REVISIÓN EN CONTRA DE LAS SENTENCIAS DE AMPARO DIRECTO E INDIRECTO. LOS ÓRGANOS JUDICIALES Y JURISDICCIONALES, INCLUSIVE LOS DEL ORDEN PENAL, CARECEN DE LEGITIMACIÓN PARA INTERPONERLA.
CONTRADICCIÓN DE TESIS 44/98-PL. ENTRE LAS SUSTENTADAS POR EL SEGUNDO TRIBUNAL COLEGIADO DEL OCTAVO CIRCUITO Y EL PRIMER TRIBUNAL COLEGIADO DEL MISMO CIRCUITO.
MINISTRO PONENTE: GUILLERMO I. ORTIZ MAYAGOITIA.
SECRETARIA: MARÍA DOLORES OMAÑA RAMÍREZ.
CONSIDERANDO:
SEGUNDO. La sentencia dictada por el Primer Tribunal Colegiado del Octavo Circuito en el toca penal 312/98 dice, en lo conducente:
"TERCERO. Los conceptos de agravio expresados por la autoridad responsable, Juez Mixto de Primera Instancia de la ciudad de Topia, Durango, resultan por una parte infundados y por otra inoperantes a juicio de este Tribunal Federal. En efecto, los conceptos de agravio primero y segundo son infundados, pues no tiene razón la autoridad recurrente al afirmar que el a quo no debió llevar a cabo la audiencia constitucional porque no obraban en autos las constancias del proceso penal, expediente 16/97, de donde deriva la orden de aprehensión que constituye el acto reclamado, pues a este respecto cabe puntualizar que la consideración que hace la autoridad recurrente no es correcta, pues del análisis de los autos del juicio de amparo se advierte que ante la omisión del Juez responsable de acompañar a su informe justificado las constancias del mencionado proceso, el quejoso ... mediante escrito de fecha veintisiete de enero de mil novecientos noventa y siete ofreció como prueba copia certificada de los autos del diverso juicio de amparo indirecto, expediente 1675/97, en las que obraba copia certificada del proceso penal, expediente 16/97, de donde deriva la orden de aprehensión que constituye el acto reclamado, y ante tales circunstancias es obvio que el a quo al resolver el juicio de amparo sí tuvo a la vista los autos del proceso penal, expediente 16/97; además de que si la autoridad recurrente estimaba que las constancias que aportó como prueba no estaban completas debió acompañar a su informe justificado dichas copias o, en su caso, solicitar el diferimiento de la audiencia constitucional para efecto de aportar las constancias relativas al proceso penal de mérito, y como no lo hizo así ningún agravio le causa a la autoridad recurrente que el a quo haya celebrado la audiencia constitucional y emitido la resolución correspondiente. El tercer concepto de agravio es inoperante porque la autoridad recurrente en dicho agravio se limita a hacer una síntesis de las pruebas y de los razonamientos que expresó el a quo para conceder el amparo al quejoso ... pero sin combatir en forma concreta las consideraciones y fundamentos que expresó el a quo para otorgar la protección federal. Los conceptos de agravio cuarto y quinto resultan también inoperantes, en virtud de que la autoridad recurrente se limita a señalar que el a quo al resolver el juicio de amparo y conceder la protección federal al quejoso ... omitió tomar en cuenta la totalidad de las pruebas que obran en la causa penal, expediente 16/97, pues estima que no fueron tomados en cuenta los siguientes elementos: a) La denuncia presentada por los agraviados donde señalan como responsable a ... b) La ampliación de denuncia de ... c) La declaración de ... d) Las declaraciones de ... quienes coinciden en narrar los hechos; e) Dictamen pericial de ... f) Inspección ocular practicada en el predio donde ocurrieron los hechos; y g) La prueba documental consistente en copia certificada notarialmente que afirma fue valorada para estimar la probable responsabilidad de ... en la comisión del delito contra la riqueza forestal del Estado, previsto en el artículo 212 del Código Penal del Estado de Durango; sin embargo, la autoridad recurrente no combate en forma concreta las razones y motivos que expresó el Juez de Distrito para otorgar el amparo al quejoso, pues en el considerando tercero de la sentencia materia del presente recurso de revisión el a quo manifestó que la orden de aprehensión era violatoria del artículo 16 constitucional, porque en autos no había quedado acreditada la probable responsabilidad del hoy quejoso en la comisión del delito contra la riqueza forestal del Estado, previsto en el artículo 212 del Código Penal del Estado de Durango, en virtud de que los testigos ... aun cuando afirmaron que el hoy quejoso, así como otras personas habían estado extrayendo madera de los predios boscosos 1 y 2 de Cebollitas, Municipio de Canelas, Durango, sin embargo, señala que esos testigos no habían dado una razón fundada en su dicho por no haber establecido si los hechos que declararon los conocieron por sí mismos, o sea, si estuvieron presentes cuando el hoy quejoso y los demás denunciados realizaron el corte y la extracción de madera o si fue el propio ofendido quien les proporcionó la información respecto de los hechos que declararon; concluyendo el a quo, ante lo anterior, que esos atestos carecían de eficacia probatoria para demostrar la supuesta participación del impetrante del amparo en la actividad que los testigos refieren; y por lo que respecta a la denuncia del ofendido ... el a quo estimó que la sola imputación que hacía en contra del inculpado era insuficiente para emitir una orden de aprehensión citando como fundamento el criterio jurisprudencial del Tribunal Colegiado en Materia Penal del Séptimo Circuito, consultable con el número 432, visible en las páginas 250 y 251 del Tomo II, correspondiente a la Materia Penal del Apéndice al Semanario Judicial de la Federación 1917-1995, que aparece publicado bajo la voz de: ‘AUTO DE FORMAL PRISIÓN, EL TESTIMONIO AISLADO DE UNA PERSONA NO BASTA PARA FUNDARLO.’; razonamientos estos que la autoridad responsable no combate en forma concreta, pues se limita a señalar que el a quo no tomo en cuenta la declaración del diverso testigo ... la inspección ocular; el dictamen pericial de ... y una prueba documental, pero sin establecer en forma concreta qué hechos o circunstancias son los que se desprenden de cada uno de esos elementos de prueba ni menos aún establece razonamiento lógico-jurídico del porqué estima que con ese material probatorio se demuestra la probable responsabilidad del hoy quejoso en la comisión del delito contra la riqueza forestal del Estado, previsto en el artículo 212 del Código Penal del Estado de Durango. Así las cosas, y atendiendo a la palmaria deficiencia de los conceptos de agravio lo procedente es desestimarlos por inoperantes y confirmar la sentencia que se revisa. Sirve de fundamento a lo considerado el criterio jurisprudencial del Segundo Tribunal Colegiado del Sexto Circuito, consultable con el número 393, visible en las páginas 222 y 223 del Tomo II, correspondiente a la Materia Penal del Apéndice al Semanario Judicial de la Federación 1917-1995, que a la letra dice: ‘AGRAVIOS DE LAS AUTORIDADES RESPONSABLES, INOPERANTES. No deben aceptarse como agravios, las manifestaciones de inconformidad de las autoridades responsables con el sentido de la sentencia recurrida, relatando únicamente en apoyo de su afirmación, los datos que obran en la averiguación previa, cuando éstos hayan sido examinados por el Juez Federal y se expresen razones para desestimarlos, pues en estos casos las autoridades tienen que demostrar con argumentos tal ilegalidad y no concretarse a relatar los datos que tomaron en cuenta para emitir el acto.’. En mérito de lo anterior y en virtud de lo infundado e inoperante de los conceptos de agravio lo procedente es confirmar la sentencia que se revisa. Por lo expuesto y con fundamento en lo establecido por los artículos 83, 85, 89, 90 y 91 de la Ley de Amparo, Reglamentaria de los Artículos 103 y 107 Constitucionales, se resuelve: PRIMERO. Se confirma la sentencia que se revisa. SEGUNDO. La Justicia de la Unión ampara y protege a ... contra los actos que reclamó del Juez Mixto de Primera Instancia, de la ciudad de Topia, Durango, y agente del Ministerio Público Investigador y adscrito a dicho juzgado, que quedaron precisados en el resultando primero de esta ejecutoria."
TERCERO. Por su parte, el Segundo Tribunal Colegiado del Octavo Circuito al resolver el toca penal 162/98 consideró:
"Resulta innecesario analizar los agravios expresados por el Juez Quinto del Ramo Penal de la ciudad de Durango, al estimar este tribunal que procede desechar el recurso de revisión, por lo siguiente: De las constancias de autos se desprende que el Juez de Distrito recurrido pronunció la sentencia constitucional en la que concedió al quejoso ... el amparo y protección de la Justicia Federal que solicitó, contra la orden de aprehensión que reclamó el Juez Quinto del Ramo Penal de la ciudad de Durango. Inconforme con la resolución la autoridad judicial responsable antes mencionada interpuso recurso de revisión el cual, a juicio de este órgano de control constitucional, es improcedente, en virtud de que las autoridades jurisdiccionales responsables no están facultadas para interponer el recurso de mérito, pues si bien son parte en el juicio de garantías, y de acuerdo a lo establecido por los artículos 107, fracción I, de la Ley Fundamental; 4o., 5o., fracción II, 11, 83, fracción IV y 87 de la Ley de Amparo pueden intervenir en el juicio de garantías e interponer los recursos establecidos en la ley; sin embargo, al ejercer funciones jurisdiccionales carecen de legitimación para impugnar en revisión las sentencias, ya que al tener las autoridades judiciales responsables como finalidad la búsqueda de la verdad jurídica mediante el ejercicio del derecho para administrar justicia y representar los derechos de la sociedad y el interés público al recurrir una sentencia de amparo, estaría favoreciendo a una de las partes contendientes en el juicio natural demeritando con ello el deber de imparcialidad que la ley les impone, además de ubicarse en materia penal de manera oficiosa como coadyuvantes del Ministerio Público y de la parte ofendida, lo cual es contrario a los principios establecidos en la doctrina, en la ley y en la jurisprudencia. Además, no obstante que el artículo 180 de la Ley de Amparo establece que el tercero perjudicado y el agente del Ministerio Público que hayan intervenido en el proceso en asuntos del orden penal podrán presentar sus alegaciones por escrito directamente ante el Tribunal Colegiado, también lo es que dicha circunstancia no puede interpretarse en el sentido de que tenga interés directo necesario para combatir la sentencia en la que se resolvió el caso acorde a derecho y a la ley aplicable, puesto que aun cuando el artículo 87 de la Ley de Amparo, Reglamentaria de los Artículos 103 y 107 Constitucionales, prevé que las autoridades responsables sólo podrán interponer el recurso de revisión contra las sentencias que afectan, directamente al acto que de cada una de ellas se haya reclamado, en la especie, los únicos realmente afectados por la resolución del amparo y a quienes compete el derecho a recurrirla serán los directamente agraviados, ya que de lo contrario la autoridad jurisdiccional responsable se estaría sustituyendo a las partes alegando situaciones que sólo a ellas les incumbe aducir, de lo que se colige que carecen de legitimación para interponer la revisión. Dicha interpretación es acorde a las reformas de la Ley de Amparo publicadas en el Diario Oficial de la Federación del (10) diez de enero de (1994) mil novecientos noventa y cuatro, al artículo 5o., fracción V, en que se facultó al Ministerio Público Federal a interponer los recursos en los juicios de amparo, aun en la materia penal de la competencia del fuero común; por lo que las autoridades jurisdiccionales desnaturalizarían su función si se convirtieran en parte contendiente al defender ‘su criterio’, ya que el único criterio existente es el de la ley y en ese caso dejarían de ser imparciales. Asimismo, a continuación se exponen los razonamientos vertidos por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación en los que se señalan las razones medulares del porqué las autoridades jurisdiccionales no pueden interponer recursos en el amparo otorgado en contra de sus actos que no les afectan directamente. La autoridad responsable judicial o jurisdiccional carece de legitimación para recurrir en revisión en contra de la sentencia de un tribunal de amparo que otorga la protección constitucional respecto de sus resoluciones, porque siendo su característica esencial la imparcialidad no tiene interés personal como lo tiene el gobernado quejoso o tercero perjudicado, ni interés propio del órgano como sí lo tienen las autoridades administrativas. Al respecto, no importa que sea parte en el juicio de amparo, en términos de los artículos 5o., fracción II y 166, fracción III, de la citada ley de la materia pues, se insiste, respecto de este tipo de autoridades responsables no debe perderse de vista, por la capital importancia que reviste, la imperiosa obligación de imparcialidad intrínseca a la función jurisdiccional a partir de la cual han de examinarse los derechos que como parte le asisten en el juicio de amparo. Ciertamente, aun cuando la autoridad responsable es parte en el procedimiento constitucional y que las partes pueden interponer los recursos previstos para el mismo, ha de considerarse que en todo proceso hay partes que intervienen en el mismo por intereses personales demandando la declaración de un derecho en su favor o de inexistencia de una obligación y enfrentando siempre, por la misma razón, intereses contrapuestos; y partes que, como con las responsables jurisdiccionales, son imparciales por excelencia, pues su razón de ser es encontrar la verdad jurídica mediante el ejercicio de la función de decir el derecho entre partes contendientes con la única y exclusiva finalidad de administrar justicia garantizando así la defensa de los derechos de la sociedad y el interés público, lo que implica no involucrarse con el interés de las partes sea que ganen o pierdan en la contienda legal, esto es, siendo imparciales ostentan una naturaleza incompatible con las otras partes, de manera tal, que les impide asimilarse con ellas. Lo asentado adquiere mayor relevancia en la especie, porque siendo la recurrente una autoridad judicial penal debe tomarse en consideración que el artículo 14, tercer párrafo, de la Constitución Federal consigna como garantía del gobernado la exacta aplicación de la ley en los juicios del orden criminal. Tal exigencia implica la obligación impuesta a la autoridad jurisdiccional de ajustar sus actos ante la autoridad competente. Entonces, cuando como en el caso, mediante la interpretación de la ley el órgano jurisdiccional dirime una controversia de carácter penal dentro de las atribuciones conferidas en el mencionado artículo 8o. de la ley orgánica, cuya resolución es desinteresada por fuerza legal a fin de guardar la imparcialidad que resulta, es claro que su actuación se agota con el dictado de esa resolución que constituye el acto reclamado por el perdidoso, y el interés de que tal determinación subsista o no sólo lo tienen las partes que habrán cual incumbe (sic) a la propia responsable, que pretende hacer valer sus cuestiones que ni siquiera las partes interesadas involucraron y que, inclusive, en su caso, permiten presumir consentidos sus derechos procesales. Independientemente de lo anterior, resulta obligado destacar la trascendencia que supone que la autoridad responsable judicial o jurisdiccional interponga la revisión en contra de la sentencia en que su resolución fue declarada violatoria de garantías en un juicio de amparo. Ello, porque el tribunal responsable carece de legitimación para impugnar la resolución de amparo, pues como autoridad ningún agravio le causa la declaración de inconstitucionalidad de su acto que tuvo aplicación en perjuicio de una de las partes y, desde luego, como consecuencia, el recurso del tribunal aprovecharía, en su caso, quien de hecho resulta contraparte del quejoso. En esas condiciones, si el órgano jurisdiccional responsable impugna la resolución de amparo, es claro que su acción necesariamente favorece a una de las partes y, de la misma manera, perjudica a la otra en cuanto la ejecutoria que le otorga la protección federal ha de ser revisada con la posibilidad legal de su revocación a instancia de su juzgador que de ese modo demerita el deber de imparcialidad que la ley le impone y, además, viola también las obligaciones jurisdiccionales que le incumben como órgano resolutor consistentes en ajustarse a las leyes que emanan del Poder Legislativo como autoridad intérprete y aplicadora al intervenir oficiosamente para sostener la constitucionalidad de los preceptos legales aplicados, lo que de admitirse implicaría necesariamente que de igual manera dispusiera de facultades para cuestionar e impugnar la constitucionalidad de las leyes por la misma vía de revisión y la necesidad de abrir una instancia cada vez que la autoridad revisada viera desvirtuado su criterio en la sentencia de amparo apoyada en las disposiciones legales aplicables y de esta manera, a su vez, provocar la intervención de dicha instancia terminal con el agravante de que estarían lógicamente autorizadas para expresar argumentaciones propias de la parte que sufre un agravio personal y directo. Esto, resulta de plano inadmisible y contrario a la naturaleza imparcial de la actividad jurisdiccional y a las indicadas obligaciones primarias que le competen, pues desde el momento en que interpone un recurso se está inclinando por una de las dos partes, sea que se trate de un juicio de carácter civil, administrativo o laboral y si este ocurre en juicios de la naturaleza indicada, cuanto más se patentiza en aquellos de carácter penal, pues en esta materia evidentemente que la autoridad se ubicaría de hecho y oficiosamente en coadyuvante del Ministerio Público y de la parte ofendida cuando, como en el caso, ocurre que el inculpado fuera el quejoso en el juicio constitucional violando, en consecuencia, los principios que la doctrina, la ley y la jurisprudencia han reconocido a favor del reo. En el mismo sentido se ha pronunciado este Tribunal Pleno en la tesis número CXIV/95, emitida al resolver el amparo directo en revisión número 682/91, promovido por Matsushita Industrial de Baja California, S.A. de C.V., el 14 de agosto de 1995, por mayoría de 9 votos, misma que se publica en la página 259, Tomo II, diciembre de 1995, Novena Época del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, que dice: ‘REVISIÓN EN AMPARO DIRECTO, CARECE DE LEGITIMACIÓN PARA INTERPONERLA EL TRIBUNAL EMISOR DE LA SENTENCIA RECLAMADA. Si conforme a lo dispuesto por los artículos 107, fracción I, constitucional y 4o. de la Ley de Amparo, el juicio de garantías únicamente puede promoverse por la parte a quien perjudique el acto o la ley que se reclame, debiendo por ello seguirse por el agraviado, su representante o por su defensor, lo que significa que tanto la promoción del amparo como sus recursos e instancias se seguirán siempre por persona interesada, o sea, aquella a quien el acto reclamado o la actuación u omisión impugnados causen un agravio personal y directo; es evidente que siendo esto un principio fundamental del juicio constitucional que legitima a los promoventes, para accionar, al haber actuado sólo como un órgano jurisdiccional que resolvió la controversia suscitada entre el particular quejoso y la administración pública como autoridad demandada, el tribunal emisor de la sentencia reclamada carece de legitimación para interponer el recurso de revisión previsto por el artículo 83, fracción V, de la ley de la materia, dado que su actuación imparcial por antonomasia, quedó agotada con el dictado de la sentencia que constituye el acto reclamado, de modo que el interés para que tal determinación subsista o no, sólo lo tienen las partes contendientes (particular actor y órgano de la administración pública demandado).’. Apoyan también el criterio anterior la jurisprudencia número 327, visible en la página 294, Quinta Parte, de la compilación de 1985, y las tesis que enseguida se citan, que dicen: ‘TRIBUNAL FEDERAL DE CONCILIACIÓN Y ARBITRAJE. CARECE DE FACULTADES PARA INTERPONER REVISIÓN. Cuando las autoridades responsables actúan resolviendo una controversia y su resolución es atacada en amparo, carecen del derecho de interponer revisión, por ausencia del interés necesario para la prosecución del juicio y del que sólo son titulares el quejoso y el tercer perjudicado. Por tanto, si el Tribunal Federal de Conciliación y Arbitraje resuelve una controversia, carece del interés preciso para la prosecución del litigio en el cual versan exclusivamente los intereses de los sujetos de la relación jurídica, y si interpone revisión en el amparo promovido en contra de su sentencia, tal recurso debe desecharse.’. ‘TRIBUNAL DE ARBITRAJE, CUANDO NO DEBE INTERPONER REVISIÓN EL. Cuando las autoridades responsables actúan resolviendo una controversia y su resolución es atacada en amparo, carecen de derecho para interponer revisión, por falta del interés que es necesario para la prosecución del juicio y del que sólo son titulares el quejoso y el tercer perjudicado, y, por tanto, en el caso, no pueden ser materia de examen para confirmar o revocar la resolución recurrida dictada por el inferior, los agravios propuestos por el Tribunal de Arbitraje para los Trabajadores al Servicio del Estado, autoridad responsable en el juicio de garantías.’ (Tomo LXXXV, página 2396, Cuarta Sala, Quinta Época del Semanario Judicial de la Federación). ‘AUTORIDADES RESPONSABLES, REVISIÓN INTERPUESTA POR LAS. La cuestión relativa a si las autoridades responsables pueden recurrir en revisión los fallos dictados por los Jueces de Distrito, ha sido ya resuelta en sentido afirmativo, valiéndose de este silogismo: todas las partes pueden interponer los recursos establecidos por la ley; la autoridad responsable es parte, luego puede interponer el recurso de revisión. Para fundar las proposiciones constitutivas de ese silogismo, se han invocado los artículos 5o., 84 y 86 de la Ley de Amparo, preceptos que indudablemente apoyan la conclusión apuntada. Sin embargo, resulta conveniente hacer un análisis detallado de la premisa mayor, es decir, examinar con detenimiento si es cierto que efectivamente todas las partes en el juicio de garantías, pueden interponer los recursos establecidos por la ley, pues de la verdad que contenga la proposición de que se trata, depende la exactitud de la conclusión. Previamente es necesario decir que la ley de amparo tiene como presupuesto indispensable su constitucionalidad, y por lo mismo, la interpretación de sus disposiciones deberá hacerse de manera que las mismas resulten en consonancia con la Constitución de la República. El fundamento del recurso de revisión se encuentra en la parte final del párrafo primero de la fracción IX del artículo 107, constitucional, disposición que refiriéndose al fallo del Juez de Distrito, expresamente dice que «causará ejecutoria si los interesados no ocurrieren a la Suprema Corte dentro del término que fija la ley». Esto indica la necesidad de que quien interponga el recurso de revisión, sea un «interesado», por lo que debe examinarse la clase de interés a que la Constitución se refiere, para después determinar si todas las partes en el amparo son igualmente interesadas. El principio que rige el juicio constitucional, es indudablemente el que se informa en los conceptos de interés y de perjuicio a que aluden los artículos 4o. y 73, fracción VI, de la ley reglamentaria, y estos preceptos deben relacionarse con los artículos 1o. de la propia ley y 103 de la Constitución, según los cuales, el procedimiento judicial de que se viene hablando, tiene por objeto resolver las controversias que se susciten por leyes o actos de la autoridad, que violen las garantías individuales. Son por tanto los derechos de carácter fundamental en favor de los individuos, consagrados en los veintinueve primeros artículos de la Constitución, el objeto de la protección que se realiza por medio del juicio de garantías; y el interés a que se refiere la fracción IX, del artículo 107 constitucional, es el que se tiene en obtener una resolución que proteja esos derechos fundamentales. Ahora bien, no puede admitirse que todas las partes en el juicio de amparo se encuentren en la misma situación jurídica y tengan el mismo interés. Es indudable que el agraviado, además de ser parte, es titular del interés que exige la fracción IX, del artículo 107 constitucional, para la interposición del recurso de revisión; y el tercero perjudicado está en situación jurídica idéntica, puesto que se encuentra frente al agraviado, discutiendo el mismo derecho que éste. Por lo que ve al Ministerio Público, ya la jurisprudencia se ha encargado de definir su situación jurídica, negándole, a pesar de ser parte en el juicio de garantías, la facultad de recurrir en revisión las sentencias de los Jueces de Distrito, por las siguientes razones: Porque no tiene el carácter de contendiente ni el de agraviado; porque sólo se le considera como parte reguladora del procedimiento; porque no tiene «interés directo» alguno, en el acto que motiva a los litigantes. Establecido lo anterior, debe decirse finalmente, que por lo que toca a la aptitud de la autoridad responsable, para la interposición del recurso de revisión, es necesario hacer las debidas distinciones, pues no es lo mismo el Juez que resuelve una cuestión civil o mercantil, que la autoridad administrativa que atiende a la consecución de los fines del Estado, y que las Juntas de Conciliación y Arbitraje que resuelven los conflictos que se susciten con motivo de las relaciones obrero-patronales. En efecto, las autoridades administrativas obran en representación del poder público y como tienen a su cargo el desarrollo de la función política administrativa, a la vez que las partes, son interesadas en el juicio de garantías, puesto que los actos que de las mismas se reclaman, tienen casi siempre por objeto el cumplimiento de la misión fundamental del Estado, motivo por el cual, en presencia de un fallo adverso dictado por un Juez de Distrito, deben estar en aptitud de ocurrir ante la Suprema Corte de Justicia, pugnando por la validez y subsistencia de sus actos. En otros términos, si tienen el carácter de contendientes: les asiste un «interés directo», en la subsistencia del acto reclamado, y la sentencia que concede el amparo contra dicho acto, afecta los intereses jurídicos que están a su cuidado. Debe concluirse por tanto, que las autoridades administrativas están facultadas para interponer el recurso de revisión. En cambio, cuando se trata de las autoridades judiciales, que resuelven negocios civiles o mercantiles, o de las Juntas de Conciliación y Arbitraje, que resuelven los conflictos suscitados por las relaciones obrero-patronales, o del Tribunal de Arbitraje, que resuelve las controversias entre el Estado y sus servidores, no se da la concurrencia de los elementos que se acaban de mencionar, sino que, como acontece respecto del Ministerio Público, no tienen el carácter de contendientes ni de agraviados; no les asiste interés directo alguno respecto del acto que da materia al amparo, porque sólo afecta a las partes que litigan ante dichas autoridades responsables, y por último, su función es también, en cierto modo, reguladora del procedimiento, pues esas autoridades no son partes en el sentido ordinario del vocablo, y aunque la Ley de Amparo les reconoce ese carácter, no por ello dejan de representar al Estado, como tenedoras del Poder Judicial, lo que les priva de todo interés en las cuestiones que ante ellas se discuten. Las partes propiamente dichas, persiguen la satisfacción de sus intereses personales; por contraposición al tribunal, están directamente interesadas en el resultado del proceso. En tanto que el Juez trata de llegar a una resolución justa y legal, las partes persiguen una favorable a ellas, y como representan intereses contrapuestos, se hallan en posición constante de contradicción y de lucha. En otros términos, en tanto que el quejoso o agraviado y el tercer perjudicado son partes interesadas, las autoridades responsables de que se trata, son partes no interesadas; de lo que se concluye que éstas últimas carecen de la facultad para interponer el recurso de revisión, en contra de las sentencias dictadas por los Jueces de Distrito, ya que ese interés es exigido por la fracción IX del artículo 107 constitucional, una solución contraria a la expresada, constituirá a las autoridades responsables de que se trata, en partes interesadas, desnaturalizando así la esencia de esa función. Por otra parte, el artículo 85 de la Ley de Amparo, exige que en el escrito de revisión se expresen los agravios que causa la sentencia recurrida, y es indudable que a las mencionadas autoridades responsables no pueden causarle agravio las sentencias de los Jueces de Distrito, que simplemente favorecen los intereses de una de las partes que litigan ante aquellas. Además, en muchos casos, la sentencia favorable al quejoso es aceptada por el tercer perjudicado, único interesado en impugnarla, y no puede admitirse que contra el consentimiento de dicho tercero prevalezca la actividad de la autoridad responsable, que ningún interés debe tener en la contienda. Podría decirse que ese interés es el de defender la constitucionalidad de sus actos y liberarse de responsabilidad; pero a esto cabe contestar, que el juicio de garantías ni por su finalidad ni por su objeto, debe ser el medio para que los funcionarios públicos se descarguen de la responsabilidad en que puedan incurrir en el desempeño de sus funciones, aparte de que la concesión del amparo no puede estimarse como decisiva en todos los casos, para el establecimiento de una responsabilidad. Por último, las consideraciones anteriores llevan a la conclusión de que el obstáculo que representan los artículos 84 y 86 de la Ley de Amparo, es aparente y puede salvarse, pues con relación al primero de esos preceptos, aun cuando el recurso de revisión puede interponerse por cualquiera d
Fuente y verificación: corpusiuris.mx/precedente/17714-83f4205c/revision-en-contra-de-las-sentencias-de-amparo · Corpus Iuris · texto íntegro conforme a la publicación oficial
Extracto de la sentencia. El texto íntegro está disponible en la fuente oficial y en la plataforma Corpus Iuris.
Fuente oficial: Ver esta sentencia en la SCJN (Semanario Judicial de la Federación)
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