la de regir las necesidades sociales imperantes en nuestro país, pues mediante el establecimiento de esta clase de derechos públicos subjetivos se busca erradicar, entre otros vicios, viejas prácticas vejatorias e infamantes a que se encontraba sujeta toda persona en la investigación de los delitos, y así ver cristalizados los más altos principios y valores de la procuración y administración de justicia reconocidos en nuestro sistema jurídico.
Esto es así, pues lo preceptuado en las reformas que se hicieron a las fracciones II, IX y X del precepto constitucional en comento, se observa como respuesta del Constituyente a uno de los más grandes cuestionamientos y reclamos sociales en materia de procuración y administración de justicia, esto es, las conductas lesivas y vejaciones cometidas cotidianamente por las autoridades investigadoras de hechos delictivos, entre ellas, la ancestral tortura.
En efecto, con el establecimiento de estas disposiciones es incuestionable que lo que busca combatir el Constituyente son todos esos vicios e irregularidades a las que se encontraban expuestas las personas que estuvieran involucradas en ese tipo de investigaciones, pues de otra forma no se explica el porqué del contenido normativo de la primera de las fracciones mencionadas, fracción II, en la que se establece con meridiana claridad que toda confesión rendida ante autoridad distinta del Ministerio Público o de un Juez, o ante éstos, sin la asistencia de su defensor, carecerá de todo valor probatorio.
Lo que significa que constitucionalmente se prohíbe a las corporaciones policiacas desahogar este tipo de declaraciones, pues era un secreto a voces que generalmente eran obtenidas mediante violencia física o moral ejercida en contra de los inculpados para lograr triunfos espectaculares en el ramo.
En ese contexto, al haberse garantizado constitucionalmente a todo inculpado el derecho de designar defensor o persona de su confianza durante esa etapa previa, y posteriormente a los procesados en el juicio que en su caso se les instruyera, esta medida, sin duda, constituye uno de los instrumentos jurídicos más eficaces para poder combatir con eficiencia y eficacia a esas reprochables conductas, lo cual seguramente se deberá reflejar positivamente en su incidencia, evitando que cada día más personas inocentes estén sujetas inicialmente a una averiguación previa amañada y, posteriormente, a un proceso penal injusto, con el viacrucis que éstos representan, no sólo a nivel personal, sino también por la afectación familiar que implica dada su trascendencia social y económica; situación que se agudiza en tratándose de personas de escasos recursos, los cuales debido a su precaria situación económica se encuentran impedidos o imposibilitados para contratar a profesionales que las defiendan de esas injusticias.
Cobra aplicación, en lo conducente, el contenido de la tesis P. XXVIII/98, emitida por este Tribunal Pleno, localizable a foja 117 del Tomo VII, abril de 1998, Novena Época del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, la que a letra dice:
"Novena Época
"Instancia: Pleno
"Fuente: Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta
"Tomo: VII, abril de 1998
"Tesis: P. XXVIII/98
"Página: 117
"INTERPRETACIÓN DE LA CONSTITUCIÓN. ANTE LA OSCURIDAD O INSUFICIENCIA DE SU LETRA DEBE ACUDIRSE A LOS MECANISMOS QUE PERMITAN CONOCER LOS VALORES O INSTITUCIONES QUE SE PRETENDIERON SALVAGUARDAR POR EL CONSTITUYENTE O EL PODER REVISOR. El propio artículo 14 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos autoriza, frente a la insuficiencia u oscuridad de la letra de la ley, utilizar mecanismos de interpretación jurídica. Al desentrañar el sentido y alcance de un mandato constitucional deben privilegiarse aquellos que permitan conocer los valores o instituciones que se quisieron salvaguardar por el Constituyente o el Poder Revisor. Así, el método genético-teleológico permite, al analizar la exposición de motivos de determinada iniciativa de reforma constitucional, los dictámenes de las comisiones del Congreso de la Unión y el propio debate, descubrir las causas que generaron determinada enmienda al Código Político, así como la finalidad de su inclusión, lo que constituye un método que puede utilizarse al analizar un artículo de la Constitución, ya que en ella se cristalizan los más altos princip
Fuente y verificación: corpusiuris.mx/precedente/17610-b33987fa/defensa-adecuada-diferencias-entre-los-alcances-y-efectos · Corpus Iuris · texto íntegro conforme a la publicación oficial
Extracto de la sentencia. El texto íntegro está disponible en la fuente oficial y en la plataforma Corpus Iuris.
Fuente oficial: Ver esta sentencia en la SCJN (Semanario Judicial de la Federación)
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