Corpus
Modo: Corpus Pro

AGUINALDO, INCREMENTOS SALARIALES Y PRIMA VACACIONAL. SU PAGO CUANDO SE DEMANDA LA REINSTALACIÓN.

Tipo de asunto: AMPARO DIRECTO 7799/2003. · Registro digital (IUS): 17728
Órgano: Suprema Corte de Justicia de la Nación · Publicación: —
Promovente: INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL.
Localización: Novena Época. Tribunales Colegiados de Circuito. Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Tomo XVIII, Septiembre de 2003, , Pág. 1172.

AMPARO DIRECTO 7799/2003. INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL.

CONSIDERANDO:

CUARTO. Los conceptos de violación formulados por el Instituto Mexicano del Seguro Social resultan inoperantes en un aspecto, infundado en otro y fundado en uno más.

En la primera parte de su primer concepto de queja el peticionario de garantías asevera que la Junta responsable viola en su perjuicio los artículos 841 y 842 de la Ley Federal del Trabajo, en virtud de que valoró incorrectamente el material probatorio contenido en autos, porque dejó de analizar que a la actora se le rescindió su relación de trabajo dando cumplimiento con las cláusulas 1a., 55 y 55 bis del contrato colectivo de trabajo, así como con el artículo 47 de la Ley Federal del Trabajo, por lo que la condena a que se le reinstale en el puesto que venía ocupando resulta incorrecto, pues la Junta no consideró las pruebas documentales que fueron ofrecidas y sus medios de perfeccionamiento correspondientes, por lo que las presunciones que de ellas derivan operaban a su favor y, contrario a ello, la actora no acreditó sus acciones, por lo que la Junta viola el principio de congruencia previsto en el artículo 842 de la Ley Federal del Trabajo.

Tal motivo de queja resulta inoperante en atención a las siguientes consideraciones:

Del laudo que constituye el acto reclamado se desprende que la Junta responsable al considerar que lo procedente era condenar al Instituto Mexicano del Seguro Social, estableció que éste no acreditó su excepción de rescisión de contrato individual de trabajo, en virtud de que no acreditó que dio cabal cumplimiento a lo establecido por las cláusulas 55 y 55 bis del contrato colectivo de trabajo y a la parte final del artículo 47 de la Ley Federal del Trabajo, pues así se observa de las consideraciones y pruebas que la Junta del conocimiento tomó en cuenta para emitir su resolución, como se verá:

"... Al respecto, cabe precisar que si la demandada se excepcionó señalando que la rescisión que le fue aplicada a la hoy actora fue totalmente justificada, derivada de la investigación administrativa y de las faltas injustificadas a laborar en que incurrió la actora, por lo que basado en lo anterior la demandada procedió a realizar la elaboración del oficio de rescisión de fecha 6 de noviembre de 1995, ofreciendo el instituto demandado para acreditar su excepción la documental bajo el apartado IV, inciso f) (f. 47), consistente en el acta de investigación administrativa circunstanciada, de fecha 16 de noviembre de 1997, prueba que fue objetada en cuanto a su autenticidad de contenido y firma, en virtud de ser un documento elaborado unilateralmente por el instituto demandado, y en el cual la parte actora nunca tuvo intervención alguna en el mismo, por lo que duda que los CC. Anselmo Cortés y Gustavo Coronel hayan estado presentes en el momento de la elaboración de dicha acta administrativa y les conste de manera personal los hechos descritos en la misma; asimismo se hace notar que en dicha documental sólo aparece una firma y no dos, por lo que en su momento procesal oportuno se le deberá hacer valer oportuno (sic) correspondiente. Por tal razón la demandada ofreció el perfeccionamiento de la referida documental a través de la ratificación de contenido y firma de los que intervinieron en la elaboración de ese oficio, esto es, por Anselmo Cortés Arreola y Gustavo Coronel Solís, y de la cual sólo fue ratificada de contenido y firma por Gustavo Coronel Solís, no así por Anselmo Cortés Arreola, ratificante que no fue presentado por el instituto demandado y se le hizo efectivo el apercibimiento de fecha 10 de abril de 1996, declarándose la deserción de dicha probanza única y exclusivamente por lo que hace al ratificante Anselmo Cortés Arreola (f. 54). Ahora bien, por lo anterior, la parte demandada al no perfeccionar la prueba mencionada no acreditó su excepción, puesto que como se señala, dicha prueba en que apoyó su excepción relativa a la investigación administrativa que originó el aviso rescisorio de fecha 16 de noviembre de 1995, no fue perfeccionada, puesto que al adolecer dicha documental de los elementos suficientes y necesarios para su validez, ya que no fue ratificada de contenido y firma por todas las personas que en ella intervinieron, razón por la cual no adquiere pleno valor probatorio y con ello la demandada no demuestra sus excepciones y defensas, y en especial su excepción rescisoria de contrato individual de trabajo de la actora apoyada en el acta de investigación de fecha 26 de octubre de 1995 y, en consecuencia, no se acredita haber dado cumplimiento a lo establecido en las cláusulas 55 y 55 bis del contrato colectivo del trabajo y en el artículo 47 de la Ley Federal del Trabajo." (fojas 100-101).

Como puede verse de lo anterior, se desprende que la Junta responsable para declarar procedente la acción intentada por la trabajadora-actora no consideró las pruebas que menciona en su concepto de violación el Instituto Mexicano del Seguro Social, tendentes a acreditar que la trabajadora fue despedida justificadamente de su empleo, pues faltó al mismo sin haber acreditado el motivo de sus inasistencias y sin que se hubiesen acreditado con las pruebas los hechos en que se fundó la acción, sino que los medios de convicción que fueron analizados por la responsable son aquellos tendentes a demostrar el cumplimiento o incumplimiento que la patronal dio a la parte final del artículo 47 de la Ley Federal del Trabajo, consistente en la notificación del aviso de rescisión del contrato individual de trabajo, lo que significa que el quejoso no ataca las consideraciones y fundamentos en los que se apoyó el acto reclamado, por lo que es evidente que el motivo de queja deviene inoperante.

Al caso es aplicable la jurisprudencia sustentada por el Segundo Tribunal Colegiado del Segundo Circuito, registrada con el número setecientos veintidós, consultable en la página cuatrocientos ochenta y seis del Tomo VI, relativo a la Materia Común, del Apéndice al Semanario Judicial de la Federación mil novecientos diecisiete-mil novecientos noventa y cinco, que establece:

"CONCEPTOS DE VIOLACIÓN. SON INOPERANTES SI NO ATACAN LAS CONSIDERACIONES Y FUNDAMENTOS DEL ACTO RECLAMADO. Si los conceptos de violación no atacan las consideraciones y fundamentos de la sentencia reclamada, el Tribunal Colegiado no está en condiciones de poder estudiar su constitucionalidad, pues ello equivaldría a suplir la deficiencia de la queja en un caso no permitido por la ley, por imperar el principio de estricto derecho en términos de los artículos 107, fracción II, de la Constitución y 76 bis a contrario sensu, de la Ley de Amparo."

En la segunda parte del primer concepto de violación el instituto quejoso asevera que la Junta responsable, en el laudo que se le reclama, no cumple con el mandato constitucional de debida fundamentación y motivación que debe contener todo acto de autoridad, pues no señala el precepto aplicable al caso, ni tampoco señaló con precisión y certeza las circunstancias que tomó en consideración para resolver como lo hizo.

Tal motivo de inconformidad resulta infundado en razón de las siguientes consideraciones:

De la lectura del laudo reclamado se desprende que la Junta responsable resolvió considerar improcedente la excepción rescisoria del contrato individual de trabajo que apoyó en el acta de investigación de fecha veintiséis de octubre de mil novecientos noventa y cinco, y para ello se apoyó en las siguientes consideraciones:

"... también se observa de autos que el instituto demandado al producir su contestación a la demanda y referirse al mencionado reclamo y hecho, afirmó que la actora carecía de acción y de derecho para pretender su reinstalación, ya que no aconteció ningún despido injustificado, si no que se rescindió el contrato de trabajo que le unía con la actora por causas justificadas, con fundamento en el artículo 47, fracciones II, X, XI y XV, en relación con el artículo 134, fracciones II, IV y V, de la Ley Federal del Trabajo, y numeral 64, fracciones II, VI, VIII y XIV, del Reglamento Interior de Trabajo inserto al contrato colectivo de trabajo, que mediante acta circunstanciada de 16 de noviembre de 1995, compareció Gustavo Coronel Solís ante el Lic. Anselmo Cortés Arreola, a quien le manifestó que el día 15 de noviembre de 1995 se había constituido en el domicilio de la trabajadora, aproximadamente a las 16:00 horas, y al tocar a la puerta de entrada y ante la actora, y previa identificación que hizo ésta con su gafete institucional, le entregó el oficio rescisorio, y una vez que lo leyó argumentó que no firmaría de recibido ningún documento por no convenir a sus intereses y cerró la puerta de inmediato, previa devolución del oficio referido; para acreditar tal excepción ofreció la documental bajo el apartado IV, inciso f), mismo que obra a fojas 47 de autos, consistente en: ‘f). Acta de investigación administrativa circunstanciada de fecha 16 de noviembre de 1995, en la que comparece voluntariamente el C. Gustavo Coronel Solís ante el Lic. Anselmo Cortés Arreola (sic) y en la que se hacen constar los hechos que se manifiestan en el inciso d) de mi escrito de contestación a la demanda.’; en ese tenor, el demandado siguió expresando: ‘... 03 y 04. Los correlativos que se contestan se niegan por ser absolutamente falsos en virtud de lo expuesto al dar contestación al inciso d) del capítulo de prestaciones, por lo que me remito a ello en obvio de repeticiones, reproduciéndolo en los presentes hechos y, asimismo, mi representado dio fiel y cabal cumplimiento a lo que establecen las cláusulas 1a., 55 y 55 bis del contrato colectivo del trabajo y el artículo 47 de la Ley Federal del Trabajo, rescindiendo su contrato individual de trabajo a la hoy actora en forma justificada y sin responsabilidad para mi mandante ... 01. La de rescisión justificada. Toda vez de que la hoy actora actualizó la hipótesis normativa contenida en el artículo 47, fracciones II, XI y XV de la ley laboral, en relación con el artículo 64, fracciones (sic) y XIV del Reglamento Interior de Trabajo inserto al contrato colectivo de trabajo, y mi representado dio estricto cumplimiento a las formalidades contenidas en las cláusulas 1a., 55 y 55 bis del contrato colectivo de trabajo, así como en la parte final del artículo 47 de la ley laboral.’. Al respecto, cabe precisar que si la demandada se excepcionó señalando que la rescisión que le fue aplicada a la hoy actora fue totalmente justificada, derivada de la investigación administrativa y de las faltas injustificadas a laborar en que incurrió la actora, por lo que basado en lo anterior la demandada procedió a realizar la elaboración del oficio de rescisión de fecha 6 de noviembre de 1995, ofreciendo el instituto demandado para acreditar su excepción la documental bajo el apartado IV, inciso f) (f. 47), consistente en el acta de investigación administrativa circunstanciada, de fecha 16 de noviembre de 1997, prueba que fue objetada en cuanto a su autenticidad de contenido y firma, en virtud de ser un documento elaborado unilateralmente por el instituto demandado, y en el cual la parte actora nunca tuvo intervención alguna en el mismo, por lo que duda que los CC. Anselmo Cortés y Gustavo Coronel hayan estado presentes en el momento de la elaboración de dicha acta administrativa y les conste de manera personal los hechos descritos en la misma; asimismo se hace notar que en dicha documental sólo aparece una firma y no dos, por lo que en su momento procesal oportuno se le deberá hacer valer oportuno (sic) correspondiente. Por tal razón la demandada ofreció el perfeccionamiento de la referida documental a través de la ratificación de contenido y firma de los que intervinieron en la elaboración de ese oficio, esto es, por Anselmo Cortés Arreola y Gustavo Coronel Solís, y de la cual sólo fue ratificada de contenido y firma por Gustavo Coronel Solís, y no así por Anselmo Cortés Arreola, ratificante que no fue presentado por el instituto demandado y se le hizo efectivo el apercibimiento de fecha 10 de abril de 1996, declarándose la deserción de dicha probanza única y exclusivamente por lo que hace al ratificante Anselmo Cortés Arreola (f. 54). Ahora bien, por lo anterior, la parte demandada al no perfeccionar la prueba mencionada no acreditó su excepción, puesto que como se señala, dicha prueba en que apoyó su excepción relativa a la investigación administrativa que originó el aviso rescisorio de fecha 16 de noviembre de 1995, no fue perfeccionada, puesto que al adolecer dicha documental de los elementos suficientes y necesarios para su validez, ya que no fue ratificada de contenido y firma por todas las personas que en ella intervinieron, razón por la cual no adquiere pleno valor probatorio y con ello la demandada no demuestra sus excepciones y defensas, y en especial su excepción rescisoria de contrato individual de trabajo de la actora apoyada en el acta de investigación de fecha 26 de octubre de 1995 y, en consecuencia, no se acredita haber dado cumplimiento a lo establecido en las cláusulas 55 y 55 bis del contrato colectivo de trabajo y en el artículo 47 de la Ley Federal del Trabajo." (fojas 100-101).

Lo anterior evidencia que, contrario a lo señalado por el instituto demandado, la Junta del conocimiento señaló en el laudo que se reclama los artículos de la Ley Federal del Trabajo y cláusulas del contrato colectivo de trabajo que consideró aplicables y, por otro lado, expuso con claridad y precisión las circunstancias de los hechos que constituyeron la acción y excepción analizadas, las circunstancias especiales y razones particulares que le sirvieron de base para resolver de la manera en que lo hizo, con lo que la autoridad de trabajo dio cumplimiento a lo establecido en la jurisprudencia sustentada por la anterior Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, consultable en la página ciento setenta y cinco del Tomo VI, del Apéndice al Semanario Judicial de la Federación citado, Séptima Época, que establece:

"FUNDAMENTACIÓN Y MOTIVACIÓN. De acuerdo con el artículo 16 de la Constitución Federal todo acto de autoridad debe estar adecuada y suficientemente fundado y motivado, entendiéndose por lo primero que ha de expresarse con precisión el precepto legal aplicable al caso y, por lo segundo, que deben señalarse, con precisión, las circunstancias especiales, razones particulares o causas inmediatas que se hayan tenido en consideración para la emisión del acto; siendo necesario, además, que exista adecuación entre los motivos aducidos y las normas aplicables, es decir, que en el caso concreto se configuren las hipótesis normativas."

En su segundo concepto de violación el instituto quejoso asevera que la Junta responsable viola en su perjuicio lo establecido por los artículos 841 y 842 de la Ley Federal del Trabajo, en virtud de que en el considerando segundo y resolutivo tercero del laudo reclamado de manera incorrecta lo condenó al pago de diversos conceptos, tales como prima vacacional, vacaciones, fondo de ahorro, estímulos de puntualidad y asistencia, incrementos salariales, ascensos escalafonarios, el pago del dos por ciento por concepto del pago de seguro del fondo de ahorro y aportaciones al Infonavit, y reconocimiento de antigüedad, lo que resulta ilegal porque el aguinaldo, fondo de ahorro, vacaciones, prima vacacional, estímulos de puntualidad y asistencia no forman parte integrante del salario, sino que únicamente se pagan cuando se preste de manera efectiva el servicio de acuerdo con el pacto colectivo, lo que debe ser igual en relación con el reconocimiento de antigüedad.

Tal motivo de inconformidad resulta infundado en atención a las siguientes consideraciones:

En primer lugar, cabe destacar que la trabajadora-actora demandó al Instituto Mexicano del Seguro Social como prestación principal, la reinstalación en el puesto del cual fue despedida, en los mismos términos y condiciones en que lo desempeñaba hasta antes de su separación, con las mejoras legales, sociales y contractuales que dicha categoría hubiese presentado durante la tramitación del juicio y hasta su total terminación; en tanto que como prestación accesoria a la principal reclamó el pago de salarios vencidos y que se siguieran venciendo durante la tramitación del juicio, y en su calidad de prestaciones autónomas reclamó, entre otras, el pago de aguinaldo, vacaciones, prima vacacional, estímulos de puntualidad y asistencia, incrementos salariales, ascensos escalafonarios, participación de utilidades, pago del dos por ciento por concepto de seguro de retiro, fondo de ahorro, cuotas al Instituto Mexicano del Seguro Social y aportaciones al Instituto del Fondo Nacional de Vivienda para los Trabajadores, y el reconocimiento de antigüedad que se genere a su favor durante la tramitación del juicio.

Por su parte, la demandada negó acción y derecho a la actora para reclamar el pago de las prestaciones reclamadas.

La Junta, por su parte, en el laudo que por esta vía se reclama, en la parte que interesa dispuso:

"Por las razones anotadas anteriormente esta Junta determina que la demandada no acreditó sus excepciones y defensas, y sin embargo la parte actora sí acreditó su acción, en consecuencia, se condena al Instituto Mexicano del Seguro Social a reinstalar a la actora en el puesto del cual fue injustificadamente despedida, en los términos y condiciones en que lo venía desempeñando hasta su separación, con las mejoras legales, sociales y contractuales que dicha categoría presente durante el lapso que comprende desde la fecha del despido, que fue el 9 de noviembre de 1995, hasta que sea reinstalada materialmente en el puesto reclamado. Se condena a la demandada al pago de salarios caídos a partir de la fecha del injustificado despido (9 de noviembre de 1995) hasta la fecha en que sea materialmente reinstalada en su puesto que venía desempeñando ... Se condena al instituto demandado al otorgamiento y pago de aguinaldo, prima vacacional conforme a las cláusulas 47 y 107 del contrato colectivo de trabajo, así como también se le condena al pago de los estímulos de puntualidad y asistencia en términos de la cláusula 38 del contrato colectivo del trabajo, los aumentos salariales, ascensos escalafonarios, al pago del 2% de seguro de retiro, el pago de fondo de ahorro en términos de la cláusula 144 del contrato colectivo de trabajo, cuotas al Instituto Mexicano del Seguro Social y aportaciones al Infonavit, consideradas desde la fecha del despido hasta la fecha en que sea reinstalada materialmente la actora, debiéndose abrir incidente de liquidación para efecto de cuantificar en forma incorrecta (sic) el monto total por cada uno de los conceptos a que se condena a la demandada a pagar a la actora y que señala en el inciso f) de su escrito de demanda, tomando en consideración los aumentos que se hayan dado al salario de los trabajadores con motivo de las revisiones contractuales durante el periodo entre la fecha del despido y aquella en que sea reinstalada materialmente la actora. Se condena a la demandada a reconocer la antigüedad que se generó a favor de la actora por el periodo comprendido entre la fecha del despido injustificado y aquella en que sea reinstalada materialmente la actora. Se absuelve a la demandada del pago de las vacaciones y participación de las utilidades, así como a las prestaciones a que se refieren los incisos h), j) y k) de su escrito de demanda, por no reunir éstos los requisitos de procedibilidad en el presente caso." (fojas 101-102).

En esa tesitura, conviene señalar, en primer término, que por lo que respecta a las vacaciones y reparto de utilidades que el instituto promovente asevera se le condenó a pagar, el motivo de queja es infundado en atención a que, contrario a lo señalado, la autoridad de trabajo, respecto a esa prestación, expresamente señaló:

"... Se absuelve a la demandada del pago de las vacaciones y participación de las utilidades ..."

Lo anterior significa que, contrario a lo expresado por el quejoso, respecto a ese tópico no existe condena sino absolución, por lo que evidentemente ningún perjuicio le causa el acto reclamado en cuanto a esa cuestión se refiere.

Por otro lado, cabe precisar que, contrario a lo sostenido por el instituto quejoso, la resolución de la responsable fue correcta en cuanto a la condena de las prestaciones accesorias y autónomas materia de litis pues, en principio, debe considerarse que al ejercitar la trabajadora una acción de reinstalación ello significa que tenía interés en regresar a prestar sus servicios en los términos y condiciones pactados con la fuente de trabajo de la que fue separada, como si esta relación de trabajo nunca se hubiese interrumpido.

Ahora bien, si además de que la trabajadora ejercitó la acción de reinstalación bajo el argumento de que fue separada de manera injustificada de su trabajo, y la patronal omitió acreditar conforme a derecho con las pruebas necesarias que esa separación fue justificada, y que dio a conocer a la trabajadora por escrito el aviso de rescisión en el que aparecieran las causas de su separación y la fecha en que surtió efectos, es incuestionable que ese despido tuvo el carácter de injustificado, y en esa medida resultaba incuestionable que como sanción a ese incumplimiento legal la relación debió entenderse continuada en los mismos términos y condiciones en que se venía desempeñando hasta antes de la separación y, consecuentemente, el pago de los salarios caídos y sus incrementos resultó legal.

Al respecto, resulta aplicable la jurisprudencia sustentada por la extinta Cuarta Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, que aparece registrada con el número quinientos sesenta y dos, consultable en la página cuatrocientos cincuenta y siete del Tomo V, relativo a la Materia del Trabajo, Volumen 1, del Apéndice al Semanario Judicial de la Federación mil novecientos diecisiete-dos mil, en la que estableció:

"SALARIOS CAÍDOS, MONTO DE LOS, EN CASO DE INCREMENTOS SALARIALES DURANTE EL JUICIO.-Si un trabajador demanda la reinstalación y el pago de los salarios vencidos y el patrón no acredita la causa justificada de la rescisión, la relación laboral debe continuar en los términos y condiciones pactados como si nunca se hubiera interrumpido el contrato de trabajo; de ahí que si durante la tramitación del juicio hasta la fecha en que se reinstale al trabajador hay aumentos al salario por disposición de la ley o de la contratación colectiva, o un aumento demostrado en el juicio laboral, proveniente de alguna fuente diversa de aquéllas, dichos aumentos deben tenerse en cuenta para los efectos de calcular el monto de los salarios vencidos, toda vez que la prestación de servicios debió haber continuado de no haber sido por una causa imputable al patrón; pero en el caso de que la acción principal ejercitada sea la de indemnización constitucional, no la de reinstalación, y la primera se considere procedente, los salarios vencidos que se hubieran reclamado deben cuantificarse con base en el salario percibido a la fecha de la rescisión injustificada, ya que al demandarse el pago de la indemnización constitucional el actor prefirió la ruptura de la relación laboral, la que operó desde del momento mismo del despido."

Del mismo modo cabe precisar que si en los términos antes señalados la relación de trabajo debió entenderse por no interrumpida, dada la injustificación del despido, entonces también es evidente que a la trabajadora separada se le debieron pagar las prestaciones de carácter legal y contractual que demandó, inherentes al desempeño de sus funciones, es decir, se le debieron pagar cada una de las mejoras salariales y los conceptos con que se integraban el salario con motivo de su trabajo, por lo que la determinación de la Junta responsable respecto a establecer condena al pago de aguinaldo, prima vacacional, estímulos de puntualidad y asistencia, dos por ciento por concepto de seguro de retiro, fondo de ahorro y aportaciones al Instituto del Fondo Nacional de Vivienda para los Trabajadores, también resulta legal pues, como se dijo, al demostrarse la ilegalidad del despido y considerarse continuada la relación de trabajo esas prestaciones debieron seguirse percibiendo, por lo que es incuestionable que la condena a su pago fue correcta.

Al caso resulta aplicable la tesis número TC019110.9LA1, sustentada por este Tribunal Colegiado, la cual se encuentra pendiente de publicación, y que establece:

"AGUINALDO, INCREMENTOS SALARIALES Y PRIMA VACACIONAL. SU PAGO, CUANDO SE DEMANDA LA REINSTALACIÓN.-Si un trabajador demanda la reinstalación y el pago de salarios vencidos, incrementos salariales y el pago de la correspondiente prima vacacional, y el patrón no justifica la causa del cese o rescisión, la relación laboral debe entenderse continuada en los términos y condiciones pactados como si nunca se hubiera interrumpido el contrato; de ahí que si el trabajador demanda el pago de aguinaldo, de incrementos salariales durante la interrupción del vínculo laboral y la prima vacacional, éstas deben pagarse por todo el tiempo que el trabajador estuvo separado del servicio, ya que esto acaeció por una causa imputable al patrón."

Del mismo modo es aplicable la tesis VII.A.T.88 L, que sostuvo el Tribunal Colegiado en Materias Administrativa y de Trabajo del Séptimo Circuito, que es consultable en la página trescientos cincuenta y uno del Tomo X, correspondiente al mes de septiembre de mil novecientos noventa y dos, del Semanario Judicial de la Federación, Octava Época, que establece:

"REINSTALACIÓN. EN CASO DE DESPIDO INJUSTIFICADO PRESTACIONES QUE INCLUYE.-En los casos en que por acreditarse el despido del trabajador, proceda su reinstalación, como ésta genera en su favor todos los derechos derivados de la prestación de servicios a partir de dicho despido como si la misma no se hubiera interrumpido y lo reintegra en las mismas condiciones y términos en que los desempeñaba, la Junta está obligada a condenar al patrón al pago no sólo de los salarios caídos, sino de todas aquellas que reclamadas, estén vinculadas y sean consecuencia necesaria de tal reinstalación, como serían los aumentos y mejoras salariales, vacaciones, prima vacacional, aguinaldo, cuotas de Infonavit y del IMSS."

En cuanto a lo relativo al fondo de ahorro y aguinaldo que el instituto promovente asevera que constituyen prestaciones que se pagan por el transcurso del tiempo, por lo que si la operaria no laboró durante el periodo de tiempo necesario para que se le pagara, su condena es ilegal; es prudente precisar que como se dijo y se insiste, en el caso al decretarse procedente la acción intentada por el actor el vínculo laboral debe entenderse no interrumpido y, por tanto, resulta indudable que siendo así, entonces debe considerarse que la trabajadora laboró durante el periodo que debió hacerlo para recibir el pago de tales prestaciones.

En su tercer concepto de violación el instituto quejoso asevera que la Junta responsable viola en su perjuicio el artículo 841 de la Ley Federal del Trabajo, ya que en relación con la cuantificación de los noventa días de sueldo a que se refiere la cláusula 56 del contrato colectivo de trabajo, la Junta lo cuantificó con un salario de cincuenta y ocho pesos con dieciocho centavos, no obstante que debió hacerlo con el tabular que correspondía a la cantidad de veintisiete pesos con treinta centavos.

Tal motivo de inconformidad resulta fundado, como se verá:

La accionante en su escrito inicial de demanda, con el inciso c) de su capítulo de prestaciones, reclamó:

"c) El pago de noventa días del sueldo tabular vigente a la fecha de la separación de mi representada, por haber sido injustificadamente despedida con base en la parte final de la cláusula 56 del contrato colectivo de trabajo que rige las relaciones obrero-patronales en el Instituto Mexicano del Seguro Social, y la cual, en su parte final, a la letra dice: ‘Si un trabajador es separado injustificadamente y ... Si un trabajador es separado injustificadamente y demandare la reinstalación, el instituto se obliga además del cumplimiento del laudo de autoridad competente, al pago de 90 días de sueldo tabular vigente a la fecha de la separación.’."

En tanto que en el capítulo de hechos, específicamente con el número uno, señaló:

"La hoy actora fue contratada por la demandada a partir del 28 de enero de 1984, y a la fecha de su despido tenía la categoría de manejador de alimentos adscrita al Hospital de Gineco-Obstetricia Tlaltelolco, dependiente del instituto demandado, ubicado en Lerdo y Manuel González s/n, en esta ciudad capital, teniendo como número de matrícula el 6794394, con un salario diario nominal de N$27.30 y uno integrado de N$56.18, dentro de un horario de labores comprendido de las 13:00 a las 21:00 horas, de domingo a jueves de cada semana, descansando los días viernes y sábados."

Por otro lado, la demandada al producir contestación a la demanda negó a la actora acción y derecho para demandar las prestaciones reclamadas, y en relación con los hechos señalados por el actor, y que fueron antes transcritos, reconoció ser ciertos las condiciones de trabajo, matrícula, salario, horario de labores y descanso, negando que haya existido un despido eventual, sino que su contrato le fue rescindido.

Lo anterior significa que en el juicio no existió controversia respecto al monto del salario integrado y ordinario que la actora venía percibiendo por la prestación de sus servicios.

De la misma manera, de la lectura de la parte final de la cláusula cincuenta y seis del contrato colectivo de trabajo que la trabajadora actora allegó a juicio se desprende que si un trabajador que sea despedido de manera injustificada demandara la reinstalación, el instituto se compromete, además de dar cumplimiento al laudo, al pago de noventa días de sueldo tabular vigente a la fecha de la separación.

Por su parte, la Junt

Fuente y verificación: corpusiuris.mx/precedente/17728-c62027e1/aguinaldo-incrementos-salariales-y-prima-vacacional-su-pago · Corpus Iuris · texto íntegro conforme a la publicación oficial

Extracto de la sentencia. El texto íntegro está disponible en la fuente oficial y en la plataforma Corpus Iuris.

Fuente oficial: Ver esta sentencia en la SCJN (Semanario Judicial de la Federación)

Precedentes relacionados

Tesis y jurisprudencia relacionadas

¿Litigas este tema?
En Corpus Iuris puedes buscar con IA en 11,708 sentencias de la SCJN, más de 300 mil tesis y 7 mil leyes, y consultarle al Corpus sobre este criterio.
Buscar precedentes Probar el Corpus gratis

Información referencial — la responsabilidad de validar las citas es del usuario.