CONTROVERSIA CONSTITUCIONAL. SÓLO PUEDEN CONSIDERARSE COMO DÍAS INHÁBILES PARA EL ANUNCIO DE LAS PRUEBAS TESTIMONIAL, PERICIAL E INSPECCIÓN OCULAR, LOS ESTABLECIDOS EN LA LEY ORGÁNICA DEL PODER JUDICIAL DE LA FEDERACIÓN, POR REMISIÓN EXPRESA DE LA LEY REGLAMENTARIA DE LA MATERIA, POR LO QUE PARA EL CÓMPUTO DEL PLAZO RESPECTIVO, NO DEBEN INCLUIRSE LOS DÍAS EN QUE SE SUSPENDAN LAS LABORES EN LA SUPREMA CORTE DE JUSTICIA DE LA NACIÓN POR ACUERDO DEL TRIBUNAL PLENO.
RECURSO DE RECLAMACIÓN 142/2003-PL, DERIVADO DE LA CONTROVERSIA CONSTITUCIONAL 15/2003. MUNICIPIO DE SAN LUIS POTOSÍ, ESTADO DE SAN LUIS POTOSÍ.
CONSIDERANDO:
QUINTO.-El recurrente en su único agravio, en esencia, aduce que el auto que se combate carece de sustento legal y no fue motivado, ya que el ofrecimiento de pruebas formulado por la actora fue realizado dentro del plazo señalado en el artículo 32 de la ley de la materia en el que se pretende fundamentar el auto impugnado, pues el ofrecimiento de pruebas de la actora fue presentado el veintiocho de abril de dos mil tres y la fecha señalada para la audiencia de ley se estableció para el catorce de mayo de ese año; por tanto, las pruebas se ofrecieron diez días antes de la fecha de la audiencia sin contar la de ésta ni la del ofrecimiento.
En principio, es importante precisar que el auto recurrido se fundamentó en el artículo 32, segundo párrafo, de la ley reglamentaria de la materia y motivó el desechamiento de las pruebas pericial y de inspección ocular, en el hecho de que se anunciaron fuera del plazo que al efecto prevé el citado artículo, por tanto, lo procedente es establecer si el anuncio de dichas pruebas fue realizado dentro del plazo que prevé la ley reglamentaria de la materia y, por ende, si procedía o no su desechamiento.
El segundo párrafo del artículo 32 de la Ley Reglamentaria de las Fracciones I y II del Artículo 105 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos establece:
"Artículo 32. ... Las pruebas testimonial, pericial y de inspección ocular deberán anunciarse diez días antes de la fecha de la audiencia, sin contar esta última ni la de ofrecimiento, exhibiendo copia de los interrogatorios para los testigos y el cuestionario para los peritos, a fin de que las partes puedan repreguntar en la audiencia. En ningún caso se admitirán más de tres testigos por cada hecho."
Del artículo transcrito se desprende que las pruebas testimonial, pericial y de inspección ocular deberán anunciarse diez días antes de la fecha de la audiencia, sin contar esta última ni la de ofrecimiento.
Se destaca que el recurrente, en su agravio, parte de la premisa de que fue hábil el cinco de mayo de dos mil tres y bajo esta consideración estimó que el anuncio de las pruebas pericial y de inspección ocular lo había realizado en tiempo, en términos de lo previsto por el citado artículo 32, sin embargo, por acuerdo del Tribunal Pleno, dado en sesión privada de veintiuno de abril de dos mil tres, se determinó suspender las labores de este Alto Tribunal ese día.
Tomando en consideración lo anterior, se hace necesario precisar, en primer término, si únicamente deben considerarse como inhábiles para efectos del cómputo del plazo del anuncio de las pruebas testimonial, pericial e inspección ocular, los contemplados en la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, por remisión expresa de la ley reglamentaria de la materia, o si también deben descontarse del referido plazo los días en que haya suspensión de labores sin estar específicamente establecidos en dicha ley.
Al efecto, es preciso desentrañar el sentido que debe darse a la prevención contemplada en el artículo 32, párrafo segundo, de la ley de la materia, respecto a la forma de computar los diez días que como plazo exige el numeral en cuestión para que el juzgador estime anunciadas en tiempo las pruebas testimonial, pericial e inspección ocular, esto es, si dentro de los días que deben deducirse por ser inhábiles sólo deben tomarse en cuenta los que inhabilitan las leyes expedidas por la autoridad legislativa, o si dicha inhabilitación comprende también los días de suspensión laboral no especificados en las leyes.
Los artículos 2o. y 3o. de la Ley Reglamentaria de las Fracciones I y II del Artículo 105 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, 3o. y 163 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación establecen:
Ley Reglamentaria de las Fracciones I y II del Artículo 105 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.
"Artículo 2o. Para los efectos de esta ley, se considerarán como hábiles todos los días que determine la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación."
"Artículo 3o. Los plazos se computarán de conformidad con las reglas siguientes:
"I. Comenzarán a correr al día siguiente al en que surta sus efectos la notificación, incluyéndose en ellos el día del vencimiento;
"II. Se contarán sólo los días hábiles, y
"III. No correrán durante los periodos de receso, ni en los días en que se suspendan las labores de la Suprema Corte de Justicia de la Nación."
Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación.
"Artículo 3o. La Suprema Corte de Justicia tendrá cada año dos periodos de sesiones; el primero comenzará el primer día hábil del mes de enero y terminará el último día hábil de la primera quincena del mes de julio; el segundo comenzará el primer día hábil del mes de agosto y terminará el último día hábil de la primera quincena del mes de diciembre."
"Artículo 163. En los órganos del Poder Judicial de la Federación, se considerarán como días inhábiles los sábados y domingos, el 1o. de enero, 5 de febrero, 21 de marzo, 1o. de mayo, 16 de septiembre y 20 de noviembre, durante los cuales no se practicarán actuaciones judiciales, salvo en los casos expresamente consignados en la ley."
De los artículos transcritos se desprende que para el cómputo de los plazos contenidos en la ley reglamentaria de la materia se contarán sólo los días hábiles, asimismo, cuáles son los días inhábiles y, por ende, en los que no correrán dichos plazos.
Puede, sin embargo, presentarse el caso en que se altere esa previsión legal, esto es, en el caso en que se suspendan las labores en este Alto Tribunal, lo cual ocurre, a saber, por acuerdo del Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, dando como resultado una modificación de la duración del plazo respectivo.
Tales hipótesis se generan, ordinariamente, por un caso fortuito o por una causa de fuerza mayor, en cuyo supuesto, el órgano jurisdiccional puede autorizar administrativamente la suspensión de labores y el efecto jurídico, en lo que interesa a la controversia constitucional, es que ese día se considere inhábil, provocando casi siempre la prolongación del plazo respectivo.
En consecuencia, la modificación del plazo legal concedido a las partes para la práctica de algún acto procesal se presenta o impacta en éste cuando ocurre una suspensión de labores provocando, generalmente, como ya se anticipó, que la duración del plazo se altere positivamente a favor de las partes a quienes corresponde realizar el acto procesal respectivo; no obstante lo anterior, la inhabilitación de un día en esas circunstancias puede provocar la reducción del plazo como ocurre, verbigracia, respecto al anuncio que ha de hacerse con diez días hábiles de anticipación a la audiencia de pruebas y alegatos, de las pruebas testimonial, pericial e inspección; por ello, para salvar cualquier eventual confusión, no se deben deducir del plazo los días en que se haya acordado la suspensión laboral por acuerdo del Tribunal Pleno, dado que se estaría causando perjuicio a las partes derivado de un hecho futuro e imprevisible como los susodichos acuerdos.
Ciertamente, esta regla de la modificación del plazo legal es recogida en la fracción III del artículo 3o. de la ley reglamentaria de la materia, donde se observa el impacto que provoca la suspensión de labores en este Alto Tribunal, al señalar que los plazos no correrán durante los periodos de receso ni en los días en que se suspendan las labores de la Suprema Corte de Justicia de la Nación.
No obstante la prevención de ese precepto, cuando se suspendan las labores en este Alto Tribunal no se debe deducir tal día del plazo respectivo por considerarlo inhábil si con ello puede causar perjuicio a las partes, lo que evidentemente acontece con el ofrecimiento de las pruebas testimonial, pericial e inspección ocular, puesto que el impacto que provoca en aquéllos es de carácter negativo, esto es, en lugar de que se amplíe el plazo respectivo a causa de la suspensión laboral éste se ve reducido en perjuicio del oferente, puesto que en este caso el plazo del anuncio corre cronológicamente a la inversa, esto es, de la fecha predeterminada para la audiencia constitucional el plazo de diez días debe computarse hacia el pasado.
Por tanto, si cuando la suspensión de labores obedece a una disposición administrativa interna del Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, ni los propios integrantes del Pleno tienen la certidumbre de que la aludida suspensión de labores habrá de producirse en la fecha de referencia, puesto que en la mayoría de los casos se acuerda un día antes de la suspensión o inclusive el propio día, lo que implica que con mayor razón los litigantes y el público en general no están enterados de tales disposiciones, ya que esa suspensión de labores incuestionablemente tiene el carácter de acontecimiento futuro cuya realización no es predeterminable.
En esas condiciones, como las partes en el juicio son quienes tienen la posibilidad de rendir las pruebas que requieren preparación a través del anuncio oportuno, no están en posibilidad de prever la suspensión de labores acaecida con posterioridad a la fecha en que realizan el anuncio de las pruebas, siendo que los únicos elementos con que cuentan son la ley donde se contemplan los días inhábiles y la fecha señalada en el auto donde se fija la celebración de la audiencia de ley, que es lo que le sirve de referencia al oferente para realizar el cómputo del plazo correspondiente, todo ello lleva a la conclusión de que los referidos días inhabilitados por acuerdo no deben ser computados dentro del plazo previsto por el artículo 32, párrafo segundo, de la aludida ley reglamentaria, para deducirlos del periodo relativo, puesto que en este caso al descontar esos días se produce perjuicio a una de las partes, dado que ese hecho futuro, incierto e imprevisible puede provocar el desechamiento de sus pruebas por el anuncio inoportuno, lo que evidentemente resulta injustificado.
De ahí que, tratándose de controversias constitucionales, los únicos días que en todo momento pueden considerarse como inhábiles para el anuncio de tales medios de prueba, son aquellos que están previstos en la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, por remisión expresa de la ley reglamentaria de la materia, ya que al ser establecidos por el legislador éstos no son mutables y son del conocimiento público al haberse publicado en los medios de difusión autorizados, en este caso, en el Diario Oficial de la Federación.
Una vez precisado lo anterior, procede hacer el cómputo del anuncio de las pruebas pericial y de inspección ocular realizado por el hoy recurrente, partiendo de la base que si bien por acuerdo del Tribunal Pleno, dado en sesión privada de veintiuno de abril de dos mil tres, se determinó suspender las labores de este Alto Tribunal el cinco de mayo de dos mil tres, en el cual este día no debe ser considerado como inhábil para la realización del cómputo del plazo que nos ocupa.
En el caso, según se desprende de la copia certificada del proveído de veintidós de abril de dos mil tres, que obra a fojas ciento cincuenta y dos de este expediente, la fecha para la celebración de la audiencia de la controversia constitucional 15/2003, de la cual deriva el presente asunto, se señaló para el catorce de mayo del mismo año, por tanto, el anuncio de las pruebas, según lo establecido por el segundo párrafo del artículo 32 en cita, debió hacerse a más tardar el lunes veintiocho de abril de dos mil tres, descontando del cómputo el propio lunes veintiocho de abril por ser la fecha del anuncio de las pruebas y el catorce de mayo por ser el día de la audiencia, los sábados tres y diez de mayo, los domingos cuatro y once de mayo y el uno de mayo, por ser inhábiles, de conformidad con lo previsto por el artículo 163 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, así como en los artículos 2o. y 3o. de la ley reglamentaria de la materia.
En consecuencia, si el escrito del delegado del Municipio de San Luis Potosí, Estado de San Luis Potosí, por el cual se anunciaron las pruebas pericial y de inspección ocular fue presentado en la Oficina de Certificación Judicial y Correspondencia de esta Suprema Corte de Justicia de la Nación el veintiocho de abril de dos mil tres, según se advierte del sello que en copia certificada obra al reverso de la foja ciento sesenta y cuatro de este expediente, es evidente que el anuncio de dichas pruebas se realizó dentro del plazo que al efecto prevé el segundo párrafo del artículo 32 de la ley reglamentaria de la materia.
Ante lo fundado del agravio hecho valer, se impone revocar el auto recurrido en cuanto hace al desechamiento de las pruebas testimonial y de inspección ocular por el motivo indicado, para el efecto de que el Ministro instructor, en su caso, proceda a su admisión y prepare su desahogo, siempre y cuando no exista motivo distinto de desechamiento al que fue materia del auto recurrido.
Por lo expuesto y fundado, se resuelve:
PRIMERO.-Es procedente y fundado el presente recurso de reclamación.
SEGUNDO.-En la materia del recurso se revoca el auto recurrido de treinta de abril de dos mil tres, dictado en la controversia constitucional 15/2003, promovida por el Municipio de San Luis Potosí, Estado de San Luis Potosí, en lo relativo y para los efectos precisados en la parte final del considerando quinto de esta resolución.
Notifíquese; haciéndolo por medio de oficio a las partes y, en su oportunidad, archívese el expediente como asunto concluido.
Así lo resolvió la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, por unanimidad de cuatro votos de los señores Ministros Juan Díaz Romero, Genaro David Góngora Pimentel, Sergio Salvador Aguirre Anguiano y presidente de la Sala José Vicente Aguinaco Alemán. Ausente el señor Ministro Guillermo I. Ortiz Mayagoitia, por atender comisión oficial. Fue ponente en este asunto el señor Ministro Sergio Salvador Aguirre Anguiano.
Fuente y verificación: corpusiuris.mx/precedente/17791-7e97746f/controversia-constitucional-solo-pueden-considerarse-como-dias-inhabiles · Corpus Iuris · texto íntegro conforme a la publicación oficial
Fuente oficial: Ver esta sentencia en la SCJN (Semanario Judicial de la Federación)
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