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Modo: Corpus Pro

DEROGACIÓN TÁCITA DE LA LEY ANTERIOR POR LA POSTERIOR. OPERA EN EL APARENTE CONFLICTO DE LOS ARTÍCULOS 424 DEL CÓDIGO DE PROCEDIMIENTOS PENALES Y 44 DE LA LEY ORGÁNICA DEL TRIBUNAL SUPERIOR DE JUSTICIA, AMBOS ORDENAMIENTOS DEL DISTRITO FEDERAL. VIOLACIÓN AL PROCEDIMIENTO. NO LA CONSTITUYE LA EJECUTORIA QUE RESUELVE EN FORMA COLEGIADA EL RECURSO DE APELACIÓN CONTRA LA SENTENCIA DE PRIMERA INSTANCIA, CUANDO DEBIÓ DICTARSE UNITARIAMENTE.

Tipo de asunto: AMPARO DIRECTO 1444/2003. · Registro digital (IUS): 17847
Órgano: Suprema Corte de Justicia de la Nación · Publicación: —
Promovente: —
Localización: Novena Época. Tribunales Colegiados de Circuito. Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Tomo XVIII, Diciembre de 2003, , Pág. 1222.

AMPARO DIRECTO 1444/2003.

CONSIDERANDO:

SÉPTIMO. Los conceptos de violación expuestos por el quejoso ... son infundados.

En efecto, el primero de los conceptos de violación que hace valer el impetrante de amparo, consistente en que el acto reclamado es violatorio de la garantía de legalidad comprendida en el artículo 14 de la Constitución Federal, relativa a la observancia de las formalidades esenciales del procedimiento, es infundado; ello es así, toda vez que con posterioridad al ejercicio de la acción penal por el delito de lesiones, previsto y sancionado en los artículos 288 y 289, párrafo primero, parte primera (hipótesis de lesiones que ponen en peligro la vida y tardan en sanar menos de quince días), en relación con los ordinales 7o., fracción I; 8o. (acción dolosa); 9o. párrafo primero (hipótesis de conocer y querer) y 13, fracción II (los que lo realicen por sí), del abrogado Código Penal para el Distrito Federal de mil novecientos treinta y uno, vigente en la época de comisión del hecho (veintisiete de agosto de dos mil dos), se le tomó al ahora quejoso su declaración preparatoria dentro del término constitucional; luego, se le decretó auto de formal sujeción a proceso sin restricción de su libertad por el delito en comento; asimismo, durante la instrucción del proceso se desahogaron las pruebas ofrecidas por las partes, y cerrada la misma, previa acusación del Ministerio Público del fuero común, se dictó sentencia definitiva en la que se condenó a ... por la comisión del delito de lesiones en riña, previsto y sancionado en los ordinales 288 y 289, párrafo primero, parte primera (hipótesis de lesiones que ponen en peligro la vida y tardan en sanar menos de quince días), del abrogado Código Penal para el Distrito Federal de mil novecientos treinta y uno, en relación con los ordinales 130, fracción I y 133 del Nuevo Código Penal para el Distrito Federal; resolución que fue impugnada por el impetrante de amparo y su defensor particular mediante el recurso de apelación, mismo que fue resuelto por la Sala responsable en forma colegiada, quien previo al análisis de los agravios expresados por la defensa recurrente y suplidos en su deficiencia, modificó la sentencia de primera instancia, la cual es motivo del presente examen constitucional; por lo que no es verdad que se haya vulnerado en perjuicio del disconforme la garantía prevista en el artículo 14 de la Carta Magna, en virtud de que, en lo esencial, fueron cumplidas las formalidades del procedimiento.

Sobre el particular es aplicable la jurisprudencia 218, dictada por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en la página doscientos sesenta del Tomo I, Materia Constitucional, Novena Época del Apéndice al Semanario Judicial de la Federación 1917-2000, que dice:

"FORMALIDADES ESENCIALES DEL PROCEDIMIENTO. SON LAS QUE GARANTIZAN UNA ADECUADA Y OPORTUNA DEFENSA PREVIA AL ACTO PRIVATIVO. La garantía de audiencia establecida por el artículo 14 constitucional consiste en otorgar al gobernado la oportunidad de defensa previamente al acto privativo de la vida, libertad, propiedad, posesiones o derechos, y su debido respeto impone a las autoridades, entre otras obligaciones, la de que en el juicio que se siga ‘se cumplan las formalidades esenciales del procedimiento’. Éstas son las que resultan necesarias para garantizar la defensa adecuada antes del acto de privación y que, de manera genérica, se traducen en los siguientes requisitos: 1) La notificación del inicio del procedimiento y sus consecuencias; 2) La oportunidad de ofrecer y desahogar las pruebas en que se finque la defensa; 3) La oportunidad de alegar; y 4) El dictado de una resolución que dirima las cuestiones debatidas. De no respetarse estos requisitos, se dejaría de cumplir con el fin de la garantía de audiencia, que es evitar la indefensión del afectado."

Así como la jurisprudencia 650, sustentada por el Primer Tribunal Colegiado en Materia Penal del Primer Circuito, publicada en la foja quinientos treinta y tres del Tomo II, Materia Penal, del Apéndice al Semanario Judicial de la Federación 1917-2000, que es del tenor siguiente:

"PROCEDIMIENTO, FORMALIDADES DEL. No se violan las reglas del procedimiento penal, si se cumplen debidamente las fases procesales relativas, es decir, que con posterioridad a la consignación el Juez reciba al indiciado su declaración preparatoria con las formalidades de ley, dicte auto de término constitucional y desahogue las pruebas ofrecidas durante la instrucción; que celebrada la audiencia de derecho, previa acusación del Ministerio Público se dicte la sentencia correspondiente y que interpuesto recurso de apelación, se tramite conforme a la ley y se resuelva analizando los agravios expresados."

Ahora bien, no obstante que el impetrante de amparo no vierte argumentos relativos a combatir la forma colegiada en que se resolvió el recurso de apelación, cuya sentencia constituye el acto reclamado, este Tribunal Colegiado no pasa inadvertido que en lo relativo a la manera de resolver los recursos de apelación contra sentencias de los Jueces Penales del Distrito Federal, por una parte, el artículo 424 del Código de Procedimientos Penales para el Distrito Federal establece que las resoluciones deberán pronunciarse por los tres Magistrados que integran la Sala; y, por la otra, el numeral 44 de la Ley Orgánica del Tribunal Superior de Justicia del Distrito Federal, reformado por decreto publicado en la Gaceta Oficial del Distrito Federal, el veinticuatro de abril de dos mil tres, vigente a partir del día siguiente, establece en forma enunciativa los supuestos en los cuales se debe resolver en forma colegiada, de ahí que por exclusión los restantes supuestos se resolverán en forma unitaria; sin embargo, en el caso concreto, la sentencia reclamada se dictó en forma colegiada cuando lo correcto era que lo hiciera de manera unitaria, circunstancia que se estima no constituye violación a las formalidades esenciales del procedimiento que amerite la concesión del amparo que solicita el quejoso.

En efecto, a fin de sustentar la afirmación anterior, en primer término, resulta necesario invocar el contenido del párrafo segundo del artículo 14 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, el cual dispone:

"Artículo 14. ... Nadie podrá ser privado de la vida, de la libertad o de sus propiedades, posesiones o derechos, sino mediante juicio seguido ante los tribunales previamente establecidos, en el que se cumplan las formalidades esenciales del procedimiento y conforme a las leyes expedidas con anterioridad al hecho."

Ahora bien, el numeral 424 del Código de Procedimientos Penales para el Distrito Federal establece:

"Artículo 424. ... Si las partes, debidamente notificadas, no concurrieren, se llevará adelante la audiencia, la cual podrá celebrarse en todo caso con la presencia de dos Magistrados; pero la sentencia respectiva deberá pronunciarse por los tres que integren la Sala."

Por otra parte, el ordinal 44 de la Ley Orgánica del Tribunal Superior de Justicia del Distrito Federal, vigente a partir del veinticinco de abril de dos mil tres, dispone:

"Artículo 44. Las Salas en materia penal, conocerán:

"I. De los recursos de apelación y denegada apelación que les correspondan y que se interpongan en contra de las resoluciones dictadas por los Jueces del orden penal del Distrito Federal, incluyéndose las resoluciones relativas a incidentes civiles que surjan en los procesos;

"...

"Estas Salas resolverán de manera colegiada, cuando se trate de apelaciones contra sentencias definitivas dictadas en procesos instruidos por delito grave, o en los casos en que se imponga pena de prisión mayor a cinco años, resoluciones que versen sobre hechos que en el correspondiente pliego de consignación se haya ejercitado acción penal cuando menos por algún delito grave, con independencia de que se determine la comprobación o no del cuerpo del delito, la reclasificación de los hechos o la inacreditación de alguna agravante o modalidad que provisionalmente determine que el delito no sea grave; o en contra de cualquier resolución en la que se haya determinado la libertad. En todos los demás casos, las resoluciones se dictarán en forma unitaria conforme al turno correspondiente.

"En aquellos casos en que deba resolverse algún asunto en forma unitaria, pero se considere que el criterio que se va a establecer pudiera servir de precedente, o cuando a petición de alguno de los Magistrados integrantes de la Sala, se determine que debe ser del conocimiento de ésta en Pleno, el fallo se dictará en forma colegiada."

Del marco de interpretación estricta de los artículos 424 del Código de Procedimientos Penales para el Distrito Federal y 44 de la Ley Orgánica del Tribunal Superior de Justicia del Distrito Federal, se desprende que mientras el primero de los numerales señala que las sentencias que resuelven los recursos de apelación deberán dictarse por los tres Magistrados integrantes de la Sala, el segundo de los preceptos, en la misma materia, especifica diversas hipótesis en las que las Salas Penales del Tribunal Superior de Justicia del Distrito Federal, en los recursos de apelación de su competencia, deberán resolver en forma colegiada, entre los que se encuentran los siguientes supuestos:

a) Cuando se trate de apelaciones contra sentencias definitivas dictadas en procesos instruidos por delito grave o en los casos en que se imponga pena de prisión mayor a cinco años; y,

b) Cuando debiéndose resolver en forma unitaria se considere que el criterio que se va a establecer pudiera servir de precedente o así lo solicite alguno de los Magistrados integrantes de la Sala.

Fuera de las hipótesis enunciadas, las resoluciones que dicten las referidas Salas Penales, tratándose de apelación contra sentencias definitivas, deben dictarse en forma unitaria.

Con la finalidad de resolver cuál es el ordenamiento vigente, debe precisarse que dentro del orden jerárquico de leyes secundarias, entre los ordenamientos que nos ocupan, no existe relación de subordinación, porque guardan entre sí el mismo nivel jerárquico frente a la supremacía de la Constitución Federal, pues si bien es cierto que el Código de Procedimientos Penales para el Distrito Federal fue emitido por el Presidente Constitucional de los Estados Unidos Mexicanos, en uso de las facultades extraordinarias que le fueron concedidas por decreto del Congreso de la Unión de dos de enero de mil novecientos treinta y uno, y la Ley Orgánica fue emitida por la Asamblea Legislativa del Distrito Federal, ambas disposiciones se refieren a la misma entidad federativa, por lo que en ese sentido, el poder emisor de dichos ordenamientos es del mismo nivel jerárquico, a pesar de que dentro del ámbito de validez material que contiene su regulación sea diverso.

En esta tesitura, el Código de Procedimientos Penales para el Distrito Federal establece el conjunto de normas de naturaleza adjetiva, relativas a las reglas procedimentales que regulan las atribuciones, términos y los medios de defensa con los que cuentan las partes durante el desarrollo del proceso penal local; en cambio, la Ley Orgánica del Tribunal Superior de Justicia del Distrito Federal establece el conjunto de normas relativas a la organización de los tribunales del orden común en sus aspectos constitutivos de integración, funcionamiento, competencia, jerarquía y subordinación.

En tales condiciones, es inconcuso que las hipótesis de referencia, previstas en el artículo 44 de la Ley Orgánica del Tribunal Superior de Justicia del Distrito Federal, para que las Salas Penales resuelvan el recurso de apelación interpuesto contra sentencias definitivas, constituyen parte de la organización y distribución de los asuntos de los citados órganos judiciales, tendiente a salvaguardar el derecho que tiene todo gobernado para que se le administre justicia en los plazos y términos fijados por la ley, para lo cual los tribunales deben emitir sus resoluciones de manera pronta, completa e imparcial, como lo señala el artículo 17, párrafo segundo, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.

Bajo el marco de referencia expuesto, este Tribunal Colegiado estima que aun cuando existe el mismo nivel jerárquico entre los artículos 424 del Código de Procedimientos Penales para el Distrito Federal y 44 de la Ley Orgánica del Tribunal Superior de Justicia del Distrito Federal, en lo relativo a la forma de resolver los recursos de apelación interpuestos contra sentencias de los Jueces Penales de la citada entidad federativa, se advierte una contraposición respecto al tema que nos ocupa en su carácter de ley ordinaria y reglamentaria, respectivamente; luego, no obstante que ambos ordenamientos tienen como propósito cumplir con el principio de expeditez de justicia a que se refiere el numeral 17 de nuestra Carta Magna, en lo inherente al tema de que se trata, debe estarse a lo establecido en el segundo de los ordenamientos.

Lo anterior, ya que existen discrepancias o contradicciones entre los citados ordenamientos, por ende, si bien el artículo noveno transitorio del decreto de reformas a la Ley Orgánica del Tribunal Superior de Justicia del Distrito Federal, no señaló en forma expresa que se deroga el artículo 424, párrafo segundo, del Código de Procedimientos Penales para el Distrito Federal, en lo relativo a la forma de resolver los recursos de apelación, al respecto, cabe señalar que la derogación expresa no es la única que ha sido admitida en nuestra legislación, pues también cabe la derogación tácita por otra posterior cuando exista plena incompatibilidad entre sus disposiciones, como lo dispone el artículo 9o. del Código Civil para el Distrito Federal, al señalar: "La ley sólo queda abrogada o derogada por otra posterior que así lo declare expresamente, o que contenga disposiciones total o parcialmente incompatibles con la ley anterior.", es decir, la reforma o derogación de una disposición normativa puede producirse en dos formas: expresamente, si una ley posterior claramente señala, declara o especifica que la ley anterior ha perdido vigencia, o bien, tácitamente, cuando se produce una incompatibilidad o contradicción entre los preceptos, último supuesto que generalmente rige, salvo el caso en que la norma anterior sea especial y la posterior general.

En apoyo a lo anterior se invoca la tesis consultable en la página mil ochocientos treinta y cuatro, del Semanario Judicial de la Federación, Tomo XCVIII, Quinta Época, sustentada por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, cuyos rubro y texto son:

"DEROGACIÓN DE LAS LEYES. La derogación expresa no es la única prevista y admitida en el derecho mexicano, ya que se estima que una ley queda derogada por otra posterior, cuando existe plena incompatibilidad entre las disposiciones de ambas."

También apoya el criterio que se sustenta la tesis en materia común, sustentada por el Tercer Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Primer Circuito, la que comparte esta autoridad de amparo, publicada en la página cuatrocientos cuarenta y cinco del Semanario Judicial de la Federación, Tomo III, Segunda Parte-I, correspondiente de enero a junio de mil novecientos ochenta y nueve, Octava Época, cuyos rubro y texto son:

"LEYES ESPECIALES Y LEYES GENERALES. REGLAS PARA SU DEROGACIÓN. De acuerdo con el artículo 9o. del Código Civil para el Distrito Federal en Materia Común y para toda la República en Materia Federal, la reforma o derogación de una disposición normativa puede producirse en dos formas: expresamente, cuando una ley posterior claramente señala, declara o especifica que la ley anterior ha perdido vigencia; o tácitamente, cuando se produce una incompatibilidad o contradicción entre sus preceptos. Siendo ésta la regla general, rige no obstante un principio distinto cuando la norma anterior es especial y la posterior es general, según reza un aforismo tradicional en derecho (lex posteriori, non derogat priori special) recogido por la Suprema Corte de Justicia de la Nación en repetidas ocasiones, conforme al cual una norma general posterior no deroga a una especial anterior, aunque en apariencia exista contradicción entre sus textos, a menos que el legislador manifieste expresamente su voluntad de dejar sin efectos la excepción para asimilarla a una regla general. Si la norma posterior es especial, la derogación en cambio puede ser tácita o expresa."

En tales condiciones, en lo relativo a la contraposición de los artículos 424 del Código de Procedimientos Penales para el Distrito Federal, que establece: "... pero la sentencia respectiva deberá pronunciarse por los tres que integren la Sala.", y el 44 de la Ley Orgánica del Tribunal Superior de Justicia del Distrito Federal, que dispone: "... Estas Salas resolverán de manera colegiada, cuando se trate de apelaciones contra sentencias definitivas dictadas en procesos instruidos por delito grave, o en los casos en que se imponga pena de prisión mayor a cinco años, resoluciones que versen sobre hechos que en el correspondiente pliego de consignación se haya ejercitado acción penal cuando menos por algún delito grave, con independencia de que se determine la comprobación o no del cuerpo del delito, la reclasificación de los hechos o la inacreditación de alguna agravante o modalidad que provisionalmente determine que el delito no sea grave; o en contra de cualquier resolución en la que se haya determinado la libertad. En todos los demás casos, las resoluciones se dictarán en forma unitaria conforme al turno correspondiente. ..."; las cuales se encuentran en el mismo nivel jerárquico de leyes ordinarias frente a la Constitución Federal, en virtud de que por mandato del artículo noveno transitorio del decreto que reforma al segundo ordenamiento, publicado en la Gaceta Oficial del Distrito Federal el veinticuatro de abril de dos mil tres, vigente a partir del día siguiente, se anularon tácitamente todas las disposiciones opuestas a dicho decreto; consecuentemente, acorde al principio de derogación tácita de la ley anterior por una posterior, en lo relativo a la forma de resolver los recursos de apelación interpuestos contra sentencias de primera instancia, de las cuales compete conocer a las Salas Penales del Tribunal Superior de Justicia del Distrito Federal, debe prevalecer lo dispuesto en el segundo de los numerales.

En apoyo a la precedente consideración se invoca la tesis de jurisprudencia ciento catorce, dictada por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en la página noventa, Tomo VI, Materia Común, del Apéndice al Semanario Judicial de la Federación 1917-2000, publicada en los términos siguientes:

"CONFLICTO DE LEYES. ES INEXISTENTE CUANDO OPERA LA DEROGACIÓN TÁCITA DE LA LEY ANTERIOR POR LA POSTERIOR. Cuando el conflicto de leyes se plantea entre una ley anterior y una posterior en la regulación que realizan sobre la misma materia, si ambas tienen la misma jerarquía normativa, fueron expedidas por la misma autoridad legislativa y tienen el mismo ámbito espacial de vigencia, cabe concluir que no existe conflicto entre ellas, porque aun cuando no haya disposición derogatoria, opera el principio jurídico de que la ley posterior deroga tácitamente a la anterior en las disposiciones que le sean total o parcialmente incompatibles."

Por tanto, como se ha precisado con antelación, la resolución que constituye el acto reclamado fue resuelta en forma colegiada por la Séptima Sala Penal del Tribunal Superior de Justicia del Distrito Federal, en contraposición con lo dispuesto por el artículo 44 de la Ley Orgánica del Tribunal Superior de Justicia del Distrito Federal, vigente a partir del veinticinco de marzo de dos mil tres, pues al constituir la materia del recurso resuelto una sentencia de primera instancia, que no se adecua a alguna de las hipótesis que para tal efecto señala el dispositivo en comento, es inconcuso que debió resolverse en forma unitaria.

Ello es así, porque en la sentencia de primera instancia dictada por el Juez Quincuagésimo Segundo de Paz Penal del Distrito Federal, en los autos de la causa penal 556/2002, el impetrante de amparo ... fue declarado penalmente responsable de la comisión del delito de lesiones en riña, previsto y sancionado en los artículos 288 y 289, párrafo primero, en relación con el 314 del abrogado Código Penal para el Distrito Federal de mil novecientos treinta y uno, adoptado como ordenamiento sustantivo local por decreto publicado en la Gaceta Oficial del Distrito Federal el diecisiete de septiembre de mil novecientos noventa y nueve, y en el Diario Oficial de la Federación el treinta del mismo mes y año, para entrar en vigor el uno de octubre de la misma anualidad, así como el ordinal 133 del Nuevo Código Penal para el Distrito Federal; figura delictiva que no se encuentra estimada como grave por la ley, porque como lo apreció la responsable, en términos de lo dispuesto por el artículo 135, fracción I, del Nuevo Código Penal para el Distrito Federal, la cual aplicó para punir dicha conducta por estimar que resultaba más benéfica para el quejoso, no señala pena privativa de libertad, únicamente sanción pecuniaria.

Luego, si acorde con lo dispuesto por el artículo 268, párrafo quinto, del Código de Procedimientos Penales para el Distrito Federal, son graves los delitos sancionados con pena de prisión cuyo término medio aritmético exceda de cinco años, es evidente que en el caso analizado la conducta delictiva por la cual fue sentenciado el quejoso no es grave por estar sancionada únicamente con multa.

Además, de las constancias que integran el toca penal 586/2003, no se desprende que alguno de los Magistrados integrantes de la Sala haya solicitado que el asunto se resolviera en forma colegiada y no unitaria, o que el hecho de que se dictara la sentencia reclamada colegiadamente derive de considerar que el criterio a establecer pudiera servir como precedente para ese órgano judicial.

En consecuencia, no obstante que la sentencia de segunda instancia, en términos de lo dispuesto por el artículo 44 de la Ley Orgánica del Tribunal Superior de Justicia del Distrito Federal, vigente a partir del veinticinco de abril de dos mil tres, debió dictarse en forma unitaria por la Sala Penal del Tribunal Superior de Justicia del Distrito Federal del conocimiento, y no colegiadamente, en virtud de no satisfacer alguna de las hipótesis señaladas para tal efecto, ello no constituye una violación al procedimiento que haya afectado la defensa del quejoso o le causara un perjuicio irreparable; una postura diversa implicaría conceder la protección constitucional demandada para el efecto de que la autoridad responsable ordenadora dejara insubsistente el acto reclamado y dictara otra resolución en forma unitaria, lo cual ningún beneficio aportaría al quejoso, por el contrario, se retrasaría la resolución definitiva del proceso penal instruido en su contra, con la consecuente vulneración en su perjuicio de los principios de economía procesal y de pronta administración de justicia tutelados por el artículo 17, párrafo segundo, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; aunado a que el dictado de la sentencia de segunda instancia en forma colegiada otorga mayor seguridad jurídica al justiciable y disminuye el error judicial al pronunciarse por los tres Magistrados integrantes de la Sala Penal y no solamente por uno de ellos, como acontece en las resoluciones unitarias.

En tales condiciones, resulta procedente continuar con el estudio de los conceptos de violación hechos valer por el impetrante de amparo en el presente juicio de garantías.

Por otra parte, también es infundado lo expresado por el impetrante de amparo, en relación con que el acto reclamado viola el artículo 16 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, pues la autoridad responsable cumplió con la garantía de legalidad relativa a la fundamentación y motivación, ya que en la sentencia reclamada se citaron los preceptos legales que sirvieron de apoyo y se expresaron los razonamientos que llevaron a dicha autoridad a concluir como lo hizo, esto es, que el asunto que nos ocupa encuadra en los preceptos de las normas que se invocan respecto al delito, tal como son los artículos 288 y 289, párrafo primero, parte primera (hipótesis de lesiones que ponen en peligro la vida y tardan en sanar menos de quince días), del abrogado Código Penal para el Distrito Federal de mil novecientos treinta y uno, y sancionado en los ordinales 130, fracción I y 133 del Nuevo Código Penal para el Distrito Federal, en relación con los ordinales 7o., fracción I; 8o. (acción dolosa); 9o., párrafo primero (hipótesis de conocer y querer) y 13, fracción II (los que lo realicen por sí), del primero de los ordenamientos punitivos referidos, los cuales son concordantes con los numerales 15 (acción), 17, fracción I (delito instantáneo), 18, párrafos primero (hipótesis de acción dolosa) y segundo (hipótesis de conocer y querer) y 22, fracción I (los que lo realicen por sí), del Nuevo Código Penal para el Distrito Federal, y dentro de los cuales se describe el tipo penal de lesiones en riña, es decir, que se encuentra debidamente fundada y motivada. Lo anterior es así, en atención a que la Sala responsable del conocimiento señaló los motivos que influyeron para concederles valor a los diversos elementos probatorios que tomó en cuenta, toda vez que hizo referencia a las declaraciones del ofendido ... así como a los testimonios de ... además de los rendidos por los agentes aprehensores ... aunados a lo depuesto por el quejoso ... y la diligencia de careo que sostuvo con el citado ofendido, las cuales adminiculó con las diversas diligencias practicadas por el agente del Ministerio Público investigador y sus auxiliares, con la expresión a través de razones particulares del contenido de cada uno de dichos atestes y actuaciones que se mencionan.

Sirve de apoyo a lo anterior la tesis de jurisprudencia 73, sustentada por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en la página cincuenta y dos, Tomo III, del Apéndice de mil novecientos noventa y cinco, Séptima Época, cuyo título y contenido son:

"FUNDAMENTACIÓN Y MOTIVACIÓN. De acuerdo con el artículo 16 de la Constitución Federal, todo acto de autoridad debe estar adecuada y suficientemente fundado y motivado, entendiéndose por lo primero que ha de expresarse con precisión el precepto legal aplicable al caso y, por lo segundo, que también deben señalarse, con precisión, las circunstancias especiales, razones particulares o causas inmediatas que se hayan tenido en consideración para la emisión del acto; siendo necesario, además, que exista adecuación entre los motivos aducidos y las normas aplicables, es decir, que en el caso concreto se configuren las hipótesis normativas."

También el impetrante de amparo refiere como segundo de los conceptos de violación que fueron indebidamente valoradas las pruebas; sin embargo, los argumentos que vierte para sostener su afirmación resultan infundados, pues al respecto cabe señalar que este órgano de control constitucional advierte que la autoridad responsable al dictar el acto reclamado, legalmente justipreció los elementos de prueba existentes en la causa penal, acorde con las reglas de valoración de las pruebas que para tal efecto establecen los artículos 254, 255, 261 y 286 del Código de Procedimientos Penales para el Distrito Federal, pues dichos dispositivos legales norman el arbitrio judicial y la observancia de las reglas fundamentales de la lógica; de ahí que fuera correcta su conclusión en el sentido de que el quejoso ... actuando por sí, fue la persona que aproximadamente a las veintitrés horas con treinta minutos del veintisiete de agosto de dos mil dos, en la esquina formada por las calles de Pino y Constitución de la República, colonia Pradera, Delegación Gustavo A. Madero, luego de discutir con ... contendió a golpes con ... ocasionándole diversas lesiones en el cuerpo, específicamente escoriación en la región anterior del hombro izquierdo, equimosis rojiza en mejilla derecha, en cara anterior de tórax y en abdomen, de forma lineal con dirección longitudinal en relación con el cuerpo, las cuales fueron clasificadas como de aquellas que no ponen en peligro la vida y tardan en sanar menos de quince días; conducta con la cual lesionó el bien jurídico tutelado por la norma penal consistente en la integridad física de las personas, concretamente la del ofendido ...

El anterior juicio de tipicidad fue sustentado por la Sala responsable en la imputación del ofendido ... quien señaló al impetrante de amparo ... como la persona que en las circunstancias eventuales y temporales del hecho, en compañía de ... discutía con su hermano ... los cuales comenzaron a jalonear y a golpear a su hermano, motivo por el cual les pidió que se calmaran; sin embargo, el quejoso le dijo que no se metiera y lo comenzó a patear en las piernas, además de golpearlo en la cara y en el cuerpo con los puños, mientras ... también lo golpeó en el cuerpo; ante esta agresión procedió a golpear a ... instantes después se presentaron los agentes aprehensores quienes lo detuvieron. Imputación que fue robustecida con los testimonios de las testigos de los hechos ... de los cuales se desprende que la primera de las mencionadas, en esencia, refirió: que el día de los hechos en compañía de ... fue a reclamarle a ... porque ... le había pegado a ... pero en ese momento ... golpeó con los puños a ... quien procedió a defenderse, motivo por el cual intervinieron ... luego entre los tres golpearon al quejoso; el quejoso solamente se defendió de las agresiones de ... por lo que tomó del cuello a ... y así evitar que lo siguiera golpeando; por su parte, la testigo ... señaló: cuando ... discutía con ... porque uno de sus hermanos le pegó a ... sin motivo alguno ... golpeó en la cara en

Fuente y verificación: corpusiuris.mx/precedente/17847-5f88b10e/derogacion-tacita-de-la-ley-anterior-por-la · Corpus Iuris · texto íntegro conforme a la publicación oficial

Extracto de la sentencia. El texto íntegro está disponible en la fuente oficial y en la plataforma Corpus Iuris.

Fuente oficial: Ver esta sentencia en la SCJN (Semanario Judicial de la Federación)

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